AGR llama a avanzar en correcciones urgentes para un sistema eléctrico más eficiente y competitivo

La gremial se refirió a los resultados de informe elaborado por la Unidad de Monitoreo de la Competencia del Coordinador Eléctrico Nacional.

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La Asociación de Generación Renovable (AGR A.G.) valoró la publicación del Informe Semestral de Monitoreo de la Competencia, el que fue elaborado por la Unidad de Monitoreo de la Competencia (UMC) del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

Este documento confirma la existencia de distorsiones estructurales que elevan los costos del sistema eléctrico chileno y afectan la competencia entre tecnologías. Además, entrega evidencia respecto de la necesidad de avanzar en reformas urgentes para proteger a los consumidores y fortalecer la transición energética.

PMGD

Según el informe, el mecanismo de precio estabilizado de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) continúa generando compensaciones significativas derivadas de la diferencia entre dicho precio y el costo marginal. En el primer semestre de 2025, estas compensaciones ascendieron a $90.974 millones de pesos, y las cifras acumuladas desde 2020 a junio de 2025 alcanzan $628.320 millones de pesos, concentradas en tecnología solar.

El documento también muestra que el precio estabilizado tiende a ubicarse sistemáticamente por sobre el costo marginal, especialmente en horas solares, lo que confirma la existencia de un incentivo económico distorsionado que no refleja los costos reales del sistema.

Adicionalmente, la UMC constata impactos operacionales significativos: durante la falla del 25 de febrero de 2025, cerca de 740 MW de PMGD se desconectaron incorrectamente, impidiendo ejecutar esquemas automáticos de defensa y agravando el alcance del apagón. Este antecedente demuestra que el actual régimen, además de distorsionar precios, compromete la seguridad del sistema.

Sobrepagos por potencia a centrales diésel

El informe también vuelve a evidenciar que el mecanismo de pagos por potencia continúa beneficiando a centrales diésel antiguas, de baja eficiencia y con escaso aporte energético, quienes reciben remuneraciones significativas pese a operar muy por debajo de su capacidad instalada.

Estas unidades elevan los costos del sistema sin generar valor operativo equivalente, afectando la competencia al desplazar tecnologías más eficientes y trasladando costos que terminan siendo cubiertos por todos los consumidores. El diseño actual —que remunera disponibilidad teórica sin distinguir antigüedad, eficiencia o desempeño real en condiciones de falla— mantiene una distorsión estructural que la UMC califica como contraria a la operación económica del sistema.

Generación a gas inflexible

El documento reafirma, además, el efecto negativo de la generación a gas inflexible, que obliga al sistema a despachar unidades térmicas incluso en horarios en que existen recursos renovables disponibles y de menor costo. Esta inflexibilidad —originada en contratos de suministro o restricciones técnicas— provoca desplazamiento de energías renovables más baratas; genera efectos en los precios spot de la energía con impactos en la competencia y el mercado y, un aumento en los vertimientos de energía limpia.

Estas condiciones generan un sobrecosto que termina siendo pagado por los usuarios finales y restringe la integración eficiente de energías renovables.

Necesidad de correcciones

Desde la gremial aseguraron que el diagnóstico de la UMC es claro: el sistema eléctrico chileno continúa soportando sobrecostos evitables derivados de marcos regulatorios y contractuales que ya no responden a las condiciones actuales del sector.

En esa línea, recalcaron que el país requiere avanzar con urgencia hacia un régimen PMGD que refleje costos reales y no incentive comportamientos ineficientes; un esquema de pagos por potencia que premie disponibilidad real, eficiencia y aporte efectivo a la seguridad y, un marco de operación que elimine inflexibilidades térmicas que encarecen el sistema y limitan la penetración renovable.

Desde la AGR reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades para avanzar en las correcciones necesarias, de modo de asegurar un sistema eléctrico eficiente, seguro y competitivo, alineado con la transición energética que Chile necesita.

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