Alto costo de quiebre en el directorio de SQM: remueven a Contesse tras 25 años como CEO

(Diario Financiero) Tras una tensa reunión de directorio, que se extendió por cerca de 2 horas y media, ayer la mesa de SQM decidió poner término al contrato del gerente general de la firma, Patricio Contesse, quien se había transformado en el principal punto de conflicto entre los accionistas mayoritarios de la empresa.

Contesse se desempeñaba en este cargo desde marzo de 1990 y es muy cercano al presidente y controlador de la compañía, Julio Ponce Lerou. Al ejecutivo se le consideraba como su hombre más cercano. Ambos son ingenieros forestales de la Universidad de Chile y llegaron a la empresa a comienzos de la década de 1980.

Entre los trabajadores, antes de estos hechos, había una buena percepción de Contesse, quien tenía atributos positivos en términos de imagen, por lo que transmitía en temas internos de gestión. Esto ha variado en las últimas semanas por la información que ha ido surgiendo y por los exiguos comunicados internos que han circulado en la minera.

De quien tienen una opinión similar es del subgerente general, Patricio de Solminihac, quien asumió como CEO y a quien los trabajadores atribuyen un rol más técnico.

Con todo, en la industria minera y en el mundo jurídico se veía venir la salida del ejecutivo, producto de que el miércoles pasado presentó una cautela de garantía a título personal, pidiendo que se limitara el actuar de la Fiscalía Nacional, organismo que había solicitado información contable de la empresa entre 2009 y 2014.
Pocas horas después de presentado el recurso, la empresa se desmarcó de la acción. El hecho aumentó la tensión en el directorio, en especial porque el jueves pasado, en votación dividida, se optó aplazar la entrega de información a la Fiscalía y solicitar un informe en derecho sobre este tema.

Pero Contesse insistió en su estrategia legal y acudió al Tribunal Constitucional (TC). De hecho ayer -previo a que se conociera públicamente el escrito presentado en el organismo-, varios integrantes del equipo jurídico de SQM intentaron conseguir el documento que, se suponía, había ingresado el viernes al tribunal.

Sin embargo, el texto sólo se conoció en horas de la tarde de ayer, cuando el TC dio curso a la Acción de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de las gestiones del Ministerio Público por la arista SQM del caso Penta. En 36 páginas, explican que la Fiscalía no tiene las atribuciones para ampliar el período a investigar, sino que le corresponde al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Colaboración

Otro de los temas que debía revisarse ayer era la decisión de entrega de información contable a la Fiscalía Nacional, entre 2009 y 2014.

Precisamente el jueves pasado, se contrató un informe independiente para tener como antecedente antes de tomar la decisión.

Así fue como poco antes del mediodía de ayer -hora en que estaba fijada la reunión extraordinaria- llegó el abogado Gabriel Zaliasnik, a quien se encomendó dicha misión y se retiró de las dependencias de SQM casi dos horas después, señalando escuetamente que el informe era de uso exclusivo del directorio y que era decisión de ellos hacerlo público.

Horas más tarde la empresa informó que la mesa de SQM -donde Julio Ponce tiene cinco votos y la canadiense Potash, tres- optó por entregar los antecedentes solicitados por la Fiscalía, de manera voluntaria, al Servicio de Impuestos Internos.

«SQM confirma su voluntad, manifestada desde la fecha indicada, de poner tal información a disposición del órgano competente y que, conforme con lo dispuesto en el Código Tributario, tiene la facultad para solicitar y revisar tal información y para interpretar y aplicar las leyes tributarias vigentes en el país», informó la compañía.

El Ministerio Público pedía concretamente hacer entrega de la contabilidad, libro de compras (donde se encuentra toda la información de facturas recibidas por la compañía) y del libro de boletas de honorarios, entre 2009 y 2013.

En la industria interpretaron esto como una forma de mantener el tema acotado a una situación tributaria, bloqueando de esta forma las intenciones de investigar de la Fiscalía Nacional.

Hasta el cierre de esta edición, cercanos al Servicio de Impuestos Internos desconocían de la recepción de los antecedentes que, según informó SQM, remitió el día de ayer al ente fiscalizador.

Responsabilidad civil

Por otra parte, un tema que había empezado a tomar fuerza es la acción que pudieran iniciar accionistas para establecer la responsabilidad civil de los directores o ejecutivos de la empresa.

Hasta antes de conocerse la renuncia de Contesse, se estimaba como poco probable que éstos iniciaran este tipo de acciones, porque hacerlo podría perjudicar el desempeño de la acción y, además, porque quedarían otras formas para ejercer presión, por ejemplo solicitando información, la que por ley debe ser entregada.

Hitos de la salida

Llegan los fiscales:

El 9 de marzo, los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias, junto a seis funcionarios de la PDI llegaron a las oficinas de SQM y pidieron información contable. Se acordó una semana para entregar antecedentes.

Primer recurso:

El 11 de marzo, Patricio Contesse presentó una cautela de garantía ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, pidiéndo limitar la actuación del Ministerio Público, pero la empresa se desmarcó de esta acción que fue rechazada.

Directorio dividido:

El 12 de marzo, el directorio discutió el estatus de Contesse, quien se automarginó de la reunión. La empresa, con votos divididos, acordó pedir un informe jurídico para determinar la entrega de información a la Fiscalía.

Recurso ante el TC:

Contesse presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para limitar la acción de la Fiscalía. El documento ingresó ayer y argumenta que el Ministerio Público no tiene atribuciones para aumentar el plazo de solicitud de información.

Fin a 25 años:

Tras una tensa reunión de directorio, ayer el ejecutivo presentó una carta donde puso su cargo a disposición. El directorio acordó poner término a su contrato.

Investigación:

La empresa acordó entregar información al Servicio de Impuestos Internos y no a la Fiscalía. Con esto, se limita -al menos por un tiempo- la investigación, ya que se restringe a un tema tributario. De todos modls, si los antecedentes ameritan, el SII podría interponer una acción en la justicia.