Cartera de proyectos de inversión paralizada por consulta indígena suma US$7.527 millones

(Pulso) A un total de US$7.527 millones asciende la cartera de proyectos de inversión paralizada por la tramitación de consultas indígenas, según información pública del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Se trata de trece proyectos emblemáticos que han visto complicada su tramitación ambiental debido a la oposición que han manifestado comunidades indígenas, las cuales han seguido la normativa que introdujo el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Entre las iniciativas en cuestión destacan: Quebrada Blanca Fase 2 de Teck; el Plan de Expansión de ISA que pretende unir Cardones Polpaico y el Tren Alameda Melipilla de la Empresa de Ferrocarriles del Estado.

Ante esta situación, diversos expertos en derecho ambiental cuestionaron las complejidades del sistema de consulta.

¿En qué coinciden? El gran problema serían los plazos. Se trata de tiempos que alargarían de sobremanera la tramitación del proyecto de inversión, que busca su permiso ambiental para iniciar su construcción.

La norma vigente sostiene que el tiempo de tramitación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) es de 120 días y prorrogable a 60 días más. Mientras que en el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental son 60 días y 30 más para terminar su evaluación. Pero bajo consulta indígena los tiempos se pueden extender en un tiempo indeterminado.

Según detalla Jorge Troncoso, ex Director Ejecutivo del SEA, la mayor complejidad radica en que el Convenio 169 de la OIT sólo establece etapas, y no tiempos acotados. Por lo mismo se aplica una medida provisional, en que se suspenden los plazos de la tramitación ambiental de los proyectos para terminar la consulta. En ese sentido, Mario Galindo, socio de Vergara Galindo Correa Abogados, añadió que el principal problema radica en que la consulta indígena va asociada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), debido a que no cuenta con objetivos de tiempo definidos.

“Los plazos de la consultas indígena no convergen con la tramitación de un proyecto de inversión. Hay consultas que duran hasta un año, incluso más allá de cuando se obtiene su Resolución de Calificación Ambiental”, sostuvo Paulina Riquelme, abogada y socia fundadora del estudio de abogados Eelaw Medio Ambiente y Energía.

Para el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Ricardo Irarrázabal, si la gestión del SEA es eficiente y de alguna manera los funcionarios del SEA hacen un proceso de consulta diligente los tiempos tenderán a bajar. Para ello se requiere un empoderamiento mayor del director regional de SEA, agregó.

Ante esta situación, el abogado socio de FerradaNehme Patricio Leyton, indicó que la solución sería que la consulta indígena sea realizada de manera previa al ingreso del proyecto al SEIA.

Minería

Para el presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, los plazos no serían el único problema de la consulta indígena. Así, detalla que la normativa cuenta actualmente con varios obstáculos. El primero sería la falta de definición sobre los territorios indígenas y la identificación de las comunidades. Segundo, no existiría certeza o acuerdo sobre el alcance de la consulta. “Muchos piensan que se trata de un derecho de veto, otros aceptamos que se trata de una consulta con capacidad real de influir, pero algunos siguen pensando que sólo se trata de informar”, comentó, lo cual a su vez impactaría en la manera en que se tramitan las iniciativas.

“Creo que la casa se partió construyendo por el techo. Se aprobó el Convenio 169 de la OIT y nos faltaban cimientos, institucionalidad y procedimientos. Se ha hecho camino al andar, se ha avanzado, pero queda mucho por hacer. Los proyectos de ley sobre el ministerio de Asuntos Indígenas y Consejos de Pueblo Indígenas debieran ayudar a resolver algunos de estos problemas”, aseguró Villarino.

Respuesta

Desde el SEA respondieron que los trece proyectos en Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas (PCPI) se encuentran actualmente en curso. Es decir, aún no se llega a acuerdo definitivo con las comunidades consultadas.

Además, según comentó Juan Cristóbal Moscoso, director interino del SEIA, las cifras de juidicialización de estas materias serían bajas. Mientras que para el total de los proyectos ingresados al SEIA el porcentaje de judicialización es de 2,08%; acotando el análisis sólo a materia indigena sería de 0,61%.