“El cierre de Mina Invierno sería una nueva prueba de arbitrariedad; es como Dominga”

(El Mercurio) El cierre de la faena de carbón Mina Invierno, emplazada en Magallanes, es una opción en el mediano plazo. Esto, si no se revierte la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la región que rechazó el uso de tronaduras para la extracción del mineral en la faena ligada a Copec (grupo Angelini) y Ultramar (familia Von Appen).

Este proceso es clave -ha comentado la firma- para la continuidad de la faena, que requirió de una inversión por US$ 650 millones, ya que sería la única manera económicamente viable de explotación del carbón en las zonas de suelo más duro (ver recuadro). De concretarse un cierre, se perderían unos 1.000 empleos, entre propios y terceros, que genera la operación emplazada en la isla Riesco.

En este escenario, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, criticó que se le negara el uso de las tronaduras a la operación, la que, a su juicio, estaría fundamentado en aspectos políticos, y no técnicos.

“Hacer minería sin tronaduras es como plantar trigo sin arar. El error de la empresa fue no haberlas incluido desde el principio, pero pensaron -por las pruebas que habían hecho- que no era necesario”, comenta.

Hernández recuerda que en 2016 la misma comisión ambiental de Magallanes -por nueve votos a favor y dos en contra- había aprobado las tronaduras. Sin embargo, en marzo de 2017 la Corte Suprema obligó a que existiera un proceso de participación ciudadana, por lo que se retrotrajo la evaluación, y en ese nuevo análisis se rechazó este mecanismo en la referida comisión. “Es lo mismo que Dominga, pero a nivel regional. Pese a que técnicamente había sido aprobado y se hizo la participación ciudadana, fue rechazado por motivos políticos”, recalca.

Añade que es “una señal contra la minería. Lo que se está diciendo de Magallanes es ‘no queremos minería’, siendo que es una zona limitada en alternativas de desarrollo económico”.

Nuevo gobierno

Hernández comenta que dado el tamaño de la faena, su eventual cierre no tendría un impacto país relevante, pero a nivel regional sí lo sería, pues produciría un claro efecto en el empleo.

“Es inaudito que Magallanes, que tiene pocas opciones de trabajo, se farree esta opción. Sería un error de la región si se cerrara la mina, y una nueva prueba de arbitrariedad”, sostiene.

Añade que de ratificarse la negativa a las tronaduras -que son de menor impacto que las utilizadas para el cobre-, se generará un mal precedente para la inversión en el país.

“Es, nuevamente, una señal de precariedad jurídica y es una señal en contra de la minería”, sostiene.

Es por eso que cree fundamental revertir la medida, siguiendo la recomendación de los organismos técnicos que evaluaron los impactos de las tronaduras.

Señala que las nuevas autoridades que asuman en el nuevo gobierno de Sebastián Piñera deberían aprobar este mecanismo de explotación. “El nuevo gobierno, que declara estar a favor de la inversión, no puede aceptar una arbitrariedad de este tipo”, opina.

Comenta que si bien existen acuerdos para no construir nuevas centrales a carbón, este energético sigue siendo relevante para el país, y Mina Invierno es la única faena de este tipo de escala relevante en Chile.

Aprobación

En 2016, la comisión ambiental de Magallanes había visado el uso de tronaduras; sin embargo, al año siguiente las rechazó.

”Es inaudito que Magallanes, que tiene pocas opciones de trabajo, se farree esta opción. Sería un error de la región si se cerrara la mina”.

”Hacer minería sin tronaduras es como plantar trigo sin arar. El error de la empresa fue no haberlas incluido desde el principio”.

Operación asegurada de la faena solo hasta 2019

Mina Invierno reconoció abiertamente en los últimos días que el cierre de la compañía es una opción real.

El gerente regional de la firma, Guillermo Hernández, sostuvo hace algunos días que de no ser factible revertir en el corto plazo la decisión de rechazo a la incorporación de tronaduras de baja carga, la operación no podrá proyectarse más allá de dos años.

Añadió que trabajan para presentar una reclamación, “ya que tenemos la convicción de que la evaluación ambiental del proyecto de tronaduras cuenta con suficientes y sólidos argumentos que avalan la incorporación de esta técnica”.