El despacho a ley del proyecto que moderniza la regulación de los Sistemas Medianos, aprobado el 13 de enero, constituye una muy buena noticia para el sector eléctrico y, en particular, para las regiones donde la distancia, el clima y la escala han condicionado históricamente el costo, la calidad y la seguridad del suministro eléctrico. No se trata de una reforma ruidosa, pero sí de una corrección estructural largamente necesaria para sistemas que operan bajo condiciones muy distintas a las del Sistema Eléctrico Nacional.
Los Sistemas Medianos, presentes en regiones como Los Lagos, Aysén y Magallanes, abastecen territorios aislados, con baja densidad de demanda y mayores costos operativos. Durante años, estos sistemas fueron regulados bajo lógicas que no siempre recogieron adecuadamente sus particularidades, lo que terminó inhibiendo la inversión y retrasando la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente energías renovables y soluciones de almacenamiento.
El proyecto despachado a ley introduce una mejora relevante a este diseño. Al fortalecer la certeza regulatoria y adecuar los mecanismos de reconocimiento de inversiones a la realidad de estos sistemas, se crean condiciones más realistas para viabilizar proyectos de largo plazo. Esto no supone tratamientos preferentes, sino el reconocimiento de que, sin reglas acordes al territorio, la inversión simplemente no ocurre.
Desde la perspectiva de la política pública, el desafío ahora se traslada a la etapa reglamentaria, que será responsabilidad del nuevo gobierno. Allí se definirá cómo estos principios se traducen en reglas operativas concretas, con impacto directo en la seguridad de suministro, la calidad del servicio y el nivel de tarifas para las comunidades que dependen de los Sistemas Medianos.
Como Generadores Independientes de Energía (GIE A.G), junto a nuestras empresas socias, que invierten y trabajan directamente en estas regiones, valoramos el avance que representa esta ley y ponemos nuestra experiencia técnica y territorial a disposición del Ejecutivo. El objetivo es claro: colaborar para que el decreto reglamentario consolide este avance normativo y lo traduzca en inversión efectiva, mejores decisiones técnicas y beneficios reales para las regiones más alejadas del país.