Consejeros de Conadi piden ampliar plazos de proceso de consulta por Convenio 169

La necesidad de consultar a los pueblos indígenas cada vez que una iniciativa se relaciona con sus intereses, fue una demanda que se escuchó en las dependencias del ex Congreso Nacional en Santiago, en dos comisiones especializadas que se desarrollaron, según consigna el portal del Senado.

Es así como se reunieron los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral encargada de dar cumplimiento al artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A la cita asistieron consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) tales como Andrés Matta Cuminao, Ana María Llao Llao y Marcial Colín Lincolao.

Críticas al proceso

De acuerdo a los expresado por el presidente de esta instancia parlamentaria, el senador Eugenio Tuma, los representantes de pueblos originarios expresaron sus críticas respecto a cómo se ha desarrollado el proceso de consulta –que encabeza el Ejecutivo- en distintas regiones del país.

“Ellos han declarado que falta diálogo político, por lo que solicitaron que se amplíen los plazos de este proceso, de manera de poder recoger todas las opiniones de los afectados”, explicó el congresista asegurando que “la legitimización debe ser completa e integral, de allí que se lo haremos ver al Ejecutivo representado por el Ministerio de Desarrollo Social”.

A su parecer, “un proceso de consulta no debe quedarse en preguntas generales, sino que debe pasar por un acuerdo y consentimiento expreso entre las partes”, acotó reforzando que “no basta con cumplir con un trámite que mandata el Convenio 169, sino que se trata de respetar sus intereses entendiendo la importancia que ello tiene”.

Consultado respecto a las numerosas propuestas legislativas que se relacionan con el mundo indígena, declaró que “son muchos los proyectos pero hay dos caminos: se hacen sin consultarles o se realizan considerando sus necesidades”.

Aseguró que en ese entendido, el Parlamento “entendió que el camino deber ser siempre analizar junto a los afectados, las implicancias prácticas que tiene cada modificación legislativa, de manera de desarrollar soluciones mancomunadas”.