Dominga: emiten acta de rechazo y Comité de Ministros tiene hasta julio para votar

(El Mercurio) En un documento de 2.686 páginas, la Comisión de Evaluación de Coquimbo explica el rechazo al proyecto minero Dominga que fuera votado el pasado 9 de marzo. Ayer fue notificada la propietaria de la iniciativa, Andes Iron, con lo que comienzan a correr los 30 días hábiles con los que cuentan para presentar una reclamación ante el Comité de Ministros.

Según conocedores del proceso, la compañía -controlada por la familia Délano- contrató la asesoría del estudio FerradaNehme, siendo la estrategia legal liderada por el experto en medio ambiente Patricio Leyton.

Las mismas fuentes indican que el objetivo de la firma sería presentar cuanto antes la reclamación, la que no se fundaría en temas ambientales, sino que en el actuar desapegado a la ley de los secretarios regionales ministeriales (seremis) que rechazaron, al no estar fundamentado en aspectos técnicos.

La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable recoge, por ejemplo, las motivaciones de la negativa del seremi de Transportes, quien dio su voto en contra, “considerando que este proceso será revisado en una etapa posterior por el Comité de Ministros, el impacto vial y marítimo que significará”.

Es así que a comienzos de abril ya podrían presentar la reclamación, lo que forzaría al Comité de Ministros pronunciarse en junio, ya que este órgano tiene la obligación de votar en un máximo de 60 días hábiles tras recibida la presentación de la empresa.

De no cumplir con la norma, aparecería como opción invocar el denominado silencio administrativo, lo que si bien provocaría que por “secretaría” se rechace la apelación ante los ministros, permitiría a Andes Iron recurrir a los tribunales ambientales.

Visión de expertos

El abogado de Jara Del Favero, Rodrigo Benítez, comenta que si bien la ley considera que el Comité de Ministros debe pronunciarse como máximo en 60 días desde que se interponen los recursos, “los temas son tan complejos, como puede verse en lo extenso de la resolución, que es difícil cumplir ese plazo”.

El abogado y profesor de Derecho Ambiental de la UC, Ricardo Irarrázabal, comenta que de darse este escenario, Andes Iron tiene opciones como la del silencio administrativo para llegar al tribunal ambiental. “Muchas veces estas opciones se matizan por consideraciones políticas de los titulares de proyectos, se cuestionan el cómo quedan posicionados ante el Gobierno en caso de usar el silencio administrativo o gestión ante Contraloría”, plantea.

“Lo más complejo para la empresa sería que el tema se politizara en la elección presidencial, como ocurrió con HidroAysén, en el que un candidato diga ‘este proyecto no se va a aprobar’; después, siendo gobierno, es muy difícil desdecirse”, añade el también ex subsecretario del Medio Ambiente.

En caso de llegar a los tribunales ambientales, la resolución no sería rápida. “Como son temas complejos, el tribunal puede tomar varios meses, ya que debe hacer un análisis jurídico y técnico. No tengo una estadística, pero no creo que demore menos de seis meses en un caso como este”, sostiene Benítez.

Irarrázabal comenta que esta instancia tiene un plazo de 30 días para dictar sentencia desde la audiencia. “No se establece un plazo total desde que es ingresada la reclamación, dependerá de cuándo sea fijada la audiencia”, dice.
En la práctica, indica, los fallos del tribunal ambiental tardan un año e incluso más. Luego de eso, Dominga podría terminar su tramitación legal en la Corte Suprema, a través de un recurso de casación.

Números en juego

Andes Iron esperaba invertir US$ 2.500 millones para ejecutar la mina que produciría hierro y cobre, emplazada en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.

Según cálculos de la empresa, la construcción de la faena y el puerto crearía 9.800 puestos de trabajo directos y 1.450 en la operación de la mina. La cifra sube si se considera que por cada empleo directo en la operación de la mina se generarían otros 2,5 indirectos. Es decir, los terceros sumarían más de tres mil.

A esto se agrega el acuerdo marco firmado entre Andes Iron y vecinos de La Higuera para compartir beneficios, generando un fondo que destine dineros a proyectos para la comunidad, bajo una fórmula que considere todos los años de la operación del yacimiento.

Se establecía un monto anual expresado en UF, calculado a partir del precio internacional del hierro, con un valor mínimo y máximo.