(Pulso) Por segunda semana consecutiva, la disputa entre Codelco y la ContralorÃa General de la República (CGR) por la auditorÃa que se realizó a la estatal, que detectó el pago de una indemnización por $511 millones a un directivo al ser desvinculado, fue motivo de análisis en el tradicional almuerzo de los lunes que reúne a las autoridades del Ministerio de Hacienda y a los parlamentarios de las comisiones del área.
En la cita del lunes, que significó el retorno del ministro Rodrigo Valdés a estos encuentros luego que la semana pasada viajara a una reunión de la OCDE en ParÃs, se reiteró a los legisladores que se han seguido realizando gestiones con el ente fiscalizador para aclarar y precisar el cambio de doctrina que apuntó a tratar a la minera como un servicio público en vez de una sociedad anónima.
En ese plano, Valdés sostuvo el pasado 23 de mayo una audiencia con el contralor Jorge Bermúdez para buscar una solución que disipe los focos de incertidumbre que hay en los directorios de las empresas públicas tras la arremetida del ente de control. Valdés ha reconocido que ha habido buena disposición de Bermúdez para buscar una salida.
En paralelo a las gestiones de Teatinos 120, las autoridades y equipos técnicos del Ministerio de la SecretarÃa General de la Presidencia (Segpres) también se han sumado a las conversaciones con la ContralorÃa. De hecho, se espera que esta semana haya una reunión.
Las gestiones del Gobierno van por un carril distinto a las acciones judiciales que estudia Codelco para ver si se ajustan a derecho los pronunciamientos de la CGR. Ha trascendido que la cuprera podrÃa presentar un recurso de protección contra la ContralorÃa en la Corte de Apelaciones o un recurso de nulidad de Derecho Público ante un juzgado civil, aunque no se descartan otros tipos de acciones.
