(La Segunda) Pese a que SQM y Corfo firmaron la paz en el arbitraje que mantenÃan pendiente por el arriendo del Salar de Atacama —que aumentó su cuota de extracción de litio en casi 350 mil toneladas hasta 2030—, la minera controlada por Julio Ponce aún tiene otro flanco abierto con la entidad liderada por Eduardo Bitran.
Se trata del proceso sancionatorio abierto por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a fines de 2016, tras una denuncia hecha por la propia Corfo.
En el expediente acusatorio figuran tres faltas graves, dos leves y una gravÃsima: Según “la súper†liderada por Cristian Franz, SQM extrajo salmuera por sobre lo autorizado; afectó progresivamente el estado de vitalidad de algarrobos aledaños al proyecto y entregó información incompleta respecto de la extracción de agua dulce, niveles de pozos y formaciones vegetales.
En el cargo más grave que se le imputa, apunta a que habrÃa modificado las variables consideradas en los planes de contingencia sin contar con la autorización ambiental.
Por eso, Bitran es enfático —sobre todo tras las crÃticas que recibió ayer en la Cámara de Diputados, a donde asistió a entregar detalles del acuerdo logrado con SQM en el arbitraje— al sostener que “una cosa fue resolver el arbitraje por temas de renta y otra cosa muy distinta es cómo han abordado los temas ambientales que son serios.
En ese proceso (SMA) somos parte y seguiremos haciendo objeciones cuando las respuestas no sean satisfactoriasâ€.
Según fuentes de la SMA, de demostrarse infracciones gravÃsimas en el proceso sancionatorio, SQM se expone incluso a la clausura de sus operaciones, independiente del reciente acuerdo alcanzado con la Corfo en el área arbitra, tal como ya ha sucedido por ejemplo en el cierre de Pascua Lama. AsÃ, también corre peligro la eventual inversión que debe desplegar SQM para materializar su cuota de extracción de litio y que la autoridad calculó en torno a US$1.000 millones.
SQM ya presentó alternativas
Como parte del proceso sancionatario, SQM ya ha presentado dos planes de cumplimiento con el fin de culminar el proceso y evitar un castigo mayor.
El primero, avaluado en US$18 millones, fue muy criticado por Bitran, las comunidades originarias del Salar y el superintendente Franz, quienes indicaron que el plan no se hacÃa cargo de todas las infracciones contenidas en el proceso.
Tras ser rechazado finalmente —en octubre de 2017— la firma volvió a la carga y presentó una nueva propuesta, que incluyó un Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeológico en el Salar. Ese ofrecimiento gatilló el rechazo de la Dirección General de Aguas (DGA), poniendo nuevamente en jaque la salida de “Soqui†del proceso sancionatorio.
Según un informe de la jefa del departamento de conservación y protección de recursos hÃdricos de la DGA, Cinthia Montecinos, el plan presenta falencias que deben ser justificadas en nuevos informes. AsÃ, SQM deberÃa entregar esta semana una respuesta a ese requerimiento, vÃa el expediente de la SMA.
Luego de eso, “la Súper†tiene que decidir si aprueba el plan presentado por la minera, o si lo rechaza y continúa con el procedimiento sancionatorio hasta un fallo definitivo.
“Acá la DGA fue muy crÃtica, si no hay respuesta satisfactoria tendrÃamos que oponernos tambiénâ€, anticipa Bitrán. Otros actores se hicieron parte
En el proceso sancionatorio llama la atención la participación de Albermarle, la otra minera que extrae litio del salar y que justificó su interés “dada la proximidad de las labores y los potenciales efectos sinérgicos sobre el medio ambienteâ€, en palabras del gerente general de la firma, Stephen Elgueta. La firma criticó el plan de cumplimiento de SQM, acusándolo de graves deficiencias.
El Consejo de Pueblos Atacameños, vecinos del Salar, también lanzó sus dardos contra SQM. “El programa no deberÃa ser aceptado pues no subsana
la sobreexplotación del salar en su conjunto, ni ofrece una reparación integral a todas las actividades culturales y de subsistencia de las comunidades atacameñasâ€, describe Ana Ramos Siares, dirigenta y representante del pueblo Lickanantay.
Al margen de este proceso sancionatorio, Eduardo Bitrán describe que la conciliación alcanzada recientemente con la minera incluye una serie de compromisos de sustentabilidad inéditos en la historia del salar, como por ejemplo, la instauración de un interventor ambiental, monitoreos en lÃnea, la posibilidad de caducar la concesión en caso de incumplimientos ambientales graves y recursos para las comunidades indÃgenas.
