Gobierno afina agenda de energía: considera desde compensar el ahorro, hasta la entrada de nuevos actores a la generación

(El Mercurio) Los dos últimos años del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, 2017 y 2018, serán los más complejos en materia eléctrica de las últimas décadas. No solo porque los precios de la electricidad seguirían altos, sino también porque el país se enfrentará a una coyuntura que ya vio en 1998: la posibilidad de apagones por fragilidad del sistema y falta de generación. Por eso la Agenda Nacional de Energía que prepara el ministro Máximo Pacheco Matte contiene medidas urgentes para sortear esa emergencia, que además se avizora se producirá en pleno proceso electoral.

El vehículo para impedir el colapso es la Agenda Nacional de Energía, que el Ejecutivo presentará este mes y en la cual trabaja con extremo sigilo. Aunque el plazo interno es tenerla lista en los primeros 15 días de mayo, en el Ministerio de Energía prefieren no comprometer una fecha más concreta. Desde Arica a Punta Arenas, Pacheco y su equipo han recorrido el país socializando algunas ideas y recabando otras para incorporarlas en la política nacional de energía, que se pondrá en marcha en 2015.

“Esta agenda no puede ser otro texto técnico más que quede olvidado en el estante”, comentan desde esa cartera, respecto a la necesidad del “diálogo social”.

¿Qué medidas contemplará el anuncio? Van desde medidas para acelerar la entrada en operación de nuevas centrales o ampliar las existentes, mecanismos de ahorro compensado, hasta medidas para incentivar los paneles solares en viviendas.

Más energía renovable

En el plan del Ejecutivo hay medidas para que la carencia energética se sienta menos en los sectores residenciales, como extender el incentivo a la instalación de paneles termosolares en vivienda -trascendió que hasta por lo menos el año 2020-, e incluir esta tecnología en el subsidio habitacional, para que con estos paneles se pueda calentar agua o generar luz dentro de la casa. Esta es una ayuda que se canaliza a través de las constructoras y que de implementarse ayudaría a aquellas empresas que edifiquen viviendas sociales. El subsidio partió en 2010 y duró hasta diciembre de 2013. Consistía, en esa primera versión, en el financiamiento total de los paneles solares en viviendas de hasta 2.000 UF, un beneficio de 40% en inmuebles de hasta 3.000 UF y de 20% en propiedades entre 3.000 y 4.500 UF.

En cuanto a la producción de electricidad, hay disposiciones para contar con más generación eléctrica, como hacer un catastro de qué proyectos se pueden hacer y ampliar en el corto plazo, con una suerte de fast track eléctrico. Hoy en el Sistema Interconectado Central (SIC), los proyectos en calificación ambiental totalizan 4.502 megawatts (MW), con una inversión de US$ 9.486 millones, mientras que en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), las centrales hoy en evaluación podrían generar 2.513 MW, con una inversión de US$ 4.347 millones.

En este aspecto de aumentar la oferta también se incluye, dicen en el ministerio, en “hacer un sistema de compras coordinadas de gas natural licuado (GNL) en volúmenes atractivos para encontrar mejores ofertas de precios, para reducir la potencial escasez de energía en el período 2016-2018”.

Hoy el mayor terminal gasífero del país -Quintero- compra solo para sus socios, Endesa, Metrogas y Enap, aunque estas empresas pueden vender a terceros. Pero si se sumaran todos los clientes potenciales, una compra coordinada a nivel internacional podría lograr un precio más barato del gas, dicen en Energía.

También la agenda consideraría disposiciones para aumentar la eficiencia y el ahorro energéticos. Aquí la idea es bajar el nivel de consumo para que implique ahorros en el corto plazo. Y es que en el Norte Grande la demanda crecerá en 2014 sobre 10%, mientras en el centro-sur alrededor de 4%, según la consultora Systep. El Gobierno quiere implementar sistemas de compensación de consumo -es decir, que el ahorro se devuelva en dinero-, además de hacer cambios tecnológicos en casas y empresas para gastar menos luz.

¿Nuevos actores?

Un tema que es de más largo aliento, pero que preocupa al ministro Máximo Pacheco, es la gran concentración en el mercado de la generación. “Es un oligopolio”, ha reclamado. “Tres empresas (Endesa, AES Gener y Colbún) generan el 90% de la energía del SIC”, dicen en Energía.

Una estrategia clave para la entrada de nuevos actores al segmento de generación en el mercado eléctrico es que accedan a contratos de largo plazo para el suministro de energía a clientes regulados, a través de empresas distribuidoras de energía. Hoy el Gobierno está revisando cómo incentivar el ingreso de nuevas compañías con proyectos nuevos con cambios en los plazos, la división en bloques y otras medidas.

El ministro Pacheco y sus técnicos también tienen en vista dos reformas a nivel de industria. Una es un proyecto para facilitar la interconexión entre las dos grandes redes, el SIC y el SING, y lo otro, una reforma a los centros de despacho (CDEC), que son las entidades que indican qué centrales operan y por cuánto tiempo y que son integradas por las propias empresas.

Todas estas medidas intentarán evitar el colapso de los próximos años, porque como sostiene Bernardo Larraín Matte, presidente de Colbún, “no se han ingresado suficientes proyectos de generación para abastecer la demanda de los próximos diez años si es que sigue creciendo a las tasas actuales” (ver nota relacionada).

También hay cambios, como la planificación participativa en la política energética, que el Gobierno señala que es un estándar aplicado en diversos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Otros aspectos que están en el plan del Gobierno -ya sea en la agenda o la política energética-, son mejorar la regulación de la transmisión eléctrica, aumentar el uso de energías renovables no convencionales (ERNC) y reforzar los programas de eficiencia energética, fijando normas mínimas para iluminación, motores, refrigeradores, construcción pública, entre otros.

En el caso de las renovables, la idea del Gobierno es que la planificación territorial incluya el fomento de cierto tipo de energías, como solar en el norte; hídrica en el sur y eólica en todas las áreas con potencial.

“Este modelo no cumple su objetivo”

“Con el actual déficit energético, resulta aún más urgente que el Estado juegue un papel relevante en la planificación, regulación y gestión del sistema”, dice el Ministerio de Energía. “Cuando se creó este modelo, se fijaron tres objetivos: operación económica, seguridad de abastecimiento y uso de energía limpia. Hoy nada de eso se cumple: la energía es cara, no sabemos si en el corto plazo el sistema podrá hacerse cargo del alza de la demanda y la matriz no es sustentable”, dicen en la cartera.

El mismo Pacheco señaló esta semana, en un multitudinario taller para preparar la política energética, que “la compleja situación que vive el país en materia energética requiere del concurso de todos y el Estado tiene la misión de encauzar, dirigir y canalizar las distintas y legítimas posiciones”.

Así las cosas, ya se sabe que la Agenda incorporará un papel más activo del Estado, tanto en la planificación, como en la regulación y en generar incentivos para mayor competencia y el desarrollo de una matriz energética más sustentable y diversificada, explican en el ministerio comandado por Máximo Pacheco.

¿Molesta este giro a las empresas? Por lo menos no al grupo Matte. “Yo creo que el Estado debe ser más activo, en particular en la articulación de las distintas visiones”, dice Bernardo Larraín.

Inspiración: Suiza, Nueva Zelandia y Canadá

El ministro Pacheco y su equipo de Energía se han inspirado en países como Suiza, Nueva Zelandia y Canadá para definir un nuevo modelo energético para Chile.

“Luego de atravesar dilemas homologables a nuestra situación actual, estos son países que establecieron un modelo de planificación pública que cuenta con legitimidad social”, detallan en su cartera.

En el caso de Suiza, su estrategia está definida desde 1990 en su Constitución Política, donde se precisa que la energía debe generarse en forma segura, económica, eficiente y ecológicamente responsable. Más de la mitad de su electricidad es hidroeléctrica y un 40% es nuclear, pero en 2011, a raíz del desastre de Fukushima, se estableció un programa para terminar con este tipo de energía antes del 2050.

Nelson Muñoz, country manager de la compañía australiana Origin Energy, cuenta que en Nueva Zelandia -donde operan tres centrales geotérmicas- las comunidades maoríes poseen los derechos del uso del territorio y que, por ejemplo, explotan el potencial geotérmico del país seleccionando ellos a las empresas que operan en sus tierras.

En cuanto a Canadá, se trata del quinto mayor productor de electricidad del mundo, buena parte de la cual se exporta a Estados Unidos. El 54% de su generación es hidroeléctrica y un 31% es termoeléctrica. Aunque es un gobierno federal, son las provincias las que definen cómo y qué fuente energética explotar.

“Cuando se creó este modelo, se fijaron tres objetivos: operación económica, seguridad de abastecimiento y uso de energía limpia. Hoy nada de eso se cumple: la energía es cara”, dice el Ministerio de Energía. Bernardo Matte acerca del futuro de HidroAysén: “Vamos a esperar la política energética del Gobierno”

Paralizado desde hace dos años, el mayor proyecto hidroeléctrico del país, HidroAysén, seguirá congelado. Eso debido a que el grupo Matte, socio junto a Endesa en la iniciativa de 2.750 MW, definió que esperará a que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet haga pública su política energética para decidir qué hará. Bernardo Matte, ex presidente de Colbún y hoy director, dijo: “Vamos a esperar la política energética que el Gobierno va a plantear para poder dar una opinión sobre HidroAysén”. Y detalló que “es un proyecto que, por su magnitud, requiere de consensos nacionales y, mientras esos consensos no existan, no vamos a seguir avanzando”.

HidroAysén fue aprobado en su calificación ambiental en el anterior gobierno de Michelle Bachelet, pero fue objeto de numerosas reclamaciones ante el Consejo de Ministros. En la presidencia de Sebastián Piñera, tales reclamos fueron analizados solo en los últimos días de mandato, cuando se decidió resolver 17 de 35 de estas consideraciones, solicitando estudios adicionales. Eso fue invalidado por el nuevo gobierno en marzo de este año, que se dio un plazo de 60 días para determinar la suerte del proyecto.