(La Tercera) La adecuada y efectiva implementación de la reforma laboral dependerá, en parte, de la capacidad operativa de la Dirección del Trabajo (DT). Asà lo deja entrever el informe financiero del proyecto que el gobierno presentó al Congreso esta semana.
A través del documento, las autoridades plantean que se debe fortalecer al organismo “a fin que pueda desarrollar a cabalidad las nuevas funciones que se le asignan, especialmente las relativas a la solución de controversias, la asistencia técnica a las partes y la calificación de servicios mÃnimosâ€.
Por eso, el Ejecutivo calcula que la iniciativa implicará un costo fiscal anual de $3.981 millones. Dentro de ellos, destacan $ 300 millones que se destinarán a mediaciones de la DT para resolver diferencias entre empleadores y trabajadores.
Este último Ãtem, explica el texto, “considera los costos operacionales para financiar un incremento de 30% en el número de mediaciones†respecto del total anual identificado por la DT, que en 2013 llegaron a 2.799 según el anuario estadÃstico de la institución.
La reforma establece tres tipos de mediación: voluntaria, obligatoria -una vez votada la huelga- y forzada, esta última en caso de incumplimiento del principio de buena fe.
