Gobierno y Sonami advierten alto riesgo para las fundiciones por China y exigencias ambientales

(Pulso) No sólo al sector acerero le está impactando la arremetida de China -esta semana se conoció que CAP está realizando estudios para demandar por dumping a ese país- sino que también a la minería, que curiosamente le debe el “boom” iniciado en 2006 a las compras de minerales originadas en ese país.

El motivo de preocupación es ahora la actividad de fundición y refinería, que en Chile es liderada por la estatal Codelco en los complejos de Ventanas, Chuquicamata y Potrerillos y que se ha visto afectada por la dura competencia de China.

A esto se suman las cada vez más altas exigencias ambientales, considerando que la nueva normativa de emisiones, que entrará en vigencia en 2018, obliga a realizar inversiones muy caras, que chocan con la actitud más conservadora de las compañías dado el bajo precio del cobre en los mercados internacionales.

Otros temas como el costo de la energía y la mano de obra, que chocan con los cada vez más bajos cargos de tratamiento, hacen temer a la industria que su rentabilidad pueda estar en duda de cara al futuro.

Todo esto explica, por ejemplo, que la mayoría de los proyectos de desarrollo en que trabaja hoy la gran minería prescinda de instalaciones de fundición y refinería y se enfoquen en la producción de concentrados, lo que reduce el valor agregado de la producción minera.

Precisamente, el miércoles se reunió la comisión de Minería y Energía del Senado para analizar esta nueva amenaza a la industria minera nacional, en una sesión en la que participaron la ministra de Minería, Aurora Williams y el consejero de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Francisco Costabal. Previamente había entregado un informe la empresa consultora JRI Ingeniería, que mostró un panorama sumamente crítico para esta actividad.

El diagnóstico es alarmante. Según ese informe, al que tuvo acceso PULSO, las instalaciones presentes en Chile están muy atrasadas en términos tecnológicos, tienen baja economía de escala y no están adaptadas a las exigencias ambientales modernas. A esto se suma su baja productividad y altos costos de operación respecto de la competencia internacional y la baja capacidad de recuperación de SO2 y limitada producción de ácido sulfúrico. Estos indicadores se espera mejoren con las inversiones que las empresas dedicadas a este negocio se verán obligadas a hacer para cumplir con la norma de emisiones para las fundiciones, pero eso tendría un costo altísimo que, según Sonami, llegaría a US$2.500 millones para reducir las emisiones en 95%. Llegar al 98%, que es el estándar de los países desarrollados, duplicaría ese valor.

El tema es crítico porque la entrada en vigencia de la norma de emisiones está a la vuelta de la esquina (la fecha dada por la ley es 2018) y las empresas aún no comienzan a hacer las inversiones necesarias.

Según el informe de JRI, el país necesita comenzar ya un plan de reemplazo gradual de las actuales fundiciones por plantas de tamaño óptimo, con tecnologías de alto desempeño ambiental y bajo costo de operación.

Esto requerirá que se establezcan regulaciones e incentivos para que aumentos de capacidad o nuevos proyectos lleguen a la producción de cátodos, como mínimo, y “desarrollar un polo de fusión y refinación, con la mejor tecnología probada disponible, en la zona central, para procesar los concentrados producidos entre las regiones IV a la VI”, se añade.

“Es clave crear las condiciones para la materialización de un proyecto de fusión y refinación para concentrados de alto contenido de impurezas, en la zona norte”, agrega el documento.

Si no se avanza en este plan la minería chilena quedará dependiente de manera casi exclusiva a los vaivenes del mercado de concentrados, que tiene una creciente vulnerabilidad a los costos de flete -crecientes en el último tiempo- y a los cargos de tratamiento y refinación, que a su vez se han visto influenciados por la posición dominante de China y aumento de sus costos internos.

Además, la producción minera chilena podría verse expuesta a multas por la creciente presencia de arsénico en el mineral, lo que en definitiva puede frenar el desarrollo de proyectos en Chile.

Coincide con gran parte de esta visión la Sociedad Nacional de Minería. Según lo expuesto por su consejero, Francisco Costabal, las fundiciones chilenas están en una situación compleja, tanto en materia ambiental como de costos.

“Respecto de los costos, en el mejor de los casos las fundiciones chilenas se ubican en el tercer cuartil. En materia ambiental, el tema principal son los altos contenidos de impurezas en los concentrados, principalmente arsénico, estimándose que seguirán subiendo. Para adecuar las fundiciones a la normativa ambiental que comienza a regir en diciembre de 2018, se estima una inversión de entre US$2.000 millones y US$2.500 millones y para llegar al 98% de captación (de emisiones), se estima una inversión de US$5.000 millones”, plantea el gremio. “El negocio de las fundiciones y refinerías (FURE) está teniendo un cambio radical por la incorporación de nuevos actores claves. Es el caso de China, que ha aumentado su capacidad de fusión por la necesidad de más cobre fino y el rezago de inversiones en los países productores de concentrados”, se añade.

Tras asistir a la sesión del pasado miércoles, en la que estuvieron presentes los senadores Isabel Allende, Alejandro Guiller y Baldo Prokurica, además de su presidente, el senador Alejandro García Huidobro, la ministra de Minería Aurora Williams comentó que el Estado tiene un rol en esta discusión. “Con respecto este tema, como Gobierno, pero también como sector, debemos tener una mirada que apunte a las perspectivas futuras de la industria de la fundición de minerales, y también analizar las alternativas estratégicas que pueden considerarse para su desarrollo, manteniendo la productividad y competitividad en el mercado internacional”, dijo Williams a PULSO.