(AméricaEconomÃa / elespectador.com) La organización Greenpeace criticó vehementemente a la Agencia Nacional Minera de Colombia (ANM) ante la negativa del organismo de revocar tres tÃtulos mineros de la empresa Hunza Coal en el páramo de Pisba, zona clave para el abastecimiento de agua a la población que, señala, se ve amenazada por esta actividad.
Los ambientalistas expresaron su total inconformidad indicando que existe un marco normativo en base a la Constitución PolÃtica, cuyo objeto fundamental es la protección de los páramos que debe cumplirse, tal como indicaron en un comunicado.
“El Código Minero no puede ir por sobre la Constitución de los Colombianosâ€, manifestó Consuelo Bilbao, Coordinadora de la Campaña Páramos de Greenpeace. “La protección que se debe brindar a los ecosistemas de páramos se encuentra contemplada en la Constitución PolÃtica del año 1991. En este sentido, es fundamental que las autoridades sean responsables y formulen las polÃticas y las condiciones necesarias para que la protección se haga efectiva. Con esta negativa, la Agencia subestima el derecho al acceso al agua de las poblacionesâ€.
La respuesta de la Agencia Nacional Minera, surge a raÃz de una campaña pública de Greenpeace donde los ciudadanos están pidiendo la revocatoria de los tÃtulos mineros de la empresa Hunza Coal y la protección del páramo de Pisba.
Entre los argumentos de la ANM para negar la revocatoria, según indica el grupo ambientalista, está que los tÃtulos fueron otorgados antes del 2010/2011 cuando entraron en vigencias las leyes que prohÃben la actividad minera en áreas de páramos. Sin embargo, la organización señala que se está desconociendo la existencia de la Ley 99 del año 1193, que establece que las aéreas de páramos serán objeto de protección especial.
Además, la ANM indica, según manifiesta Greenpeace en el comunicado, que todavÃa no se ha delimitado el Páramo de Pisba y en tal sentido no existe claridad sobre las aéreas a excluir de la minerÃa.
“La falta de delimitación del Páramo es una excusa más de la autoridad minera; de acuerdo a la cartografÃa del Atlas de Páramos, como lo establece la Ley 1450, la extensión de esta zona está claramente identificada. El plan de realizar una delimitación más exhaustiva, como lo exige la normativa vigente, no significa que no exista una delimitaciónâ€, afirmó Bilbao.
Greenpeace insiste con su reclamo de revocatoria de los tÃtulos a las autoridades mineras, como asà también que se ejecuten polÃticas y actos administrativos cuyo objeto sea la protección de los páramos. “Buscamos que prime el interés público y el derecho de las comunidades a gozar de un ambiente sano, por sobre los intereses económicos de unos pocos†concluyo la activista.