La carga tributaria de la minería en el mundo

(Estrategia) Luego de que la Concertación rechazó el proyecto de royalty propuesto por el Gobierno de Sebastián Piñera, con el fin de recaudar mayores fondos para la reconstrucción del país, hoy, tras el accidente que mantiene atrapados a 33 mineros en el norte del país, el Gobierno volvió presentar un proyecto. Y aunque no se mencionó en la iniciativa, cada vez son más las voces que piden que parte de esos recursos se destinen a la seguridad de la pequeña y mediana minería.

La propuesta, entre otros aspectos, sitúa la tasa de royalty entre 5% y 9% del margen operacional, extendiéndose –a quienes se acojan a la nueva normativa– la invariabilidad tributaria hasta 2025, con el fin de mantener la seguridad de los inversionistas y recaudar mayores recursos para el fisco (US$1.000 millones en tres años).

Diagnóstico Gran Minería

En la actualidad, a la gran minería se le aplican tres tributos: el impuesto de primera categoría (17%), impuesto a las utilidades remitidas al exterior (35%) y el royalty o impuesto específico (con tasas desde 0,5% a 5%).

Según el Consejo Minero, “el impuesto específico a la minería ha reportado al Estado US$3.079 millones desde 2005, de los cuales sólo se han imputado US$516,3 millones para el fin que se ha establecido debe utilizarse, correspondientes al 16,7% del total, quedando un remanente de US$2.562,7 millones”.

Sin embargo, los defensores de un royalty sobre las ventas, calculan que el monto recaudado hubiera sido de unos US$8.000 millones. Sin embargo, Javier Jaque, director académico del Magíster en Tributación del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, considera que “el royalty sobre la renta imponible operacional está bastante bien, porque es injusto que no se consideren los costos que tuvieron que soportar para poder generar esa red”. No obstante, otros analistas sostienen que las mineras podrían “manejar” esa variable con el fin de tener un menor margen, pues de hecho sólo en este primer semestre los costos operacionales de la gran minería privada subieron en 26%.

Pero el Consejo Minero agrega que desde 2005, por concepto de impuestos a la renta, “el sector ha aportado US$24.817 millones, correspondientes al 35,2% de lo recibido por el Fisco”. Y añade que en el último quinquenio la minería aportó el 18,8% del Producto Interno Bruto (PIB), con más de 25,1% del total de los ingresos fiscales y un quinto de ellas pertenecen a la recaudación total del IVA.

Royalty en Otros Países

En todo caso, también es cierto que otros países mineros el royalty es más oneroso que en Chile. En EE.UU., por ejemplo, los estados aplican generalmente un royalty a la venta bruta, el que fluctúa entre un 3% y un 10%, además de un impuesto a la propiedad, entre el 4% y el 7% y se aplica sobre una base de un tercio del valor total de la propiedad.

En Canadá, el royalty en general se aplica sobre tasas de impuestos a las utilidades, no deducibles. A nivel provincial, dichas sobretasas varían entre un 3% y un 20%, siendo la generalidad de ellas entre 12% y 16% en el caso de la minería. En Bolivia, se aplica sobre la venta bruta y con tasas entre 1% y 7%. En el caso de Australia, es hoy un impuesto a las utilidades de las empresas (30%), con royalties provinciales variables.

La tendencia mundial, muestra que los países mineros, en su mayoría, aplican royalties sobre la venta bruta de los productos mineros. El principal argumento para esta medida (royalty a las ventas) es que es muy difícil determinar y fiscalizar cuál es el costo operacional real. Al respecto, Javier Jaque aseguró que “no hay fiscalizaciones en terreno por parte del Servicio de Impuestos Internos, esta fiscalización se hace a través de informaciones que provee Cochilco. La mayoría de los fiscalizadores son ingenieros comerciales, contadores auditores o administradores públicos, a quienes les resulta difícil saber mayores detalles sobre lo que ocurre en la faena misma”.

Miguel Angel Durán, resta importancia al bajo royalty chileno argumentando que “Chile ocupa el tercer en carga tributaria minera, sólo está bajo de Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos, la tasa total de impuestos llega incluso a 44,8% (Arizona), en Canadá 39,7% (Quebec), mientras que en Chile, a 37,6% y el renombrado Australia se encuentra recién en el noveno lugar”.

Sin embargo, expertos tributarios indican que no se puede establecer una sumatoria simple, debido a que el impacto sobre la recaudación fiscal es muy distinto si se aplica un royalty a la venta. Por tanto, el 31,9% de Australia tiene un impacto aún mayor que el 37,6% de Chile. Según Javier Jaque “lo más importante para determinar la base del royalty es excluir la depreciación acelerada, pero al mismo tiempo no aceptar la pérdida de ejercicios anteriores. Debido a que esas dos posibilidades existían, el año 2002, cuando se empezó a impulsar el tema del royalty, habían 44 empresas de la gran minería que declaraban pérdidas tributarias, por tanto, no pagaban impuestos”.

Según el presidente del Consejo Minero, “el cambio de tributación y el riesgo de que ésta pueda ser mayor, pone en riesgo la competitividad de Chile en el exterior, alejando a los inversionistas”.

No obstante, Javier Jaque sostiene que “los economistas en el año 2004 decían que si se cambiaban las reglas tributarias en el sector minero provocarían una disminución en la inversión, sin embargo, eso no ocurrió, y se sostuvo con tendencia al alza. De hecho, ningún economista dice hoy día que a partir del 2006 ha disminuido la inversión en la minería”.

Nuevo Royalty

El miércoles 1º de septiembre, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ingresó a la Cámara de Diputados el nuevo proyecto de royalty minero. En el mensaje adjunto al proyecto de ley, el Mandatario destaca que los recursos naturales “son esencialmente no renovables” y es por eso que se “hace necesario analizar y evaluar la estructura tributaria y sus aportes a la riqueza nacional”.

Y agrega que “el 30% de los recursos adicionales que se espera recaudar con el presente proyecto de ley, irán directamente a las regiones y comunas del país”.

Mientras el proyecto mismo indica que entre 2010 y 2012 regirá una tasa variable entre 4% y 9% para los proyectos que actualmente poseen invariabilidad tributaria, y una tasa entre 5% y 9% para los proyectos y contratos nuevos.

En tanto, entre el 2013 y 2017, regirá una tasa pareja de 4% para los proyectos que tengan invariabilidad tributaria y 5% para proyectos nuevos.

Y, finalmente, entre los años 2018 y 2025, volverá a regir una tabla que va entre 5% a 9% para todos los proyectos por igual (antiguos con invariabilidad y nuevos).

Cabe destacar que es una tasa efectiva transitoria (por tres años) y su adhesión será voluntaria y “provisoria por el período de tres años”.

Fuente / Estrategia