Las dudas que la CMF busca aclarar tras la asesoría de los hermanos Ponce y la venta de Nutrien del 7% de las acciones de SQM

(El Mercurio) Hay tres actos clave que analiza la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El primero ocurrió el miércoles 23 de mayo al mediodía. Ese día, el directorio de SQM de manera unánime aprobó la propuesta de Alberto Salas, presidente de la minera no metálica, de incorporar a Julio y Eugenio Ponce Lerou como asesores estratégicos. El segundo acto ocurrió entre el 29 de mayo y el 1 de junio, cuando la canadiense Nutrien (ex Potash), accionista de la minera, anunció y luego vendió el 7% de acciones serie B que tenía en SQM. El tercer y último acto ocurrió el martes 5 de junio, cuando se conoció públicamente del fichaje del ex controlador de la minera como asesor, a pesar de que con Corfo se había negociado su salida como director y ejecutivo.

Qué pasó entremedio, y si el mercado debía o no saber de la contratación, por el efecto que podría tener en el precio de la acción de SQM, pero por sobre todo, en el valor que obtendría Nutrien de la subasta del 7% de las acciones serie B de SQM, es lo que la CMF está tratando de dilucidar por estos días.

Aunque no hay una investigación formal, en la más estricta reserva, la Comisión ha emitido una serie de oficios a SQM requiriendo información tras la publicación que hizo La Tercera, el martes 5 de junio en su edición impresa, y que hizo caer el precio de la acción en 1,51% ese día y que suman desde esa fecha hasta este viernes una pérdida de 5,85% ¿Qué está pidiendo la CMF? Las actas de los directorios en que se analizó la propuesta de asesoría y, sobre todo, saber qué dijo cada director de la mesa en torno a esa proposición.

Con esta información, la CMF busca clarificar por qué los integrantes del directorio estimaron que el “fichaje” de los Ponce no era un “hecho material”, calificación que, según la Ley del Mercado de Valores, habría obligado a la empresa a informar al mercado a través de un hecho esencial o, en caso de ser demasiado confidencial, al menos hacerlo por un hecho esencial reservado directo a la CMF.

Asimismo, la sucesora de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) busca dilucidar si los directores elegidos con los votos de Nutrien en SQM -Darryl Stann, Arnfinn Prugger y Mark Fracchia- habrían hecho presente a la canadiense el eventual efecto que pudiera tener sobre la venta del paquete accionario la contratación de los hermanos Ponce que ellos apoyaron. He ahí que le interesa tanto saber qué dijo en detalle cada director en dicha sesión de directorio.

Otra de las informaciones que la CMF pidió a SQM, vía oficio, fue conocer el detalle de los medios de comunicación que supieron de esta contratación previo a la publicación.

Material o no material, ahí está el dilema

En SQM saben que la CMF evalúa esta situación. Sin embargo, están convencidos de que el no haber informado al mercado se ajusta a derecho, por no ser un hecho material y no calificar como sensible para el mercado.

Pero el regulador podría pensar distinto, como ya sucedió en septiembre de 2015, cuando la SVS multó al entonces presidente de la minera, Juan Antonio Guzmán; al director Hernán Büchi, al ex director Wolf von Appen; al ex presidente de la sociedad Julio Ponce y al, en ese entonces, ex director Patricio Contesse Fica, por no haber informado al mercado apenas supieron de la existencia de boletas ilegales entregadas a políticos por el ex gerente general Patricio Contesse González. En esa ocasión el regulador multó con 1.000 UF a cada uno.

Ese episodio, y que la CMF eventualmente catalogue la aprobación de contratar a los Ponce como asesores como un hecho material, y por ende, pueda volver a multar, ronda por los pasillos de SQM.

Según Hugo Caneo, director del área de Gobierno Corporativo de la Universidad de Chile y ex jefe del Área de Cumplimiento de Mercado (Acme) de la SVS, no hay una regla matemática para determinar qué es un hecho material que requiera ser informado obligatoriamente al mercado. Sí está claro que debe informarse cuando el hecho pudiese tener algún efecto en la cotización de los valores, lo que efectivamente ocurrió en el caso de la contratación de los hermanos Ponce.

También se cataloga como hecho material aquel que puede afectar el rendimiento del negocio, así como los expresamente identificados en la ley, tales como divisiones, fusiones o distribución de dividendos. “El mejor criterio siempre es reportar, a no reportar, aunque después no tenga un efecto concreto en el mercado”, comenta el experto.

La preocupación de las AFP

El 1 de junio, cuando se subastó el 7% de SQM-B en poco más de US$ 1.000 millones, las AFP fueron las grandes compradoras y se quedaron con 9.215.996 acciones, representativas del 45,7% del total de la oferta. Le siguieron en importancia los fondos mutuos, compañías de seguros y otros institucionales locales con el 16,8%; extranjeros con el 15%; retail con 11%, y grandes inversionistas con 11,5%.

Las gestoras de fondos previsionales, una vez que explotó el caso Cascadas en 2013, salieron de SQM y las cascadas, y solo volvieron a invertir de manera marginal a principios de este año. Sin embargo, una vez que se firmó el acuerdo entre la empresa y Corfo, que sellaba la salida de Ponce, empezaron a volver de manera decidida. De ahí sus expresiones de rechazó al enterarse, tras la subasta, del regresó del ex controlador como asesor de la empresa. Así lo habrían hecho saber a la Superintendencia de Pensiones, al explicar los motivos de la compra. La situación se habría superado, parcialmente, el viernes 22 de junio, cuando el presidente de la empresa, Alberto Salas, informó que Ponce retrocedía en su intención de ser asesor estratégico, no así su hermano.

Hay quienes estiman que ese retroceso en la decisión de Ponce, algo pocas veces visto en la carrera del empresario, se debió, entre otros, a las indagaciones y peticiones de información que lleva adelante la CMF, incluyendo este cruce entre la decisión del directorio de nombrar a los Ponce como asesores, sin informar al mercado, y la venta de Nutrien. En último término, se trata de dilucidar si los directores cumplieron con su deber de informar de manera “veraz, suficiente y oportuna” cuando una decisión pudiese afectar al mercado.