“Lo importante para los pueblos originarios es tener sus propias fuentes de ingresos”

(El Mercurio) Canadá ha desarrollado un modelo para relacionarse con los pueblos originarios que ha sido mirado con atención desde Chile. La combinación entre altos grados de autonomía territorial y una incorporación importante de los indígenas a las dinámicas propias de una economía moderna son dos de sus características más evidentes.

A diferencia de lo que ocurre en Chile, Canadá -así como Estados Unidos y Nueva Zelandia- ha definido una política indígena propia y, hasta ahora, no ha suscrito el convenio 169 de la OIT, el que establece, entre otras exigencias, que los Estados deben consultar a los indígenas sobre cualquier decisión -principalmente inversiones-que los puedan afectar.

Hoy, el ex viceministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo de Canadá, Dennis Wallace -de visita en Chile- expondrá parte de esta estrategia en el seminario “Empresa y pueblos originarios: experiencia canadiense y chilena”, organizado por Transelec.

-¿A qué atribuye que solo una veintena de países hayan suscrito el Convenio 169 de la OIT y que, salvo Chile y Perú, ninguno de ellos tenga una clara vocación minera? De hecho, Canadá no lo ha suscrito.

“El efecto en Chile del Convenio 169 creo que ha sido bueno, pero en Canadá es diferente la relación con las comunidades indígenas. Canadá tiene una de las mejores estrategias que existen hoy en el mundo, es una experiencia hecha para Canadá, que ha tomado lo mejor de las estrategias de Estados Unidos y Nueva Zelandia”.

-¿Cuál es la ventaja de definir una estrategia distinta al Convenio 169, que es generalista y establece exigencias idénticas para los países que lo suscriben?

“Desde la Constitución de 1982, los pueblos indígenas de Canadá son partes de un acuerdo. Tanto el gobierno federal como provincial están involucrados con el movimiento indígena para solucionar casos de conflictos de intereses. Un ejemplo muy importante es Nunavut -una región situada al nordeste del país- donde se creó un nuevo territorio, con un gobierno indígena. Es la quinta transferencia de terreno más grande en el mundo, que incluye gobierno y desarrollo económico. En British Columbia -provincia más occidental de Canadá, en la costa del Océano Pacífico- ocurre lo mismo, aunque el tratado no está completo”.

-¿Los territorios transferidos a los indígenas tienen derechos políticos especiales?

“En algunos casos los territorios tienen gobierno independiente para manejo de tierras, educación y desarrollo económico. Además, los indígenas que viven en esas zonas controlan los impuestos. Lo importante para los pueblos originarios es tener sus propias fuentes de ingresos para así poder ser más independientes. Hace unos quince años, la provincia de Brunswick entregó también parte de los dineros del trabajo de la tala de bosques a los indígenas y algunos de los grupos indígenas que tienen disputas actuales reciben parte de los ingresos por la extracción de diamante, por ejemplo”.

-¿Cómo lograron incorporar a la población indígena a un modelo de desarrollo moderno? En el caso chileno, el 70% de los terrenos entregados a comunidades están subutilizados.

“En Kamloops, los pueblos originarios de British Columbia desarrollaron su propia economía y lograron convertirse en socios de las municipalidades, contribuyendo de manera muy importante al desarrollo de la región. Tienen viñas para hacer vinos, canchas de golf, desarrollo turístico, y les está yendo muy bien. Otra zona muy exitosa ha sido Labrador, en la costa atlántica, donde un miembro de una comunidad indígena puede llegar a ganar cien mil dólares canadienses en la industria de los diamantes trabajando dos o tres semanas en la mina y luego regresando a casa. Esos mismos grupos participan de un número interesante de negocios, proporcionan servicios a las minas de diamantes y han llegado a ser dueños de estas empresas”.

-Pese a todo, usted señaló que es positivo que Chile haya suscrito el Convenio 169. ¿Qué le hace pensar eso?

“El hecho de que el gobierno de Chile esté involucrado activamente en el proceso del Convenio 169, es una llave que abre otras puertas para avanzar”.

-Una de las dificultades que ha enfrentado Chile para implementar el Convenio 169 ha sido definir un proceso de consulta aceptable por los indígenas, principalmente cuando se requiere viabilizar un proyecto de inversión. ¿Cómo funcionan las consultas en Canadá?

“La Corte Suprema ha tomado tres decisiones que han ayudado a definir las consultas y arreglos (…) Hay que mantener usos tradicionales como la caza, pesca, también tiene que haber capacitación, oportunidades para manejos en conjunto y debe haber negocios en común”.

-¿Cómo acotaron en Canadá la definición de indígena? En Chile, el número de personas que se declara parte de una etnia aumentó desde 692 mil personas a principios de los años noventa a 1,7 millones en la actualidad. Este aumento coincide con la política de entrega de tierras y otros beneficios exclusivos para la población indígena.

“En Canadá, la ley indígena define quién es indígena. Muchas bandas se preocupan ellos mismos de la membresía. Pero cuando se firmaron los primeros tratados en Canadá, generalmente había listas de miembros. En Estados Unidos, es por sangre. Un 25% de sangre indígena es suficiente. A veces el gobierno de Canadá, con el apoyo de los indígenas, puede reconocer bandas nuevas. En Ontario se reconocieron seis bandas distintas en los años ochenta”.

-¿Cómo se resuelve el problema de tierras cuando los territorios no pertenecen al Estado, sino a privados?

“Si un territorio fue en algún momento indígena, puede ser comprado, pero si los dueños no desean vender, se identifican otras propiedades”.