Macro Zona Norte: Las tareas pendientes en pro del desarrollo minero

La actividad minera tiene un relevante rol en el desarrollo de la denominada Macro Zona Norte. Es así como en MINERÍA CHILENA plasmamos la visión de los diversos gremios presentes en dicho territorio respecto a la contribución de esta industria, en ámbitos como el económico y el social.

En esta ocasión, el foco está en conocer cuáles son los factores que, desde la percepción de estos gremios, que deberían ser abordados por la autoridad, junto con las empresas, la academia y la sociedad en su conjunto, para impulsar el desarrollo minero sostenible.

Al respecto, el gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal (AII), Marcos Gómez, comenta que, desde dicho gremio, “continuamos impulsando la consolidación de una cadena productiva y de valor que involucre a las empresas proveedoras locales con las grandes empresas mineras. Una cadena de valor que potencie el rol de la pyme y del proveedor local, es sinónimo de una economía regional que crece sólida, generando riqueza y empleos de calidad, lo que se traduce finalmente en mejores expectativas de vida para los habitantes de Tarapacá”.

El dirigente menciona que otro desafío que posee la región se relaciona con el fortalecimiento del capital humano: “A nivel local, en este tema en particular, tenemos un gran desafío por delante. De acuerdo con el estudio “Empleo Local y Minería en la Región de Tarapacá” desarrollado por el Consejo de Competencias Mineras-Eleva, actualmente no sólo tenemos una de las tasas desempleo regional más elevadas, sino que además un 35,6% de los trabajadores ocupados lo hace en empleos informales, superando el nivel promedio del país”.

“Es por esto que, a medida que logremos recortar la brecha detectada entre la demanda laboral insatisfecha y las calificaciones y la preparación que entregamos a nuestra mano de obra, estaremos aportando otro elemento clave para que en los próximos años más y mejores proyectos de inversión minera se decidan por la Región de Tarapacá”, recalcó.

Seguridad y territorio

La gestión territorial y la seguridad pública son otros de los factores que inciden en el desarrollo sectorial, considerando además las particularidades de cada región.

En esa línea, Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), alude a la implicancia que posee todo relacionado con el suelo fiscal, manifestando que es imperativo un cambio profundo en la legislación y administración de este estratégico recurso.

“En Antofagasta, el 70% del suelo está en manos del Estado y su muy débil administración no permite que este recurso juegue un rol estratégico en el desarrollo productivo y social comunitario. Nuestras empresas proveedoras, especialmente las empresas pequeñas y medianas, no pueden acceder a suelo para poder consolidar sus inversiones y desarrollo empresarial. La Región de Antofagasta no cuenta con barrios industriales que estén a la altura con su potencia económica productiva”, asegura.

En materia de seguridad, comenta que en forma reiterada las empresas han debido afrontar robos y agresiones perpetrados por bandas delictuales organizadas que operan en la Región de Antofagasta, “lo que no solo representa un riesgo para la integridad y vida de los trabajadores de esas empresas, sino que también lesiona la continuidad productiva. Ello genera una imagen de inseguridad para los inversionistas, afectando en cadena a la región y al país en su conjunto”.

Junto con ello, menciona, considerando la relevancia de la minería del litio en su región, que es fundamental asegurar que el sector privado juegue un rol protagónico en la producción y gestión de esta estratégica industria, “partiendo por SQM y Albemarle, los actuales productores que aseguran el segundo lugar en el ranking de producción a nivel mundial. Asimismo, es clave escuchar la voz de las regiones, especialmente a la Región de Antofagasta, donde se produce el 100% del litio, y a la comunidad atacameña en todo el proceso de definiciones en esta industria”.

Permisología e infraestructura

Respecto a qué factores deben ser atendidos con miras a incrementar el desarrollo minero en la región, Juan José Ronsecco, presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (Corproa), precisa que están: “aquellos que afectan la decisión del inversionista como la certeza jurídica, la seguridad pública y el factor tributario, como es el caso del Royalty. Son temas que debemos resolver no sólo pensando en la industria minera, sino que pensando en el progreso, estabilidad y desarrollo de Chile. Necesitamos atraer y retener inversiones. No nos olvidemos que no estamos solos y que otros países compiten con nosotros por esas inversiones. Por lo mismo, y considerando el aporte que la minería realiza al país y en particular a las regiones y sus comunidades, la carga tributaria debe ser razonable y en línea con lo que se tributa en otros lugares del mundo con presencia minera, de lo contrario perdemos atractivo y otros países, por los que antes nadie apostaría, comienzan a aparecer en el mapa inversor”.

A lo anterior, agrega los aspectos que atañen directamente a la región: “Nuestra infraestructura en las ciudades, los servicios, están al debe para atraer a profesionales de la industria y que se queden a vivir en Atacama. De igual forma, queremos que los profesionales formados en la región se queden y no emigren a otras ciudades. En esa línea es que Corproa, junto a la Cámara Chilena de la Construcción Atacama, el Gobierno Regional y otros actores privados estamos desarrollando una Mesa Público-Privada para destrabar los nudos que afectan a la inversión y el desarrollo de la región”.

Por su parte, Ricardo Guerrero, gerente de Cidere Coquimbo, afirma que, “como sucede en toda la minería nacional, vemos un problema con la extensión en los procesos de calificación ambiental y la “permisología” que es necesario superar para emprender proyectos de inversión en Chile. De modo que los proyectos que están llegando a fases finales de concreción son pocos”.

Por otro lado, manifiesta que “sin duda sería beneficioso despejar incertidumbres que surgen desde la política y que enturbian el ambiente necesario para canalizar nuevas inversiones. Tuvimos el debate impositivo relacionado con un nuevo royalty a la minería, en donde se corre el riesgo de perder competitividad con respecto a otros países. Está nuevamente sobre la mesa el riesgo de un retiro masivo de fondos previsionales, que volvería a disparar la inflación en caso de concretarse. Mientras que, por otro lado, el capítulo constitucional sigue abierto”.

“En un aspecto vinculado, en la región ha crecido la preocupación por la seguridad en las faenas, especialmente en la pequeña minería, en donde existe un porcentaje elevado de informalidad”, finaliza Guerrero.