Minera australiana acusa “actuar errático” del Estado y pide certeza jurídica para invertir

(Pulso) Una dura acusación a los “órganos de la administración del Estado” realizó la minera Paguanta, que busca desarrollar un proyecto en el norte de Chile, luego que el pasado 27 de marzo la Comisión de Evaluación de la Región de Tarapacá rechazara el proyecto argumentando que no se cumplió con el procedimiento de consulta indígena, conforme a los estándares del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios. El 30% d e la compañía está en manos de capitales chilenos y el 70% es propiedad de la australiana Herencia Resources.

“Resulta sorprendente que se cuestione el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, no obstante en nuestro conocimiento el Estado, a través del Servicio de Evaluación Ambiental, había realizado el proceso de consulta de conformidad al Convenio 169”, dijo en una declaración pública el director de la Compañía Minera Paguanta, Graeme Sloan, quien recordó que la iniciativa tuvo que reingresar a través de un Estudio de Impacto Ambiental.

“Como se puede constatar en el expediente del proyecto, al culminar la evaluación ambiental realizada por los organismos competentes, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá recomendó aprobar el proyecto, ya que se había dado pleno cumplimiento a la normativa ambiental vigente, lo cual incluía la realización del proceso de participación ciudadana y el proceso de consulta indígena con la comunidad afectada por la prospección”, añadió.

Ante el rechazo al proyecto por parte de la Comisión de Evaluación de la Región de Tarapacá, el directivo sostiene que “hechos como este demuestran un desapego al marco institucional ambiental”, toda vez que -dijo- según consta en el proceso los organismo del Estado com competencia ambiental determinaron que las comunidades que serían directamente afectadas por el desarrollo del proyecto habían sido consultadas y además estaban de acuerdo con la ejecución de la obra.

“Es evidente en este caso la falta de coherencia y adhesión al marco ionstitucional por parte del Gobierno regional de Tarapacá, hecho que genera incertidumbre en los inversionistas del sector, quienes ven cómo proyectos que se han regido por el marco jurídico, finalizando el proceso de manera exitosa, son posteriormente rechazados por las autoridades regionales, y por motivos que no guardan estricta relación con el proceso de calificación ambiental”, dijo el directivo.

A su juicio, “el actuar errático” de los órganos de la administración del Estado, pone un manto de duda respecto a la “seriedad con la que actúan las autoridades”, y en consecuencia con la que se evalúan los proyectos en el SEIA, donde perfectamente un proyecto que después de meses de valuación, y pese a contar con todos los informes favorables, es rechazado. Esto, dijo Sloan, debido a que las autoridades antes de votar repararon en un “incumplimiento de la normativa ambiental”.

Según el directivo, el rechazo del EIA de Sondajes de Prospección Paguanta es una clara señal para el sector, ya que en la Región de Tarapacá, el hecho de que un proyecto minera cumpla con el estándar exigido por la autoridad, no asegura bajo ningún punto de vista que este pueda ser finalmente ejecutado.

“Las preguntas que resultan de todo esto son: ¿Quién responderá por los perjuicios a la industria regional?, ¿la menor oferta de trabajo?, por los daños y perjuicios causados a la empresa?, ¿quién se hace responsable del enorme esfuerzo económico realizado para cumplir en vano con lo exigido por las autoridades?, ¿dónde se encuentra la certeza jurídica necesaria para realizar inversiones en Chile?”, remata Sloan.

Sergio Avendaño, gerente de proyectos de minera Paguanta, adelantó: “Aquí hay varias instancias, y lo siguiente es el Comité de Ministros. Ese es un tema que vamos a solicitar ahora. El proyecto está paralizado hoy”.