Un grupo de diputados presentó una iniciativa que en sÃntesis prohibe a quienes se desempeñaron como Ministros y Subsecretarios de Estado, prestar servicios o pertenecer al directorio de alguna persona jurÃdica relacionada con el Ministerio o Servicio que les correspondió dirigir, por un perÃodo de un año desde que hayan cesado en el cargo público.
Asimismo, a quienes transgredan esta norma, se les aplicará la inhabilitación por tres años de ejercer cualquier cargo público, sea o no de elección popular.
Los legisladores explican que existen diversas disposiciones en nuestro ordenamiento jurÃdico, que regulan o intentan precaver situaciones en las cuales la probidad puede ser transgredida por un funcionario público, al privilegiar sus intereses particulares por sobre el interés público, siendo las normas sobre inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones una herramienta potente en resguardo de la probidad.
En ese sentido, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artÃculo 56, establece la incompatibilidad para quienes fueron funcionarios públicos o autoridades, y tengan un vÃnculo laboral con entidades que les haya correspondido fiscalizar, la cual subsiste por seis meses desde la cesación en el cargo público.
Sin embargo, los parlamentarios consideran esta norma insuficiente, porque deja fuera un conjunto de relaciones o vÃnculos contractuales y se circunscribe sólo a ex autoridades y a instituciones fiscalizadas, dejando sin regulación el vÃnculo posterior entre ex altas autoridades como Ministros y Subsecretarios y las empresas del sector privado.
Por ello, consideran que la prohibición o incompatibilidad de vincularse contractualmente por un perÃodo de tiempo con empresas del sector privado, debe ampliarse no sólo a entidades sujetas a fiscalización por quien fue autoridad; sino también a las altas autoridades de Gobierno y a empresas que dado su rubro o giro, se relacionen con el ámbito de competencia de algún Ministerio o Servicio.
Los autores de la moción agregan que si un ex ministro pasa inmediatamente al sector privado a realizar actividades lucrativas, generarÃa un espacio de relaciones inapropiadas, actuando como un verdadero “lobbista” de una empresa, debido a sus influencias.
