La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas eléctricas aplazar el inicio del cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024, las que originalmente comenzarían a reflejarse en las boletas a partir de abril de 2026.
De este modo, el proceso de aplicación de cargos o abonos en las cuentas de electricidad se iniciaría a partir de julio de 2026.
Esta decisión se adopta tras recibir solicitudes por parte de parlamentarios tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, y la Asociación de Empresas Eléctricas, y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, Fenacopel, quienes plantearon la necesidad de postergar el proceso en atención al actual escenario económico y sus efectos en los hogares.
Cabe mencionar que el proceso de reliquidación tarifaria responde a lo establecido en la normativa vigente, que obliga a ajustar las diferencias generadas entre lo efectivamente facturado y lo que correspondía cobrar según las fórmulas tarifarias definidas para el período 2020-2024. Estas diferencias deberán ser abonadas o cargadas a los clientes, según corresponda, en las boletas de electricidad.
En ese sentido, la SEC reafirmó que esta medida no altera la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que posterga su aplicación en atención a circunstancias excepcionales, con el objetivo de resguardar el interés público y reducir el impacto en los hogares.
Montos
Asimismo, se mantiene que los montos a reliquidar serán distribuidos en cuotas, bajo las condiciones previamente establecidas, las que consideran mecanismos para evitar sobrecargas en los clientes, especialmente en aquellos casos donde las cuotas representen un porcentaje significativo del gasto mensual.
Al respecto, la Superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, dijo que “esta medida permite dar un espacio adicional para una implementación adecuada del proceso de reliquidación, resguardando tanto el cumplimiento de la normativa vigente como la protección de las familias, en un contexto que requiere especial atención a sus efectos en los hogares”.