Entre los proyectos aprobados, 25 corresponden a Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y dos a Estudios de Impacto Ambiental (EIA); estos son el “Proyecto Inmobiliario Barrio Hacienda Norte Peñalolén”, en la Región Metropolitana, y “Continuidad operativa Relleno Sanitario Hidronor Zona Sur”, en el Biobío.

Hubo once comisiones que evaluaron proyectos en abril, y cinco que no lo hicieron, esta últimas son: Arica y Parinacota, Tarapacá, Coquimbo, La Araucanía y Aysén.

En cuanto a los sectores productivos, se destaca que nueve de los proyectos aprobados están vinculados a energía, incluyendo parques fotovoltaicos, líneas de transmisión y almacenamiento de energía; cinco lo están a saneamiento ambiental; cuatro al sector inmobiliario, y tres a minería.

¿Qué son las Coeva? 

Las Comisiones de Evaluación Ambiental son instancias presididas por delegados presidenciales e integradas por secretarios regionales ministeriales, conforme a la Ley Nº19.300. Su función es calificar ambientalmente los proyectos, determinando su aprobación, rechazo o aprobación con condiciones.

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Desde el servicio especificaron que esta decisión surge a propósito de un conjunto de observaciones recibidas por parte de los distintos actores que participan del SEIA, además de los acuerdos y compromisos alcanzados por el SEA en el marco de la mesa de trabajo público-privada que se creó con la creación de la Ley de Royalty Minero.

Según comentó la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, “la actualización de este instructivo nos permitirá estandarizar a nivel nacional los criterios, requisitos, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental, además de entregar mayores certezas técnicas y jurídicas a los actores del Sistema”.

Respecto a la vigencia de las guías y criterios de evaluación, el documento establece que se entenderán vigentes, en adelante, desde la fecha de publicación de un extracto en el Diario Oficial de la respectiva resolución exenta que tiene presente su observancia o del respectivo oficio, según corresponda. Lo anterior no obsta a que el servicio pueda publicar de manera preliminar dichos documentos en su sitio web.

Por otro lado, deberá exigirse la aplicación de guías y criterios en consideración a su objetivo y contenidos, características de cada proyecto o actividad, y oportunidad.

Las nuevas guías y documentos rigen a los proyectos que ingresan al SEIA con posterioridad a su vigencia.

La aplicación de estos instrumentos a los proyectos o actividades que se encuentren en tramitación en el SEIA al momento de su entrada en vigencia será siempre voluntaria para sus titulares o proponentes.

El documento también tiene algunas consideraciones especiales para el examen de admisibilidad, la declaración del término anticipado del procedimiento y la calificación de proyectos o actividades.

Con relación al primer punto, se exigirá la revisión de aspectos formales, quedando la de fondo para la etapa posterior de la evaluación ambiental, por lo tanto, la aplicación una guía o criterio técnico de evaluación por un proyecto es materia que deberá ser parte del análisis de fondo.

Respecto al segundo tema, se establece que los contenidos de las guías o criterios de evaluación vigentes pueden ser utilizados para dotar de una debida fundamentación al acto administrativo correspondiente.

En cuanto al rechazo de un proyecto o actividad, se menciona que es fundamental la debida motivación técnica de la autoridad en la determinación sobre la aplicabilidad de una guía o criterio de evaluación, por lo tanto, los contenidos de las guías o criterios técnicos de evaluación pueden ser utilizados para dotar de una debida fundamentación al acto administrativo. Sin embargo, no sería procedente el rechazo de un proyecto, fundado únicamente en el incumplimiento de algún criterio contenido en una guía o criterio técnico de evaluación tal como se ha indicado anteriormente.

Publicidad y participación

Por último, y con la finalidad de contar con una adecuada publicidad y facilitar la participación en este proceso, en el marco de la implementación progresiva del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), el Servicio mantendrá un listado de las guías y documentos técnicos que se encuentran planificados o en proceso de elaboración, el cual se mantendrá permanentemente actualizado y disponible en la página web institucional, junto con una breve explicación de sus alcances y contenido. 

Además, se mantendrán canales de comunicación abiertos con el público para recibir consultas y comentarios tanto respecto de las guías y documentos de criterios de evaluación publicados como de aquellos en elaboración, de manera de favorecer la participación, tanto de la ciudadanía en general, como de los sectores regulados y la comunidad científica y académica. El SEA otorgará una respuesta razonada, en lo pertinente, que podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. Por último, y en función de la pertinencia y disponibilidad de recursos, el Servicio podrá determinar progresivamente otras medidas de difusión y participación en la elaboración de estos documentos.

Para conocer el documento, puedes ingresar al Centro de Documentación del SEA, o directamente en el siguiente enlace.

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Se trata de una causa ingresada por la comunidad indígena Wara, una comunidad del pueblo Colla que se caracteriza, según ella misma indica, por la transhumancia minera.

Esta reclamación se fundamenta en que la modificación que se pretende efectuar al proyecto minero ya referido, fue evaluada por el SEA a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que el organismo evaluador no constató la existencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, tal como lo establece el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Para la comunidad indígena no haber constatado su presencia en el territorio, impidió materializar el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas conforme a los estándares del Convenio 169 de la OIT.

También, aseguran que el SEA no ha considerado una serie de antecedentes entregados por la comunidad durante el proceso de evaluación del proyecto, y aseguran que hay diversos impactos ambientales que no fueron evaluados ni reconocidos por la empresa.

Collas

Los reclamantes indican que son una comunidad indígena que practica la trashumancia minera a diferencia de otras comunidades Collas que están relacionadas con la ganadería, por lo que entre sus características está el recorrido que realizan por los cerros en busca de minerales, hierbas medicinales y actualmente en la búsqueda de cuarzo que se encuentra diseminado en el desierto.

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En su edición correspondiente a diciembre de 2021, se consigna que a partir de los datos estadísticos registrados en la plataforma electrónica del SEIA (e-SEIA), fue posible contabilizar el ingreso de 69 proyectos de inversión durante el mes de diciembre, de distintos sectores productivos, los cuales representan una inversión total de MMUS$4.870,94.

Respecto a los proyectos en calificación ambiental al 31 de diciembre de 2021, se contabilizaron 506 proyectos en proceso de calificación ambiental, los cuales representan una inversión de MMUS$38.621,34. Cabe destacar que cuando se exponen datos de proyectos “en calificación”, estos pueden haberse ingresado en años anteriores a 2021.

Por otra parte, en el mes de diciembre se aprobaron 71 proyectos aportando una inversión de MMUS$5.093,18.

Sector Minería

En el reporte del SEIA se destaca que al 31 de diciembre de 2021 se registran 60 proyectos del sector Minería que actualmente se encuentran en evaluación ambiental, los que representa una inversión total de US$11.637,26.

Junto con ello, se resalta que durante el mes de diciembre de 2021 ingresaron a evaluación ambiental 10 proyectos del Sector minería, que representaron una inversión total de US$1.015,89 millones.

Además, durante dicho mes se aprobaron 7 proyectos del sector Minería, por una inversión total de US$3.230,70 millones.

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El objetivo de esta iniciativa, desarrollada por el SEA y conversado en mesas técnicas con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), fue elaborar una cartografía digital con el catastro de todos los sitios arqueológicos, paleontológicos, MH y ZTP en base a los registros que maneja CMN de los sitios existes, identificados en el marco del SEIA.

El desarrollo y aplicación de esta herramienta puesto al servicio de titulares, consultores, servicios y cualquier persona natural, permitirá evaluar y realizar prefactibilidades referentes a la localización de los proyectos, de modo tal que los interesados puedan tener un panorama general respecto a la realidad patrimonial presente en el área de influencia o en torno a ésta.

En este sentido, los titulares de proyectos podrán evaluar de manera previa al ingreso de su proyecto al SEIA si la localización y emplazamiento de sus proyectos es el más idóneo y las medidas a implementar en caso de que su proyecto presente elementos asociados a esta componente.

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En la sentencia, el máximo Tribunal ratifica lo dispuesto por el tribunal ambiental y dice que “se produce una situación inminente de susceptibilidad de afectación que requiere la realización de un procedimiento de consulta indígena, afectación que también requiere de un Estudio de Impacto Ambiental”.

Los recursos, tanto en la forma como en el fondo, habían sido presentados por el Servicio de Evaluación Ambiental, ya que, para el organismo evaluador, el Primer Tribunal Ambiental había excedido aspectos formales como la llamada “regla de la sana crítica” que dice relación con la valoración que debe hacer un juez, la que no puede ser libre o a voluntad. Sin embargo, la Corte Suprema estipuló que “como ha señalado de manera reiterada esta Corte, la valoración de la prueba rendida es de resorte exclusivo del juez de la instancia e improcedente como argumento para una causal de casación en la forma como la que se invocó”.

En cuanto al recurso de casación en el fondo, el máximo tribunal avala la postura del fallo de primera instancia, por cuanto dice que “la alusión que realiza el Tribunal a la necesidad de una ‘evaluación temprana†de una eventual afectación a pueblos indígenas no pretende incorporar un trámite previo no previsto por el legislador de Consulta Indígena pues se desarrolla tal idea en el marco de la reflexión acerca del rol determinante que le corresponde al Servicio al momento de establecer el mecanismo a utilizar en el proceso de evaluación ambiental de  un proyecto ante la presencia de una Comunidad Indígena , como en el presente caso.

El Primer Tribunal Ambiental en su sentencia afirmó que en un proceso de evaluación ambiental la consulta indígena constituye una obligación para la autoridad evaluadora cuando, producto de dicha revisión, se deba decretar alguna medida que pueda afectar directamente a pueblos indígenas.

También, el fallo de primera instancia relevó la importancia de la trashumancia en la cultura Colla, al asegurar que la alteración al estilo de vida trashumante inherente a la cultura de la comunidad no fue correctamente evaluado por el SEA en el proceso de evaluación ambiental, ya que “el tráfico permanente de vehículos por cuatro años en el territorio configura una alteración de carácter significativo a su  sistema de vida y costumbres, correspondiendo que el proyecto se evalúe mediante un Estudio de Impacto Ambiental”, lo que para la Corte Suprema se configura.

Causa

La comunidad indígena Colla Río Jorquera y sus Afluentes presentó la reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental, luego de agotar la instancia administrativa, con el fin de revertir la calificación ambiental favorable del proyecto porque no fueron considerados los impactos significativos que provocaría a la comunidad, y con ello, la no realización de la consulta indígena, así como tampoco el ingreso del proyecto a través de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Proyecto

El proyecto “Prospección Minera Norte Abierto Sector Caspiche” de la Compañía Minera Casale SpA ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y fue calificado ambientalmente favorable.

El objetivo del proyecto es realizar campañas de prospección minera en el sector de Caspiche mediante sondajes de tipo aire reverso y/o diamantina, con 332 plataformas y un campamento para 200 personas.

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El Senado explicó que la moción fue patrocinada por los senadores Ximena Órdenes -presidenta de la instancia parlamentaria- Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Alfonso De Urresti y Yasna Provoste.

Durante la sesión, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Hernán Brücher, hizo presente que, a su juicio, la institucionalidad ya fiscaliza y lo propuesto estaría debidamente regulado. Asimismo, cuestionó la retroactividad del proyecto, según precisó sería más eficiente canalizar a través de los instrumentos de carácter superior.

“No es que los parques industriales y, sobre todo aquellas empresas que no hayan ingresado al SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), estén dejadas a la buena de Dios, sin regulación. Está el tema de la calificación industrial que tiene que regir en los parques industriales, especialmente, en consideración a la normativa sanitaria y la ordenanza general de urbanismo y construcción”, afirmó Brücher.

Por su parte, los legisladores hicieron alusión a la situación de las zonas de sacrificio, principalmente a Quintero y Puchuncaví, y llamaron a avanzar “con altura de miras y a no retroceder en protección ambiental”.

En este sentido aseguraron que “este es un debate que no podemos eludir”. Con todo, senadores oficialistas advirtieron “esto no puede afectar la actividad económica”.

Para la próxima sesión se acordó invitar nuevamente al SEA y al Superintendente del Medio Ambiente, entre otros.

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La iniciativa se enmarca en la necesidad de permitir la continuidad operacional de la infraestructura existente para el procesamiento y lixiviación de óxidos mediante la lixiviación mejorada con cloruro de sodio, proceso denominado como “Simple Approach to Leaching” (SaL), que será aplicado a los minerales secundarios y mixtos de Escondida y Escondida Norte los que, a su vez, alimentarán a la planta desde 2024.

“Este mejoramiento del proceso incluye el mejoramiento en el Sistema de Aglomeración y abastecimiento de Sal, instalación de sistemas de captura y lavado de gases (scrubbers), implementación de sistemas de aireación en las Pilas dinámicas de lixiviación, mejoramiento de infraestructura en la Planta de Extracción por Solventes (SX), entre otras obras”, señala la empresa.

Según señala Minera Escondidad, el proyecto también prevé utilizar la infraestructura existente “para la lixiviación en pila dinámica (PAD3) desarrollada previamente (Proyecto ex-OLAP) y la capacidad latente existente tanto en SX como en la nave de electro – obtención (EW)”.

“Además, el Proyecto contempla la extensión de la superficie basal del actual Botadero de ripios, además de otras obras y actividades tales como una extensión de la correa transportadora 0337-CV-30 que alimenta el Botadero, piscinas de emergencia, caminos de servicio, entre otras”, se agrega.

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En su edición correspondiente a septiembre de 2021, se consigna que a partir de los datos estadísticos registrados en la plataforma electrónica del SEIA (e-SEIA), fue posible contabilizar el ingreso de 62 proyectos de inversión durante el mes de septiembre, de distintos sectores productivos, los cuales representan una inversión total de MMU$2.853,51.

Respecto a los proyectos en calificación ambiental al 30 de septiembre de 2021, se contabilizaron 592 proyectos
en proceso de calificación ambiental, los cuales representan una inversión de MMU$41.844,41. Cabe destacar que cuando se exponen datos de proyectos “en calificación”, estos pueden haberse ingresado en años anteriores a 2021.

Por otra parte, en el mes de septiembre se aprobaron 38 proyectos aportando una inversión de MMU$1.293,77.

Sector Minería

En el reporte del SEIA se destaca que al 30 de septiembre de 2021 se registran 71 proyectos del sector Minería que actualmente se encuentran en evaluación ambiental, los que representa una inversión total de US$14.150,72.

Junto con ello, se resalta que durante el mes de septiembre de 2021 ingresaron a evaluación ambiental 8 proyectos del Sector minería, que representaron una inversión total de US$17,8 millones.

Además, durante dicho mes se aprobaron 2 proyectos del sector Minería, por una inversión total de US$1,75 millones.

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La iniciativa contempla una potencia nominal de generación de 3,9 MW y estará emplazado en la comuna de Huara, provincia del Tamarugal.

En el expediente ambiental se detalla que el proyecto contempla la construcción y operación de una Planta Solar Fotovoltaica, constituida por 9.464 paneles fotovoltaicos de 445 Wp cada uno; que en conjunto tendrán una potencia nominal de generación de 3,9 MW destinada para la operación y consumo de energía eléctrica de la Faena Negreiros.

Asimismo, el documento destaca que su objetivo es inyectar la energía a la faena bajo la modalidad de “autoconsumo” de energía eléctrica sin inyección a la red para ahorro de suministro eléctrico.

El proyecto tendrá una vida útil de 25 años y considera una inversión de US$4 millones. Se considera la creación de 42 empleos durante su fase de construcción y 5 puestos de trabajo durante su fase de operación.

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En su edición correspondiente a agosto de 2021, se consigna que a partir de los datos estadísticos registrados en la plataforma electrónica del SEIA (e-SEIA), fue posible contabilizar el ingreso de 67 proyectos de inversión durante dicho mes, pertenecientes a distintos sectores productivos, los cuales representan una inversión total de MMU$7.211,33.

Respecto a los proyectos en calificación ambiental al 31 de agosto de 2021, se contabilizaron 604 proyectos en
proceso de calificación ambiental, los cuales representan una inversión de MMU$44.838,18. Cabe destacar que cuando se exponen datos de proyectos “en calificación”, éstos pueden haberse ingresado en años anteriores a
2021.

Por otra parte, en el mes de agosto se aprobaron 31 proyectos aportando una inversión de MMU$1.429,33.

Sector Minería

En el reporte del SEIA se destaca que al 31 de agosto de 2021 se registran 69 proyectos del sector Minería que actualmente se encuentran en evaluación ambiental, los que representa una inversión total de US$14.144,62.

Junto con ello, se resalta que durante el mes de agosto de 2021 ingresaron a evaluación ambiental 3 proyectos del Sector minería, que representaron una inversión total de US$234,5 millones.

Además, durante dicho mes se aprobaron 3 proyectos del sector Minería, por una inversión total de US$19,67 millones.

La entrada SEIA: Durante agosto ingresaron a evaluación ambiental 3 proyectos del Sector minería por US$234 millones se publicó primero en Empleos Minería.

Así lo indica el reporte mensual del organismo, donde se releva que las otras principales regiones que cuentan con iniciativas en calificación son Antofagasta (US$1.624 millones) y Atacama (US$1.251 millones), aunque los mayores montos los tienen los proyectos interregionales, que suman US$6.350 millones.

Por otro lado, la Región de Tarapacá registra US$818 millones de inversiones, mientras que más abajo se ubican Biobío (US$48,8 millones); Valparaíso (US$66 millones), y la Región Metropolitana (US$32,1 millones)

De acuerdo al reporte, los proyectos del sector  que han sido aprobados acumulan US$362 millones en inversiones estimada, de los cuales, US$302 millones se emplazan en la Región de Antofagasta, mientras que US$59,7 millones están en la Región de Atacama.

Finalmente, los proyectos de inversión que han sido ingresados a julio de este año llegan a un total de US$485 millones, siendo la Región de Antofagasta la que absorbe la mayor cantidad (US$473 millones), mientras que Atacama anota US$6 millones.

La entrada Inversión minera: proyectos en calificación ambiental totalizan casi US$14.000 millones se publicó primero en Empleos Minería.