Con una inversión de US$1 millón, el expediente ambiental de la iniciativa detalla que el titular es una compañía minera que opera en el área de la minería no metálica, dedicada a la explotación y comercialización de cuarzo y sílice para la fabricación de múltiples materiales, tales como: vidrios, botellas, cerámicas, materiales refractarios, fundición, aleaciones silíceas, hormigón celular, fibrocemento, morteros premezclados y hormigones de alta resistencia.

El proyecto en evaluación se sitúa en las instalaciones existentes de la Planta Las Piedras, ubicada en sector rural de la comuna de Empedrado, provincia de Talca, Región del Maule. Los predios donde se desarrolla actualmente la explotación de piedras de cuarzo corresponden al sector El Litre, Fundo Galumávida, en el que existen pertenencias mineras de 200 hectáreas.

La iniciativa contempla una serie de modificaciones en su operación actual, que incluye instalaciones nuevas y complementarias de manera de optimizar su funcionamiento. El nuevo proyecto no implica un aumento de la superficie en evaluación, dado que se enmarca en el área ambientalmente aprobada por la RCA N°214/2009. 

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Cabe señalar que la ley 20.551 establece en el artículo 18 del Título IV, a propósito de las auditorías periódicas que: “Las empresas mineras que se encontraren sujetas al procedimiento de aplicación general deberán hacer auditar su plan de cierre cada cinco años, a su costo y de acuerdo al programa de fiscalización que elaborará el Servicio (Sernageomin)”.

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 20.551 y el artículo 44 y 45 del Reglamento de la ley 20.551, el objeto de las auditorías “es certificar al Servicio (Sernageomin) la adecuación y cumplimiento del contenido del plan de cierre y de su actualización, así como la sujeción a su programación de ejecución, de manera de velar por su implementación y avance efectivo en relación al proyecto minero específico.

Se entenderá que el Plan de Cierre es adecuado cuando las obras, medidas y actividades propuestas se ajusten a las condiciones presentes en cada una de las instalaciones que constituyen la Faena Minera y estén conforme a sus riesgos asociados.

Al respecto, se menciona que la adecuación y cumplimiento del Plan de Cierre estará referido tanto a los contenidos técnicos como a los aspectos económicos pertinentes incluidos en el Plan.

Para efectos de la ejecución de la auditoría periódica ordenada, los titulares de las faenas mineras deberán seleccionar alguno de los auditores del Registro Público de Auditores Externos de planes de cierre de faenas e instalaciones mineras, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 18 de la Ley 20.551. Dicho registro se encuentra publicado en la página web del Sernageomin en el siguiente enlace: https://www.sernageomin.cl/cierre-faenas-mineras/.

Revisa el Programa de Auditoría Periódica de Planes de Cierre, que se deberán ejecutar en el período 2023, en ESTE LINK.

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En fallo unánime, la Cuarta Sala del máximo tribunal desestimó el recurso impetrado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual no emite pronunciamiento sustancial relacionado con la materia de derecho que el recurrente pretende unificar.

“Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo, contra la resolución que falle el recurso de nulidad puede deducirse el de unificación, cuando ‘respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justiciaâ€â€, plantea el fallo.

La resolución agrega que: “Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, deriva que esta Corte declarará inadmisible el recurso si faltan los requisitos de los incisos primero y segundo del mismo artículo. Entre estos requisitos se encuentran el de fundar el escrito e incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia sostenidas en diversos fallos emanados de los Tribunales Superiores de Justicia, y el de acompañar copia de las sentencias ejecutoriadas respectivas”.

“Que, según se expresa en el recurso, la materia de derecho que se propone para efectos de su unificación, consiste en determinar ‘si las meras molestias físicas, comportan la categoría de sufrimiento, la tristeza, el padecimiento o la angustia que constituyen el daño moral indemnizable, elementos que configuran los presupuestos de la responsabilidad civil contractual y en consecuencia, permitan otorgar una indemnización bajo el concepto de daño moral o si por el contrario, aspectos como lo son molestias y/o dolor físico producto de una luxación de un codo, no cumplen el estándar del menoscabo moral que da pábulo a una indemnización por daño moral en el contexto de la responsabilidad contractualâ€â€, añade.

“Que la sentencia impugnada, rechazó el recurso de nulidad que la parte demandada dedujo en contra de la de base fundado en la causal contenida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, en lo pertinente, por su defectuosa formulación, agregando –obiter dictum– que no es efectiva la falta de fundamentación, al establecer la sentencia impugnada –de acuerdo a los antecedentes médicos y psicológicos, así como la declaración de testigos presentados– que el actor estuvo casi un año en tratamiento padeciendo dolor crónico, el que le afectó psicológicamente, razón por la que hace lugar al resarcimiento del daño moral, atendida aquella afección causada a su espiritualidad, sin que se constate, por tanto, un pronunciamiento sustancial que se relacione con la materia de derecho propuesta, por lo que el arbitrio intentado debe ser desestimado en esta etapa procesal”, concluye.

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En fallo unánime, la Cuarta Sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso entablado en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual no emitió pronunciamiento sobre alguna materia de derecho susceptible de unificación.

“Que, según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que ‘respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justiciaâ€, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo. Asimismo, del tenor de lo dispuesto en su artículo 483-A, esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia sostenidas en diversos fallos emanados de los Tribunales Superiores de Justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Que, conforme se señala en el recurso, la materia de derecho que se propone unificar consiste en determinar la ‘correcta interpretación del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, dado que precisamente al dar un efecto distinto al documento de registro de conversación para corrección de desempeño se subsume en el presupuesto jurídico que comprende la necesidad de alteración de la calificación jurídica que establece la normaâ€â€.

“Que, de la sola lectura del libelo entablado, se desprende que el pretendido tema de derecho cuya línea jurisprudencial se procura unificar no constituye un asunto jurídico habilitante de este arbitrio, sino que corresponde a un aspecto referido a la forma como se abordó, analizó y resolvió una de las causales de nulidad invocadas, ajeno a la discusión planteada por las partes y, por lo mismo, carece de pronunciamiento sobre la materia de derecho que sea susceptible de ser contrastada con otra u otras que se refieran eventualmente al punto, por lo que, en consecuencia, debe ser desestimado en este estadio procesal”.

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En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Graciela Gómez, Andrea Díaz-Muñoz y el abogado  Eduardo Jequier– revocó la sentencia impugnada, que rechazó la acción y, en su lugar, condenó a los demandados pagar una indemnización total de $80.000.000 (ochenta millones de pesos), por considerar que se encuentra probada su responsabilidad en el accidente.

“Que en autos se ha deducido demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en la que se ha imputado a la recurrente una omisión negligente en el deber de cuidado que el ordenamiento jurídico le hace exigible. En otras palabras, el hecho dañoso ha consistido precisamente en la muerte de un trabajador que se trasladaba desde o hacia las obras de su empleadora, en un bus contratado por esta, trayecto que al haber sido encomendado por ella, quedaba sujeto a la satisfacción de los deberes de seguridad ya descritos”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “En consecuencia, la carga de acreditar el cumplimiento de ese deber recae en quien está llamado por ley a respetarlo, así como la de probar la concurrencia de las hipótesis de exoneración de responsabilidad corresponde a quien las alega. En la especie, en virtud del estatuto de responsabilidad que se ha invocado, los demandantes han sostenido que el hecho de la muerte del trabajador es consecuencia del incumplimiento negligente del deber de seguridad que pesaba sobre la demandada, sin que en toda la secuela del juicio, ni en primera o en segunda instancia, dicha parte haya desplegado alguna conducta procesal tendiente a demostrar la satisfacción de tales cargas, por lo que corresponde establecer su responsabilidad y resolver en consecuencia”.

Para el tribunal de alzada, en la especie: “en consecuencia, atendido lo expresado y considerando que los actores han ejercido una acción propia, fundando sus pretensiones en un régimen de responsabilidad extracontractual fruto de su condición de lesionados indirectos o por repercusión por el fallecimiento de la víctima directa, que tiene su causa en el incumplimiento de obligaciones de origen laboral de la demandada; y atento lo dispuesto en el artículo 2314 del Código Civil, que prescribe que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, la demanda será acogida”.

“Que el hecho que los actores hayan accionado separadamente contra la empresa contratista en su calidad de propietaria del vehículo siniestrado, no libera de responsabilidad al autor material del cuasidelito ni a la empresa empleadora, desde que tal suerte de preclusión no está establecida en la ley, por lo que su proceder, en cuanto víctimas, solo se encuentra constreñido por la prescripción, la que en este caso no concurre”, añade.

Asimismo, el fallo consigna: “Que la sentencia de primer grado da por correctamente establecido el daño moral que sustenta la acción deducida, con la prueba rendida en esa instancia, desde que al haber experimentado los actores una experiencia traumática en razón del fallecimiento de Luis Antonio Cáceres Martínez, es posible inferir el daño psicológico proveniente de esa situación en su entorno familiar directo, alcanzando respecto de los demandantes el grado de amenaza a la integridad por trastornos y secuelas permanentes, dada su estrecha cercanía con la víctima y la existencia de lazos profundos”.

“Que habiéndose demostrado la existencia del perjuicio, se acudirá a la entidad y gravedad del acto que constituyó la causa del daño y el deterioro experimentado por su familia en sus afectos, para proceder a la estimación del mismo, sin perjuicio de tener en cuenta, al resolver, el resarcimiento otorgado por el 30° Juzgado Civil de Santiago, en la causa Rol 13.486-2016”, considera la resolución.

“Que en cuanto a la forma, don Andrés Arturo Mañán Maldonado e Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. deben contribuir a la obligación de reparar, al haberse establecido que cada uno de los demandados, con su conducta, contribuyó a la producción del resultado dañoso, se trata de obligaciones concurrentes que los hace responder de la totalidad del daño causado, en forma indistinta y hasta la concurrencia del monto total del mismo, por lo que si el detrimento lo repara uno, exonera al otro, circunstancia que si bien no es en rigor un caso de solidaridad, como se demandó, opera como tal y corresponde a lo que en doctrina se conoce como ‘obligaciones concurrentes o in solidumâ€â€, concluye el fallo.

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Esta Guía corresponde a un trabajo conjunto de ambas entidades, y su objetivo es propender a sistematizar los informes que realizan las Personas Competentes.

Al respecto, el próximo 9 de junio se realizará un Taller que tratará sobre esta materia, cuyo programa está disponible en el sitio web de la Comisión Minera.

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En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción constitucional tras establecer el actuar ilegal de la recurrida al aceptar sin fundamento la recalificación del origen del accidente, dejando sin cobertura las prestaciones y tratamientos médicos que requiere el trabajador.

“(…) quedando asentado como se indicó en el motivo tercero, que desde el ingreso del recurrente el 4 de mayo de 2021 a la ACHS, el siniestro padecido fue calificado de origen laboral, y con ello también las diversas dolencias que de ello derivaron, otorgando atención y cobertura originada en dicha calificación, todo lo cual fue modificado varios meses después, por resolución de 31 de enero de 2022 de la ACHS, que mutó la naturaleza del accidente, ya no como uno de causa laboral, sino como de origen común, obviando que en dicho lapso de tiempo, entre una y otra resolución, el cual se extendió por más de 8 meses, se otorgó atención médica, fundado en que el siniestro era de origen laboral”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Como se ha explicado, al resolver el reclamo de la segunda resolución, la misma aparece como vacua, toda vez que la recurrida no aborda la temática referida a que justificó el abrupto cambio de calificación del siniestro que afectó al recurrente, dentro de su horario de trabajo y al interior de la empresa, esto es, se limitó a aducir de manera lacónica, cómo arribó a la conclusión de que ‘no es posible establecer una relación de causalidad, entre el cuadro clínico que presenta y el evento ocurrido con fecha 04 de mayo de 2021â€, no vislumbrando por ende esta Corte, fundamento alguno en términos que, a lo menos, hiciera coherente tales actuaciones aparentemente dicotómicas, por lo que no aparece razonable esta última actuación de la recurrida”, sostiene el fallo.

Para el tribunal de alzada: “(…) la resolución impugnada, con las falencias anotadas en el considerando anterior, deviene en ilegal por carecer de fundamentación, a lo que se encontraba obligada la recurrida conforme a lo dispuesto en inciso segundo del artículo 11 y 41 de la Ley N°19.880, afectando de este modo la garantía constitucional establecida en el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República”.

Por tanto, se resuelve que: “se ACOGE el recurso de protección deducido en favor de Eduardo Antonio Troncoso Andia, dejando sin efecto la Resolución N° R-01-UME-20452-2022 de 21 de febrero de 2022 y en su lugar se resuelve que se hace lugar al reclamo deducido por el mentado Troncoso Andía, y en consecuencia se ordena a la Superintendencia de Seguridad Social mantener la calificación de accidente laboral original, debiendo efectuar las comunicaciones respectivas, para el pago de las prestaciones y tratamientos médicos que correspondan con cargo al seguro de la Ley N° 16.744”.

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Esto luego que, el 31 de diciembre recién pasado, dicho tribunal decidiera prohibir en forma inmediata a Cerro Colorado la extracción de agua desde Lagunillas por un supuesto riesgo de afectación.  De ratificarse esta medida, la minera dejaría de tener agua para su operación, por lo que debería iniciar un cierre anticipado de su faena.

“Siempre hemos tenido el mayor respeto por la autoridad, tanto administrativa como judicial, pero, así como hemos ejercido nuestros derechos colectivos en defensa de los intereses de los asociados de cara al empleador, hoy se nos hizo evidente la necesidad de hacer frente a la amenaza que implica la resolución del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta”, explica Octavio Baeza, presidente del Sindicato de Supervisores de Cerro Colorado.

Asimismo, el dirigente sindical sostiene que la medida adoptada por el Tribunal Ambiental es considerada por sus asociados como injusta y arbitraria, ya que se decidió denegar el alzamiento de la medida cautelar dictada en septiembre y disponer, de oficio, la paralización total de la extracción de agua. “El Tribunal Ambiental nos dio a entender que levantaría la medida si obteníamos la aprobación de la RCA, pero finalmente hizo todo al revés de lo que había resuelto en septiembre”, precisa Baeza.

La licencia ambiental de Cerro Colorado culmina en diciembre de 2023, por lo que la actualización de los permisos ambientales de la minera se realizó para operar hasta esa fecha.  En este contexto, el presidente del Sindicato comenta que “la aprobación de la RCA no fue un trabajo que realizó la compañía a la rápida en 90 días. Fue una tarea larga y minuciosa de dos años a la que nos abocamos, ya que somos conscientes del cuidado que merece el medioambiente y que este permiso era muy necesario para continuar con nuestro trabajo.  Pero el tribunal no consideró los informes y estudios sobre el acuífero y decidió desconocer las competencias técnicas de los organismos evaluadores”.

El recurso concluye solicitando la protección a la Corte de Apelaciones, ya que la resolución del Tribunal Ambiental tiene efectos muy importantes sobre terceros y es inapelable, sentencian desde la Minera.

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La faena minera, ubicada en la comuna de Petorca, región de Valparaíso, tiene una larga historia de actividad productiva, y se encuentra en paralización temporal desde hace algunos años.

Los nuevos dueños tienen el compromiso de poner sus mejores capacidades al servicio del desafío de generar un proyecto viable y permanente en el tiempo, que beneficie a la empresa, sus trabajadores y a la zona.

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Este resultado se explicó, principalmente, por el aumento de los inventarios de productos de la minería del cobre, que tuvieron una incidencia de 5,740 puntos porcentuales (pp.) sobre el índice general. Los insumos industriales, por su parte, tuvieron una incidencia de -0,537 pp, explicó el INE.

Junto a lo anterior, la entidad resaltó que los inventarios de productos de la minería del cobre anotaron una variación mensual de 6,9%.

Esta acumulación tuvo su principal explicación en mantenciones programadas en importantes faenas mineras, junto a paralizaciones asociadas a huelgas y la aplicación de estrategias productivas. Esto derivó en un incremento de inventarios clasificados como productos en proceso.

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En el catastro se señala que considerando las faenas normalizadas y operativas se puede concluir que el 85% de las minas están en condiciones de entregar minerales en los poderes de compra de Enami.

[Atacama: muestras de suelo y agua descartan contaminación tras aludes]

En el informe se indica además que respecto a los caminos de la zona, actualmente se trabaja en la reparación de estos como apoyo de coordinación en conjunto con la Seremía regional, empresas

mineras y agrupaciones del sector. A la fecha se han reparado 394 Km de caminos mineros.

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Con el auge de esta industria, la ciudad también comenzó a crecer, aunque “como un campamento minero y en función de los yacimientos”, dice el alcalde de Calama, Esteban Velásquez.

En 2009 se instaló un mall junto al Casino Sol. Luego los supermercados llegaron a los sectores aledaños de este polo comercial, a minutos del centro. En solo un par de cuadras, ahora hay grandes y pequeños locales comerciales. Su parque automotor alcanza los 43 mil vehículos, pero su infraestructura vial está preparada para unos 30 mil.

“Queremos terminar con el estigma de ser solo una ciudad de paso asociada a la mina de Chuquicamata, pero para eso tenemos un gran desafío de atraer mayor inversión pública para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos: más viviendas sociales, mejor conectividad vial”, dice Velásquez.

[Entre la minería, la agricultura, el comercio y las inmobiliarias se mueven los empresarios del norte]

En 2007, con el cierre definitivo del campamento de Chuquicamata, a 15 km de la ciudad, cerca de 15 mil personas se trasladaron a Calama, y alrededor de 4.000 nuevas viviendas y 7.000 autos se sumaron al radio urbano. El traslado reordenó la comuna: al oriente, junto al río Loa y más cerca de los servicios, se instalaron las casas de Codelco; al poniente y al norte quedaron los sectores más populares.

“Este aumento explosivo de población ha generado una nueva demanda de servicios y equipamientos públicos, así como la necesidad inminente de espacios cívicos que puedan complementar la habitabilidad y calidad de la ciudad, tema que es una potente demanda ciudadana.

A lo anterior se suma un desmedro histórico en el tratamiento de temas de índole patrimonial y de espacio público”, apunta Alejandro Hidalgo, arquitecto del plan de desarrollo urbano de Calama Plus, una entidad público-privada encargada de gestionar una batería de proyectos de infraestructura para enfrentar el crecimiento de la ciudad.

Para el arquitecto, “hoy la mayor prioridad tiene que ver con la salud pública, cuyo ejemplo claro es el inconcluso nuevo Hospital Carlos Cisternas (paralizado hace 21 meses), ausencia que ha enfatizado la precariedad del servicio e infraestructura actual, así como la dependencia de los servicios regionales ante situaciones de alto riesgo”.

El alcalde Velásquez complementa que “cambiamos el plan regulador para consolidar el centro de la ciudad con edificios en altura y evitar que Calama siga creciendo hacia los extremos. Esto ha generado problemas, porque la mayoría de los servicios públicos y comercio están ubicados en la zona céntrica”.

Calama también quiere recuperar el verdor del oasis y remediar la carencia de espacios públicos y de recreación para cambiar definitivamente su rostro.

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