Junto con la multa, la DGA Valparaíso ordenó a la empresa presentar, en un plazo de 90 días, un proyecto de modificación de cauce para su revisión y evaluar si se ajusta a la normativa para su aprobación, o bien, destruir los dos terraplenes construidos sin autorización y que entorpecen el libre escurrimiento de las aguas en dos puntos del cauce de la quebrada.  Cabe mencionar que, si el infractor no da cumplimiento a lo ordenado, la DGA puede aplicar una nueva multa entre 100 y 1.000 UTM.

El informe técnico del Servicio MOP concluyó que las obras representan una alteración del cauce natural y generan un riesgo para el entorno y la población potencialmente afectada en el sector de Colliguay.

Al respecto, el seremi de Obras Públicas, Dennys Mendoza, resaltó que “toda intervención en cauce debe regirse por lo que establece la normativa vigente, es decir, presentar un proyecto para revisión de la DGA y que ésta evalúe si puede causar daño o alterar el escurrimiento de las aguas. Esta sanción es una señal clara de que el Ministerio de Obras Públicas, a través de sus servicios, está comprometido con la protección del territorio, el resguardo del recurso hídrico y la seguridad de las comunidades”.

A su vez, Camilo Mansilla, director regional de Aguas, manifestó que “es importante que los particulares que deseen emplazar sus actividades productivas en el territorio cuenten con las autorizaciones correspondientes, que, desde el punto de vista técnico, velan por el resguardo de la vida y bienes de las personas, certezas que necesitamos para la tranquilidad de la población”.

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En la oportunidad, la Corporación aprobó dos de las tres observaciones (DGA) y rechazó la relativa a humedales prioritarios. Sin embargo, no tuvo los votos necesarios para insistir en el texto previo respecto de dicha norma. Por efecto de esto, al ser un veto supresivo y al no haber acuerdo sobre la materia, se entiende que no habrá ley sobre este punto específico.

El veto apunta a dos áreas. La primera se relaciona con una exclusión de la prohibición general de intervenir humedales a las acciones o infraestructuras públicas necesarias para resguardar la seguridad de la población, la conectividad, la infraestructura hídrica de consumo humano y la conservación misma del humedal, siempre que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), previa solicitud e informe del Ministerio de Obras Públicas, autorice su ejecución.

Las otras observaciones apuntan a normas atingentes a acciones de la Dirección General de Aguas (DGA). El texto aprobado previamente elimina la prohibición absoluta para que la entidad autorice una nueva explotación en zonas de prohibición, para que pueda autorizarla o denegarla fundadamente.

Asimismo, se incorpora una autorización transitoria para el traslado de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales. También respecto de cambios de punto de captación, de manera que no haya que esperar el pronunciamiento definitivo de la DGA para poder hacer uso de los derechos respectivos en el nuevo punto.

Una tercera observación apunta al plazo para la dictación de la DGA de autorizaciones transitorias relacionadas a los temas recién mencionados.

Críticas y apoyos al veto

El debate de este veto se desarrolló en un escenario de amplios cuestionamientos de parte de la oposición. Varios de los testimonios criticaron que el Presidente observara artículos que fueron presentados por su propio Gobierno.

“Hay una mezcla entre ineptitud e ineficiencia en el trabajo“. “Es un acto de rendición frente a los sectores más intransigentes de su coalición”. “Comparto los resguardos medioambientales, pero no puede venir esa discusión a entrampar y revolver indebidamente lo que ya pudo ser ley”. “El Gobierno cayó en su propia trampa; se encontró con las diferencias en sus propias filas”, fueron parte de las declaraciones.

Además, se estimó que las normas son pertinentes, especialmente, en el caso de los humedales, para atender situaciones especiales relacionadas con causes.

Desde el oficialismo, por el contrario, se defendió el veto. Se enfatizó que las materias en cuestión son delicadas y merecen abordarse en una discusión más detallada, con estudios específicos. “Las normas que fueron parte de un mal diseño legislativo del Ejecutivo es pertinente que se puedan enmendar”, se planteó.

Ahondando el tema, se observó que, por ejemplo, para cambiar puntos de captación es necesario contar con estudios hidrogeológicos. “Esto no es extremo; lo extremo es que la gente no pueda tomar agua. La gente necesita que el Estado tome en serio el recurso hídrico”, se enfatizó.

En el centro político hubo posiciones intermedias. Algunos se expresaron decididamente en contra del veto. Otros, llamaron a aprobar solo la eliminación de la norma relacionada a los permisos para nuevos derechos de agua en zonas de prohibición. Asimismo, hubo quienes lamentaron los errores legislativos y que estimaron necesario corregirlos en proyectos específicos.

Explicaciones del Ejecutivo

La ministra de OOPP, Jessica López, asumió la responsabilidad del error. Empero, lamentó que el hecho se utilizara políticamente cuando la discusión es del ámbito técnico. “Niego y rechazo las declaraciones de un ambientalismo radical”, acotó.

Aclaró que, en el tema de la DGA, existe un problema con las autorizaciones transitorias, en tanto estas finalmente se rechacen. Consideró que tampoco quedó bien regulado lo relacionado con los puntos de captación. De ahí, agregó, la idea es incorporar un informe técnico adicional para sus definiciones.

En el tema de los humedales, dijo que es importante incorporar mayores precisiones. Así, se espera cautelar la protección y la mantención de esos ecosistemas, pero con más certezas.

En complemento, el ministro (S) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, alertó que la norma de los humedales tuvo su razón en que los prioritarios comenzaban a regir en este año. Sin embargo, en este mismo cuerpo legal se extendió el plazo para los decretos. Por ello se tiene más tiempo para generar una regulación más específica.

Asimismo, comentó que la disposición está redactada de forma muy general. Así, existe desigualdad entre los humedales urbanos, que requieren de calificación ambiental para una intervención, de los prioritarios, en los que bastaría una autorización del SBAP.

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La sesión fue liderada por el director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, quien destacó la Mesa como una instancia para propiciar el diálogo y tener la mirada del sector público con las normativas que se exigen, pero también con la mirada del mundo privado y de la sociedad civil, para consensuar en conjunto las medidas y acciones que deben priorizarse para el desarrollo sustentable del agua en la cuenca.

“Es la oportunidad para ponerse de acuerdo y ejercer una gestión integrada de los recursos hídricos, que involucre tanto las aguas superficiales como subterráneas, conciliando todos los usos para el desarrollo de la comunidad y actividad productiva como el turismo, la agricultura, el pastoreo, minería y extracción de salmuera”, expresó Sanhueza.

A su vez, el seremi del MOP, Pedro Barrios, sostuvo que “en esta etapa de conformación es importante definir cuáles son las principales dificultades que enfrenta la cuenca para luego avanzar con la elaboración del Plan Estratégico de Recursos Hídricos (PERHC) y priorizar las medidas y acciones que les permitan enfrentar el cambio climático y tener seguridad hídrica”.

Objetivos

La Mesa tendrá por fin colaborar en el desarrollo del PERHC, el cual deberá arrojar una completa radiografía de la cuenca y proponer medidas y acciones que permitan hacer frente a las necesidades presentes y futuras del recurso hídrico de la cuenca, con soluciones basadas en la naturaleza, nuevas fuentes de aprovechamiento y reutilización de aguas, entre otras; debiendo sus integrantes priorizar cuáles ejecutar. Los estudios para la elaboración del PERHC se licitarán durante el mes de abril.

En esta oportunidad las y los asistentes conocieron el proceso de gobernanza para la gestión integrada de recursos hídricos a nivel de cuenca a través de la Mesa Estratégica de Recursos Hídricos, el alcance del Plan Estratégico de Recursos Hídricos y las acciones de la DGA en torno a la cuenca del salar de Atacama.

Al término de la sesión, Melissa Gajardo, directora ejecutiva del Comité Corfo de la Región de Antofagasta, manifestó que la instancia “tuvo una buena convocatoria, donde se están visualizando concreción de instrumentos de planificación. La importancia de la gestión hídrica acá en el territorio permite ver diferentes visiones y acciones que se están realizando en paralelo”.

Mientras que la directora regional de Obras Hidráulicas del MOP, Gabriela Carrasco, expresó que “la primera sesión de la Mesa fue bastante interactiva, hubo mucha participación entre las asociaciones y comunidades asistente, lo cual es positivo. Es una instancia muy valiosa y única para conseguir al fin tener un plan ordenado en relación con nuestros recursos hídricos, que considere todas las dimensiones, tanto la dimensión del recurso humano que se necesita para poder proceder al cuidado del recurso hídrico, como en el caso de nosotros como Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales (SSSR) proteger el recurso para el consumo humano”.

Participantes

Esta instancia de gobernanza la conforman representantes de los siguientes órganos encargados: Comité Regional de Cambio Climático, Seremi de Obras Públicas, Seremi de Medio Ambiente, de Agricultura y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Adicionalmente, desde el sector público se suman representantes de la Seremi de Economía y de Minería, Consejo Regional de la Región de Antofagasta, Sernageomin, Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, Comisión Nacional de Riego, Indap, Servicio Agrícola y Ganadero, Conaf, Conadi, Senapred, Municipalidad de San Pedro de Atacama y Corfo.

En tanto que, desde la sociedad civil y sector productivo, la integran representantes de algunas comunidades atacameñas, servicios sanitarios rurales, asociaciones de regantes y/o agricultores, empresas mineras con usos intensivos, pequeños productores agrícolas y campesinos, centros de investigación con iniciativas en la cuenca, hotelería y turismo, y un representante de las organizaciones con personalidad jurídica sin fines de lucro.

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Desde el Congreso resaltaron que la instancia, tal como en otras oportunidades, se trasladó hasta la zona para conocer de voz de sus protagonistas cómo se han materializado las mesas estratégicas hídricas en el país, en particular en la citada región considerando sus particularidades.

La senadora Yasna Provoste, en su calidad de presidenta de la Comisión, agradeció la convocatoria y expresó la necesidad de unificar la información hídrica que se encuentra dispersa entre distintos organismos públicos y privados, todo con el fin de gestionar los datos pensando en la sostenibilidad del recurso.

En esa línea hicieron uso de la palabra el rector de la Universidad de Atacama, Fornil Aguilera; el delegado presidencial regional, Rodrigo Illanes; el representante de la gobernación regional, Alejandro Escudero; el subdirector de la DGA, Cristian Núñez; la directora regional de Corfo, Rosa Román; el ingeniero Andrés Parker; y el geólogo y académico de la Universidad de Atacama, Diego Aravena.

Por su parte, participaron del diálogo que se generó tras las exposiciones, la senadora Provoste más sus pares Sergio Gahona y Juan Castro Prieto, representantes de comunidades regantes y de la agricultura familiar campesina, del mundo minero y académico, cooperativas de agua, alcaldes y concejales, entre otros.

En términos generales, los expositores coincidieron en que “Atacama es un laboratorio natural dada sus particularidades como son el aislamiento, su población resiliente con pobreza multidimensional, las escasas precipitaciones y la generación de una comunidad científica”. Así plantearon que “Atacama necesita sostenibilidad porque nuestros recursos son frágiles. La falta de agua nos ha obligado a reducir pérdidas, investigar sobre reservas, fortalecer diálogos y gobernanzas”.

Mesas hídricas

Desde el Gobierno explicaron que en varias regiones del país se han implementado mesas estratégicas hídricas que son una de las 40 medidas impulsadas por el Ejecutivo para gestionar este escaso recurso. Así la DGA relató el trabajo que se ha venido ejecutando en la provincia del Huasco, que fue la primera mesa en constituirse.

“Las once mesas estratégicas conformadas están siendo trabajadas por los actores de las cuencas y autoridades regionales, y buscan aumentar la seguridad hídrica (…) Las conclusiones se traducirán en decretos y serán parte de la planificación anual (…) En el Huasco, la participación ha sido alta y constante. Ya hemos logrado identificar brechas respecto al uso eficiente del recurso, la desregulación de los derechos de aprovechamiento, la falta fiscalización, la insuficiencia de la calidad y cantidad recurso, la falta de articulación servicios públicos, la extracción de áridos y la  falta de control del monocultivo”, describieron.

También se presentaron iniciativas como el Plan Estratégico Transforma de Corfo, que apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas del mundo de la agricultura y la minería de la zona; el Water Oriented Living Lab (WOLL) que opera en 33 países y que ayuda a los buscar soluciones a los problemas hídricos que vive Atacama;  y el Observatorio de Gobernanza de Cuencas de Atacama que lidera la mencionada casa de estudios.

A hora de las preguntas, el senador Gahona consultó si todos estas iniciativas no estarían duplicando esfuerzos y, por tanto, generando mayor gasto público. También manifestó que “es interesante saber cómo estas mesas estratégicas terminan convirtiéndose en políticas públicas regionales que van más allá de las autoridades de turno“.

Compromisos

Al término de la sesión, el titular de la DGA, Carlos Estévez, leyó los compromisos asumidos por el Ejecutivo tras la cita. Entre ellos están:

•    Promover y fortalecer de un observatorio hídrico de la región para analizar  las metas de desarrollo sostenible;

•    Promover la implementación de un sistema de gestión de datos abiertos y público del recurso hídrico de la región para la generación de conocimiento;

•    Promover la elaboración de una agenda legislativa que incentive la reutilización de las aguas considerando la realidad de la región;

•    Apoyar la creación y coordinación de distintos fondos para financiar proyectos relacionados a la sostenibilidad hídrica;

•    Promover alianzas público privadas;

•    Impulsar la integración de las capacidades científicas de las universidades.

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Hasta ahora están en ejecución los estudios correspondientes a las cuencas de Codpa-Vítor en la Región de Arica y Parinacota, Camiña en Tarapacá, Huasco en Atacama, Choapa en Coquimbo, río Maipo en la Metropolitana, río Valdivia en Los Ríos, río Maullín en Los Lagos, río Aysén en Aysén y costeras entre Seno Andrew y río Hollemberg en Magallanes.

Según revelaron desde la institución, dichos estudios engloban una inversión de $2.911 millones y próximamente se licitará un segundo paquete con seis estudios por $2.099 millones para levantar información que servirá como insumo para construir los Planes de las cuencas de Toltén, Región de La Araucanía; Salar de Atacama, Región de Antofagasta; Ligua-Petorca, Región de Valparaíso; Rapel, Región de Oâ€Higgins; Maule, de la región homónima; y Biobío en la Región del Biobío.

Al respecto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, comentó que “paralelo a la licitación de los estudios que aportarán insumos para los Planes que constituirán instrumentos de gestión hídrica y cambio climático, se han ido conformando las Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos, cuyos integrantes ejercerán la gobernanza de las aguas priorizando las mejores soluciones para la seguridad hídrica de la cuenca”.

A su vez, el director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza, afirmó que durante los próximos días se realizarán jornadas de participación ciudadana con la comunidad para recibir sus aportes y responder inquietudes respecto al Plan.

“Junto con identificar, caracterizar y delimitar la cuenca hidrográfica para la formulación de los Perhc, se requiere la participación de los habitantes de las cuencas. Es necesario recoger la visión que ellos tienen sobre las problemáticas asociadas al uso del agua y otros aportes que quieran hacer”, expresó.

Desde el Ministerio explicaron que el trabajo para articular los Planes consiste en levantar información y evaluar los desafíos de la inclusión del enfoque de género en la planificación y gestión hídrica en cada cuenca; generar, comprobar y validar información clave en la cuenca en torno a los recursos hídricos; actualizar y complementar información física sobre la cantidad y calidad del agua en la cuenca de planificación; establecer los balances hídricos superficiales y subterráneos y acuíferos a partir de la construcción o actualización de modelos conceptuales y numéricos integrados; y generar un catastro de iniciativas de inversión, medidas y recomendaciones para la seguridad hídrica de cada cuenca.

Las participaciones ciudadanas partieron en la cuenca de Codpa-Vítor, el lunes 7 de octubre, en la Junta de Vecinos de Guañacagua y el martes 8 en la Junta de Vecinos de Chaca.

El miércoles 9 fue el taller de la cuenca del río Valdivia, en el salón de la SEREMÍA MOP, calle Yungay 621, Valdivia. Para continuar el jueves 10, de 18 a 20.30 horas, en la antigua municipalidad ubicada en Mariquina 54, San José de Mariquina.

En la Región Los Lagos, la actividad para la cuenca del río Maullín, orientada para las comunas de Maullín, Calbuco y los Muermos será el jueves 10, de 15 a 18 horas, en el auditorio de la municipalidad de Maullín, ubicado en la ruta V-90 641. Al día siguiente, viernes 11, de 10 a 13 horas, será el taller de participación para las personas y organizaciones de las comunas de Puerto Varas, Puerto Montt, Frutillar, Llanquihue y Puerto Octay, en la sala del concejo municipal de Puerto Varas, piso 2, Salvador 380.

En la Región Metropolitana, la participación ciudadana para la cuenca del río Maipo está agendada para el viernes 11, de 9.30 a 13 horas, en el salón municipal de Melipilla, Santos Silva Chávez 480.

Mientras que, en la Región de Atacama, el taller para la cuenca del río Huasco está programado para el martes 22, de 15 a 18 horas, en recinto por confirmar en Huasco. Y el miércoles 23, de 10 a 13 horas, en la Universidad de Atacama sede Vallenar, Avenida Costanera 105, Vallenar.

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Luego de participar junto a varios servicios públicos de una mesa técnica, liderada por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el director regional de Aguas, Camilo Mansilla, explicó que el deber de la DGA es velar por el interés público bajo las atribuciones de policía y vigilancia de los cauces naturales y fuentes de agua.

En la ocasión, la autoridad regional explicó que estas atribuciones facultan al Servicio MOP a tomar acciones para la seguridad de la población, el medioambiente y el consumo humano de agua.

Del mismo modo, el director de la DGA en Valparaíso explicó que “como Dirección General de Aguas, nos encontramos desde el primer día en terreno realizando labores de inspección en el tranque de relave pasta de minera Las Cenizas y tomando muestras de calidad de aguas. Asimismo, hemos abierto un expediente de fiscalización por eventual afectación a la calidad de las aguas y hemos ordenado a la empresa minera Las Cenizas normas transitorias de operación y de reparación del tranque de relave”.

Además, Mansilla afirmó que “estas normas, además de indicar obras para prevenir y resguardar a la población y velar por el consumo humano de agua, permiten implementar un protocolo de reportes en caso de precipitaciones y deslizamientos, como también un protocolo de comunicación con autoridades competentes en la materia y con la comunidad afectada”.

El detalle de las normas dispuestas por la DGA regional es:

1.Habilitación de un pretil de contención aguas abajo de las piscinas de contención, que asegure la completa interrupción del flujo de relaves en pasta hacia aguas abajo, esto es, hacia la quebrada Rincón del Chinchorro y río La Ligua.

2. Implementación de un sistema de bombeo junto con los dispositivos necesarios para controlar la altura de los relaves que queden confinados en el pretil de contención.

3. Implementación de un plan de inspección ocular de seguridad de las obras, con frecuencia mínima de una inspección cada 5 días mientras se encuentren vigentes las medidas de operación transitoria que este Servicio instruye. Sin embargo, ante eventos de precipitaciones, esta inspección debe ser cada 2 horas, y frente a nuevos deslizamientos debe ser de manera inmediata.

4. Implementación de un protocolo de comunicación a las autoridades pertinentes y a la comunidad potencialmente afectada en virtud de un colapso de la obra.

Cabe hacer presente que el incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones podrá ser sancionado con una multa que fluctúa entre 1.000 a 2.000 UTM, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 173 del Código de Aguas.

La entrada Minera Las Cenizas: DGA Valparaíso define normas transitorias para operación y reparación de tranque se publicó primero en Empleos Minería.

“(La actual crisis hídrica) es extensa, ya que vamos a cumplir 15 años con ella en algunas regiones, y también se ha ido extendiendo territorialmente, como por ejemplo hasta la Región de Los Lagos”, explicó.

El profesional detalló que esto ha provocado que la DGA se sitúe en una situación extrema y en un desafío importante. Es por ello que el Ejecutivo junto a varios ministerios han trabajado en virtud de buscar nuevas fuentes de agua distinta a las tradicionales.

Una de ellas es el ingreso del boletín N° 11.608-09, entre 2018 y 2019, el cual aún se encuentra en estado de tramitación.

¿Qué establece el boletín N° 11.608-09?

1. Establecer que las aguas resultantes del proceso de desalinización constituyen bienes nacionales de uso público.
2. Crear una Estrategia Nacional de Desalación, con la finalidad de establecer las orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de plantas desaladoras.
3. Modificar el procedimiento de solicitud y caducidad de las concesiones marítimas y establecer la prevalencia del uso de las aguas para el consumo humano, doméstico, y el saneamiento.
4. Disponer que los proyectos sobre instalación de plantas desalinizadoras deberán someterse siempre al Informe de Sistema de Evaluación Ambiental.

Las indicaciones sustitutivas:

• Actualmente, se encuentre en estudio en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado.
• 30 artículos y 4 disposiciones transitorias, distribuidas en 2 títulos, uno referido a la “Concesión de extracción de agua de mar para su desalinización“, y el segundo referido a “Disposiciones Finales” que incluye modificación a la ley N° 19.200 y la Ley General de Urbanismo y Construcciones en lo referido a ordenamiento territorial.
• Artículos transitorios se refieren a los plazos para dictar los reglamentos, el régimen de las concesiones marítimas, y un procedimiento simplificado para la evaluación ambiental, durante 15 años, para proyectos de desalinización destinados a consumo humano.

Proyecto de ley que regula los proyectos de desalinización

Ureta detalló que el Ejecutivo se encuentra trabajando en un proyecto de ley que regule de manera íntegra los proyecto de desalinización de agua de mar, con la finalidad de agilizar su tramitación y dar certeza a la inversión, con miras a:

• Aumentar la disponibilidad hídrica en las zonas más afectadas por la sequía, en función del consumo humano y saneamiento (derecho humano).
• Cuidar el equilibrio entre la función productiva (economía) y ecosistémica de las aguas (recuperación de fuentes naturales).

Durante su presentación, el jefe del Departamento de Personas de la DGA consideró que no se ha prestado suficiente atención a la Ley N°21.639, puesto que “modifica normas para el desarrollo de proyectos de infraestructura hídrica y desalinización, con el fin de destinar agua al cumplimiento de la función de sistema y de riego”.

Previo a finalizar su intervención, Ureta comentó que la Dirección General de Agua, antes de la reforma, tenía la atribución de generar planes, pero dentro de lo indicativo. Ahora, con el Plan Estratégico de Recursos Hídricos – PERHC, cada cuenca, es un plan que se aprueba por decreto y está firmado por varios ministerios, desarrollado por la DGA.

Su objetivo es “coordinar la inversión, coordinar las acciones de los actores públicos, pero también de los privados, con objetivos súper claros de preservar la sustentabilidad de la cuenca y dar seguridad hídrica“, explicó.

A modo adicional, el contexto normativo del Plan Estratégico de Recursos Hídricos – PERHC, publicado en 2022, es:

• Reforma al Código de Aguas (Ley N°21.435, Art.239 bls)
• Ley Marco de Cambio Climático (Ley N°21.455, Art. 13)
• Su finalidad es avanzar hacia la seguridad hídrica a través de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH).

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La infracción está asociada a cuatro obras de captación que cuentan con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas de aguas, ubicados en el Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común (SHAC) Pampa del Tamarugal.

El director regional de Aguas, Felipe Tapia, sostuvo que “el 15 de enero de 2022 se publicó en el Diario Oficial la resolución DGA Tarapacá Exenta N° 454 del 31 de diciembre de 2021, que ordenó a los titulares de derechos de aguas subterráneas con puntos de captación ubicados en el SHAC Pampa del Tamarugal, registrar las obras de captación en el software MEE de la DGA, instalar un sistema de medición y luego iniciar la transmisión de extracciones de aguas subterráneas para 4 estándares diferenciados según caudal (muy bajo, menor, medio y mayor) con plazos definidos para el cumplimiento de la normativa. Esto nos permite verificar si los titulares extraen de acuerdo al derecho de aprovechamiento de aguas otorgado y, además, tener datos para evaluar el estado del acuífero, el cual fue declarado Área de Restricción para nuevas explotaciones a través de la Resolución DGA N° 245 del 30 de diciembre de 2009”.

Desde la institución explicaron que en el caso de COSAYACH Caliche S.A., para los pozos fiscalizados aplican el estándar de obra medio y mayor, con plazos ya vencidos para registrar la obra, instalar el sistema de medición e iniciar las transmisiones. En ese contexto, en entre mayo y junio de 2023, funcionarios de la DGA verificaron en terreno si los valores de las extracciones de aguas subterráneas realizadas por COSAYACH para sus procesos productivos en 4 pozos en el SHAC Pampa del Tamarugal, coincidían con los reportados por la empresa en el software MEE de la DGA.

Como resultado de la investigación, se verificó que la empresa no dio cumplimiento a cabalidad con las exigencias establecidas en el artículo 173 N° 2 del Código de Aguas respecto a la instalación y mantención de sistemas de medición de caudal, volúmenes extraídos, niveles freáticos y de transmisión. Por lo que la DGA aplicó la sanción establecida en el Código de Aguas, la cual se incrementó, puesto que los pozos están emplazados en el SHAC Pampa del Tamarugal, declarado área de restricción para proteger la sustentabilidad de las aguas subterráneas.

La entrada MOP Tarapacá multa a minera por no informar adecuadamente las aguas subterráneas extraídas en acuífero se publicó primero en Empleos Minería.

El objetivo de esta medida es disminuir los tiempos de tramitación e incorporar elementos disuasivos más eficaces. Para esto, el texto propuesto pretende adecuar los mecanismos de notificación para los procedimientos administrativos del Código. En esto, se considera incluir la experiencia de las y los funcionarios de la DGA y adecuarlos al proceso de digitalización del Estado.

Según detallaron en la sesión, la norma también considera definir y regular la atribución de “vigilancia” de la Dirección en el Código. La finalidad es hacer más eficiente el incentivo a la corrección temprana de infracciones.

Además, el proyecto pretende fortalecer atribuciones relativas al cumplimiento de medidas ordenadas por la DGA. Esto, por medio de la colaboración con las municipalidades u otros órganos de la administración del Estado.

Dentro de las normas aprobadas por la comisión se encuentra la posibilidad de establecer procedimientos simplificados de fiscalización. Ello operará cuando se verifiquen determinadas circunstancias. Por ejemplo, que se realicen en zonas de escasez hídrica o de prohibición. También, en tanto no requieran de la realización de fiscalización en terreno.

De todas maneras, la propuesta establece una serie de normativas para regular estos procedimientos simplificados.

La entrada Comisión de la Cámara respalda proyecto que moderniza y fortalece fiscalización de la DGA se publicó primero en Empleos Minería.

Al respecto, la minera sostuvo que “no es efectivo que la compañía haya extraído agua del estero Riecillos con fecha 8 de enero de 2023. Durante dicho fin de semana, las bocatomas fueron cerradas de manera voluntaria, en línea con las restricciones definidas por la autoridad en el contexto de escasez hídrica que afecta la zona. Lo que se produjo, y que fue informado adecuadamente a la autoridad, fue un error en los aparatos de medición (caudalímetros), que queda en evidencia al observar que el caudal ecológico pasante hacia aguas abajo se mantuvo constante, no reflejando las supuestas extracciones”.

En la declaración, la empresa destacó que “Anglo American es titular de derechos de aprovechamiento de agua en el estero Riecillos, legalmente constituidos e inscritos, hasta por un caudal total de 598 litros por segundo (l/s)”.

Por otro lado, la compañía manifestó que “la infraestructura existente tiene una capacidad máxima de impulsión instalada de 440 l/s. No obstante, la medición errónea indica que se habrían extraído 700 l/s, cifra muy superior a lo que permite la capacidad instalada, y -por lo tanto- físicamente imposible”.

En función de estos antecedentes, Anglo American informó que presentará un recurso de reconsideración, con el fin de lograr una revisión de esta resolución.

Finalmente, en su declaración aseguró que “un aspecto fundamental para Anglo American es dar estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de extracción y uso de agua. La compañía ha adoptado medidas tendientes a priorizar el consumo de las personas, mediante la búsqueda de fuentes alternativas de agua que no compiten con el consumo humano, e iniciativas que permitan reducir progresivamente el uso de agua fresca en su proceso minero. En este contexto, hemos suscrito el compromiso de dejar de usar agua fresca en el proceso minero de Los Bronces a 2030. Para lograrlo, la compañía ha anunciado la implementación de un Proyecto Hídrico Integrado que, a través de la compra de agua desalinizada a un tercero, habilitará el cumplimiento de este objetivo permitiendo además entregar agua directamente a comunidades vecinas afectadas por la escasez hídrica, beneficiando a cerca de 20 mil personas. Adicionalmente, Los Bronces cuenta con un sistema de recirculación de agua, que le permitió reutilizar el 88% del agua del proceso minero en 2022″.

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El Plan, detallaron, que cuenta con el financiamiento del Fondo Verde del Clima, se enmarca en la Ley Marco de Cambio Climático, vigente desde el 13 de junio de 2022, la cual establece la confección de los planes sectoriales de adaptación al cambio climático, con el fin de establecer acciones y medidas para lograr adaptar al cambio climático aquellos sectores con mayor vulnerabilidad y aumentar su resiliencia climática. Estos sectores son biodiversidad, recursos hídricos, infraestructura, salud, minería, energía, silvoagropecuario, pesca y acuicultura, ciudades, turismo, zona costera y transportes.

En particular, según dieron a conocer, el objetivo del Plan de Adaptación al Cambio Climático en para los Recursos Hídricos es identificar y abordar los riesgos y oportunidades que surgen como consecuencia de los impactos del cambio climático para el sector de los recursos hídricos en diferentes sectores, comunidades y regiones. Asimismo, busca desarrollar estrategias y medidas específicas para reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de resiliencia frente a los eventos de cambio climático actuales y futuros en los recursos hídricos actuales y futuros, minimizando sus efectos negativos y maximizando sus beneficios en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental.

El Plan

El Plan deberá estar elaborado en junio del 2024, iniciando ahora con una participación ciudadana temprana de carácter virtual en el sitio web de la DGA (www.dga.mop.gob.cl), donde la ciudadanía podrá responder un cuestionario para recopilar opiniones y percepciones sobre la vulnerabilidad frente al cambio climático y las medidas de adaptación en el sector de recursos hídricos. Igualmente, las y los usuarios podrán adjuntar información relevante para la elaboración del Plan, como aspectos técnicos, científicos, ambientales, sociales, económicos, entre otros. Los antecedentes se pueden presentar en formato digital o en formato físico en la Oficina de Partes de las Direcciones Regionales de Aguas.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó que “este Plan de Adaptación al Cambio Climático para los Recursos Hídricos nos permitirá enriquecer los ejes de acción del MOP en seguridad hídrica, los que son proteger y garantizar de forma prioritaria el derecho humano al agua y su saneamiento; construir y diseñar obras y servicios de infraestructura para el desarrollo del país y promover la gestión y fiscalización del buen uso del agua basado en la información, eficiencia e innovación”.

A su vez, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, resaltó el avance en la elaboración de los planes sectoriales de adaptación al cambio climático obtenido hasta ahora y en especial, el inicio de éste con foco en los recursos hídricos. “Los efectos del cambio climáticos los estamos viviendo hoy y las proyecciones señalan que los eventos climáticos extremos serán cada vez más frecuentes e intensos. Sin duda que la sequía es el principal impacto que vivimos en el país, por eso es muy relevante la elaboración de este plan de adaptación para enfrentar la crisis hídrica derivada del cambio climático y avanzar en un desarrollo sostenible”, manifestó.

La representante de la FAO en Chile, Eve Crowley, indicó que “es relevante el proceso de elaboración de este plan porque existen una serie de desafíos en torno a los recursos hídricos, tales como producir y consumir con menos agua, asegurar un suministro de cantidad y calidad para la población y actividades productivas, así como también fortalecer la gobernanza de la gestión hídrica, junto con mejorar la información y conocimiento para la toma de decisiones”.

En tanto, el subdirector de la Dirección General de Aguas del MOP, Cristian Núñez, sostuvo que el Plan servirá de guía para los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos que debe elaborar la DGA en el marco de la reforma al Código de Aguas y de la Ley Marco de Cambio Climático en su artículo 13, constituyendo instrumentos de gestión de cambio climático a nivel local para cada una de las cuencas del país. “Los Planes Estratégicos tienen como objetivo contribuir con la gestión hídrica, identificar las brechas hídricas de agua superficial y subterránea, establecer el balance hídrico y sus proyecciones; diagnosticar el estado de información sobre cantidad y calidad, infraestructura e instituciones que intervienen en el proceso de toma de decisiones respecto al recurso hídrico y proponer un conjunto de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático sobre el recurso hídrico, en el fin de resguardar la seguridad hídrica”, comentó Núñez.

Ejecución

El Fondo Verde del Clima, creado en 2010 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidad para el Cambio Climático, aprobó en noviembre del 2022 el proyecto para elaborar el Plan, disponiendo de un millón 470 mil dólares (US$1.470.000) para ello, siendo el ministerio de Hacienda la autoridad nacional designada para administrar los recursos.

Con estos recursos, FAO contrató a un equipo de profesionales que conforman el equipo de coordinación técnica del Plan, actuando como contraparte técnica la Dirección General de Aguas del MOP y también a cargo de liderar el Plan. Además, actualmente está en proceso de licitación una consultoría para elaborar el Plan con todos los insumos que se recojan durante los procesos de participación ciudadana y los estudios que se requieran para llegar hasta su ejecución final.

El trabajo coordinado entre MOP-DGA, MMA, Ministerio de Hacienda y FAO permitirá cumplir con lo señalado en la Ley Marco de Cambio Climático, que es tener el Plan a junio de 2024. Sin embargo, la rendición final de los recursos se realizará en noviembre del 2025, período durante el cual se realizarán estudios que contribuirán al proceso de actualización del Plan.

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La directora regional de Aguas, Marcela Astudillo, precisó que la empresa construyó 6 pozas de evaporación solar que sobrepasan los 50 mil metros cúbicos y que requieren la aprobación del Director General de Aguas para su construcción, según lo indica el Código de Aguas.

Explicó que la minera, dedicada a la extracción y producción de yodo en base a la explotación del caliche, ya canceló la multa en la Tesorería General de la República, pero tendría pendiente presentar de aquí a septiembre los proyectos de las pozas fiscalizadas para analizar si éstas cumplen con el diseño hidráulico y estructural según el reglamento de las obras que deben ser aprobadas por la DGA.

Además, la directora regional indicó que, “la normativa es clara, los embalses de capacidad superior a 50 mil metros cúbicos o cuyo muro tenga más de 5 metros de altura requiere la aprobación de la DGA para su construcción y se otorgará la autorización una vez aprobado el proyecto definitivo y siempre que se haya comprobado que la obra no afectará la seguridad de terceros ni producirá la contaminación de las aguas. Lo anterior es independiente de las autorizaciones ambientales con que cuenta la empresa para su proyecto minero”.

Agregó que esta fiscalización fue parte de un “Programa de Fiscalización en Base a Teledetección” a nivel nacional, el cual pone a disposición nuevas tecnologías para orientar las fiscalizaciones mediante el análisis e interpretación de imágenes satelitales (percepción remota o teledetección) utilizando el Índice de Diferencia de Agua Normalizado (NDWI), que en el caso de la región de Antofagasta, se utilizó para identificar obras hidráulicas mayores, principalmente del tipo “embalses ” descritos en el artículo 294 de Código de Aguas, que estuviesen sin autorización de este Servicio en todo el territorio, permitiendo optimizar y focalizar los esfuerzos de la DGA.

Posteriormente, un equipo de la Unidad Regional de Fiscalización y Medio Ambiente, junto a la Unidad de Gestión Tecnológica del Agua de la DGA del nivel central, realizaron una inspección ocular y usaron aeronaves piloteadas remotamente sobre el conjunto de pozas de evaporación solar ubicada en el sector de Oficina Ercilla, al interior de Minera Algorta. En la oportunidad se detectó una poza en construcción, una en reparación y otras 4 operativas, todas con un volumen mayor a 50 mil metros cúbicos.

Astudillo detalló que durante el 2022 la Unidad Regional de Fiscalización y Medio Ambiente resolvió 121 expedientes de fiscalización, de los cuales 88 derivaron en multas por 5.379 UTM ($328.963.503 aproximadamente). Añadió que las infracciones más recurrentes en la región de Antofagasta son incumplimiento del monitoreo de extracciones efectivas –lo cual implica registrar la obra de captación, instalar un sistema de monitoreo y de transmisión de caudales a la DGA para verificar que cada usuaria/o extraiga aguas conforme al derecho otorgado y al mismo tiempo monitorear el comportamiento y sustentabilidad del acuífero y cuenca-, extracción no autorizada de aguas y obras no autorizadas en cauces.

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