El informe de la instancia consigna que la decisión del Gobierno en la materia implicó desechar la posibilidad de realizar una licitación pública, abierta y competitiva a nivel internacional.

Se estimó que dicha omisión ha levantado cuestionamientos fundados respecto a la conveniencia y legalidad del procedimiento utilizado. Esto, especialmente por la falta de criterios técnicos y económicos transparentes que respalden la elección de la vía directa.

De igual modo, se lamenta que, hasta el momento, no se han divulgado informes comparativos, evaluaciones financieras ni estudios que respalden la decisión de negociar directamente con SQM.

Aquello, según el documento, refuerza la percepción de opacidad y falta de análisis técnico riguroso.

Se menciona que el Estado debiese haber recibido al menos US$6.700 millones de forma inmediata. En cambio, al optar por una negociación directa, se acordaron utilidades sujetas a las ventas y al precio internacional del litio que, según estimaciones, se mantendría bajo, al menos, hasta 2030. Y, al no haber pago al contado, se considera que “este acuerdo representa un perjuicio gigantesco a las arcas fiscales”.

En cuanto a recomendaciones y propuestas, se solicita dejar sin efecto el acuerdo de asociación suscrito entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco, en Maricunga.

Se advierte que la ausencia de auditorías técnicas y financieras independientes, la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y la opacidad en la gestión de contratos refuerzan la necesidad de revertir el acuerdo.

Además, plantea ampliar y revisar la consulta indígena, ya que lo realizado, hasta ahora, ha sido parcial y meramente formal.

Igualmente, se plantea la realización de una licitación internacional del contrato y aprovechar la “oportunidad de corrección”, considerando que el acuerdo aún requiere la aprobación de autoridades regulatorias chinas y el término del proceso de consulta indígena, después de lo cual Corfo debe aprobar el texto final de los contratos con los que se va a implementar el acuerdo.

Por último, se debe establecer un régimen de sanciones claras y efectivas para los funcionarios y directivos que incurran en prácticas opacas, oculten información o incumplan los estándares de transparencia y rendición de cuentas. La ausencia de sanciones ha perpetuado la impunidad y la repetición de errores en la gestión de recursos estratégicos.

El informe de la comisión investigadora pasará ahora a consideración de la Sala de la Cámara de Diputados.

La entrada Comisión investigadora por acuerdo Codelco-SQM entrega sus recomendaciones se publicó primero en Empleos Minería.

La instancia se originó en tres solicitudes para investigar los actos del Gobierno, entre 2006 y 2022, relativos a la empresa cuprífera y su gobierno corporativo en proyectos estructurales, cumplimiento de normas laborales, tercerización y protocolos de seguridad.

El texto lo rindió quien fuera el presidente de la comisión, diputado Cristián Tapia (IND). En él se observa que “Codelco sufre hoy una profunda crisis”. Ella se expresa en:

• Una baja sostenida en la producción.
• Un incumplimiento, tanto en tiempo como en costo, del desarrollo de los proyectos estructurales.
• Aumento de contratación de empresas contratistas en actividades esenciales, propias del giro de Codelco, como también en su sistema de operaciones.
• Conflictividad laboral en las empresas contratistas y, también, en casos de trabajadores de la estatal.
• Presencia de accidentabilidad.

Sobre el primer punto se informa que, en 2023 se totalizaron 1.324.000 toneladas de cobre fino. “Si nos remontamos a períodos anteriores, la producción de Codelco estaba en torno a las 1.600.000 o 1.700.000 toneladas, un nivel que recién se considera poder recuperar en 2030”, se remarcó. En este contexto, se llama a la estatal a sostener su producción, para lo cual necesita desarrollar proyectos estructurales de manera eficiente y eficaz.

De lo anterior se desprende que la cuprífera tuvo menores ingresos (periodo 2012-2023) por alrededor de 60 mil millones de dólares.

Asimismo, el documento aseguró que “lo cierto es que el sueño de los 2,6 millones de toneladas nunca fue posible y la producción durante los años siguientes se mantuvo en niveles similares a los de 2012, empezando a declinar sostenidamente a partir de 2017, con las consecuencias de menores ingresos conocidas y sufridas por el país entero”.

Proyectos estructurales y gobierno político

Según se sostuvo, existe tardanza en la ejecución de los proyectos estructurales para sostener la producción en el tiempo. En este contexto, se citan las palabras del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco:

“La decisión de ejecutar cuatro megaproyectos estructurales, que debió definirse a inicios del nuevo milenio, se tomó recién en 2010, ya de forma tardía, y sin evaluar adecuadamente los límites físicos, económicos, del conocimiento y culturales que ellos envolvían, ni que la empresa ya no tenía tiempo de secuenciarlos y debió construirlos de manera simultánea”.

Igualmente, se releva que estos proyectos presentaron sobrecostos importantes:

• En Chuquicamata Subterránea la inversión asciende a US$6.200 millones, incluyendo un sobrecosto de 53%.
• La cartera de proyectos de El Teniente asciende a US$5.600 millones, con un sobrecosto de 75%.
• El traspaso de Andina tiene un capex proyectado de US$1.700 millones, con 21% de sobrecosto.
• Rajo Inca (Salvador) mantiene su inversión en US$1.400 millones, pero presenta un retraso de 16 meses.

Otro punto criticado es que la mitad de los dineros destinados a inversión en el período 2012-2022 (US39.200 millones) fue vía endeudamiento. Por otra parte, se reclama que “pese al discurso institucional de contar con una dotación de profesionales de excelencia y de ser pioneros en el desarrollo de proyectos mineros a nivel mundial”, se evidencia “un fracaso absoluto de la Vicepresidencia de Proyectos y las distintas planas ejecutivas en el cumplimiento de las metas propuestas”.

El informe, asimismo, observa que la composición del directorio de la estatal ha sido diversa y no ha tenido continuidad a través del tiempo. “Conspira también en esta inestabilidad el hecho de que las designaciones del directorio responden a criterios políticos y no técnicos”, se acotó.

Otros puntos fiscalizados en Codelco

Para la Comisión también se evidencia que la política de subcontratación implementada por la estatal ha sobrepasado la legislación. Así, se refuta el traspaso a empresas contratistas faenas y servicios propias del giro.

Por otra parte, se comunica la existencia de diversas denuncias de prácticas antisindicales. Estas pueden abarcar comportamientos como la intimidación de trabajadores, represalias y listas negras.

Finalmente, en materia de seguridad, se informa que en, en los últimos 23 años han fallecido 97 personas en actividades relacionadas a Codelco. En el resto de las grandes compañías mineras la cifra llega a 143.

En materia de recomendaciones, se sugiere profesionalizar a las autoridades del gobierno corporativo. La idea es que cuenten con conocimientos mínimos en áreas de diseño, proyección y planificación de largo plazo. De tal manera, se espera garantizar que los futuros desarrollos no se vean afectados por inestabilidades de las estructuras rocosas u otra afectación que cause una falla accidental o retraso de cálculo en los proyectos de mediana y gran envergadura.

También se pide evaluar el modelo de gestión de la Vicepresidencia de Proyectos y que los proyectos estructurales vuelvan a cada una de las divisiones.

Junto a lo anterior, se recomienda fortalecer la capacidad de fiscalización de Cochilco y extender la supervigilancia hacia la Contraloría, entre otros puntos.

La entrada Comisión Investigadora de Codelco acusa crisis de la estatal con foco en baja producción se publicó primero en Empleos Minería.

La instancia, que se encarga de analizar el cumplimento de normas de tercerización, leyes laborales y protocolos de seguridad, escuchó al presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado.

En la oportunidad, Alvarado explicó los proyectos estructurales de las divisiones de Chuquicamata, Andina y El Teniente.

De esta forma, el ejecutivo precisó que la empresa busca asegurar un modelo de minería responsable. Esto considera un menor consumo de agua continental; la matriz eléctrica verde; depósitos de relave con altos estándares de seguridad; economía circular; y desarrollo local.

Agregó que los pilares que orientan la gestión de los desafíos responden a controlar los riesgos de seguridad, para evitar nuevos accidentes graves. También se busca retomar el control de los proyectos, para asegurar su avance. Asimismo, estabilizar las operaciones y comenzar a cumplir planes de producción. Por último, se pretende ajustar la estructura organizacional y definir el equipo de trabajo de primera línea.

Trabajadores y Protocolos de seguridad

Según revelaron desde la Cámara de Diputados y Diputadas, el presidente ejecutivo de Codelco fue consultado, además, por los últimos despidos masivos de trabajadores en las diferentes divisiones. También, por las medidas de seguridad y el accidente con ocasión de muerte, que afectó a una trabajadora en Radomiro Tomic, el pasado 8 de marzo.

Sobre este último, Rubén Alvarado afirmó que se conformó una comisión para investigar a fondo las causas del accidente y que la instancia estaría concluyendo su mandato. Argumentó que, terminado el proceso, se tomarán medidas y se compartirán los resultados de la indagatoria.

En cuanto a las desvinculaciones masivas de trabajadores, parte del grupo parlamentario acusó la existencia de “prácticas antisindicales” las que “estarían siendo sostenidas en el tiempo”.

Política Unificada

En la ocasión, las diputadas independientes Marta González y Yovana Ahumada llamaron a Codelco a contar con una política unificada de relaciones entre las distintas divisiones. Por otro lado, pidieron mejorar los estándares y que los trabajadores estén en igualdad de condiciones.

Sobre ello, el presidente Ejecutivo de la Corporación resaltó que se encuentran comprometidos completamente con el propósito que tiene la comisión.

En tanto, el titular de la comisión recordó que la instancia ha enviado 18 oficios a Codelco. Estos para consultar sobre los diversos temas que son parte del mandato de la comisión. Sin embargo, indicó que, de estos, sólo se han respondidos cuatro.

En ese plano, el parlamentario pidió a la cuprífera responder a las solicitudes. Esto, previo a lo que será la elaboración del informe final de la conclusiones y propuestas.

Cabe destacar que la comisión revisa los actos del Gobierno realizados por el Ministerio de Minería, la Comisión Chilena del Cobre, el Servicio Nacional de Geología y Minería, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos y el Ministerio del Trabajo, entre los años 2006 y 2022.

La entrada Comisión Investigadora de la Cámara: Avanzan indagatorias sobre proyectos estructurales de Codelco se publicó primero en Empleos Minería.

La instancia fiscalizadora pretende reunir antecedentes relativos al monitoreo y control de las emisiones que motivaron la alerta de emergencia ambiental frente al aumento en las concentraciones de azufre (CEI 8).

En su jornada de trabajo, los parlamentarios recibieron, en primera instancia, a la secretaria regional ministerial de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré.

Desde la Cámara manifestaron que la autoridad señaló que frente a la afectación de población escolar en las comunas de Quintero y Puchuncaví, la aproximación al problema se realizó evaluando las posibles fuentes de contaminación/polución, tanto en el interior como en el exterior de las salas de clases.

Precisó que frente a todos los eventos de intoxicaciones se efectuaron inspecciones, iniciándose sumarios en casos de constatación de infracciones a la normativa.

En esa línea, se han realizado acciones de coordinación, evaluación en terreno y fiscalización en los establecimientos educacionales. El objetivo es detectar situaciones de riesgo en el contexto de la Alerta Sanitaria y sistemas de alcantarillado, según indicaron desde la Cámara.

Cofré sostuvo que, respecto a los sumarios sanitarios, 34 expedientes han definido multas. De ellos, ocho ya han sido pagados, seis están pendientes para resolver y 15 se encuentran impagos en proceso de envío para su cobro.

Adicionalmente, afirmó que para abordar esto se estableció una estrategia para obtener información desde los servicios públicos con competencia sobre la materia. Así, se solicitó información a diferentes organismos para evaluar, entre otros aspectos, las instalaciones de gas. Esto, añadió, ha permitido desarrollar coordinaciones y acciones conjuntas para abordar las alertas.

Evaluación medioambiental

Durante la jornada, la instancia fiscalizadora también recibió la exposición del secretario regional ministerial de Medio Ambiente, Hernán Ramírez. Este señaló que, desde el mes de junio de 2022 a la fecha, se han presentado 665 personas afectadas en establecimientos de la comuna.

El personero informó que elaboraron un proyecto de adquisición de equipamiento por un monto de $797 millones, cuyo objetivo es desarrollar un monitoreo permanente de la calidad del aire en los establecimientos educacionales de las comunas de Quintero y Puchuncaví, sostuvo la Cámara Baja.

Asimismo, comentó que el sistema opera sobre la base de sensores y cromatógrafos para mediciones de gases y compuestos orgánicos volátiles. “Ello permitirá mejorar la precisión de las mediciones y contar con información en tiempo real, sobre la dinámica de los gases y partículas presentes en la zona”.

Asimismo, la estrategia propuesta se compone de tres pasos: adquisición de equipos interconectados y complementarios; involucramiento en su operación de las autoridades locales, las comunidades y la academia; y el monitoreo en tiempo real de la calidad del aire.

La entrada Quintero: Comisión Investigadora reúne antecedentes de monitoreo y control de emisiones se publicó primero en Empleos Minería.

La instancia, que busca determinar eventuales adulteraciones de información, recibió a Paula Iriarte, presidenta del Sindicato Santiago de la estatal, quien expuso sobre los procesos de contratos y licitaciones.

Iriarte denunció que la empresa Anglo American Chile se adjudicó un contrato directo por un monto de US$760 millones, correspondiente a 80 mil toneladas de cátodo. Afirmó que “se realizó en forma reservada”.

“Este contrato se llevó a delante con la gerencia comercial, vicepresidencia y departamento de finanzas. Desde el subgerente hacia abajo no hubo participación”, indicó.

Al respecto, señaló que el reparo a este procedimiento es no haber realizado un contrato abierto. “No participó nadie más. Nosotros entendemos que deben haber procedimientos, sobre todo para vender un 76 % de la producción total de cátodos. Debe haber un resguardo”, remarcó Iriarte.

En vista de lo expuesto, la presidenta de la instancia, diputada Daniella Cicardini (PS), señaló que es una denuncia grave, pues se podría estar frente a “decisiones y gestiones que generan un daño, no solo al patrimonio de todos los chilenos, sino también a sus trabajadores”.

Por su parte, el diputado Francisco Eguiguren (RN) indicó que le gustaría ver ese contrato. “Yo puedo afirmar que la situación financiera de Enami es muy compleja, pues la liquidez, solvencia y retornos son los peores en 10 años (…). La liquidez de toda la operación de 2020 es de 0,34 %. Es decir, es una empresa que no tiene hoy día liquidez”, enfatizó.

Testimonio de exfuncionario

En segundo lugar, expuso Tomás Neira, exfuncionario de Enami, quien señaló que no existe una planificación estratégica minera con respecto a la función principal de la empresa, que está orientada en el fomento productivo y la venta de minerales.

Agregó que, desde el punto de vista de los contratos, Enami se maneja como empresa privada, “aunque es una empresa estatal, es totalmente autónoma”.

También, señaló que los tipos de contratos y negociaciones se definen internamente. “No existe un manual de contratos como otros organismo del Estado”, remarcó.

La entrada Comisión Investigadora: Denuncian adjudicación de contrato directo en Enami por US$760 millones se publicó primero en Empleos Minería.

El primero en exponer fue el presidente del Sindicato Trabajadores N° 1 de la Fundición Paipote, de Enami, Eduardo De la Barrera. El dirigente alertó sobre situaciones “dudosas” en el balance metalúrgico, que derivaron en una auditoría realizada en el segundo semestre de 2021.

En la exposición, se denunció que el documento completo de esta fiscalización no se les entregó a los dirigentes. Solo tuvieron acceso a una presentación de resultados donde hay cifras que no cuadran. En esto, se refirieron a una deuda de US$500 millones “que no se puede justificar”.

Ex superintendente de Operaciones

En segundo lugar, participó en la sesión el ex superintendente de operaciones de Enami, Carlos Fernández. En su intervención habló de la manipulación de inventarios de cobre donde “hacen aparecer y desaparecer cobre de un mes a otro”.

Además, aseguró que existe alteración en los datos de la gestión ambiental, así como en las leyes de concentrados de cobre, junto con manipulaciones en el sistema diario de información del trabajo.

Los trabajadores señalaron a quienes se les hizo llegar la información y las autoridades responsables. Resaltaron que esperan que la comisión, a través de sus facultades, pueda ayudar a clarificar la situación de la estatal.

Intervenciones parlamentarias

Frente a lo expuesto, la diputada Daniella Cicardini (PS) alertó sobre la “inestabilidad financiera que pone en riesgo a la empresa” y también a sus trabajadores. Además, criticó la alteración de datos ambientales, pues se estaría “jugando con la salud de las personas de Paipote y Tierra Amarilla”.

“La situación preocupa, genera incertidumbre y es necesario atajarlo”, agregó. Estimó, además, que es importante fortalecer a la Enami, frente al actual escenario.

Por su parte, el diputado Francisco Eguiguren (RN) expresó que “todo lo que se haga para resolver, con la mayor profundidad, lo que ocurre en Enami va a ser útil” y ayudará a la pequeña y mediana minería.

Junto a esto, solicitó incluir en la lista de invitados al fiscal de la estatal, Max Larraín; y al gerente, Iván Fortín.

La entrada Trabajadores de Enami expresaron su preocupación por deuda de US$500 millones de la estatal se publicó primero en Empleos Minería.

Otro punto que propone la instancia es dejar sin efecto la adjudicación y detener los actos y tratativas iniciadas con (AUI), así como modificar las Bases Administrativas Generales e incluir parámetros y procedimientos estándares. Todo ello, para la realización de procesos de evaluación y adjudicación de proyectos en los diversos programas.

También se plantea realizar modificaciones «para abordar las inhabilitaciones de autoridades frente a procesos de adjudicación de fondos en los proyectos y programas», además de «remitir informe al Ministerio Público para efectos de determinar si existe o no la comisión de delitos de uso de información privilegiada. En este sentido se apunta a altos cargos de la Corfo y funcionarios del Gobierno, entre ellos, Pablo Terrazas».

Otra conclusión del informe es «oficiar al contralor general de la República a efectos que evalúe la pertinencia de iniciar una investigación que determine responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos involucrados en el proceso revisado por esta comisión».

Análisis

El informe de la Comisión Investigadora plantea que los evaluadores sostuvieron que la propuesta de la Corporación Alta Ley fue superior en todos los aspectos ponderados a la propuesta de Associated Universities Inc (AUI).

Detalla que se hace caso omiso a dicha evaluación y se modifican los criterios para rebajar las calificaciones obtenidas por la Corporación Alta Ley. Ello permitió que aumentan las obtenidas por (AUI).

Junto a lo anterior, se señala que Corfo comete un error no subsanado al momento de entregar información poco veraz sobre la propuesta de la Corporación Alta Ley (ASDIT), en cuanto al financiamiento del proyecto.

Además, califica como sumamente grave las acusaciones de intervención que pesan sobre el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. Ellas apuntan a intervenciones que ha realizado en las sesiones del Consejo de Ministros de Corfo, teniendo una inhabilidad clara, que el mismo expresa, por ser parte del directorio de Alta Ley.

El grupo parlamentario aprobó, por unanimidad, las conclusiones y proposiciones. Con ello, el texto quedó en condiciones de pasar a la Sala.

La instancia recibió en los últimos cuatro meses a representantes de los organismos involucrados en la licitación investigada. También, se contó con la participación del director de Desarrollo para el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias y académicos de universidades.

La entrada Instituto de Tecnologías Limpias: Informe de diputados pide realizar nuevamente proceso licitatorio se publicó primero en Empleos Minería.

Cabe recordar que varias universidades estatales chilenas, que también postularon a la licitación, criticaron dicha adjudicación. En concreto, refutaron el proceso de evaluación, el cual estimaron no contó con personas expertas en investigación y desarrollo.

En la sesión, el director del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, Ricardo Raineri, explicó los alcances de la propuesta de la AUI, afirmando que su objetivo es crear valor desarrollando infraestructura inexistente y de punta en Chile. Además, respondió a todos y cada uno de los objetivos planteados por la Corfo.

Agregó que el Instituto de Tecnologías Limpias se emplazará un campus en la Región de Antofagasta. Su modelo es una plataforma de acceso abierto, donde van a poder participar todos/as los/as investigadores/as y universidades.

Precisó que los proyectos deberán apuntar a la energía solar, la minería sustentable y a materiales avanzados de litio (y otros minerales). Serán seleccionados por una comisión de expertos en la materia, de acuerdo al mérito de las propuestas.

Respecto a AUI, afirmó que es un organismo sin fines de lucro, autónomo. Además, dijo que es 100% independiente de sus fundadores, que son nueve destacadas universidades estadounidenses. A su vez, resaltó que cuenta con la colaboración de otras diez instituciones, líderes en desarrollo, tecnología y capital humano.

Por otra parte, señaló que el Centro, en la gobernanza, contará con un directorio conformado por un representante de la AUI, dos del Estado, un rector de una universidad de la macrozona norte y tres de industrias de dicho territorio.

Patentamiento

Además, participó el abogado en Chile del consorcio internacional, Felipe Bascuñán, quien consideró infundadas las críticas que se han reproducido en los medios de comunicación.

Dijo que, cada vez que Corfo lo ha requerido por ley de transparencia, han entregado la información solicitada. Acotó que la excepción ha sido con temas que contienen derechos de carácter comercial y económicos, datos sensibles o confidenciales.

En cuanto a propiedad intelectual, recalcó que las patentes serán un eje del Instituto. Ellas se resolverán caso a caso por el directorio de acuerdo a los aportes de cada uno de los involucrados, para definir la forma en que esa patente se va a registrar.

Detalló que podrán ser en un 100% del Instituto, un sistema mixto o licencias de un tercero para que el Instituto las pueda desarrollar.

Reacciones de los parlamentarios

Los parlamentarios manifestaron algunas inquietudes respecto a la participación de solo dos representantes del Estado en el directorio del Centro.

Otro punto observado, en particular por el diputado Jaime Tohá (PS), refiere a la reducción presupuestaria de US$50 millones.

Igualmente, los diputados Tomás Hirsch (PH) y Luis Rocafull (PS) cuestionaron el rol de la Corfo, la entrega de recursos de SQM y la labor que desarrollará el ICTL. Ambos dijeron que esperan el pronunciamiento de la Contraloría para saber si son platas públicas o privadas.

Al respecto, Raineri afirmó que son recursos 100% privados aportados por Soquimich para Investigación y Desarrollo (I+D). Precisó que alcanzan US$142 millones para el Instituto, en los siguientes diez años.

En ese sentido, el Instituto que se crea tiene que pasar por una revisión de SQM y cumplir ciertos estándares de funcionamiento, transparencia y operación. Junto a ello, debe reportar a Corfo sobre el resultado de los proyectos.

En cuanto al rol de la Corfo, explicó que administra y coordina como garante, para que dichos fondos se destinen al fin para lo que fueron aprobados.

La entrada Comisión investigadora de la Cámara recibió al director del Instituto de Tecnologías Limpias y abogado de oferente ganador se publicó primero en Empleos Minería.

En la sesión, la instancia recibió la opinión del vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, y del rector de la Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez.

Pablo Terrazas indicó que la mirada que tiene la Corfo sobre el consorcio Associated Universities Inc (AUI), que se adjudicó el ITL, se sostiene en su alta trayectoria. “Tiene expertiz a nivel mundial en administrar instalaciones tecnológicas de alta complejidad”, precisó.

Dijo que en la propuesta presentada, jamás planteó que era un consorcio constituido por distintas universidades norteamericanas. “Si se revisa las bases de la licitación y las actas de adjudicación, jamás incluye a esas universidades”, comentó.

“La mejor propuesta”

La autoridad sostuvo que no tuvieron puntuación ni beneficios por las universidades prestigiosas que forman el consorcio. En tal plano, afirmó que “ganó la mejor propuesta”, con independencia de quien la formuló. “Acá no se estaba evaluando quien tenía el mayor número de universidades en rankings”, agregó.

Enfatizó que fue decisivo, en la elección, que se haya considerado una “propuesta abierta”. Esta considera al ecosistema universitario y emprendedor tecnológico, descartando, proyectos definidos con anterioridad.

Asimismo, que se haya considerado construir una “infraestructura única” en la macro zona de la Región de Antofagasta. Ello, a diferencia de otras propuestas que incluían instalaciones que, actualmente, se ocupan para otros fines.

Finalmente, señaló que si se quiere llegar a la verdad, lo correcto es invitar a quienes analizaron las licitaciones para aclarar las dudas.

Visión de la UCN

En su intervención, Ignacio Sánchez manifestó su preocupación por el proceso de licitación del Instituto de Tecnologías Limpias.

Planteó que, como postulantes (Corporación Alta Ley), de manera bien inédita, había una unión transversal y herramientas para enfrentar el desafío. “Teníamos mayor capacidad científica y tecnológica para la propuesta”, resaltó.

Agregó que, en término de las plataformas tecnológicas necesarias para el escalamiento industrial, estaban en la capacidad de desarrollarlas.

Asimismo, remarcó que estuvieron en una situación de privilegio en la postulación, considerando temas como la infraestructura común para pilotaje de tecnología hidrogeno verde y el desarrollo de banco de pruebas, entre otros elementos técnicos.

Reacciones de los diputados

El presidente de la instancia, diputado Tomás Hirsch (IND), sostuvo que “no hay ningún sesgo político”. De tal modo, recordó otros invitados que han asistido a la instancia, más allá de las personas que participaron de la licitación. Junto a ello, anunció que, para la próxima sesión están convocados los representantes del consorcio Associated Universities Inc., quienes se adjudicaron la propuesta.

El diputado Luis Rocafull (PS) indicó que es un tema que tiene que ver con darle tranquilidad a la comunidad. “Estamos hablando de una cantidad inmensa de recursos, US$193 millones, que son dineros públicos”, enfatizó.

Asimismo, el diputado Jaime Tohá (PS) resaltó que los productos que van a salir de este proyecto son importantes. En tal perspectiva, estimó que deben centrarse en el rol de las universidades nacionales y en cómo van a quedar una vez terminado este proceso.

La entrada Pablo Terrazas (Corfo) defendió ante diputados el proceso de licitación del Instituto de Tecnologías Limpias se publicó primero en Empleos Minería.

La instancia ahondará en la existencia de adulteraciones de información, según señalan desde el organismo parlamentario.

También determinará responsabilidades de los funcionarios involucrados en la mala gestión y prácticas irregulares en la administración de la empresa. Entre las tareas de la comisión evaluadora se encuentran:

–Fiscalizar los actos del gobierno y cualquier órgano estatal encargado de revisar el accionar de Enami.

-Revisar los balances generales y demás estados financieros de la empresa debidamente auditados de los últimos cinco años.

-Indagar en las consecuencias y perjuicios económicos que las falencias e irregularidades en la administración han generado en la empresa estatal.

–Conocer el estado actual de las denuncias administrativas y judiciales que pudieran existir en esta materia.

Denuncias

En los antecedentes de la solicitud se explica el origen de la creación de esta instancia. Se da cuenta de cuestionamientos por la mala administración e irregularidades de gestión que han afectado los resultados financieros de la empresa.

En particular, el texto menciona a la Fundición Hernán Videla Lira, en la Región de Atacama, por graves falencias en el cumplimiento de la normativa medio ambiental.

La comisión investigadora tendrá 90 días para realizar su cometido.

La entrada Enami: Comisión investigadora analizará posibles irregularidades de gestión se publicó primero en Empleos Minería.

La nueva instancia se deberá abocar, entre otras materias, a investigar las actuaciones referidas a las bases de licitación, su regulación, plazos y su cumplimiento, evaluación de ofertas, toma de decisiones, adjudicación y transparencia de los procesos.

Para el cumplimiento del propósito, la referida comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

Antecedentes del proceso

En la petición entregada por los solicitantes se recuerda que Corfo licitó la conformación y operación del citado Instituto para canalizar los aportes anuales que deriven del contrato asumido entre la entidad estatal y la empresa SQM Salar S.A. y que deben ser derivados para investigación y desarrollo.

De dicho proceso de licitación, se agrega, resultó como ganadora la propuesta de un consorcio conformado por universidades estadounidenses y cuatro universidades chilenas, denominado AUI, resultado que no estuvo exento de cuestionamientos por parte de la comunidad científica chilena y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

Según se explica en el texto, los detractores de la resolución acusaron que la evaluación no se ajustó a los estándares requeridos, dado que la decisión no fue adoptada por los evaluadores titulares, sino por suplentes. Además, se sostuvo que hubo cambios antojadizos en las bases de licitación que no fueron notificadas a las partes y que favorecieron al ganador.

Cuestionamientos a la adjudicación

Esta no es la primera vez que se cuestiona la viabilidad e idoneidad del proceso.

El pasado 3 de febrero las principales universidades de Chile, que forman parte del consorcio ASDIT – segundo en competencia- presentaron un recurso de protección con el fin de suspender la adjudicación del ITL, argumentando que la Comisión Evaluadora de Corfo no consideró las recomendaciones de los 3 expertos internacionales independientes que dieron la mayor puntuación a la postulación del consorcio ASDIT; no se sumaron los aportes pecuniarios y valorizados otorgados por el proyecto Solar Bridge, informado por ASDIT en su momento; sumado al hecho que se modificaron los criterios de evaluación pocos días antes del vencimiento del plazo para presentar las propuestas, entre otras irregularidades.

ASDIT, agradeció el apoyo transversal otorgado por la Cámara de Diputadas y Diputados, y solicitó la mayor colaboración posible para esclarecer los hechos. “Para todos los que somos parte de este ASDIT ha sido un año arduo de trabajo, donde creemos firmemente con el análisis hecho que presentamos  la mejor propuesta, y que cumplimos y superamos todos los criterios de selección. El ITL permitirá a todos los chilenos aprovechar las condiciones únicas de la Región de Antofagasta y crear, junto con los actores locales, una nueva industria sustentable que transformará la estructura productiva y la calidad de vida del norte de Chile y del país. La decisión sobre quien lidere este importante centro de I+D debe contar con el apoyo y participación transversal de todos los actores nacionales e internacionales que permitan convertir a Chile en líder mundial en energías renovables y minería sostenible”, sostuvo la organización que agrupa a la Asociación de Industriales de Antofagasta, y a diversas universidades del país, centros tecnológicos internacionales además de empresas mineras y energéticas.

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En el texto se establece que Corfo no fiscalizó el debido cumplimiento de las rentas de arrendamiento de sus pertenencias mineras y que hubo negligencia por parte de diversas entidades estatales respecto a la extracción, exportación y sustentabilidad ambiental en la explotación.

Esta ausencia de control es tal, que al menos hasta el año 2015 no hubo control ni una trazabilidad adecuada en el Servicio de Aduanas, respecto a lo que efectivamente se exportó como litio desde el lugar en cuestión.

El presidente de la comisión investigadora, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, explicó los alcances de la negligencia estatal que consigna el informe de mayoría aprobado en la instancia.

“Se establece la negligencia estatal en la fiscalización del litio respecto de diversos órganos”, manifestó.

Sobre los términos del contrato entre Corfo y SQM, el diputado Pablo Vidal cuestionó que la opción adoptada por la corporación estatal haya sido una ampliación, cuando los efectos ambientales de aumentar la cuota de extracción en favor de Soquimich hacían exigible un nuevo estudio de impacto ambiental y, por lo tanto, un nuevo contrato entre ambas partes.

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“Muchas de esas nuevas materias debieron haber sido sometidas a un nuevo contrato”, sostuvo.

Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional Francisco Eguiguren señaló que el apuro en la firma del nuevo acuerdo, durante el gobierno anterior, se explica por la intención de terminar rápidamente con investigaciones judiciales por el financiamiento ilegal de la política y varios hechos de corrupción protagonizados por la minera no metálica.

“Se quiso tapar a gente, se quiso tapar información que se relacionaba con todo el negociado”, acusó.

Pero la diputada radical Marcela Hernando, aunque reconoció que el informe sostiene diferencias respecto a las responsabilidades políticas -que finalmente no se consignan en el texto-; destacó que existe consenso global entre los integrantes de la comisión respecto a que Corfo no tiene las capacidades ni las competencias para fiscalizar el cumplimiento de los contratos.

Además de sus conclusiones, la instancia elaboró una serie de propuestas que apuntan, principalmente, a mejorar los procesos de fiscalización del cumplimiento del acuerdo entre SQM y Corfo, para lo cual plantean solicitar al Presidente de la República que ordene reinstaurar el Comité de Minería no Metálica.

Además, la creación de una mesa de trabajo permanente entre las comunidades indígenas y los organismos fiscalizadores para el debido cumplimiento de las normas legales por parte de las empresas que explotan el Salar de Atacama.

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