Al cierre de esta edición, los trabajadores hacían un positivo balance de la movilización, la que habría contado con gran adhesión por parte de los trabajadores, todo esto luego de que la empresa anunciara el despido de 120 personas, situación que fue interpretada como represalia y amedrentamiento por parte de los funcionarios, luego de los 44 días de huelga que estuvieron a comienzos de año.

“Estamos muy orgullosos como organización de la unión y fuerza que han demostrado las bases, el compromiso y confianza con el sindicato es nuestra mayor herramienta”, dijeron desde la agrupación sindical.

Desde la administración de la compañía -propiedad en un 55% de BHP-, aseguraron que a pesar del paro, la faena continuó operando, aunque las tres plantas concentradoras que mantiene la faena funcionaron a menor capacidad, al igual que otras áreas de la mina.

Según fuentes, la empresa habría echado mano a trabajadores contratistas para suplir a aquellos funcionarios que se encontraban en paro.

El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida, Marcelo Villaplana, dijo que “la compañía ha focalizado sus esfuerzos en garantizar que los trabajadores puedan acceder a sus lugares de trabajo en un ambiente de respeto, acorde a nuestros valores y velando por la seguridad e integridad de las personas”.

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La protesta se dividió en dos fases: un grupo marchó por Iquique y otro se manifestó en un “paro de brazos caídos” en las instalaciones de Collahuasi. Tras la movilización, la firma ordenó el despido de 31 operarios. Dos recibieron indemnización y otros dos fueron reincorporados. Los 27 restantes presentaron una demanda en el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique contra la minera, buscando impugnar la desvinculación.

La compañía calificó el paro de “ilegal” por no enmarcarse en una negociación colectiva reglada y esgrimió que la paralización significó “un grave daño” en las faenas. Los trabajadores, en tanto, tildaron el despido como una “represalia arbitraria y selectiva”, pues por una parte, no reconoció la plena validez del ejercicio del derecho a huelga más allá de la negociación colectiva y por otra, no se sancionó a todos los involucrados en la movilización.

En abril de este año el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique falló a favor de los operarios y decretó reintegrar a los afectados o indemnizarlos si rechazan la reincorporación. Collahuasi desestimó la resolución e interpuso un recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones de Iquique.

El abogado de la firma, Florencio Bernales, de Cariola Diez Pérez-Cotapos -que también defiende a los ex ejecutivos de LarraínVial Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz en el marco del Caso Cascada ante el Tribunal Constitucional (TC)-, encargó durante el proceso de segunda instancia un informe en derecho al abogado y profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica Sebastián Soto, denominado: “El derecho a huelga y la imposibilidad de ejercerlo fuera del contexto de la negociación colectiva”.

En el escrito de cuatro páginas, Soto dice que no puede alegarse que la paralización llevada a cabo por los demandantes esté protegida por el ejercicio legítimo de un derecho. Arguye que los derechos fundamentales, como es el caso de la huelga, no son absolutos y se encuentran sujetos a límites y regulaciones que, en la medida que no lo afecten en su esencia, son perfectamente legítimas.

“Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con diversos derechos reconocidos (constitucionalmente) en la garantía del debido proceso, en la libertad de cultos, en la libertad personal y seguridad individual, en el derecho a sindicarse y en el derecho de asociación. El ejercicio de estos derechos y libertades sólo puede efectuarse en conformidad a la ley”, dice el informe.

Sobre la base de ese planteamiento, Soto complementa: “Es esto lo que ocurre con el derecho a huelga. El ejercicio de este derecho también está sometido a ciertas limitaciones que regula la ley y que, sea para proteger ciertos intereses generales o sea para proteger los derechos de terceros, el legislador ha determinado con precisión en el Código del Trabajo” y la Constitución.

A lo anterior, añade que variada doctrina ha desarrollado la tesis de que el derecho a huelga está íntimamente vinculado con la negociación colectiva, “por lo que es imposible ejercer la huelga sin que ésta vaya ligada a negociación colectiva”.

El texto concluye que la tesis que se decretó en el fallo de primera instancia, que considera que el ejercicio del derecho a huelga tiene una preeminencia o jerarquía al ejercicio que corresponde a los titulares de los otros derechos en juego, “no es admisible en nuestro marco constitucional”.

Precedente

El caso de Collahuasi es similar al “paro de brazos caídos” que se realizó fuera de la negociación colectiva en Actionline, que finalmente fue validado por la Corte Suprema.

[El complejo 2017 para las mineras: Escondida, Chuquicamata y Collahuasi enfrentarán a sus sindicatos]

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– ¿Cuál es su evaluación de las indicaciones del gobierno a la reforma laboral?

– Las indicaciones se hacen cargo de puntos que desde el movimiento sindical se habían planteado. En ese marco, el gobierno recoge el planteamiento que se hizo, eso es saludable porque ha habido disposición a escuchar a aquellos que han estado disponibles al diálogo sin presiones, ni amenazas. El documento se hace cargo de eliminar lo que denominábamos como la criminalización de la actividad sindical, también en materia de conceptualización de la huelga se avanza, se termina la huelga con apellido pacífico, se acota aún más la definición de servicios mínimos y se reconoce el derecho esencial a la huelga. Luego, en la excesiva injerencia de la Dirección del Trabajo en el proceso de negociación colectiva, se elimina gran parte de los arbitrajes y se resguarda en las empresas que no tienen derecho a huelga y en casos puntuales como reanudación de faenas. En las mediaciones, se mantiene lo que existe hoy, es decir, mediación voluntaria como los buenos oficios.

También mejoró otros aspectos como la negociación interempresa, incorporando el derecho de los dirigentes sindicales interempresa a participar en las negociaciones colectivas, y repone el silencio positivo del empleador (…)

– ¿Hay pendientes?

– Siguen quedando pendientes cuatro temas. Uno tiene que ver con los servicios mínimos, donde avanzamos pero aún nos parece que es perfectible la redacción. Esperamos que el Ejecutivo se abra a recoger lo que puedan plantear los parlamentarios en sus indicaciones, ahí se puede hacer más restrictivo el concepto de servicios mínimos. Vamos a insistir en que se eliminen los pactos de adaptabilidad laboral, que es un debate atemporal dentro de proyecto de fortalecimiento sindical y negociación colectiva; e insistiremos en un punto donde tenemos la mayor distancia con el Ejecutivo, que es el debate sobre la reajustabilidad del piso.

Hemos propuesto el reconocimiento de la reajustabilidad del piso en base a IPC y hemos dicho que si eso se acuerda entre las partes, no puede ser que el Estado imponga que no puede haber piso.

También vamos a insistir en el tema de la negociación por confederación, que si bien lo valoramos este proceso debe ser vinculante y, por lo tanto, haya obligatoriedad del empleador de dar respuesta ante una presentación de contrato colectivo por parte de una federación.

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– ¿Compensa que se haya repuesto este tema en lugar de la negociación ramal?

– Hay que distinguir dos cosas: una, es cuál es el tipo de negociación, la cual puede ser sectorial, ramal o negociaciones nacionales que escapen al nivel de la empresa. Uno supone que lo que debe ocurrir en cualquier legislación que busque ponerse al día con las recomendaciones internacionales, es que estén garantizados todos los niveles de negociación para los trabajadores, desde la empresa hasta niveles superiores. Eso hasta ahora el proyecto no lo garantizaba, porque al reformar todo el Libro IV se eliminó aquello que en los ’90 se consagró siendo René Cortázar ministro del Trabajo, que era el procedimiento especial de negociación para confederación, era un reconocimiento tácito de que los trabajadores tenían posibilidad de negociar en distintos niveles.

El debate que enfrentamos hoy no es que el Estado prohiba niveles de negociación, sino que quienes son sujetos de ella.
Hoy avanzar en la negociación de federación es poner rostro a una negociación supraempresa, por eso vamos a insistir en que este nivel de negociación debe ser garantizado.

“Presión indebida”

– ¿Cómo ve las críticas de los privados a la reforma?

– Sin duda, un proyecto como este va a generar incertidumbre mientras esté en el debate. Cuando ya se cierre y tengamos reglas claras, la incertidumbre se acabará.Pero eso no es producto de los temas que el proyecto toca, es producto del mismo debate.

Probablemente, la reforma tenga más cambios en el proceso legislativo.

Es un debate de poca sustancia el que hace el empresariado, porque a través de sus planteamientos está imponiéndole al Ejecutivo que no haga lo que él comprometió (…), en el fondo es una presión indebida.

Uno puede tener matices en el debate, pero no puedo pretender decirle a un gobierno que no cumpla su palabra, esa es la peor señal que podemos darle al país, eso escapa a cualquier criterio de realidad, sobre todo hoy donde la desconfianza se ha transformado en la jerarquía, donde todos cuestionan la legitimidad de los actores.

Tengo muy claro que aun siendo representativa la coordinadora del sector empresarial, también hay otros actores del mundo empresarial que no comparten estas posiciones. Roberto Fantuzzi ha sido claro en señalar que no podemos taparnos los ojos ante un debate que ya no resiste, el propio Andrés Navarro -no sé si por convicción o conveniencia- declaró que la huelga es huelga sin reemplazo, sino no hablamos de huelga. Espero que estas otras posiciones también puedan primar.

Así como el empresariado tiene muchos recursos para sacar videos, hacer seminarios en lugares muy onerosos, nosotros de forma más modesta, pero no menos poderosa, tenemos la estrategia que nos ha permitido avanzar hasta este punto. También vamos probablemente a avanzar con más fuerza en el camino movilizador. En ese marco, está el respaldo que dimos a la movilización convocada por la CTC, los portuarios, la construcción y otros, por cierto que nosotros haremos el esfuerzo por convocar a un gran 1 de mayo, porque sabemos que ante la ofensiva económica de grupos de poder como el empresariado lo que nosotros tenemos es la fuerza organizada, y ante eso nuestra respuesta será con movilización.

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Ayer este grupo, que ha conformado una plataforma sindical ah doc para analizar y defender sus puntos frente a la reforma laboral, presentaron reparos a la iniciativa y criticaron el poco tiempo que asignó dicha comisión a las audiencias. De hecho, en su declaración señalaron que “nos encontramos con un proyecto que no cumple con la promesa de terminar con los lineamientos formulados por el Plan Laboral”.

“El proyecto de reforma laboral, tal como está formulado hoy, no refunda ni supera el Plan Laboral (de 1979), sino que lo mantiene y en otros casos profundiza su injusticia. Ello se explica porque los trabajadores no participaron de su confección, no se consideraron sus propuestas, y muchos ni siquiera serán escuchados en la Cámara de Diputados antes que este proyecto se empiece a votar. Si este proyecto no se lleva adelante con los trabajadores, ¿qué intereses serán entonces los que el Gobierno considerará?”, señaló la carta de las organizaciones.

[Blanco detalla algunos puntos que el Gobierno está dispuesto a revisar en la reforma laboral]

Durante el encuentro, los gremios analizaron la posibilidad de llegar a una movilización nacional, la que podría desarrollarse a fines de marzo, antes que la iniciativa comience a ser discutida en particular.

Así lo confirmó el dirigente de la Unión Portuaria, José Agurto, quien dijo que “en algún momento, de no haber acuerdos (con el Gobierno), tendremos que hacer una movilización nacional, porque es la única forma de ser escuchados en este país”. Cabe consignar, que estas son organizaciones de sectores estratégicos en la economía del país.

Una señal de alerta la dieron ayer los trabajadores portuarios, que paralizaron sus actividades por más de tres horas en rechazo del proyecto de ley impulsado por el Gobierno. “Esto es una advertencia de que no aceptaremos más que nos “bypaseen”, que sólo nos consideren cuando requieren nuestros votos, pero no cuando queremos expresar nuestra opinión y esta sea realmente considerada. Si los políticos insisten en esa forma de hacer las leyes, a puertas cerradas, en cocinas, esto se pondrá peor”, indicaron desde la Unión Portuaria.

Puntos de la discordia

Entre los principales reparos manifestados por esta plataforma sindical, se encuentra el hecho de que no se haya considerado la negociación ramal. En este sentido sostienen que “(el proyecto) mantiene intacto el núcleo fundamental del Plan Laboral, que margina de la negociación colectiva a más del 50% de trabajadores del país que laboran en empresas en que no se reúne el quórum para constituir sindicatos y que sólo con una negociación por rama podrían quedar bajo la cobertura de un contrato colectivo”.

En cuanto a la adaptabilidad laboral, aseguran que el hecho de que el proyecto permita pactar jornadas laborales que hoy no están en la legislación, “sólo aumentará la precarización laboral”.

Un tercer punto es el de servicios mínimos. Acá rechazan la obligación otorgada a los trabajadores a reemplazarse entre ellos, proporcionando al empleador equipos de emergencia para atender “servicios mínimos” que garanticen la continuidad de la empresa. Además, critican la facultad de los tribunales de poner término a la huelga, ordenando la reanudación de faenas.

Al mismo tiempo, se oponen a las nuevas atribuciones de la Dirección del Trabajo, tanto por las mediaciones y sistema de arbitraje, como por la calificación de servicios mínimos. “Se complejiza aún más la negociación colectiva, se crean nuevas etapas y se promueve una excesiva intervención de la Dirección del Trabajo, llenando de obstáculos la acción sindical”, sostienen.

Y por último, rechazan las sanciones en materia sindical contempladas en el proyecto.

En los próximos días, este grupo de organizaciones sindicales se volverá a reunir para definir estrategias al corto plazo y buscar participar con indicaciones, a través de los diputados Boric y Jackson, en una nueva etapa en la discusión de la reforma laboral.

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Tras las declaraciones de la ministra Javiera Blanco en un seminario de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), donde dejó abierta la posibilidad de que el empleador negocie individualmente con los trabajadores no sindicalizados, sin especificar en qué materias, el malestar por la poca claridad en el contenido último de la reforma laboral fue generalizado en la multisindical.

En el último encuentro entre la CUT y los asesores técnicos de Trabajo, realizado hace dos semanas en la sede de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), los dirigentes de la Central plantearon que no esperarán más allá de noviembre para la presentación de la reforma laboral en el Congreso, dando un ultimátum al gobierno.

De acuerdo a lo señalado por fuentes al interior de la multisindical, en las últimas reuniones entre las partes, desde Trabajo se reiteró que el envió del proyecto al Congreso sería durante la última semana de noviembre.

Sin embargo, el silencio de las autoridades y la falta de cumplimiento hasta ahora del gobierno, que en un principio se había comprometido a  enviar  la reforma en octubre – así quedó sellado en el acuerdo por salario mínimo – tiene en estado de alerta a la CUT.

Según plantean en la multisindical, el mutismo de las autoridades tras el impasse de la UAI ha  generado “suspicacias”, por lo que han pedido al gobierno aclarar algunos puntos que se han dado “por ciertos” en las citas privadas que han sostenido las partes y que hoy desatan dudas.

En este contexto, en el consejo nacional de octubre, la multisindical acordó desarrollar un nuevo encuentro, que se llevará a cabo la próxima semana, para definir la estrategia en torno a la reforma laboral.

Según indican, no se ha descartado ninguna alternativa de presión, por lo que se está pensando en un paro nacional y en más de una movilización para diciembre, de no cumplirse la palabra del Ejecutivo. Así lo afirman fuentes de la multisindical, quienes dicen que “no se ha descartado ninguna medida de presión”.

Además ,señalan que existe molestia por el retraso que ha tenido la reforma respecto al compromiso original, y señalan que “lo que se está percibiendo al interior de la CUT es que el gobierno está más preocupado de cumplirle a los empresarios que a los trabajadores”.

Preocupaciones

Las inquietudes ya están instaladas en la CUT. Según fuentes del proceso, en la última cita CUT – Trabajo, los asesores de la cartera habrían asegurado que ya se habían fijado algunas definiciones, entre ellas, que como parte de la titularidad sindical se prohibiría al empleador extender los beneficios ganados por el sindicato a trabajadores no pertenecientes a la entidad.

Sin embargo, los dirigentes de la CUT aún mantienen dudas al respecto.

Pero hay otros puntos que rechazan rotundamente, lo que los llevaría a bajar su respaldo a la reforma.

En su última intervención pública en la UAI, la ministra Blanco descartó modificaciones al artículo 384 relacionada con las empresas estratégicas. Esto ha generado rechazo en la CUT, pues indican que no permitiría el derecho huelga efectivo y se estaría discriminando a unos trabajadores sobre otros.

“Si ello no está incorporado en el proyecto (modificar la norma sobre empresas estratégicas), no respaldaremos la reforma”, adelanta una fuente de la CUT.

Asimismo, hay otro punto que la autoridad ya definió no incorporar en la reforma y que es una demanda de la multisindical, como  es la negociación por rama. Esto también llevaría a los dirigentes sindicales a rechazar la iniciativa que envíe el gobierno al Congreso.

Base del proyecto

Durante la redacción del proyecto el  Ministerio del Trabajo está buscando la vía más expedita para que la reforma ingrese al Congreso con el mayor acuerdo posible.

Si bien los representantes de trabajadores y empresarios dicen que es imposible llegar a acuerdos en esta materia, desde el gobierno señalan que hay un protocolo firmado en 2012 y ese será la base para tratar de alinearlos.

Es así como desde Trabajo ya definieron establecer un porcentaje de representatividad a los sindicatos para obtener derechos colectivos. Según el acuerdo de voluntades entre la CUT y la CPC, se establece un 65% de afiliados de la empresa para poder ampliar las materias de negociación colectiva.

También respecto a pisos mínimos en la negociación colectiva se seguiría el criterio del acuerdo. “Se ha expresado la voluntad de establecer que la respuesta de la empresa a la propuesta de contrato colectivo presentado por los trabajadores, atendidas las circunstancias en que se encuentra la empresa, debiera mantener las condiciones de la anterior negociación colectiva”, dice el documento 2012.

En cuanto a la eliminación de los grupos negociadores para dar titularidad sindical, también se basarían en la evidencia del documento CPC – CUT.

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