En diálogo con El Tribuno, Fernanda Fraga, vicepresidenta de la Cámara de Minería de Salta (CMS), consideró «desacertado» el proyecto del Gobierno nacional. «Los tres países cuentan con legislación y condiciones de desarrollo que, por lo menos, son dispares. Argentina es de los tres países el que tiene mejor posición con miras al futuro. Pudiendo convertirnos en el segundo productor en el mediano plazo. Las condiciones en Chile no son las mejores y en Bolivia pasan las décadas sin avances», argumentó.

En Argentina se encuentran los cancilleres de Bolivia, Rogelio Mayta, y de Chile, Antonia Urrejola, quienes han estado en reuniones con Santiago Cafiero, en el marco de la reunión de cancilleres de la Celac. Allí se plantearía la conformación de la organización de países exportadores de litio en un documento que luego será analizado por los presidentes de los tres estados. Entre los puntos que tendría el acuerdo, según informó diario La Nación, es acordar en temas como producción, buenas prácticas y, sobre todo, en el precio de exportación del mineral.

En las tres administraciones provinciales, Salta, Jujuy y Catamarca, no cayó bien la noticia. Están muy conformes con los avances que lograron en los últimos años y con la puesta en marcha de la mesa tripartita del litio.

Próximamente, se esperan fuertes pronunciamientos oficiales por la intención del Gobierno de aliarse entre, Argentina, Chile y Bolivia por el litio.

Fraga, además, encendió otra alarma: «Entiendo que esto supondría un avance sobre las provincias, sus derechos y sus oportunidades de futuro. Resulta difícil para aquellos que desde las provincias trabajamos arduamente para producir, exportar y desarrollar el interior profundo».

Cuestionó que en los dirigentes «la ideología pese más que años de esfuerzo en construcción de políticas públicas, de un sector maduro, de una fuerza laboral con el ‘know how†necesario para llevar esto a cabo y todo pueda perderse con una sola firma».

El mes pasado, el Consejo Económico y Social de Salta, al rechazar el proyecto de ley de humedales, había pedido que se respeten las competencias propias de las provincias. Son justamente las jurisdicciones locales las que cuentan con la información y conocimiento suficiente para proteger sus territorios.

«Necesitamos que aquellos que dicen representarnos tengan la responsabilidad necesaria para no seguirnos postergando, que se acuerden de las ciudadanías locales y sus derechos. Derechos como el que está consagrado en nuestra Constitución: tener la postestad sobre los recursos naturales», agregó Fraga.

El mes pasado el sector minero también expresó un fuerte rechazo al proyecto de ley de humedales, que atenta contra las posibilidades productivas. Destacaron la autonomía constitucional de las provincias en cuanto a la administración de sus recursos naturales y la regulación en materia ambiental, y advierte que «ve vulnerada en varios de los proyectos en tratamiento».

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