La denominada Comisión Minería y Desarrollo de Chile, que logró protagonismo al unir al ex Presidente Ricardo Lagos y al empresario minero Jean Paul Luksic, entre otros, está avanzando en la definición del comité público-privado que se creará para estudiar y hacer realidad las medidas que permitirían que al 2035 el país pueda producir de manera constante 8,5 millones de toneladas de cobre al año, que se generen US$ 10 mil millones por envíos de bienes y servicios asociados a la minería y desarrollar, al menos, 250 firmas proveedoras mineras de clase mundial.

Para el Ejecutivo, esta instancia de colaboración es esencial. En la cena anual del Consejo Minero, realizada el martes pasado en CasaPiedra, la Presidenta Bachelet destacó la conformación de esta instancia, resaltando que este trabajo en conjunto permitirá acordar principios y generar senderos claros que tendrán pertinencia y legitimidad.

Por eso es que la Mandataria ha acogido la propuesta de crear dicha instancia. “Esperamos que de ahí surja una propuesta de estándares de conducta. Es decir, prácticas concretas para todos los actores de la minería en materias complejas, como es el entorno laboral, productivo, social y ambiental”, dijo.

La meta del gobierno es que este sector productivo, que aportó el 11% del PIB durante 2014 y que generó más de 54% de las exportaciones totales en 2014, pueda desarrollar sus proyectos en armonía con la comunidad.

“Desarrollar la minería que queremos para Chile requiere que tengamos un sentido de urgencia, pero que trabajemos con responsabilidad y pensando en el largo plazo. Es un esfuerzo sostenido y transversal, sin colores políticos, que debemos iniciar cuanto antes y en el cual todos debemos realizar aprendizajes. La contribución que pueden hacer las grandes empresas mineras es jugársela por nuevas inversiones, innovación y sustentabilidad, y mejor vinculación con las comunidades”, sostuvo Bachelet.

La Mandataria añadió que se pueden realizar “buenos proyectos en lugar de judicializaciones”, si las mineras garantizan la participación y el diálogo temprano, informado y simétrico, con incidencia en los distintos niveles de la toma de decisión y con integración y con identificación en torno a los proyectos. “La minería moderna debe comprender que mejores relaciones con la comunidad, a tiempo, reduce los costos de transacción y que ya no se puede ser productivo allí donde falta legitimidad social”, planteó.

Quiénes están detrás

Para avanzar en las tareas, el comité, que hoy está elaborando las bases legales para constituirse, espera comenzar a trabajar en marzo próximo. Mientras se define la institucionalidad que tendrá el comité público-privado, donde se baraja la figura de una fundación, este grupo tendrá una directiva provisoria que estará integrada por los ministros de Economía, Luis Felipe Céspedes, y de Minería, Aurora Williams; el presidente del Consejo Nacional de Innovación, Gonzalo Rivas; el ex Presidente Ricardo Lagos y los presidentes de Codelco, Oscar Landerretche; Antofagasta plc, Jean Paul Luksic; Edgar Basto, por BHP Billiton, y Hennie Faul, por Anglo American.

Además, tendrá representantes sectoriales de las carteras de Medio Ambiente, Desarrollo Social y de la industria proveedora de servicios para la minería. Esa fue una de las primeras decisiones que tomaron los ejecutivos mineros con Rivas el miércoles pasado, en la primera cita que se realizó para coordinar el trabajo futuro.

Se espera que en esta nueva directiva, el ex presidente de TVN Mauro Valdés tenga un rol protagónico, de la mano de su nuevo cargo en Corfo, como presidente del programa minero. Este rol marcaría el regreso de Valdés al mundo minero. Antes de llegar al canal estatal, el ejecutivo estuvo ocho años en la minera BHP Billiton como vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunidades, e integrante del comité ejecutivo de la división de Metales Base de la minera anglo-australiana.

Pero su historia con la minería es antigua. Entre 1999 y 2002, Valdés fue gerente general del Consejo Minero y luego miembro del comité ejecutivo de la entidad.

Otro personaje que destaca para tener un rol relevante en este consejo es el ex ministro secretario general de la Presidencia en el gobierno de Lagos, Alvaro García. El también ex ministro de Economía en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle escribió el borrador del documento que surgió en la comisión que antes convocó Lagos y que culminó con un documento que fue entregado a la Mandataria en junio del año pasado.

En ese comité también estaban empresarios -entre ellos Jean Paul Luksic- e integrantes del mundo sindical, ambiental y de ONG. El grupo centró su análisis en crear una minería que sea virtuosa, sustentable e inclusiva.

Rol de las comunidades

Una de las tareas más ambiciosas del nuevo grupo es el fortalecimiento de las relaciones con las comunidades. Esta es una de las metas primordiales de los convocados. Además de confeccionar los estándares de comportamiento solicitados por la Presidenta Bachelet, también se quiere avanzar en mejorar la aplicación de la consulta indígena.

El informe entregado en diciembre pasado señala la necesidad de crear una institucionalidad especializada en el tema de pueblos originarios, donde, además, se incorpore a expertos de distintos pueblos o gente que hable el lenguaje y que entienda su cultura. Para conocer esta experiencia, dentro de las propuestas está realizar un ensayo piloto con el pueblo atacameño, con el objetivo de conocer los retos que plantea el diálogo intercultural.

“La experiencia podrá, entonces, replicarse en otros pueblos que enfrentan situaciones semejantes”, señala el informe.

El representante del pueblo atacameño Rolando Humire, quien también integra la Comisión Minería y Desarrollo de Chile, explica que la idea de empezar conociendo la experiencia de este pueblo originario se debe a la trayectoria de colaboración que ha tenido con el Estado desde siempre y por la unión que existe al interior del pueblo atacameño, situación que no ocurre con otros casos, como el mapuche, según afirma.

“Cada pueblo debe tener la oportunidad de reunirse y demostrar su postura en este tema”, dice Humire. Esto, porque precisa que si bien el plan contempla empezar a analizar la experiencia de este pueblo, no servirá como modelo para el resto. “Las realidades son heterogéneas”, sostiene.

Otro de los puntos que destaca de esta instancia es la señal que se está dando de intentar avanzar para que este sector también se beneficie del progreso que significa la construcción de nuevos proyectos.

“Las mineras saben que si las cosas se siguen haciendo igual, esto no va a cambiar. Por eso hay que conversar y generar las confianzas, pero eso hay que hacerlo desde el inicio, desde la idea del proyecto. Podemos hacer un due dilligence y empezar a generar relaciones exitosas con asociatividad”, explica el vocero.

Pero junto con estas experiencias se espera, además, fortalecer el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), ya que se quiere evitar que haya una especie de congelamiento de los procesos mientras se crea la nueva institucionalidad. “Tengo claro que hay un proceso de implementación y de fortalecimiento de lo que significa la consulta en el marco del Convenio 169 que corre por un carril. Pero, entremedio, el tiempo no se detiene”, explica Rivas.

Para eso, el informe plantea que es necesario acelerar el perfeccionamiento y fortalecimiento del SEA. “Es necesario un progreso que evite la discrecionalidad, aumente la eficiencia y que se sustente en capacidades reales de fiscalización y control”, indica el texto.

Junto con eso, otro de los ejes del trabajo del comité durante este año será la creación de dos proyectos colaborativos en temas de investigación, desarrollo e innovación por parte de las mineras. También se buscará sumar al menos tres nuevas mineras, además de Codelco y BHP Billiton, para apoyar a proveedores sofisticados de la minería y preparar las bases para que en 2016 empiecen a reclutarse los nuevos investigadores en ciencias y tecnologías, de manera de lograr la meta de subir de 330 a 600 el número de expertos en cuatro años y a unos 1.000 en la próxima década.

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Víctor Hugo Puchi – Presidente de AquaChile

“Hay señales contradictorias; la misma situación de la ley laboral. Aquí hablo del reemplazo en huelga. Nuestra industria trabaja con perecibles y con normas medioambientales que tenemos que respetar”.

Roberto Angelini – Presidente de Empresas Copec

“El 2015 será bueno en términos económicos. Puedo hablar por nosotros, que saldremos adelante con nuestros proyectos. Las medidas de reactivación son buenas y no hay que parar de trabajar”.

Juan Eduardo Errázuriz – Presidente de Sigdo Koppers

“La reactivación es más posible a fines de 2015 ó en 2016. Pero lo más importante es que se destraben los proyectos de energía. Si tenemos energía barata y competitiva, vamos tener inversión en minería”.

Alfonso Swett Saavedra – Presidente de Forus

“Han habido una serie de reformas y no sabe uno cómo se va a reaccionar. Creo que lo que se espera para el próximo año es una incertidumbre muy grande”.

Richard Von Appen – Presidente de Ultramar

“Hay muchas palabras y buenas intenciones pero necesitamos planes concretos. Para mi lo primordial es la infraestructura. En carreteras, aeropuertos y en puertos también por supuesto”.

Felipe Larraín – Presidente de Aguas Andinas

“Las medidas de la Presidenta van en el sentido correcto. Siempres es bueno que se adopten estas medidas para reactivar la economía cuando pasa por momentos difíciles”.

Juan Clavería – Country manager GDF Suez

“Durante el primer semestre de 2015 debería haber un alza de la economía. Esto fundamentado en las medidas que se están tomando y en eventuales proyectos que podrían partir a finales de este año o a principios del otro”.

Jorge Rodríguez – Gerente general de Alto Maipo

“El próximo año podríamos hablar de reactivación si se cristalizan las medidas (anunciadas por Bachelet), principalmente las relacionadas con la reactivación de proyectos”.

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Después de que la Presidenta Michelle Bachelet retomara la agenda en su discurso del 21 de mayo y el ministro de Obras  Públicas, Alberto Undurraga (DC), asumiera la coordinación del trabajo prelegislativo de la modificación “sustantiva” del Código de Aguas, distintos parlamentarios se han movilizado para reposicionar la necesidad de que el consumo humano del recurso sea prioritario, sobre todo en las zonas de sequía.

Si bien la demanda, que va desde una reforma constitucional para que se consagre como “derecho humano” y se derogue el artículo que permite sobreotorgar sus derechos a privados, para “nacionalizar” el recurso hídrico, hasta regularizar su uso, todos coincidieron en que es un tema urgente.

“Esta discusión es fundamental, por eso está la idea de armar esta bancada transversal por el agua”, afirmó el diputado DC Patricio Vallespín, miembro de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja.

En su pasada cuenta pública Bachelet apuntó a reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público “en sus diversos estados”. Por eso es que desde el oficialismo surgió la iniciativa del proyecto de ley que busca proteger los glaciares, iniciativa en trámite en la comisión de Medio Ambiente, presidida por el diputado PS Daniel Melo.

Melo es otro parlamentario que se ha sumado al esfuerzo transversal por la demanda del recurso natural. Según él, existen “condiciones y voluntades políticas, de los distintos sectores, para poder converger en una mirada común sobre todo tratando de este recurso estratégico para todos”.

“Hace dos años atrás, en 2011, cree la bancada transversal del agua que reunió a varios diputados”, explica la diputada PPD Cristina Girardi, quien contó que después de esto se convirtió en la comisión permanente de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. Girardi comparte que es necesario transversalizar la agenda y que debiese haber un trabajo conjunto en los proyectos de ley que aborden la materia entre las distintas comisiones de Medio Ambiente, Recursos Hídricos, Agricultura, Obras Públicas y, en algunos casos, Minería.

El tema ha llegado a parlamentarios de Amplitud, incluso de la UDI. Joaquín Godoy afirmó que como movimiento no se han “abanderizado en materias de agua aún”, pero sí “es una discusión que estamos comenzando a tener”. Por su parte, la diputada Andrea Molina afirmó que “hoy estamos con camiones aljibes en muchas de nuestras zonas”, por eso sostuvo que debe “haber un cambio y una solución más de fondo” y que no se “pueden haber entregado y seguir entregando derechos en zonas que están que están declaradas como cuencas acotadas”. Según la parlamentaria, se debe revisar “lo que se entregó y si no corresponde tiene que recuperarse ese derecho”.

“Me parece una excelente iniciativa”, afirmó sobre la bancada transversal el diputado PC Daniel Núñez, quien planteó que para la reforma constitucional que consagre al recurso hídrico como bien de uso público se requerirían más votos que los del oficialismo. Por su parte, el jefe de la bancada DC y miembro de la comisión de Recursos Hídricos, Matías Walker, afirmó que “lo importante es trabajar en una ley concreta y eso es lo que estamos haciendo”.

Sesiones conjuntas en el Congreso.

El próximo lunes 30 de junio, el ministro Undurraga, recibirá a los diputados oficialistas miembros de la comisión de Recursos Hídricos. En la instancia retomarán el trabajo prelegislativo que apunta a modificar el Código de Aguas y la discusión de una eventual reforma constitucional.

Pero adicionalmente, otro mecanismo es discutido para reimpulsar la agenda del agua: realizar sesiones conjuntas de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Hídricos para tramitar proyectos relacionados al tema en la Cámara. “Se está estudiando esta posibilidad y lo hemos conversado con Daniel Melo”, afirmó Lemus.

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