Desde el Tribunal explicaron que con esta audiencia se terminó de recibir la prueba en esta causa, luego de los cual los ministros deberán determinar si dictan medidas probatorias, en caso de existir aspectos dudosos, o bien si dejarán la causa en acuerdo con lo cual comenzaría el proceso de redacción de la sentencia.  

Cabe recordar que el 8 de enero pasado comenzó la audiencia de conciliación, prueba y alegaciones, oportunidad en que se realizó el llamado a conciliación, que se tuvo por frustrado, por lo que se procedió a recibir la declaración de los testigos expertos Rodrigo Montes Aste, Daniel Andrades Soto, Andrés Camaño Moreno, todos biólogos marinos, así como de la testigo simple, Macarena Cuevas Aravena, ingeniera comercial.  

Testimonios pendientes

Durante la audiencia, el tribunal recibió los testimonios de expertos quienes aportaron información técnica y jurídica sobre los componentes ambientales y las posibles afectaciones en la zona, así como la configuración de la presunción de responsabilidad por daño ambiental. 

Así, el testigo experto Benjamín Srain Chávez, Licenciado en Biología Marina y Doctor en Oceanografía, expuso respecto al análisis de los datos de monitoreo y estado ambiental del sector de Punta Patache. Por su parte, declaró también en calidad de testigo experto el abogado y Doctor en Derecho Hugo Botto Oakley, quien expuso su análisis sobre la presunción de responsabilidad por daño ambiental del artículo 52 de la Ley N° 19.300.  

Alegaciones finales

Después de relato de los testigos expertos, se recibieron los alegatos finales de los abogados Ladislao Quevedo, por la parte demandante de las Asociaciones Indígenas y pescadores, y Mario Galindo, por la demandada Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. 

En particular, el abogado Quevedo acusó a la empresa demandada de incumplimientos graves y reiterados de sus obligaciones ambientales, manifestado excedencias persistentes en la contaminación de sedimentos, una disminución del 80% en la biomasa y una reducción significativa de la biodiversidad desde 1994. Sostuvo que informes técnicos y evidencia presentada confirman escapes de material desde el puerto y superaciones en parámetros permitidos, mientras que los datos de la empresa son selectivos y carecen de comparaciones válidas. Además, destacó que la empresa no realizó estudios adecuados ni activó alertas frente a las excedencias, incumpliendo su responsabilidad como sujeto calificado. Invocó la jurisprudencia sobre el entorno adyacente para legitimar la acción de las comunidades cercanas y solicitó que se declare el daño ambiental y que se ordene su reparación material. 

El abogado Galindo, en tanto, argumentó que los demandantes no presentaron testimonios de expertos ni informes técnicos que acreditaran el daño ambiental alegado, y que la prueba documental carece de relevancia al incluir referencias extranjeras sin traducción. Sostuvo que los planes de vigilancia ambiental fueron erróneamente interpretados, ya que no tienen como propósito demostrar daño ambiental, calificando la demanda como especulativa. Además, señaló que no se ha probado el daño ambiental y que no puede presumirse la culpabilidad, ya que no existen infracciones establecidas en sede administrativa ni se han acreditado hechos fundantes que la justifiquen. Reforzó su posición con informes de la Gobernación Marítima y la Superintendencia del Medio Ambiente, que constan en el expediente y confirmarían la inexistencia de incumplimientos o denuncias relacionadas con los hechos del juicio. Por ello, solicitó el rechazo de la demanda con condena en costas. 

Escucha los alegatos finales aquí: Video

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La reunión contó con la participación del Consejo de Pueblos Atacameños y las comunidades de Socaire, Camar y Toconao, parte del borde sur este del Salar de Atacama.

En la oportunidad, la comunidad de Socaire tuvo una intervención preponderante, toda vez que mencionó que las pertenencias mineras, las actividades extractivas y parte de las productivas, se encuentran insertas en sus tierras, característica relevante para el trabajo comunidad-empresas-Estado, razón por la cual han manifestado la necesidad de tener una mayor injerencia en la participación de las medidas y toma de decisión de la ENL que puedan incidir en sus tierras, aguas, recursos naturales y sistemas de vida.

Como respuesta, el Presidente Gabriel Boric se comprometió a visitar la zona y mejorar la gobernanza con las comunidades y así encauzar el trabajo actual, considerando las particularidades de cada territorio. Dijo que “uno se equivoca en la percepción de los espacios y que hay particularidades en un territorio”, además mencionó que la “industria del litio no afecta a todas las comunidades por igual”, lo que exigirá al Estado implementar una mejor gobernanza.

En la ocasión, la presidenta de la Comunidad Atacameña de Socaire (CAS), Sandra Cruz, destacó la postura del Presidente y reafirmó la voluntad de trabajar permanentemente en todos sus ámbitos y con todos los actores, “si el reconocimiento territorial diferenciado es la voluntad y el direccionamiento de la política con los pueblos indígenas, vemos un avance, ahora es relevante trabajar de forma ejecutiva y diligente, de lo contrario, no se alcanzarán resultados en los plazos proyectados”.

Los asuntos exigidos por Socaire son que el Gobierno complemente la ENL garantizando la seguridad hídrica de las comunidades del Salar de Atacama, en particular las aledañas al proyecto para sus usos vitales: Consumo humano y de subsistencia, agricultura, y conservación del ecosistema; que en todos los instrumentos y medidas administrativas que implementen la ENL se aluda a la particularidad de las Comunidades en las que se emplazan las pertenencias mineras y actividades extractivas del litio, considerándose éstas para definir las formas de participación en las medidas y toma de decisión de la ENL que puedan incidir en sus tierras, aguas, recursos naturales y sistemas de vida. Además, en el marco de la Red de Salares Protegidos, que se avance en 2025 en el saneamiento de títulos de las comunidades, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley indígena.

La Comunidad Atacameña de Socaire informó que el Presidente se comprometió a trabajar con los Ministerios de Economía, Bienes Nacionales y Minería en soluciones territoriales pendientes, en favor de una mejor calidad de vida.

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En ella se abordaron diversas preocupaciones del pueblo atacameño en relación a la extracción de litio en la zona; asumiéndose así diversos compromisos de trabajo colaborativo con miras a concretar un mejor vivir.

En la cita, encabezada por el Mandatario, también participaron la ministra de Minería, Aurora Williams; la ministra de Ciencias y Tecnología y ministra (s) secretaria general de Gobierno, Aisén Etcheverry; el ministro de Economía, Nicolás Grau; la subsecretaria de minería, Suina Chahuán, y el delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros.

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La jornada estuvo compuesta por dos bloques, el primero agrupó a representantes de las comunidades de los pueblos atacameños, coya, quechua y aymara y el Consejo de Pueblos Atacameños, mientras que el segundo espacio, contó sólo con la participación de este grupo.

Tras la primera reunión, el Mandatario valoró la instancia y señaló que “espacios como este en donde podemos discutir en su territorio, con las comunidades, reflejan el espíritu y la voluntad que tiene nuestro Gobierno que es convocar a todos los actores relevantes y escuchar a todas las partes para después avanzar en conjunto“.

Respeto a futuros espacios de coordinación, agregó que “este primer paso en el marco de la Estrategia Nacional del Litio continuará con el despliegue del Ministerio de Minería encabezado por nuestra ministra, Marcela Hernando, que está trabajando en el proceso de participación y de diálogos de la Estrategia Nacional del Litio donde van a ser incluidas las comunidades y otras organizaciones de la zona“.

“Esto es importante porque, llegando, quedó en evidencia que hay mucho interés de otras organizaciones sociales de la comuna por participar. Así que esas instancias van a ocurrir, también”, reflexionó el Mandatario.

El Presidente Boric, también estuvo acompañado por las ministras de Ciencia, Medioambiente y Minería, Aisén Etcheverry, Maisa Rojas y Marcela Hernando, respectivamente; además del subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara, el Gobernador Regional, Ricardo Díaz y la Delegada Presidencial Regional, Karen Behrens y el Delegado Provincial de El Loa, Miguel Ballesteros.

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Desde el SEA informaron que la primera actividad fue realizada en la sede de la Asociación Indígena Ganadera Nevados de Poquis, mientras que la segunda se efectuó en dependencias de la Comunidad Atacameña de Toconao.

La entidad detalló que en ambas instancias se informó a las respectivas directivas sobre los principales componentes de la DIA ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

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SEA explicó que las citas tuvieron lugar los días 30 y 31 de enero en variados sectores de la comuna de San Pedro de Atacama y, en ellas, participaron las directivas de las comunidades indígenas de Camar y Toconao, y las comunidades indígenas de Solor y Guatin.

El organismo destacó que este proyecto tiene por objetivo la habilitación de puntos para el monitoreo de variables hídricas de la Cuenca del Salar de Atacama y Cuencas Altiplánicas en la comuna de San Pedro de Atacama, obras que serán ejecutadas por la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños, con 18 comunidades que la conforman.

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En esta oportunidad los temas se enmarcan en el contexto de “Medioambiente y pueblos originarios”, y estarán a cargo de la antropóloga Vivian Gavilán y del abogado Juan Araya, quienes desde su expertiz y mirada abordarán el vínculo de los pueblos indígenas con el medioambiente y en particular, con el agua, para abordar las implicancias del nuevo Código de Aguas en los derechos de agua de las comunidades indígenas.

En el caso de la antropóloga y académica de la Universidad de Tarapacá, Vivian Gavilán, desarrollará el tema “Estar en el territorio y vivir con los antepasados”, con el fin de exponer los antecedentes acerca de los vínculos que establecen los actores sociales con el entorno ambiental y abordará la noción “territorio cultural” como un concepto que remite al sentimiento de pertenencia socio-territorial.

También, Gavilán ahondará sobre los procesos de construcción cultural del entorno ambiental que realizan las familias indígenas en la Región de Tarapacá.

En tanto, el abogado  y encargado de la Unidad de Tierras y Aguas de la Conadi Región de Tarapacá, Juan Araya, abordará el ordenamiento jurídico nacional en torno a los recursos hídricos y el reconocimiento del derecho ancestral de las comunidades sobre las aguas, así como los principales inconvenientes en la aplicación de las normas. Además, el abogado tocará aspectos relativos a la reforma al Código de Aguas y sus implicancias.

Esta segunda jornada de coloquios será moderada por la abogada de la Unidad de Estudios del tribunal, Natalia Zavala y se desarrollará vía zoom el próximo jueves 16 de junio a las 16 horas.

Los interesados pueden inscribirse en ESTE LINK.

Ciclo de coloquios

El ciclo de coloquios organizado por el Primer Tribunal Ambiental contempla cuatro temáticas que están directamente relacionadas con el medioambiente.

Las próximas jornadas se efectuarán sobre “Medioambiente y energías renovables”, la que se desarrollará el 21 de julio; y finalizará con “Medioambiente y contaminación lumínica”, que se llevará a cabo el jueves 18 de agosto.

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Teck está tomando medidas inmediatas para lograr este ambicioso objetivo a través de inversiones en conservación de tierras que protegerán 14.000 hectáreas de hábitat y ecosistemas de vida silvestre en Canadá y Chile. Esto equivale a más del 40% de nuestra huella minera actual y equivale a 35 parques Stanley en Vancouver; 40 Parques Centrales en Nueva York; más que el doble del tamaño de Manhattan; o 20 mil canchas de fútbol.

“Estamos comprometidos a trabajar con socios locales, comunidades y pueblos indígenas para conservar las tierras ecológica y culturalmente significativas y trabajar hacia la meta de convertirnos en una empresa minera positiva para la naturaleza en 2030“, dijo Don Lindsay, Presidente y CEO de Teck.

“La pérdida de la naturaleza es un grave desafío mundial que todas las personas estamos llamadas a poner de nuestra parte para frenar y revertir. Trabajar para ser positivos para la naturaleza en cada región en la que operamos se basa en el compromiso de larga data de Teck con la biodiversidad y refleja la pasión de nuestros empleados y empleadas por el cuidado de la tierra donde viven y trabajan”, agregó.

Acciones

Las nuevas iniciativas de conservación de Teck anunciadas hoy protegen 14.000 hectáreas e incluyen:

• Donación de CAD$2 millones a Nature Conservancy of Canada (NCC) para la compra y gestión continua de la cuenca de casi 8.000 hectáreas de Next Creek, en los Kootenays orientales de Columbia Británica. Next Creek era el último terreno que quedaba sin proteger dentro de la zona de conservación de Darkwoods y esta compra protege la integridad ecológica de una red de conservación que tiene importancia nacional e internacional.
• Donación a NCC de aproximadamente 162 hectáreas de tierra propiedad de Teck en el Corredor de Vida Silvestre de Wycliffe, también conocido como Corredor de Conservación de Luke Creek, cerca de Kimberley, C.B, y una donación adicional de CAN$600.000 para la gestión continua del terreno.
• Se protegerá 5.800 hectáreas de un ecosistema de humedales único y de gran valor cerca de la operación Teck Quebrada Blanca, en Chile, en colaboración con la comunidad quechua de Ollagüe. Conocido como Salar de Alconcha, las tierras se encuentran al noroeste del pueblo de Ollagüe, cerca de la frontera con Bolivia, a 4.123 metros sobre el nivel del mar. La iniciativa es la primera de este tipo en Chile.
• CAD$10 millones para crear un Fondo de Administración Indígena que apoyará a las comunidades indígenas y a los socios en el desarrollo de iniciativas de administración ambiental centradas en los pueblos indígenas, así como también en el compromiso, la educación, la creación de capacidad y la participación en apoyo de los objetivos de conservación en las regiones donde opera Teck.
• CAD$12 millones en nuevos fondos para Nature Conservancy of Canada para apoyar futuros proyectos de conservación de alta prioridad en Columbia Británica.

Las inversiones en conservación anunciadas se basan en la compra por parte de Teck de más de 7.000 hectáreas de tierras privadas en los valles de los ríos Elk y Flathead de Columbia Británica, reservadas para la conservación. La compra de estas tierras por parte de Teck en 2013 fue una de las mayores inversiones del sector privado en la conservación de la tierra en la historia de Columbia Británica.

En 2021, Teck y la nación Ktunaxa anunciaron la firma de un acuerdo de gestión conjunta para garantizar la protección del valor social, cultural y ecológico de la zona.

La minera indicó trabajar para convertirse en una empresa positiva para la naturaleza significa que, para 2030, su conservación, protección y restauración de la tierra y la biodiversidad superará la perturbación causada por sus actividades mineras con respecto a la línea de base de 2020.

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Fueron 23 personas pertenecientes a 20 comunidades o asociaciones indígenas de Alto El Loa, Calama, Ollagüe y San Pedro de Atacama, quienes cursaron el programa académico.

El contenido del programa fue desarrollado de manera colaborativa entre los miembros de estas comunidades, académicos, expertos y actores locales. La iniciativa surgió como respuesta a la necesidad de las comunidades de contar con mayores espacios de formación certificada y de fortalecer sus competencias y habilidades.

Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, señaló que “esta forma de entregar saberes y conocimientos es muy interesante que sea interactuada entre la universidad y las propias comunidades indígenas. Nosotros, como universidad, tenemos bastantes años, pero hay muchas cosas del saber indígena, del buen vivir, que desde las comunidades tienen más experiencia que nosotros. Aquí hay un aprendizaje mutuo”.

Por su parte, Rubén Funes, presidente de El Abra dijo que “destacamos el importante trabajo que realizamos con las comunidades en conjunto con la Universidad Católica, y creemos que esta es la forma en la que somos un aporte real para la comunidad. Esperemos ver los frutos de estos aprendizajes y seguir siendo un aliado en la construcción del futuro conjunto en la región”.

Cooperación entre comunidades y empresas

Janett Troncoso, egresada de la primera generación del diplomado, indicó que “este maravilloso proyecto fue elaborado en conjunto con distintas comunidades. La información y los contenidos que se fueron dando en los diplomados son temas súper importantes que nosotros requeríamos manejar, para poder enfrentar las distintas situaciones que se van presentando dentro de una comunidad”.

El diplomado, que estrenó su primera versión en 2020, consiste en cinco cursos que incluyen herramientas de diálogo y mediación de conflictos, institucionalidad ambiental, derechos de aguas, participación ciudadana y consulta indígena, entre otros.

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En su intervención, Llorente se refirió a la descentralización como un medio para lograr un país más equilibrado, donde se incorpore la mirada regional, con una cultura y realidad económica diversa.

Asimismo, de cara a una nueva Constitución, el presidente de Corproa enfatizó que uno de los problemas que debe ser solucionado es el centralismo que caracteriza a Chile y que también afecta a los habitantes de Atacama.

“Las economías regionales tenemos que poner mucho énfasis en fortalecer a los proveedores locales con una mirada de agenda económica y reactivación de empleo. Una Constitución que se haga solo en Santiago, sin considerar la voz regional, va a ser para nosotros más de lo mismo, pero sí vemos con esperanza que existe más ánimo y decisión en construir un país descentralizado”, manifestó.

En cuanto al desarrollo regional, Llorente comentó que “Chile y sus regiones tienen la oportunidad de avanzar hacia un nuevo pacto social y sustentable, lo que implica apoyo a la innovación, mejoras en la productividad y modernización”. Lo anterior en línea con potenciar la cadena de valor y la inversión, sin dejar de lado la identidad regional, el diálogo activo con las comunidades indígenas y el uso del agua. “Necesitamos más esfuerzos para mejorar nuestro acceso a este vital elemento de manera más universal y pedimos que esto sea considerado en este nuevo pacto”, enfatizó.

Finalmente, Daniel Llorente concluyó su exposición enfatizando que esta nueva Constitución debe ser innovadora, considerar avances en descentralización, promoviendo el desarrollo “verde”, como una oportunidad para las actividades productivas, generando un pacto social y sustentable que reconozca las herramientas ya existentes, con un enfoque de futuro.

La entrada Corproa expuso ante Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional relevando importancia de la descentralización se publicó primero en Empleos Minería.

El contenido del programa y su metodología fueron desarrolladas de manera colaborativa entre académicos, expertos, actores locales y los miembros de estas comunidades.

El diplomado consiste en cinco cursos gratuitos que incluyen herramientas de diálogo y mediación de conflictos, institucionalidad ambiental, derechos de aguas, participación ciudadana, consulta indígena, liderazgo comunitario y patrimonio, entre otros. En su primera edición, el diplomado formó a 100 alumnas y alumnos pertenecientes a más de quince comunidades indígenas de Alto El Loa y Calama.

Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, señaló que” para nosotros es un tremendo orgullo poder presentar nuevamente este diploma. El programa llega en un momento oportuno y es un aporte a los desafíos del país, porque va a ayudar a muchos líderes y lideresas a empujar los procesos de cambios que se vienen en Chile”.

Este año se beneficiará a 40 estudiantes, quienes deben completar un proceso de postulación y se sumarán al equipo docente siete miembros de las comunidades, quienes son exalumnos del diplomado y dictarán cursos de cosmovisión andina, agricultura sostenible, entre otros.

Relacionamiento

Rubén Funes, presidente de Minera El Abra destacó que “el diploma es muy valioso porque fue co-construido con las comunidades, quienes manifestaron qué es lo que querían aprender, y cómo querían posicionarse en temas tan importantes como el relacionamiento que tienen con otros actores importantes de la comunidad: empresas y autoridades”.

Ginette González, de la comunidad de Caspana y egresada de la primera versión del programa, manifestó que “además de ser muy completo, el diplomado cumple la función para la cual fue diseñado: te abre un horizonte para enfrentar las distintas actividades, tanto laborales, como sociales. Les invito cordialmente a que participen de estos cursos, ya que van a crecer en todas las formas, tanto en lo laboral como lo personal.

La segunda versión del diplomado iniciará el 2 de junio y tendrá una duración de seis meses con un formato 100% virtual, con jornadas junto a los docentes y con un proceso de acompañamiento permanente a través de un equipo de tutores virtuales y gestores comunitarios, estos últimos miembros de las mismas comunidades.

La entrada Centro de Políticas Públicas UC y Minera El Abra lanzan 2º versión de diplomado para comunidades indígenas de Antofagasta se publicó primero en Empleos Minería.

El contenido del programa y su metodología fue desarrollado en 2019 de manera colaborativa entre los miembros de estas comunidades, académicos, expertos y actores locales. Así, el diplomado consiste en cinco cursos gratuitos que incluyen temas tan diversos como reflexiones acerca del buen vivir, herramientas de diálogo y mediación de conflictos, institucionalidad ambiental, derechos de aguas, participación ciudadana, consulta indígena, liderazgo comunitario y patrimonio, entre otros.

El diplomado, que contó con un 72% de participantes mujeres, culminó con una ceremonia de graduación, desarrollada de manera virtual, en la cual se reconoció el esfuerzo y compromiso de sus participantes con las palabras de Edgar Blanco, subsecretario de Minería, quien señaló que “iniciativas como estas, donde una empresa entrega herramientas a las mismas comunidades para relacionarse mutuamente, son las que queremos destacar, son las que queremos potenciar durante nuestra gestión en el gobierno”.

Por su parte, Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC dijo que “para nosotros, la sociedad civil está en la base de la construcción del país. Chile necesita de las comunidades y por eso es muy importante que las comunidades de pueblos originarios puedan formarse en diplomados como este, para así tener más fuerzas, más orientación para empujar procesos y llegar a resultados y también un diálogo lo más adecuado posible con las empresas y con el Estado”.

Formación

Este diplomado -el primero de la UC en ser diseñado de manera colaborativa con sus propios participantes- surgió como respuesta a la necesidad de las comunidades de contar con mayores espacios de formación certificada y de fortalecer sus competencias y habilidades de organización e identidad a nivel territorial y comunitario, especialmente para mediar ante conflictos, proteger el medio ambiente, potenciar el liderazgo comunitario, preservar el patrimonio local y formular proyectos sociales.

Rubén Funes, presidente de Minera El Abra, señaló que “este proceso colaborativo es muy virtuoso, ya que nace desde el interés que mostraron las propias comunidades por capacitarse en temáticas que les motivan y preocupan. Esperamos que el diplomado sea una herramienta que aporte al desarrollo de la comunidad, a robustecer su liderazgo y dejar un aprendizaje en los vecinos y vecinas para formar nuevos representantes y voceros.”

El diplomado contó con el apoyo de más de 15 docentes y un equipo de acompañamiento permanente compuesto por tutores virtuales y monitoras comunitarias, quienes cumplieron un rol central en cada etapa del proceso.

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