“Si bien se nota que ha existido un esfuerzo por parte del Estado, hoy existen muchas instituciones que por ley tienen atribuciones para gestionar los recursos hídricos. Desde Fundación Chile contabilizamos 56 organismos, lo que genera un fraccionamiento y descoordinación muy grande. Falta algo que lidere y pueda coordinar el proceso de cambio que requiere este nuevo escenario”, explicó Ulrike.

Para conseguir este liderazgo y coordinación, Escenarios Hídricos 2030 presentó su propuesta de institucionalidad del agua y gestión del recurso hídrico, a través de la creación de Organismos de Cuencas, para una gobernanza descentralizada de los recursos, y una Autoridad Nacional de Recursos Hídricos, entidad pública, autónoma y supra ministerial para una toma de decisiones transversal.

“La idea es tener una institucionalidad que lidere y que coordine a todas las demás y, de esa manera, trabajar de forma más ordenada y con la jerarquía suficiente para tomar decisiones para el país, con la participación de las regiones y los territorios”, resaltó la líder de EH2030.

Además, comentó que para enfrentar este escenario se requiere una serie de soluciones. “En esta combinación tenemos que ver lo más óptimo tomando en consideración temas económicos, sociales y ambientales. En este sentido, tenemos soluciones a corto plazo y de menor costo, y otras soluciones que son más complejas y que tienen ciertas externalidades negativas que se deben mitigar, pero lo que nosotros hemos visto es que hay que estudiar la realidad hídrica de cada territorio para ver cuál es la combinación óptima para cada zona”.

Desalación

En general, el llamado es a velar por una buena gobernanza y gestión del recurso, resguardando las fuentes naturales, lo que considera soluciones basadas en la naturaleza como la reforestación con flora nativa, conservación de humedales, acuíferos y otros. Sin embargo, en un territorio como la Región de Antofagasta, si ya se ha hecho todo eso y aún falta agua porque es una zona de mucha escasez hídrica, la desalación presenta una solución relevante.

“En general la desalación es una tecnología muy avanzada, que sigue mejorando, y es importante que a la hora de dimensionar estos sistemas se haga de manera óptima, mitigando los impactos y pensando en una planificación de desarrollo territorial y diversificada, con uso multipropósito que beneficie a distintos sectores, donde el consumo humano sea al menor costo posible y que, por ejemplo, si se beneficia a la minería se beneficie también a la agricultura”, enfatizó Broschek.

Agregó que por eso consideran tan relevante la creación de Organismos de Cuencas para mirar el territorio como un todo y dimensionar cuáles son las diferentes soluciones de agua. “Entre diferentes usuarios hay que planificar el desarrollo y, en función de ello, ver quién usa agua dulce y quién usa agua desalada, cómo se preservarán los ecosistemas y la vegetación nativa, pero bajo un esquema formal. Chile es el único país OCDE que no tiene Organismos de Cuenca formalmente dentro de su institucionalidad de agua. O sea, muchos países han avanzado en esta materia porque entienden que la mejor manera de llegar a soluciones es a través del diálogo, la construcción colectiva y los procesos multisectoriales”, señaló.

Finalmente, la líder de Escenarios Hídricos 2030 destacó que están trabajando para llevar a cabo la implementación de soluciones urgentes tanto para el país como en las cuencas.

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Esta investigación fue desarrollada por Daniela Rivera, de la Facultad de Derecho UC; Guillermo Donoso, de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC; María Molinos, de la Facultad de Ingeniería UC; y Camilo del Río, del Instituto de Geografía UC, con el fin de compilar, estudiar, caracterizar y sistematizar las controversias resueltas (sentencia definitiva) por tribunales ordinarios superiores de Justicia.

Entre las conclusiones del estudio, destacó el hecho de que se observa un aumento de casos en que interviene la Corte Suprema; hay disparidad de plazos entre los diversos tribunales, generándose una conflictividad muy extensa, lo que acarrea problemas de gestión mientras se llevan a cabo los procesos de resolución; sumado a una falta de uniformidad en el tratamiento y resolución de conflictos, con diferencias formales y sustanciales.

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Ante este escenario, Daniela Rivera explicó que “necesitamos mayor especialización de jueces de tribunales ordinarios de justicia en materia de aguas; y modificaciones normativas respecto a asuntos especialmente conflictivos”.

Junto con ello, se propuso la creación del Consejo de Cuencas, con potestades de prevención y mediación de conflictos, para evitar su judicialización. Para esta iniciativa se requeriría una reforma normativa, aunque inicialmente podría considerar acuerdos voluntarios.

En el marco del estudio se menciona, además, el beneficio de generar un Observatorio de la Conflictividad de Aguas en Chile, de manera de contar con una visión integral de los conflictos, a partir de un trabajo colaborativo entre diversas instituciones, que podría implementarse de manera gradual, sin requerirse un cambio normativo de por medio.

Sustentabilidad y derechos

Posterior a la presentación del estudio, se llevó a cabo un conversatorio, en el cual Cristián Delpiano, ministro presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, expuso que “el agua no es solo un bien sobre el que se pueden detentar ciertos derechos, sino que también es un elemento parte de un ecosistema, que es beneficioso para el ser humano”.

Por su parte, Ulrike Broschek, subgerente de Sustentabilidad de Fundación Chile, aseveró que “existe una sobreexplotación de recursos hídricos en las aguas subterráneas. ¿Cómo lo resolvemos? El modelo australiano parece ser el más correcto: pusieron la prioridad en el consumo humano y los caudales ecológicos”.

Mientras que Óscar Recabarren, de la División Legal de Dirección General de Aguas, manifestó que “las escuelas de Derecho deben considerar la formación en derecho administrativo, derecho de aguas y derecho ambiental. El cauce del derecho de aguas es el derecho administrativo”.

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