A partir de eso, el gobierno tiene 30 días para promulgar la norma que entrará en vigencia seis meses después. Según los cálculos de la autoridad, si la nueva ley sobre negociación colectiva y sindicalización se publica en septiembre próximo, comenzará a regir desde el 1 de abril de 2017.

Con los plazos aclarados, los actores involucrados -empresas y sindicatos- se preparan para afrontar la ola de cambios. Sobre todo, aquellos que serán protagonistas de la primera camada de negociaciones colectivas bajo el nuevo marco legal. Según los registros de la Dirección del Trabajo (DT), un total de 3.485 instrumentos colectivos vigentes, suscritos en 2.154 empresas, tienen como fecha de vencimiento 2017. Y, de ellos, el 82,6% o 2.879 contratos o convenios colectivos vencen desde abril próximo, de modo que si la reforma está en marcha a esa fecha, esos casos serán el primer grupo afecto al nuevo esquema de relaciones laborales (ver infografía). Entre las firmas en esa situación están Codelco, SQM, Colbún, CCU y Brinks, además de supermercados y bancos, entre otros.

Dada la avalancha de casos que se prevén para el debut de la reforma, la DT se encuentra afinando los dictámenes que precisarán su aterrizaje. Hasta el momento tienen previsto emitir ocho textos referidos a procedimientos de negociación colectiva reglada, derecho a huelga, derecho a información, instrumento colectivo y extensión de beneficios, además de pactos de condiciones especiales de trabajo, negociación colectiva interempresa, prácticas desleales y servicios mínimos. Este último sería el primero en conocerse, adelanta el director del Trabajo, Christian Melis.

La definición y uso de los denominados servicios mínimos es una de las materias que concita mayor preocupación entre empresas y trabajadores. La nueva ley estipula que estas funciones -que en caso de huelga deberán ser cubiertas por un equipo de emergencia- tendrán que surgir del acuerdo entre empleador y sindicato. Para eso, el primero deberá enviar a la organización de trabajadores una propuesta con 180 días de anticipación a la negociación colectiva más próxima. Si no logran consenso, podrán acudir a la intermediación de la DT.

En cuanto a los servicios mínimos, y mediante un artículo transitorio, la norma contempla tres etapas para los primeros actores que negociarán bajo la nueva ley. Primero, las empresas cuyo contrato colectivo vence entre el primer y segundo mes de entrada en vigencia de la ley, es decir, entre abril y mayo próximos (siguiendo el cronograma inicial). Estas firmas deben pedir los servicios mínimos a partir del cuarto mes de publicada la ley, esto es, desde el 1 de enero de 2017.

El segundo grupo es para las compañías que inicien la negociación entre el tercer y cuarto mes de vigencia de la ley; éstas deberán hacer la solicitud en el quinto mes de publicación, es decir, en febrero de 2017.

El tercer grupo es de las firmas cuya negociación será entre el quinto y sexto mes: la definición de servicios mínimos será el sexto mes de publicada la ley, es decir, marzo de 2017.

“Entre el primer y segundo mes de publicación de la ley emitiremos un dictamen general sobre servicios mínimos para que las empresas puedan prepararse”, afirma Melis, precisando que será un dictamen general restrictivo para evitar que se utilice como mecanismo de reemplazo en caso de huelga. “Hay que interpretar la norma restrictivamente; sólo caben supuestos legales. No es para que la empresa no tenga pérdidas económicas. Será de carácter jurídico”, dice.

El objetivo, detalla el abogado, es que los servicios mínimos se definan “por una sola vez” y, posteriormente, sólo sean adaptados o adecuados en caso de que se constaten cambios futuros en los procesos productivos de las empresas.

Melis asegura que la DT cuenta con capacidad técnica para abordar la cantidad de casos que se prevé que recibirán en el primer año. La autoridad apuesta a que empleadores y sindicatos logren acuerdos en la definición de servicios mínimos y que no necesariamente la totalidad de las negociaciones previstas en 2017 termine en controversias que deba zanjar el organismo.

El dictamen sobre servicios mínimos no se hará cargo de las particularidades de cada sector productivo, advierte Melis. Para eso, el organismo espera tener a esa fecha los más de 10 estudios que licitarán pronto, insumo que consideran clave para responder la realidad de las distintas actividades económicas.

La entidad ha estado trabajando en definir los parámetros y criterios de dichos estudios. Melis confía en que tendrán, al menos, la primera parte de esos informes en los primeros meses de vigencia de la ley, punto que será determinante para la DT al momento de calificar los servicios mínimos. Los sectores minero e industrial serán la prioridad por su mayor incidencia en las próximas negociaciones colectivas.

Felipe Sáez, socio de Sáez y Fernández Abogados e integrante del comité laboral de la Sofofa, precisa que hay empresas que ya están tratando de acordar con los sindicatos la determinación de sus servicios mínimos. “Están revisando con sus equipos técnicos sus procesos para ver cuáles son los más críticos y los que requieren continuidad en base a la definición de la ley”, señala.

Fernando Arab, socio de Morales & Besa, acota que junto con fortalecer las relaciones con los sindicatos, hay firmas que también están tomando como medida el aumento y diversificación de subcontratados. Con eso, aclara, se busca mitigar en parte los efectos de una eventual huelga sin reemplazo.

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“Dentro de los grupos que más avanzaron en el ránking general durante el trimestre estuvo el grupo Ponce Lerou, (+ 7 lugares), desde el fuerte retroceso que había registrado el trimestre previo, en que se había ubicado en el lugar 28. También destacó que en marzo el grupo figuró por primera vez en el top ten del ránking local de FORBES, que analiza variables distintas al RGE”, resalta el documento de la UDD.

Uno de los aspectos que provocó el incremento fue el aumento en el patrimonio bursátil, gracias a un rally que anotó la acción de SQM, el principal activo de Julio Ponce, quien controla cerca del 30% de la compañía a través de las sociedades cascada (Norte Grande, Oro Blanco, Calichera, Potasios y Nitratos).

De hecho, la acción de la empresa tuvo un incremento de 30% entre enero y marzo, lo que le permitió compensar un mal trimestre en el desempeño de la minera no metálica: su utilidad bajó 46,6% interanual.

Otro de los grupos que registró un buen desempeño en el ránking durnte el primer trimestre fue Socovesa, que también escaló 7 puestos, lo que le permitió quedar en el lugar 26.

“Esto fue resultado de un fuerte avance de 11 lugares en el ránking de crecimiento, principalmente de sus ingresos, que subieron un 39% en doce meses”, explicó el informe de la UDD.

Por el contrario, en el trimestre destacó el fuerte retroceso del grupo Sigdo Koppers en el ránking general (-10 lugares), ubicándose en el puesto 23.

“Esto fue el resultado de una gran caída en el ránking de crecimiento (-12 posiciones), principalmente de sus activos, con lo que se ubicó en el lugar 29 de dicho ránking.

De acuerdo a los estados razonados del grupo para marzo de este año, Sigdo Koppers presentó una pérdida del 11% de los ingresos consolidados con respecto al año anterior. La utilidad del grupo disminuyó también en un 9,9% en doce meses”, especificó el reporte del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la UDD.

RGE General: Grupo Luksic lidera

El ránking del primer trimestre fue liderado por el grupo Luksic, que subió dos lugares con respecto al ránking anterior. El grupo está formado por Quiñenco, Antofagasta Minerals, CCU, SAAM y Banco de Chile, entre otras empresas.

En el ránking de crecimiento, el grupo subió 7 lugares, quedando primero. Además, se posicionó en el primer lugar del ránking de nivel, al igual que el trimestre anterior.

En segundo lugar del ránking general estuvo el grupo Angelini, que además se posicionó en primer lugar en el ránking de nivel y crecimiento de los ingresos. Las principales empresas del grupo son Antarchile, cuyas operaciones de concentran en el rubro de los combustibles y pesqueras, y Empresas Copec.

En la tercera posición quedó el grupo Solari, que aún cuando retrocedió un lugar en el ránking general con respecto al trimestre anterior, se posicionó en el primer puesto en el ránking de nivel de patrimonio. Se considera en este caso al al grupo ampliado, con presencia en las empresas matrices Falabella SACI, Axxion, Enaex, Hipódromo y Club Hípico, cuyas actividades se concentran el área del retail, los deportes y la minería entre otros.

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Andrónico Luksic, presidente de CCU -en la que el grupo es socio con la holandesa Heineken- dijo a los accionistas: “He estimado oportuno comentar que el desarrollo de la industria en Chile se enfrenta permanentemente al escrutinio público, en lo que tiene que ver con su incidencia en el medioambiente y su relación con las comunidades. CCU no está ajena a esta realidad”.

El directivo añadió: “Quiero aprovechar esta instancia para transmitirles a los señores accionistas y al público en general que CCU es una empresa respetuosa de las normas e instituciones, que tiene en especial consideración el respeto de las comunidades y los recursos naturales”.

Dijo -que es propósito de CCU- contribuir en cada lugar en que tenga operaciones al desarrollo de las personas, mediante generación de empleos, preservación de los recursos naturales y respeto al medioambiente y es en esa perspectiva continuarán adelante con nuevos emprendimientos a fin de expandir las operaciones en beneficio de sus clientes y consumidores y de las comunidades en que emplacen sus actividades. “En lo personal y a nombre de Directorio, reafirmo este compromiso de CCU”, remató.

Pablo Granifo, presidente de Viña San Pedro, dijo en la Memoria 213 que “en Chile, continuamos durante 2013 enfrentando altos costos de energía y de transporte”. Sobre sus operaciones en Argentina, precisó: “Nos hemos visto enfrentados a un entorno muy difícil (inflación, tasas de interés altas y algunos problemas de suministros), pero hemos finalizado una profunda restructuración que nos hace mirar el futuro con optimismo”.

Mientras, Felipe Joannon, presidente de SM SAAM, dijo que tras la paralización ilegal en enero de 2014 en la gran mayoría de los terminales chilenos, “este sector quedó con la tarea de fortalecer su institucionalidad y recuperar su capacidad para afrontar y resolver este tipo de conflicto”. El directivo precisó: “El grueso de los costos y los impactos causados por el paro fueron absorbidos, fundamentalmente, por quienes operamos el sistema y sus usuarios. La situación dejó en evidencia la necesidad de restablecer los mecanismos para proteger esta actividad estratégica y resguardar el bien común por sobre los intereses particulares de los actores que formamos parte de esta industria”.

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