Oro Blanco se encuentra en proceso de recepción de ofertas para vender Pampa Calichera, a través de la cual controla el 23% de SQM y cuyas acciones preferentes otorgan derecho a elegir a tres de los ocho directores de la minera. Junto con ello, Potasios, también filial de Oro, firmaría un pacto de accionistas con el comprador que le permita poner a un cuarto miembro, dando con esto el control de la mesa. Si bien no está en venta el control accionario de la firma, la forma en cómo se ejerce la mayoría genera dudas.

Hugo Caneo, director del Centro de Gobierno Corporativo de la U. de Chile, señala que “en principio si el cambio es en un miembro del controlador que por sí mismo no tiene participación que le permita controlar no se entiende cambio de control y, por tanto no hay OPA obligatoria; pero eso sólo si el miembro que vende no tiene control por sí solo”.

Así, “lo que no hay es OPA obligatoria pero sí puede haber OPA voluntaria. Luego si es el pacto el que controla y no un miembro en particular, un cambio en un miembro no debiera producir cambio en el control y, por tanto, no OPA obligatoria, pero puede haber voluntaria”.

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Fuentes conocedoras de esta salida indicaron que Caneo era hombre de confianza de Coloma y retornó a la SVS en agosto de 2012, cuando Carlos Pavez dejó la jefatura del Acme para asumir la Dirección Jurídica de la Superintendencia de Bancos.

Una fuente comenta que hace un par de meses, Caneo comenzó a buscar oportunidades fuera de la SVS. Ahí surgió la posibilidad de llegar al Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile, pero aún no hay nada cerrado. Otra fuente indica que, cuando trascendió el nombre de Pavez como superintendente, Caneo tomó la decisión de renunciar, ya que tenía la esperanza de quedarse con el cargo.

La salida de Caneo no dejó indiferente al mercado financiero, pues, ha sido clave en la investigación del caso cascadas. Su participación en esta investigación llevó a que Julio Ponce presentara una querella en su contra, por prevaricación administrativa y perjuicios a particulares, en noviembre pasado. Esto, tras cuestionar la forma en cómo la superintendencia venía desarrollando la investigación.

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