La resolución fue pronunciada por la Primera Sala del tribunal, integrada por su presidente, Iván Aróstica, y los ministros Domingo Hernández, Juan José Romero, José Ignacio Vásquez y la ministra María Pía Silva.

El fallo indica que se formó la “convicción de que la acción constitucional deducida no puede prosperar, por lo que será declarada inadmisible (…) (por) adolecer de falta de fundamento plausible”. Argumenta que la “crítica formulada” en el recurso, sobre la existencia de un conflicto entre el Código Tributario y la tarea de investigar exclusiva del Ministerio Público, era “abstracta”.

Para el 2 de abril está fijada una audiencia para discutir el sobreseimiento definitivo de Longueira.

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Respecto del congresista, su defensa plantea que aplicar el Art. 418 del Código Procesal Penal, que permite apelar a la Corte Suprema una resolución de desafuero en este caso es contrario a la Constitución, porque esta establece que contra una sentencia denegatoria del desafuero no procede recurso de apelación.

Por su parte, la fiscalía busca que se declare inaplicable también por inconstitucional el Art. 162 del Código Tributario, que da exclusividad al SII para querellarse o denunciar tributarios: ello no ocurrió respecto de Pizarro-y fue uno de los argumentos que usó la Corte de Santiago para desechar su desafuero- y tampoco en relación a otros tres acusados en la causa.

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En el documento, los denunciantes apuntaban a que la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta, de retrotraer el proceso, atentaba contra la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

Sin embargo, en la resolución del TC se explica que el requerimiento carece de “plausibilidad” y que no existen “fundamentos suficientemente sólidos que, articulados, hagan inteligible para esta magistratura la pretensión que se hace valer y la competencia específica que se requiere”.

A lo anterior, se suma que, según la primera sala del TC, el dictamen del Tribunal Ambiental no aprueba el proyecto ni tampoco que este quede sin su respectiva evaluación ambiental, sino que solo ordena retrotraer el proyecto para que este sea nuevamente evaluado por la comisión regional de Coquimbo, de tal manera que se produzca una votación “ajustada a derecho”.

Superado el trámite en el TC, ahora el foco de Andes Iron, dueña del proyecto, está en el recurso de casación presentado por Oceana y otras organizaciones ante la Corte Suprema en mayo de este año.

Si bien el máximo tribunal no cuenta con plazos determinados para analizar este requerimiento, se estima que entre noviembre y diciembre de este año se podrían desarrollar los alegatos correspondientes.

Expectativas positivas en el trámite

Según cercanos a la minera, las perspectivas respecto a este trámite son positivas, por lo que desde ya el equipo legal se encuentra trabajando con el escenario de que la causa volverá a ser votada por la Comisión Ambiental de Coquimbo.

Aunque esa instancia no cuenta con la autoridad para pedir nuevos antecedentes o informes, sí existe la posibilidad de que se apruebe el proyecto con condiciones.

Para esto, la minera trabaja con la asesoría del estudio de abogados FerradaNehme.

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Conadecus comentó que la decisión del TC afecta la institucionalidad de la libre competencia. Los juristas de la corporación apuntan que se están “aplicando herramientas como los acuerdos extrajudiciales para casos de alta relevancia pese a que no fueron creados para eso”.

Además, comentan que esta decisión dejaría abierta “la incertidumbre respecto de la discusión que debiese existir a nivel país en sede de libre competencia en donde no sólo los consumidores sino los emprendedores y las empresas puedan discutir con igualdad de oportunidades sobre el mercado del litio”.

Los siguientes pasos de Conadecus será esperar lo que resuelva el Tribunal de Libre Competencia al recurso de reposición contra la resolución que aprobó el acuerdo extrajudicial que de momentáneamente el vamos de Tianqi a SQM.

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Lo anterior, dado que el recurso de inaplicabilidad constitucional que presentó el empresario, a través de las sociedades cascadas Pampa Calichera, Potasios de Chile y Global Mining el pasado 10 de octubre, fue declarado inadmisible por el organismo que, además, alzó la suspensión del procedimiento en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), lo que implica que el ente ahora podrá revisar los recursos de reposición presentados por Grupo Pampa, SQM y la Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus).

Tras dar a conocer la resolución, el presidente de la Segunda Sala del TC, Gonzalo García, explicó que tres de los cinco ministros que conformaron la sala votaron por la inadmisibilidad, mientras que dos de ellos, Cristián Letelier y Nelson Pozo Silva, votaron por la admisibilidad parcial y por mantener una suspensión restringida del procedimiento en el TDLC.

Asimismo, explicó que al TC no le corresponde pronunciarse frente a temas relativos a la política nacional, industria y propiedad del litio.

“Una de las razones adicionales por las cuales el tribunal declaró la inadmisibilidad, es que estima que las partes tienen derecho a seguir litigando con pleno respeto a las reglas del debido proceso en el marco del propio procedimiento ante el TDLC y por cierto que esta jurisdicción continúa abierta por si quiere impugnarse otro punto”, señaló García, sin querer manifestarse sobre si se buscó la instrumentalización del organismo a través de la acción judicial del Grupo Pampa.

En 27 puntos, la Segunda Sala del TC argumenta por qué decidió rechazar el requerimiento. En uno de los puntos señala que “no aparece precisamente fundado el requerimiento para exponer, circunstanciadamente, cómo la aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 letra ñ) inciso segundo resulta o podría resultar contraria al derecho de las requirentes a un procedimiento racional y justo porque han podido actuar, sin limitaciones, conforme al procedimiento”.

En su voto de minoría, los magistrados Letelier y Pozo estuvieron por la suspensión condicionada del procedimiento, “en la medida que los actos, contratos y convenios que deban suscribir las empresas señaladas en el Rol AE N°16-2018 ante el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, podrán finiquitarse, siempre y cuando, hubiesen sido convenidos con antelación a la suspensión decretada en estos autos”.

Cabe recordar, que tanto a Tianqi como Nutrien, les interesaba salir con rapidez de la situación en el TC, dado los plazos establecidos por los organismos de libre competencia de la India, que señalaron que la operación, de más de US$ 4 mil millones, debe concretarse como máximo en abril, en el marco de la fusión de la histórica accionista de SQM, Potash, con Agrium, y mediante la cual se formó la firma canadiense.

Pese a lo anterior, abogados cercanos a las partes comentaron que podrían presentarse nuevas demandas ante el TDLC, tanto por empresas que ya están en el caso, como otros que se sientan afectadas por el ingreso de Tianqi.

En ese escenario, los casos podrían ser contenciosos o no contenciosos, considerando si lo que se reclama es una conducta anticompetitiva o si se formula una consulta sobre un hecho que no es necesariamente anticompetitivo, pero que en vez de sancionarlo es mejor regularlo.

Reacciones

Tras conocer la resolución, el abogado de Tianqi -que era uno de los representantes que esperaban en inmediaciones del TC el veredicto-, Arturo Fermandois, se mostró contento con el resultado.

“Estamos muy contentos y satisfechos con la resolución del TC que es muy fundada. Este asunto vuelve a la sede natural en la que deben trabajarse y resolverse las discusiones que siguen sobre libre competencia”, apuntó.

Asimismo, señaló que “el obstáculo de naturaleza constitucional que se había levantado ha desaparecido, por lo tanto la transacción vuelve al cauce que los abogados representante de las partes venían planificado”.

A sus dichos, también se sumó el comunicado que la firma china, en conjunto con la canadiense Nutrien difundieron minutos más tarde, en la que se manifestaron satisfechos con la decisión del TC.

“Este fallo permite que el TDLC pueda fallar los recursos de reposición interpuestos por el propio Grupo Pampa, SQM, y Conadecus respecto de la aprobación unánime del TDLC (5 a 0) al acuerdo extrajudicial entre Tianqi y la FNE que le permite a la compañía adquirir el porcentaje minoritario en SQM anteriormente señalado.

Nutrien y Tianqi esperan cerrar la transacción antes de fin de año, tal como se ha señalado previamente”, informaron.

Por su lado, el abogado de Conadecus, Cristián Reyes, del Estudio Bravo, lamentó el fallo del TC.

“Por un lado afecta la constitucionalidad de libre competencia dado que se están aplicando herramientas como los acuerdos extrajudiciales para casos de alta relevancia pese a que no fueron creados para eso”, explicó.

Asimismo, indicó que esto “deja abierta la incertidumbre respecto de la discusión que debiese existir a nivel país en sede de libre competencia en donde no sólo los consumidores sino los emprendedores y las empresas puedan discutir con igualdad de oportunidades sobre el mercado del litio.

Por eso nos encontramos evaluando la posibilidad de seguir acciones frente al TDLC. Por ahora, estaremos atentos a lo que resuelva el TDLC a nuestro recurso de reposición contra la resolución que aprobó el acuerdo extrajudicial”, concluyó.

Desde la defensa de Grupo Pampa no hicieron declaraciones. La Fiscalía Nacional Económica señaló, a través de un comunicado, que la declaración de inadmisibilidad “ratifica la facultad de la FNE de celebrar acuerdos extrajudiciales con agentes económicos, y la potestad del TDLC para conocerlos, aprobarlos y/o rechazarlos, como una herramienta eficaz para el cumplimiento de la función de la FNE en orden a cautelar la libre competencia en los mercados”.

Los caminos que le quedan a Ponce

Tras el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso interpuesto por Julio Ponce, se abren las interrogantes respecto de qué camino seguirá su defensa.

Mientras algunos expertos en libre competencia coinciden en que una de las acciones que le quedaría a Ponce Lerou podría ser una queja ante la Corte Suprema, para otros especialistas el abanico podría ser más amplio.

Para el académico experto en libre competencia Francisco Agüero, “el acuerdo extrajudicial admite una reposición, pero ya el acuerdo señala que la aprobación del mismo es sin perjuicio del derecho de terceros.

Es decir, los terceros podrían presentar alguna demanda ante el propio Tribunal (de Defensa de la Libre Competencia) o una consulta. Y como terceros podríamos pensar en Ponce Lerou y sus empresas”.

El especialista sostiene que cualquiera de estas instancias respecto de la consulta podría ser desechada por el TDLC “que ha tenido un criterio de declarar algunas consultas inadmisibles, las desecha bastante rápido -en cosa de días- luego de ser ingresadas, por considerar que son relativas a aspectos contenciosos”.

Cabe destacar que el TDLC ya se pronunció respecto del acuerdo entre la FNE y Tianqi, a pesar de lo cual, de todas maneras los representantes de Ponce “podrían intentar nuevamente decir que los riesgos fueron insuficientemente ponderados. Va a ser un conflicto potencial para el tribunal, pero ahí hay un espacio”.

En caso de que Ponce optara por el camino de la consulta o la demanda, “los plazos pueden ser largos, de años, porque ambos admiten recursos ante la Corte Suprema”.

El académico sostiene que aunque las perspectivas del recurso puedan ser negativas “puedes igualmente demandar. Y si demandan podrían obtener una medida precautoria que se suspendiera.

Si consultan, independiente del grado de legitimidad que tengan en la operación, las consultas en el Tribunal tienen un mecanismo de paralización (…) puede pasar, por ejemplo, lo que pasó con Conadecus en el caso Lan-Tam”, explica.

Si el TDLC declarara que la consulta fuera inadmisible, también “podrían presentar un recurso ante la Corte Suprema”.

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Si bien reconocen que la presencia de Tianqi en el directorio puede generar conflictos en el gobierno corporativo, no debiera afectar el negocio. “Los fundamentos de la compañía no se alteran, por lo que veríamos un alza significativa en el precio de SQM en el cortísimo plazo”, indicó la corredora Renta4 en un reporte enviado a clientes. “Faltaría únicamente por resolverse la impugnación que hizo el Grupo Pampa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)”.

En Vector Capital también son optimistas. “Al seguir el camino normal de la operación de compra de Tianqui a Nutrien, esperaríamos un salto en la acción al nivel anterior ($30.500 – $32.000), ya que los fundamentales no han cambiado”, dice Víctor Viera, analista de Estrategias en la corredora.

En Vantrust Capital esperan que el precio de la acción de SQM suba, “ya que se reduce el ruido sobre una posible sobreoferta ante la venta del paquete accionario de Nutrien a precio de mercado”.

Saber que hay un comprador asegurado para los 62,5 millones de acciones de la canadiense a US$ 65 sube el techo de la acción, dicen analistas. De hecho, un día antes del fallo, BICE Inversiones recomendó, en un exclusivo reporte, comprar la acción de SQM en una estrategia táctica.

Arturo Gutiérrez, estratega en Portfolio Capital, cree que la decisión puede tensionar al directorio, lo que “puede crear problemas de administración, pero sin afectar los fundamentos”. Coincide con el gestor de un fondo mutuo que invierte en SQM y que dice que no le preocupa: “ha sido algo recurrente en su gobierno corporativo”.

Los analistas descartan los argumentos de la misma SQM, la que advirtió de los riesgos de tener un competidor directo en el directorio. “SQM podría también sufrir los efectos de posibles investigaciones y sanciones por hechos que le son ajenos y que no ha buscado”, señaló la minera en un hecho esencial.

No obstante, algunos dicen que el conflicto podría extenderse más allá de la decisión que el TDLC debe tomar la semana que viene. “Podríamos ver un rebote de corto plazo, pero hay que recordar que aún existen caminos legales que puede seguir el grupo ligado a Julio Ponce”, dice Francisco Soto, gerente de Renta Variable en Tanner Investments. “En ese sentido, creo que la volatilidad continuará hasta tener certeza absoluta de que Nutrien podrá efectivamente llevar a cabo la venta a Tianqi”.

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De hecho, son al menos 50 requerimientos que han sido declarados inadmisibles, todos ellos entre 2010 y 2014, aunque 47 son de 2013. La materia de estos requerimientos que SQM ingresó al TC son, casi en su totalidad, por litigios en torno a concesiones mineras.

Por otro lado, en al menos otros 10 requerimientos donde esta vez SQM ha sido la requerida o acusada por terceros en temas de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, la compañía de Julio Ponce ha salido airosa, dado que tales requerimientos en su contra han sido rechazados.

La mayoría de las ofensivas constitucionales estaban comandadas por sociedades mineras ligadas al empresario Francisco Javier Errázuriz Ova-lle, que alegaban problemas por mensura de terrenos y pertenencias mineras.

Sin embargo, en el terreno del caso cascadas, donde el regulador de valores local interpuso millonarias multas a Julio Ponce y a otros ejecutivos ligados a las sociedades cascadas, el Tribunal Constitucional acogió todos los requerimientos y anuló la disposición legal que permitía al regulador cursar multas por hasta el 30% de una operación irregular.

Julio Ponce, Leonidas Vial, Roberto Guzmán Lyon, LarrainVial, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz han ganado esas causas en el TC, lo que significa que sus multas se rebajarán en los tribunales a un máximo de US$ 3 millones para cada acusado, en contraposición a los hasta casi US$ 80 millones que pretendía imponer la ex SVS -hoy Comisión para el Mercado Financiero- en los casos más altos.

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