Es así que el director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza, participará como expositor en el seminario “Encuentros por el Agua”, a desarrollarse de forma presencial este jueves 16 de marzo de 10:00 a 13:00 horas en el salón de honor del Senado, sede Santiago (ingreso por calle Catedral 1158).

La instancia convocada por el Ministerio de Medio Ambiente, The Pew Charitable Trusts y la Dirección General de Aguas del MOP, constituirá un espacio para reflexionar en torno al acuerdo histórico alcanzado por 188 países en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (COP 15) finalizada en Canadá en diciembre pasado, para implementar acciones en favor de la naturaleza al año 2030.

En particular, los gobiernos participantes aprobaron que para el año 2030, al menos el 30% de las zonas terrestres, de aguas continentales, especialmente las zonas de particular importancia para la biodiversidad y las funciones y los servicios de los ecosistemas, se conserven y gestionen eficazmente. Por lo que el foco de este seminario estará puesto en cómo avanzar para la protección de los ecosistemas de agua dulce.

La instancia contará además con la participación del senador Ricardo Lagos, Región de Valparaíso; el senador Alfonso De Urresti, Región de Los Ríos; el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño; el ciudadano Darío Urrutia, habitante del sector del río Puelo y defensor de éste; las expertas en conservación de agua dulce doctora Denielle Perry, directora de la Coalición Internacional por la Protección Permanente de los Ríos; y la doctora Felicia Marcus, investigadora visitante de William C. Landreth, Stanford University y miembro fundadora del Water Policy Group.

Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse en el siguiente link para así garantizar el ingreso al establecimiento.

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El seremi de Obras Públicas, Javier Sandoval, señaló además que “la captación utilizada para extraer las aguas subterráneas, se produce en un área de prohibición del acuífero Illapel, por lo que esto agrava la multa, debido a que es un sector donde no es posible constituir nuevos derechos de aprovechamiento para proteger la sustentabilidad del acuífero”.

El pasado 9 de febrero, la dirección regional de Aguas de Coquimbo se constituyó en terreno para verificar la paralización de la extracción de aguas no autorizadas, es decir, para corroborar si se habían deshabilitado completamente los implementos e instrumentos con los cuales se captaban las aguas; sin embargo, ambas captaciones seguían habilitadas para la extracción de aguas.

Por lo anterior, la DGA continuará con el proceso administrativo, consistente en aumentar la multa a beneficio fiscal por incumplimiento de lo ordenado, comunicar los antecedentes al Ministerio Público y podrá solicitar a la Delegación Presidencial Provincial la autorización del auxilio de la fuerza pública para deshabilitar las captaciones en cuestión.

Con la entrada en vigencia de la reforma al Código de Aguas el 6 de abril de 2022 y con el objeto de contar con información de parte de los concesionarios mineros, la normativa establece que las aguas halladas en labores de exploración y explotación mineras, si bien pueden ser utilizadas para las faenas correspondientes, éstas deben ser informadas a la DGA en un plazo de 90 días después de haber sido encontradas y a la fecha, el afloramiento identificado no ha sido registrado ni informado a la DGA.

A su vez, de acuerdo a lo informado por Sernageomin a la DGA, se identificó que la faena cuenta con dos proyectos ingresados al servicio minero, pero que han sido observados y por lo tanto, no cuentan con la autorización del servicio para operar.

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De esta manera, se dispone de un proceso digital de consulta pública para que la ciudadanía manifieste activamente su opinión, observación y/o propuestas de mejora a los nuevos reglamentos.

El Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, señaló que “los procesos de consulta pública que efectuamos en las distintas áreas de nuestro quehacer son fundamentales para nuestro Ministerio, ya que es una oportunidad para escuchar las inquietudes y visión de la ciudadanía, especialmente, en este tema que es tan sentido por las personas que es la gestión y el cuidado del agua”.

La consulta pública está asociada a cuatro reglamentos: “Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas”, “Fondo para la investigación, innovación y educación en recursos hídricos”, “Mantenimiento y operación de la red de monitoreo e inventario de glaciares y nieves” y “Coordinación de investigación e inversión en recursos hídricos con financiamiento público”.

Rodrigo Sanhueza, director general de Aguas, señaló que “la implementación del Código de Aguas que entró en vigencia en abril de este año ha sido un gran desafío, considerando que es el cambio normativo en esta materia más profundo que se ha hecho desde 2005. Si bien hemos avanzando, aún quedan materias que abordar”.

En este sentido, el director explicó que un desafío importante es el reglamento que aún se está elaborando sobre el nuevo tipo de derecho de aprovechamiento de aguas para usos no extractivos, cuya concesión se otorgará para áreas de protección oficial de la biodiversidad o para el desarrollo de un proyecto de turismo sustentable, recreacional o deportivo. Este reglamento, también se someterá a consulta.

Una vez finalizada la Consulta Pública asociada a cada uno de los reglamentos, la DGA deberá revisar la información recibida y definir el texto final de cada reglamento.

Reglamentos

El reglamento de los “Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas” tiene por objeto contribuir con la gestión de las aguas, identificar brechas, establecer el balance hídrico y sus proyecciones, diagnosticar el estado de información sobre cantidad, calidad, infraestructura e instituciones que intervienen en el proceso de toma de decisiones respecto al recurso hídrico y proponer un conjunto de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático con el fin de resguardar la seguridad hídrica.

Por su parte, el del “Fondo para la investigación, innovación y educación en recursos hídricos” estará destinado a financiar la investigación, innovación y educación en recursos hídricos, incluyendo aquellas iniciativas que sean necesarias para la adopción de medidas para la gestión sostenible del agua, en particular, la elaboración, implementación y seguimiento de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, en conformidad con los criterios de elegibilidad que anualmente apruebe la DGA.

El tercer reglamento sobre el “Mantenimiento y operación de la red de monitoreo e inventario de glaciares y nieves” busca establecer las características técnicas y alcances de la red en cuestión, permitiendo así la construcción de una base de datos cuantitativa a nivel regional y local para realizar estudios glaciológicos en respuesta al cambio climático.

Y por último, el referente a la “Coordinación de investigación e inversión en recursos hídricos con financiamiento público”, pretende establecer un marco de coordinación entre la DGA y las entidades del sector público y las privadas, que realicen trabajos con financiamiento parcial del Estado, y que ejecuten programas de investigación e inversión en materia de recursos hídricos.

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La ministra de Minería, Marcela Hernando, detalló que la norma sustituye el plazo de vigencia de las modificaciones al Código de Minería. En concreto, se propone que estas tengan lugar a partir del 1° de enero de 2024.

Por su parte, el subsecretario de Minería, Willy Kracht, indicó que la actual ley generaría una serie de problemas para la industria minera que se activarían desde el 4 de febrero de 2023, de no posponerse su entrada en vigor, generando alta incertidumbre.

Desde la Cámara indicaron que las principales problemáticas dicen relación con la entrega de información geológica, el uso de propiedad minera, el cambio de Datum de coordenadas de Propiedad Minera y el acceso a rebajas de pago de patentes y beneficios por trabajo.

Al respecto, el abogado Alfonso Domeyko, socio de Larraín & Bascuñán Abogados, conversó con MINERÍA CHILENA sobre los efectos para el sector minero de la ley 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias.

El experto indicó que “a nuestro entender es una buena estrategia presentar un proyecto que prorrogue la entrada en vigencia de las normas de la Ley 21.420, y otro que proponga discusión normativa de fondo. Hoy es urgente la prórroga de la entrada en vigencia respecto a la implementación del nuevo sistema Sirgas (Sistema de Referencia Geocéntrico para América del Sur o para las Américas), de acuerdo a lo que ha señalado en seminarios el Sernageomin, el proyecto se encontraría aún en etapa de desarrollo”.

Domeyko añadió que también es importante considerar que han surgido voces de especialistas con algunas dudas técnicas, por lo que un tema de esta envergadura, primero, es estar chequeado para poder implementar las transformaciones necesarias, sostuvo que “si la ley 21.420 entra en vigencia sin que se haya implementado el sistema Sirgas, se va congelar el proceso de constitución de concesiones, entre otros efectos, lo cual afectará gravemente la certeza jurídica como el desarrollo del sector minero. En cuanto a la entrada en vigencia de los nuevos valores de patentes, la redacción de la Ley no es clara, por lo que he leído posiciones que estiman que los nuevos valores comenzarán a regir en marzo de 2023, y otros el año 2024, por lo que la prórroga aclararía la situación de forma legal”.

Patentes mineras

Asimismo, el experto opinó sobre el proyecto que pretende modificar el Código de Minería, y qué consecuencias generaría en la pequeña, mediana y gran minería. Aseguró que la iniciativa aclara varios puntos, como la entrega de información geológica obtenido en trabajos de exploración y explotación, estableciendo un derecho de reserva de información por 3 años. “En cuanto a la implementación del Sirgas, deja su regulación al reglamento, lo cual es lógico ya que se irá actualizando de acuerdo al avance tecnológico”, dijo Domeyko.

Agregó que “un punto importante es el aumento del plazo de las patentes de exploración a 8 años, así como la definición de trabajo minero, la cual toma la definición de la Ley de cierre de faenas mineras. Ahora, más allá de los vacíos de la Ley 21.420, a mi juicio, no hay que perder el foco sobre el impacto que generará en el desarrollo de la industria el aumento progresivo del valor de las patentes mineras, las cubren más de 26 millones de hectáreas del país”.

“Este panorama seguramente impactará a todos los concesionarios mineros, de las cuales, 20 mineras suman aproximadamente el 55% del total, así como también a otros rubros como el eléctrico, agrícola o infraestructura, quienes también históricamente han buscado una protección de sus intereses a través de concesiones mineras”, aseveró el experto.

¿Y en qué afecta al sector minero la nueva circular que emitió la Dirección General de Aguas respecto a las aguas del minero? Domeyko explicó que “se entiende que el objeto de la norma es evitar perjuicios a los acuíferos y abusos en el uso del agua, pero también entendemos que existen oportunidades para incorporar criterios y tecnologías que permitan una mejor gestión del agua, ajustándose a la realidad de la actividad minera”.

“En esa línea, -comentó el abogado- uno de los problemas que vemos, y lo he compartido con varios ingenieros hidráulicos, es que la norma y la guía no distinguen correctamente entre las acciones de extracción del agua, como del uso del agua, lo cuales en general van de la mano. En la minería, el primer foco sobre el agua que emerge en operaciones, está en darle un curso – en extraerla – y así evitar la generación de riesgos en la operación como a la estructura de las instalaciones, y es ahí donde tal vez existe un espacio para mejorar”.

Domeyko añadió que se extraña un tratamiento especial para la mediana y pequeña minería, “se les exige una inversión en tecnología y obras, que veo difícil se pueda llegar a cumplir. Lo último que se puede agregar, es que hay que ver como van a resolver los tribunales la aplicación de las restricciones que plantea el Código de Aguas al derecho al uso de las aguas del minero, en contraposición a los derechos que reconoce sobre ellas a los concesionarios”.

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Y si bien la Minería ocupa cerca del 4% del total de agua del país al año, siendo una de las industrias que registra el menor consumo, -de acuerdo al Primer Informe de la Mesa Nacional del Agua-, las compañías tienen entre sus principales objetivos persiguen disminuir el uso de agua continental y recurrir al agua de mar para autoabastecimiento.

Al respecto, el diputado socialista, Nelson Venegas, miembro de los comités de Minería y Energía, y Recursos Hídricos y Desertificación, entre otros, conversó con MINERÍA CHILENA, respecto a la Ley que regula el manejo y la reutilización de aguas grises y rol del Ministerio de Salud, además, de las prácticas de las industrias con respecto al uso de aguas.

Políticas Públicas para el tratamiento de aguas

Para el parlamentario, la Ley de Aguas Grises es importante para enfrentar la emergencia de la falta del recurso hídrico en Chile. “Durante mucho tiempo, en distintos países del mundo la reutilización de estas aguas es una realidad. Israel y Japón son ejemplos claros, donde existen políticas públicas y concientización de la ciudadanía para la adopción de sistemas de tratamiento de estas aguas”.

Añade que “las aguas grises son definidas actualmente por la ley Nº21.075 como “las aguas servidas domésticas residuales provenientes de las tinas de baño, duchas, lavaderos, lavatorios y otros, excluyendo las aguas negras”, las cuales son definidas por la misma ley como “aguas residuales que contienen excretas”. De la misma forma, se establecen usos y prohibiciones de uso, es así como el uso para la agricultura está prohibido”.

Venegas explica que es una situación compleja, “ya que nuestro país, a pesar de contar con abundantes recursos hídricos, con un promedio de 53.000 metros cúbicos por persona, ha visto afectado el servicio de agua potable, principalmente a raíz de los efectos de la sequía. En efecto, en el presente año, gran parte del país se encuentra bajo decreto de escasez hídrica decretado por el Ministerio de Obras Públicas”.

Agrega que “la prohibición del uso para la agricultura, entonces, es grave, como lo indica la experiencia internacional en cuanto a la reutilización, es posible utilizar las aguas grises en faenas agrícolas y que los productos no se vean afectados. Esto, sin duda, no es la solución más estética, pero es una medida de supervivencia, en un contexto que apremia el actuar de las y los chilenos”.

De la misma forma, el parlamentario estima se debe destinar el uso de las aguas grises para la industria minera, “debe existir una priorización de estas aguas para el uso industrial. Esta es una forma inteligente de poder entregar agua a las distintas matrices económicas del país y, al mismo tiempo, cuidar los recursos”.

Rol del Ministerio de Salud

Con respecto al Ministerio de Salud, -explica el diputado PS- éste es el encargado del reglamento sobre las condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas grises.

“Por todo lo anterior, -dice- estoy preparando un proyecto de ley para modificar la actual Ley de Aguas Grises, de forma que pueda adecuarse a las necesidades actuales del país”.

Reforma al Código de Aguas

Por otro lado, y respecto a cómo afectarían estos cambios en la pequeña, mediana y gran minería, incluyendo los efectos en las “Aguas del Minero”, el diputado Nelson Venegas afirma que “el nuevo Código de Aguas, viene a trabajar una serie de materias que durante muchos años estuvieron en discusión y debate, en este sentido, qué ocurre con los concesionarios mineros con respecto a la información que deben otorgar al Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas, con respecto a las diversas afectaciones que pueden estar ocurriendo en temas de la sustentabilidad de los acuíferos”.

Con respecto a las Aguas del Minero, -señala el parlamentario- “no existe un cambio sustantivo respecto a que los titulares de las concesiones mineras tienen por el ministerio de la ley, el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en las labores de su concesión, como establece el Código de Minería”.

Agrega que “en cuanto al nuevo Código de Aguas, se establece que los dueños de pertenencias mineras, tienen el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores, mientras conserven el dominio de sus pertenencias y en la medida necesaria para la respectiva explotación”.

Nelson Venegas estima que el deber de informar su ubicación y volumen por unidad de tiempo y las actividades que justifican dicha necesidad –al Ministerio de Obras públicas- es un avance, “sin duda, ya que entrega al organismo encargado de la protección de la sustentabilidad la herramienta para poder evaluar las condiciones en el que se desarrollan las faenas mineras, suponiendo un control que no había ocurrido antes en el país. Entiendo sobre todo el carácter de emergencia que estamos viviendo”.

Proyectos de ley sobre crisis hídrica

De acuerdo a la crisis hídrica que afecta al país, industrias como la minera juegan un papel fundamental para la adopción de prácticas. En ese sentido, el diputado Venegas asegura que en el Senado está avanzando en la ley de uso de agua de mar para desalinización.

“Por lo que nos ha informado la Ministra de Medio Ambiente en la comisión de recursos hídricos, de la cual soy presidente, el Gobierno está interesado en ingresar unas indicaciones a este proyecto de ley que tienen relación con crear una estrategia nacional de desalinización en coherencia con la modificación al código de aguas, una regulación a la capacidad de carga, además de integrar la exigencia de que se consideren los procesos de los consejos de cuenca, como también, la adecuación de ciertos criterios ambientales”.

“Entendemos, entonces, -aclara el parlamentario- que hay un interés por avanzar una solución a la demanda del recurso hídrico en nuestro país, desde un enfoque de sustentabilidad, esperamos eso sí, que le ponga urgencia al proyecto, durante todo este año 2022 no ha avanzado en el Senado y para luego que llegue a la Cámara de Diputadas y Diputados, esperamos prontamente su llegada para tramitarlo con celeridad”.

“Mientras tanto, concluye Venegas- a la Cámara de Diputadas y Diputados, no han ingresado nuevos proyectos con respecto al tema hídrico, lo que también ha sido un llamado de atención desde nuestra comisión a las actuales autoridades para que avancen en una agenda legislativa concreta”.

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Desde el sitio web de la DGA señalaron que Sanhueza asume en un contexto de crisis hídrica severa, por lo que, para responder a las prioridades del Gobierno, este organismo tiene un rol fundamental para el país.

El ministro García agregó que esta prioridad “está consagrada en el nuevo Código de Aguas y que su implementación no solo requerirá un esfuerzo, sino también urgencia”.

En este sentido, la autoridad destacó que un segundo gran desafío para el nuevo director será “seguir trabajando en coordinación con los otros ministerios para que podamos implementar una política hídrica nacional, donde los consejos de cuencas y el apoyo que puede ser la DGA, tienen un rol crítico para regionalizar la gestión del agua, algo que hoy está ausente de nuestras políticas públicas”.

Rodrigo Sanhueza

El organismo aseguró que desde 2004 Rodrigo Sanhueza se ha desempeñado en la DGA ocupando diversos cargos en las regiones del Biobío y O´Higgins, donde ejerció como director regional de Aguas entre el 2014 y 2018. Al momento de su nombramiento, ejercía como agente nacional de expedientes del Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la DGA.

Los pasos que vienen en la DGA

Sanhueza, que fue elegido por el sistema de Alta Dirección Pública, explicó que tiene varios desafíos para cumplir con la ruta trazada por el ministro.

En este sentido, destacó que el nuevo Código de Aguas empuja a la DGA a conversar con otros ministerios como el de Medioambiente y Agricultura, no solo para coordinar las tareas afines, sino también coordinarse con aquellas carteras que ejecutan obras, indicaron desde la DGA.

Asimismo, el organismo señaló que esa coordinación también se requiere con otras direcciones del Ministerio de Obras Públicas, como la Dirección de Obras Hidráulicas, que es la unidad encargada de los temas de saneamiento de agua rural y abastecimiento de agua potable. “El nuevo Código de Aguas abre una oportunidad muy importante para que los servicios de saneamiento rural también presenten sus requerimientos. Esto tiene que ser un trabajo colaborativo, tanto con la gente de la DOH como con las personas que están en el territorio y acá las regiones adquieren un rol fundamental”, explicó el nuevo director.

Sanhueza indicó además que otro de los grandes desafíos será la correcta ejecución del presupuesto. “Históricamente la DGA ha tenido un presupuesto bastante acotado, pero este año son 38 mil millones que tenemos el desafío de poder ejecutar. A través de nuestras direcciones regionales y a nivel central, estamos trabajando para poder seguir avanzando en presupuestos mayores”.

Esto, -dijo Sanhueza- es fundamental, ya que el Código de Aguas impone tareas a la DGA que no se podrán cumplir si no se cuenta con los recursos para este objetivo. “Tenemos que ejecutar lo que hoy se nos entregó y seguir creciendo. Esa es la única forma que las letras del Código de Aguas se hagan realidad en los territorios”.

Por otra parte, -según plantearon desde la DGA- internamente los procesos administrativos tienen una duración mayor a lo que se esperaría, por lo que estamos estudiando la forma en que podemos acotar esos tiempos. Esto significa incorporar tecnología en materia de fiscalización e hidrología, lo que nos permitirá contar con más información para la toma de decisiones, pero también conocer el estado real de las cuencas en términos de la disponibilidad de agua.

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Desde el organismo explicaron que la iniciativa busca establecer un perfil de conservación de un recursos cada vez más preciado, como es el agua dulce.

La propuesta legal -como indicó la Cámara- tuvo su respaldo en general ante la Sala en julio de 2018, por unanimidad. Sin embargo, fue objeto de indicaciones tras detectarse un vacío normativo en el texto. En concreto, se detectó la inexistencia de una prohibición para constituir derechos de aprovechamiento de agua sobre glaciares. Por esa razón, se hacía necesaria una modificación al código vigente.

En ese contexto, el proyecto retornó a la Comisión de Medioambiente para la definición de su articulado, considerando el punto recién mencionado, así como otras enmiendas, según señaló la entidad.

Desde la Cámara Baja indicaron que en la última sesión del grupo parlamentario se aprobaron varias indicaciones. Entre ellas, destacan algunas que especifican con más detalles qué es un glaciar. Asimismo, otras normas dan cuenta de la protección que deben tener los glaciares en cuanto a actividades que pueden realizarse sobre o cerca de ellos.

El diputado informante y presidente de la instancia, Daniel Melo (PS), agradeció el trabajo de la instancia, dijo que “se trata de un proyecto con un beneficio importante para las y los chilenos”.

Código de aguas

Cabe recordar que el 25 de marzo pasado se promulgó la reforma al Código de Aguas. Y como señalan desde la Cámara, “el marco normativo contiene múltiples y significativos cambios. Entre ellos, establece una priorización para el uso -y no uso- de las fuentes hídricas, privilegiando el agua potable y saneamiento”.

En términos ambientales, establece condiciones para la sustentabilidad de las fuentes de agua dulce porque “cumplen la función de preservación ecosistémica”, según estipula el documento.

Asimismo, el proyecto también obliga a la salvaguarda in situ de las aguas en áreas protegidas, mediante la constitución de reservas de agua con fines de conservación y la prohibición de otorgar concesiones hídricas en estos sectores especiales.

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En esta oportunidad los temas se enmarcan en el contexto de “Medioambiente y pueblos originarios”, y estarán a cargo de la antropóloga Vivian Gavilán y del abogado Juan Araya, quienes desde su expertiz y mirada abordarán el vínculo de los pueblos indígenas con el medioambiente y en particular, con el agua, para abordar las implicancias del nuevo Código de Aguas en los derechos de agua de las comunidades indígenas.

En el caso de la antropóloga y académica de la Universidad de Tarapacá, Vivian Gavilán, desarrollará el tema “Estar en el territorio y vivir con los antepasados”, con el fin de exponer los antecedentes acerca de los vínculos que establecen los actores sociales con el entorno ambiental y abordará la noción “territorio cultural” como un concepto que remite al sentimiento de pertenencia socio-territorial.

También, Gavilán ahondará sobre los procesos de construcción cultural del entorno ambiental que realizan las familias indígenas en la Región de Tarapacá.

En tanto, el abogado  y encargado de la Unidad de Tierras y Aguas de la Conadi Región de Tarapacá, Juan Araya, abordará el ordenamiento jurídico nacional en torno a los recursos hídricos y el reconocimiento del derecho ancestral de las comunidades sobre las aguas, así como los principales inconvenientes en la aplicación de las normas. Además, el abogado tocará aspectos relativos a la reforma al Código de Aguas y sus implicancias.

Esta segunda jornada de coloquios será moderada por la abogada de la Unidad de Estudios del tribunal, Natalia Zavala y se desarrollará vía zoom el próximo jueves 16 de junio a las 16 horas.

Los interesados pueden inscribirse en ESTE LINK.

Ciclo de coloquios

El ciclo de coloquios organizado por el Primer Tribunal Ambiental contempla cuatro temáticas que están directamente relacionadas con el medioambiente.

Las próximas jornadas se efectuarán sobre “Medioambiente y energías renovables”, la que se desarrollará el 21 de julio; y finalizará con “Medioambiente y contaminación lumínica”, que se llevará a cabo el jueves 18 de agosto.

La entrada Coloquio del Primer Tribunal Ambiental abordará temática de medioambiente y pueblos originarios se publicó primero en Empleos Minería.

En esta disposición, se consagra que el Estado deberá preservar, conservar y, en su caso, restaurar los bienes inapropiables. Una de las inquietudes que han surgido entre los expertos es que sucederá con quienes actualmente tienen derechos de aprovechamientos de agua. La comisión ha declarado que se definirá en las normas transitorias, aunque de todas formas el Estado podrá autorizar a las personas a hacer uso de estos bienes.

Sin embargo, según explica la Dra. Tatiana Celume, abogada especialista en Derecho de Aguas, académica e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, esta norma sería contradictoria, puesto que hoy las aguas son bienes nacionales de uso público, insusceptibles de apropiación privada, y como recurso, no pueden ser apropiadas por los particulares.

Cabe recordar que la reforma al Código de Aguas entró en vigencia el pasado 6 de abril, después de una tramitación que duró 11 años en el Congreso. La nueva Ley 21.435 entrega herramientas para asegurar el derecho humano al agua, subsistencia y saneamiento; y avanzar en la eficiencia hídrica desde la particularidad de las regiones y las cuencas.

“La reforma al Código de Aguas, en definitiva, hizo que el derecho de aprovechamiento esté limitado. Ya no es el derecho de propiedad que teníamos antes, y con eso es más que suficiente, porque tú lo que haces a través de la ley es crear ciertos incentivos para que la gente no especule con el agua, para que efectivamente utilice bien el recurso y no lo tenga acaparado”, asegura Celume.

Como está planteado en la ley, actualmente el Estado tiene derecho a otorgar concesiones, derechos de aprovechamiento para que las personas puedan explotar las aguas destinadas al consumo humano o productivo. Con esta nueva disposición, explica la académica, “al ser inapropiable el agua en todos sus estados, pareciera que no se pueden otorgar derechos de aprovechamiento sobre estas aguas”.

Según la abogada, esto sería muy perjudicial, porque les estaría quitando a las personas el derecho de explotar las aguas, estableciéndose solo una especie de autorización precaria para efectos de poder utilizarla, “pero en la medida en que el Estado te diga cómo, dónde y para qué y cuándo”, indica la abogada.

En ese sentido, son varias las personas y empresas de todos los rubros que se pueden ver afectadas de no poder recibir estos derechos, desde la agricultura, la minería y hasta las sanitarias, que no podrían utilizar el agua para efectos de otorgar el servicio de saneamiento y agua potable.

La abogada señala que esta disposición, como está planteada, genera un riesgo para el uso de este recurso, ya que al hablar de “autorización”, se interpreta que existe una prohibición previa de utilizar el recurso. “Lo que debiera haber es una concesión y la creación de derechos de aprovechamiento para efectos de explorar y explotar. Entonces, para mí, esta declaración se contradice con toda la doctrina de los bienes nacionales de uso público”.

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Al encuentro, y como parte integrante de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI), asistió el subdirector nacional de Geología de Sernageomin, Alejandro Cecioni, quien compartió experiencias con especialistas de la mayoría de los 21 países integrantes de la ASGMI.

Al respecto, Cecioni señaló que “la confluencia de esfuerzos de todos los servicios geológicos de Iberoamérica, continúa siendo una instancia enriquecedora, no sólo por el conocimiento mutuo de los avances en cada una de las materias que se abordan en cada asamblea, sino también por el marco de colaboración que se puede establecer entre los países a propósito de nuestras geologías y particularmente sobre la configuración de temas hídricos como ha sido en este caso”.

Temática de la asamblea

El subdirector de Sernageomín explicó que la asamblea tuvo como objetivo analizar la Hidrogeología y Cartografía Hidrogeológica en Iberoamérica.

Cecioni agregó que “se lograron importantes puntos de encuentro sobre este tema en la mayoría de las instancias de debate sostenidas en la presente cumbre. Además, se destacó la importancia de las aguas transnacionales, de cuencas hidrográficas que abarcan dos o más países y la necesidad de unificar criterios de mapeos y usar la misma plataforma para ser más accesible la información en todos los países”.

Desde el organismo indicaron que las actividades incluyeron un taller científico- técnico orientado a la puesta en común de la actividad de los servicios geológicos en relación con la evaluación de los recursos de agua subterránea y con la realización de cartografía hidrogeológica en sus respectivos países.

Exposición de Chile

Por su parte, Luis López, geólogo de la Unidad de Hidrogeología de Sernageomin expuso de manera virtual sobre los «Avances y Desafíos de los Estudios Hidrogeológicos en Chile”.

El experto indicó que “los ejes principales de mi exposición se centraron en Sernageomin y su inclusión en la institucionalidad del agua y los estudios realizados por el Servicio en los últimos 10 años”.

Desafíos de Chile

Con respecto a los desafíos futuros en esta materia, Luis López señaló que “hay que analizar las implicancias del nuevo Código de Aguas, es decir, se le mandata a la Dirección General de Aguas (DGA) la elaboración de Planes Estratégicos de Gestión Hídrica; se le otorgan mayores potestades sancionatorias; se le entrega herramientas para disponer y exigir mayor información; y dentro de otras, mayores facultades para limitar los derechos de aprovechamiento”.

Otro desafío futuro -según indicó el profesional- tiene relación con el Proceso Constituyente y Nueva Constitución. “Dado que aún se encuentra en desarrollo el borrador para la nueva Constitución, no se sabe cómo afectará a Sernageomin, a la DGA y a los estudios de agua desarrollados por estas instituciones.

López agregó que “si bien, es necesario un marco jurídico para la planificación a largo plazo, el proceso deja abierta posibilidades de cooperación entre las instituciones para el desarrollo de estos estudios”.

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Considerando la relevancia de este vital elemento en el cambio climático y en conmemoración al Día de este Recurso Hídrico, desde MINERÍA CHILENA  conversamos con el abogado del estudio Arteaga Gorziglia, José Ignacio Benavente, sobre -entre otros puntos- las implicancias de esta reforma.

En esta línea, el especialista sostiene que que “debemos ser cautos en las expectativas asociadas a ella. Las industrias que utilizan o disponen de agua ya han asimilado los efectos de la falta de disponibilidad del recurso (…) Inicialmente la reforma “no gozó del apoyo de todos los actores políticos y de las distintas industrias, mutó producto de distintos fenómenos: enfrentamos una sequía prolongada que afecta a todo el país, una demanda creciente del recurso, el agotamiento de fuentes, la constatación de una fiscalización defectuosa por parte de la DGA, la especulación por parte de titulares de derechos, entre otros múltiples factores”.

Para precisar un poco, ¿cuáles son las principales modificaciones al Código de Aguas?

Las modificaciones introducidas por la reforma tocan diversos asuntos. Sin embargo, los principales cambios son los relacionados al tratamiento normativo de los derechos de aprovechamiento de aguas, ya que la reforma limita tanto los derechos vigentes agregando sanciones de caducidad por no uso, como también a los derechos futuros, ya que el otorgamiento por parte de la DGA estará condicionado al destino de las aguas que el titular le asigne, además de que las futuras concesiones no podrán superar los 30 años.

¿Qué factores incidieron en la necesidad de realizar una reforma?

El proyecto ingresó hace 11 años aproximadamente y podemos decir con certeza que la realidad del agua en Chile ha cambiado desde entonces. La motivación de una reforma al Código de Aguas, que no gozó inicialmente del apoyo de todos los actores políticos y de las distintas industrias, mutó producto de distintos fenómenos: enfrentamos una sequía prolongada que afecta a todo el país, una demanda creciente del recurso, el agotamiento de fuentes, la constatación de una fiscalización defectuosa por parte de la DGA, la especulación por parte de titulares de derechos, entre otros múltiples factores.

¿Qué implicancias tendrá la reforma tanto en lo social como en lo económico?

Debemos ser cautos en las expectativas asociadas a la reforma. Las industrias que utilizan o disponen de agua ya han asimilado los efectos de la falta de disponibilidad del recurso. En este contexto, la reforma, en una primera etapa, puede generar incertidumbre relacionada a la eficacia y a los criterios de aplicación de las nuevas normas. Sin perjuicio de lo anterior, son socialmente valorables los avances en cuestiones como la consagración expresa del principio de priorización del uso del agua para el consumo humano y su funcionalidad dentro de los ecosistemas.

¿En qué aspectos esta reforma permitirá una mejor gestión para hacer frente a los desafíos del cambio climático?

Hay herramientas que incorpora la reforma que, en la teoría, pueden servir para gestionar el agua a nivel de cuencas, como son los Planes Estratégicos de Gestión Hídrica. Sin embargo, representan un desafío importante para las autoridades administrativas y la labor de velar por una buena gestión del agua ante el avance del cambio climático no puede recaer exclusivamente en la DGA. La aplicación de la reforma se encontrará con diversas dificultades prácticas que no frenarán las urgencias de comunidades, agricultores y demás usuarios. Lo que no puede suceder es que se descanse en esta reforma como solución a los problemas del agua en Chile ya que la crisis es muy compleja y requiere soluciones multisectoriales.

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En entrevista con MINERÍA CHILENA, el abogado José Ignacio Benavente Ortúzar, del área de Derecho Corporativo, Inmobiliario y Aguas del estudio Arteaga Gorziglia, explica que “sin perjuicio de que se mantiene la concesión legal del derecho de aprovechamiento a las aguas halladas en su labor de explotación o exploración, el nuevo Código agrega un requisito adicional para su uso”.

En concreto, Benavente, detalla que “lo nuevo es que los concesionarios ahora tendrán la obligación de informar sobre las características de las aguas a la Dirección General de Aguas (DGA), dentro de 90 días corridos desde su hallazgo”.

Por otro lado, enfatiza el abogado, “esta ley incorpora una causal de extensión al uso y goce de estas aguas por el cierre de la faena minera, por la caducidad o extinción de la concesión minera, porque dejen de ser necesarias para esa faena o porque se destinen a un uso distinto”.

Además, “otorga la facultad de limitar los derechos si su uso y goce ponen en peligro la sustentabilidad de los acuíferos o los derechos de terceros”, explica Benavente.

Derecho de Aprovechamiento 

Conceptualmente, detalla Benavente, “el derecho de aprovechamiento es una concesión que otorga la ley o el Estado a un tercero sobre el agua, con la finalidad de que este último la use para un destino específico”.

Según el abogado, “esto es así en nuestro ordenamiento, ya que el agua tiene la calificación jurídica de bien nacional de uso público. Hoy, el concesionario de mineras tiene un derecho de aprovechamiento otorgado por la ley sobre las aguas halladas en las labores de exploración y de explotación, siendo ambos derechos -concesión minera y derecho de aprovechamiento de aguas- inseparables”.

Implicancias 

El experto comenta que “las resoluciones que dicte la DGA para estos efectos debe ser fundada. Por otro lado, es relevante hacer presente que la obligación de informar las aguas, indicando su ubicación y volumen por unidad de tiempo y las actividades que justifican dicha necesidad, le es exigible no sólo a quienes exploten o exploren sustancias minerales en el futuro, sino que también a los concesionarios mineros que actualmente usan aguas halladas con anterioridad a la reforma”.

“Estos últimos tendrán un plazo de 15 meses contados desde la vigencia de la ley para cumplir con esta obligación de información”, detalla Benavente.

Asimismo, asegura que “para aquellas empresas mineras que no tengan otros derechos de aprovechamiento distintos de aquellos que son reconocidos por el hallazgo en sus faenas o no tengan alternativas de suministro de agua o no tomen medidas de eficiencia en sus procesos, su producción puede verse afectada si la DGA limita el uso por la afectación del acuífero respectivo”.

En cuanto a si debiera modificarse el Código de Minería, muy similar al artículo 56 del Código de Aguas, el abogado señala que “no necesariamente se debe modificar, ya que el nuevo Código de Aguas tiene un rango normativo suficiente para que en un futuro sea interpretado de forma armónica con el artículo 110 del Código de Minería en lo relativo a las “Aguas del Minero”.

Benavente destaca que “la nueva norma implica al sector público y privado por igual. La reforma no toca las disposiciones relativas a las sustancias minerales concesibles y sólo distingue respecto de la pequeña minería y minería artesanal”.

Según el experto, “la minería artesanal tendrá acceso a un procedimiento simplificado para entregar la información a la DGA sobre las aguas halladas en sus faenas. Esta distinción sigue la misma lógica del Código de Minería establecida en su artículo 142 respecto de patentes especiales para dichos concesionarios mineros”.

El abogado señala que “las obligaciones y limitaciones a los derechos, sanciones y facultades en el nuevo Código de Aguas serán exigibles a todas las industrias. Los mineros deben tener presente que le han puesto exigencias que pueden terminar limitando el uso y goce de sus derechos”.

Asimismo, dice Benavente, “no debemos perder de vista que la industria minera se concentra en la zona norte de nuestro país, donde los fenómenos de escasez hídrica y sequía se manifiestan fuertemente”.

El desafío, estima el experto, “es adecuarse a las nuevas reglas, transversales a todos los actores, incluyendo a la agroindustria como principal usuaria de las aguas consuntivas en Chile y, especialmente, para la DGA, ya que será la encargada de fiscalizar su cumplimiento”.

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