Son cuatro procesos de reorganización concursal que están involucrados, contemplando a firmas del empresario Omar Campillay: Transportes Tamarugal, Agrícola y Exportadora Campillay, y al mismo empresario. Todas ellas están entrelazadas porque existen garantías comerciales cruzadas, dicen fuentes de las negociaciones.

En total, son 25 los acreedores del grupo, siendo los más grandes la firma de camiones Scania, los bancos Consorcio, Bci, Itaú y CorpBanca. Sin embargo, en la nómina también aparecen otros empresarios de renombre: Raimundo Valenzuela, Fernando Franke y Fernando Tisné, a través de Primus Capital; y el family office de Leonidas Vial, Rentas ST, a través de ST Capital, su unidad de deuda.

Este último es el más afectado, con acreencias por 102 mil UF (US$4 millones) aún cuando cuentan con propiedades hipotecadas; mientras que la exposición de Primus Capital es de

$ 1.208 millones (casi US$ 2 millones), de acuerdo con los documentos oficiales.

Pero no son los únicos, en la lista también aparecen BancoEstado, con acreencias por casi US$ 7 millones, Banco Consorcio (US$ 2,5 millones), el servicio de factoring de EuroAmerica, con una deuda valista cercana a $ 2.100 millones (US$ 3,3 millones)) y varios más.

Potenciales compradores

Cercanos a Tamarugal cuentan que en este periodo complejo, varios han sido los que se han acercado a Campillay para intentar comprar la firma, desde competidores hasta fondos de inversión. Sin embargo, hoy el foco es otro: aprobar el convenio concursal.

De hecho, en el mercado cuentan que ST Capital ha seguido de cerca el proceso de reestructuración. Que incluso habría sido uno de los que estaría interesado en comprar la compañía, considerando el potencial que tiene, como una de las principales firmas de transportes para la minería.

Sin embargo, fuentes del proceso, dicen que esto fue descartado por Rentas ST. Lo anterior, agregan, porque ST Capital ha tomado un rol distinto, actuando como una especie de mediador en el proceso de reestructuración entre la banca y Campillay, apoyando el proceso y dando ideas que han servido de base para el plan que está casi terminado y que se presentará a los acreedores.

La tercera versión dice que el interés radica en que Tamarugal “ha sido un cliente histórico del negocio de factoring” de ST Capital, agregando que es “falso” que antes o después traten de entrar a la propiedad. Además, aseguran que el family office no han ocupado un rol de asesores y que sólo han seguido el tema como cualquiera de los otros acreedores.

Lo que sí confirman cercanos al proceso es que ST Capital sigue “realizando operaciones de factoring con Tamarugal”. De hecho, desde el inicio del proceso de reestructuración han seguido comprando facturas de la compañía.

El acuerdo

Por lo pronto, Tamarugal trabaja junto a sus asesores en un acuerdo que presentar a los acreedores. En esto es asesorado por Quest Capital (de Juan Enrique Vilajuana) y por el estudio Urrutia y Compañía. El plan es simple: se pagará toda la deuda y no habrá una quita en la misma.

Así lo confirman fuentes de las negociaciones: “El acuerdo de reorganización está en proceso de elaboración, pero el principal objetivo es mantener la continuidad operacional y pagar el 100% de las deudas de la empresa”.

Lo que contempla el plan es reducir el monto de las cuotas que hoy se pagan, que no alcanzan a ser cubiertas por los $ 1.200 millones de Ebitda que genera la compañía cada mes. “La estructura de la deuda fue mal hecha desde un principio. No está acorde con la realidad de la empresa”, dice un cercano. Por ello, se propondrán cuotas más abordables, pero manteniendo el plazo de pago a cinco o seis años, como está estipulado hoy. Lo que sí cambia, es que la última cuota del leasing será más alta.

Además, se propondrá reducir el interés que se paga hoy, que tampoco está de acuerdo al promedio del mercado. El plan es bajar a una tasa promedio de 0,65% mensual. “Eso sí sería abordable”, agregan.

Por lo pronto, ya se ha solicitado una prórroga de 30 días para que los acreedores voten el acuerdo, lo que sucederá el 20 de agosto próximo. Según cercanos, hasta ahora, tal cual está estipulado, el plan de reestructuración tendría el visto bueno de la banca.

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El crédito sindicado también lo integran BancoEstado, Scotiabank, HSBC, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Banco Santander, Société Générale, CorpBanca, EDC e Israel Discount Bank. Según explicó el presidente ejecutivo de la compañía, John Graell, el objetivo de estos recursos es aumentar el capital de trabajo de la compañía.

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Los fondos de este acuerdo serán utilizados para la construcción de planta solar Javiera, de 69,5 megavatios (MW) en Chile, el que suministrará energía por medio de un PPA (Contrato de Compraventa de Energía) a Minera Los Pelambres, subsidiaria de Antofagasta Minerals.

CorpBanca actuó como garante del crédito y participó en la financiación en calidad de MLA (Mandated Lead Arranger), asumiendo, además, los roles de agente administrativo y agente depositario de garantías, mientras que BBVA participó en calidad de MLA. Ambas entidades también aportarán la financiación del IVA en pesos chilenos por el equivalente a US$30 millones. Este acuerdo supone la primera vez en que únicamente bancos comerciales participan en un crédito de deuda principal para un proyecto de energía solar en Chile.

La interconexión de la planta de 69,5 MW está prevista para el primer trimestre de 2015.

TerraForm Power, subsidiaria indirecta de SunEdison, y propietaria y operadora de plantas de energía solar, tiene intención de ejercer sus derechos de compra sobre Javiera en 2015, una vez sea interconectada. Mientras que SunEdison operará la planta mediante un acuerdo de operación y mantenimiento (O&M) a largo plazo.

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Pero incluso antes de este panorama el sector financiero ha sido blanco de críticas de parte de representantes de la industria minera, que han demandado una actitud más proactiva hacia esta actividad. La distancia ha tendido a profundizarse en un momento como el actual, marcado por una mayor incertidumbre y el desafío de las compañías de incrementar su productividad.

En este escenario resulta útil conocer los criterios que utilizan los bancos para otorgar financiamiento a los proyectos mineros, y cuáles son las condiciones en que dichos recursos se entregan.

En el Banco de Chile, por ejemplo, explican que recurren a diversos criterios al momento de entregar un crédito a una empresa minera. Entre ellos se encuentran: calidad de los accionistas controladores de la firma, cantidad de reservas probadas y probables, vida útil y calidad de estas, además de la ley del mineral y porcentaje de recuperación de este.

Del mismo modo, consideran la capacidad de producción de la compañía, la tecnología de que dispone y los tipos de proveedores y clientes, incluyendo variables como acceso a mercados internacionales, condiciones de venta, accesos a puertos y energía para producción.

“Una medida muy utilizada en este sector que reúne gran parte de los costos de la empresa es el Cash Cost o costo directo de producción medido en dólares por libra. De esta forma, se puede analizar si una compañía minera es sustentable comparando su cash cost con el precio de venta del cobre”, puntualiza desde la entidad.

Para el gerente Banker Grandes Empresas y Corporativas de CorpBanca, Jorge Ballerino, otro elemento importante es la evaluación a los “sponsors o socios que están detrás de las empresas y su expertise en la industria”. En este sentido, el ejecutivo detalla que en el caso de los créditos estructurados se evalúa el plazo de financiamiento, el cual debe ser inferior a la vida útil de la mina. Del mismo modo, se debe estudiar el aporte de capital de los socios “y que el estatus de las resoluciones medioambientales estén en una etapa avanzada”, afirma.

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Sobre este último aspecto coincide el vicepresidente de Banca Corporativa y Comercial de Scotiabank Chile, Héctor Pérez, quien además clarifica que en esta materia se debe diferenciar entre créditos para expandir una operación minera o financiar un nuevo proyecto, y créditos de capital de trabajo para compañías mineras que ya están operando y lo necesitan para tomar nueva deuda o refinanciarla.

“Nosotros somos un banco minero en Canadá y lo que miramos como relevante son los temas ambientales, es decir, cuán resueltos están y qué riesgos existen. Segundo, la vida remanente que le queda al o los yacimientos, y las reservas probadas que disponga”, detalla Pérez.

El ejecutivo hace ver que Canadá financia mucho a la minería: “Tiene regulaciones que hacen que aquellos que tienen proyectos mineros les sea mucho más fácil acceder a los mercados, porque está todo estandarizado. Si quieres ir a levantar plata, tienes que registrarte, hacer divulgación, entregar información de tus reservas, es decir, existe toda una normativa, cosa que acá en Chile no está reglamentado y, además, la pequeña y mediana minería es muy celosa de esa información”, argumenta.

En el plano latinoamericano, Juan José Rossel, senior investment officer Mining Division, LAC Region del International Finance Corporation (IFC), entidad miembro del Grupo Banco Mundial, manifiesta que los criterios para evaluar financiamientos son similares a los de un banco comercial con un inversionista privado, dependiendo de si es una inversión de capital o un préstamo, respectivamente.

Rossel precisa, asimismo, que se analiza “el ambiente político, regulatorio y tributario de la jurisdicción; calidad moral y respaldo de sus accionistas, que se suman a prácticas de gobierno corporativo, experiencia y capacidad de los directores y gerencia, además de una consistencia de los planes estratégicos y financieros”.

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