Anteriormente se desempeñaba como directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Durán ha ejercido como abogada y asesora ambiental para diversas instituciones privadas y públicas, además de integrar la Comisión Nacional del Litio en 2014 y participar como directora de la Fundación Espacio Público y como consejera de Comunidad Mujer.

“Estoy muy entusiasmada de tener la oportunidad de liderar uno de los organismos clave dentro de la institucionalidad ambiental”, comentó la nueva autoridad

“Nuestro mayor desafío será asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental con altos estándares de gestión en la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, agregó.

“Durán también participó como experta de las negociaciones del Acuerdo de Escazú, del cual es amplia conocedora”.

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La iniciativa consiste en la construcción de la nueva subestación seccionadora Nueva La Negra y la construcción del seccionamiento del circuito Nº 1 de la línea 2×220 kV Oâ€Higgins-Coloso y la línea 1×110 kV Antofagasta-Altonorte, en el sector industrial de La Negra.

Detalles

Según detalló la empresa, “para el patio de 220 kV, la configuración corresponderá a interruptor y medio. Para el patio de 110 kV la configuración corresponderá a barra simple más transferencia. Para los patios de 110 kV y 220 kV se deberá utilizar tecnología AIS o Air Insulated Switchgear con capacidad de barras de, al menos, 500 MVA con 75ºC en el conductor y 35ºC con sol. Además, el proyecto considera un equipo de transformación 220/110 kV de 120 MVA. Este proyecto contempla una vida útil de 30 años, con posibilidad a extenderse”.

Con la construcción y operación de una nueva subestación eléctrica seccionadora, Engie informó que la finalidad es seccionar las líneas de transmisión 2×220 kV O´Higgins-Coloso Circuito 1 y 1×110 kV Antofagasta-Altonorte, para así cumplir con lo estipulado en el Decreto Exento N° 4/2019 del Ministerio de Energía”, perteneciente al Plan de Expansión 2017.

De acuerdo con la Declaración de Impacto Ambiental, se estima la creación de un máximo de 90 empleos durante la construcción de la infraestructura eléctrica, que se ubicará a 15 kilómetros de la ciudad de Antofagasta

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La iniciativa se emplaza en la Región de Antofagasta, considerando una inversión de US$105,6 millones y es parte de las Bases de Licitación contempladas en el Decreto Exento Nº4/2019 del Ministerio de Energía.

Según indicó la transmisora al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto “se justifica debido a la necesidad de satisfacer el constante incremento que registra la demanda energética en el Norte Grande”.

“En este sentido, la construcción y operación de la S/E y la LAT permitirá aumentar la capacidad de transmisión de energía en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mejorando la seguridad y continuidad del suministro eléctrico a mediano y largo plazo”, precisó la empresa.

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Una prueba del poco interés parlamentario respecto de la iniciativa, fue que al mes siguiente de la llegada del nuevo proyecto se presentaron 110 indicaciones y tres meses después solo se habían aprobados 11 de ellas. Junto con esto, el 15 de octubre el Ejecutivo decidió quitarle la urgencia. Pero el gobierno quería seguir dando la señal a los inversionistas y en enero pasado, el ministro de Economía, Lucas Palacios, adelantó que la iniciativa se reactivaría y se le devolvería la suma urgencia con el fin de atraer la inversión extranjera, calificativo que aún no se materializa y que no se realizará, pues el gobierno sacó la iniciativa de sus prioridades. Así lo confirma Carolina Schmidt. “Nos enfocaremos en la tramitación de los proyectos de ley marco cambio climático, plásticos de un solo uso y la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). No obstante, simultáneamente estamos analizando, junto a otros ministerios, la mejor forma de tramitar el proyecto de modernización al SEIA”, indica al ser consultada por Pulso.

Además, Schmidt señala que debido a la coyuntura, el trabajo legislativo está enfocado a sacar iniciativas centradas en los temas sociales más que impulsar una agenda sectorial y añade que “una vez que la mayoría de la agenda social sea tramitada, seguiremos avanzando con proyectos medioambientales claves como la ley marco de cambio climático, ley de plásticos de un solo uso o la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

La noticia, que aún no ha sido oficializada, rompe las expectativas que existen en el sector empresarial. “En el sector empresarial todavía está instalada la secreta esperanza de que el gobierno le pondrá urgencia al proyecto que reforma el SEIA y así la iniciativa avance, pero no hay ninguna evidencia legislativa que permita colegir por un segundo que haya un interés del gobierno por apurar este proyecto. Además, en los tiempos legislativos que requiere una iniciativa de esta naturaleza, los tiempos no dan, porque aún no sale de su primer trámite en la Cámara de Diputados y, además, está sin urgencia”, explica el abogado y exfiscal de la cartera en el gobierno de Michelle Bachelet, Jorge Cash.

Para la Sofofa es natural que haya un cambio en la agenda legislativa debido a la expansión del Covid-19 y a la crisis social que vive el país desde el 18 de octubre, temas que tienen tomada la agenda social para responder las demandas ciudadanas. Pese a eso, destacan que dado que la respuestas a estas demandas requerirán un significativo aumento del gasto fiscal, “es fundamental no postergar medidas que impulsen el crecimiento, donde uno de los pilares debe ser la reactivación de la inversión”, explica Rafael Palacios, director de Políticas Públicas del gremio industrial.

Por eso señala que ahora vuelve a cobrar relevancia en la discusión legislativa los instrumentos que puedan tener un impacto favorable en la inversión, “como lo es, por ejemplo, una modernización del SEIA, capaz de compatibilizar adecuadamente la participación ciudadana, la vocación territorial y el cuidado del medio ambiente, con la importancia de ofrecer plazos ciertos y criterios predecibles a los inversionistas”, explica. Por eso, añade, “de no haber avances en las iniciativas legislativas, reglamentarias y de gestión que permitan avanzar en la agenda ambiental, será difícil pensar en un ciclo de reactivación de proyectos de inversión”.

El presidente de la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de diputados, Félix González, explica que un proyecto como el que busca modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental requiere de mucho tiempo para su tramitación, tiempo que hoy el Congreso no tiene. “Esos proyectos requieren de mucho tiempo y para eso tenemos que sesionar en la sala para avanzar en algo y eso solo sucede cuando hay proyectos con suma urgencia o discusión inmediata, y si ahora el gobierno le pone suma urgencia a otro proyecto como SBAP, nos cambia la agenda y ponemos proyectos que son de discusión más corta, pero los proyectos complejos como SEIA necesitan que se despeje la agenda”, señala.

Para el abogado del Partido Ecologista, en Valparaíso la agenda ambiental sí está avanzando. De hecho, en la segunda semana de marzo se iba a votar el proyecto presentado por un grupo de diputados que busca adelantar en 15 años el cierre de las termoeléctricas, iniciativa que a su juicio será mucho más efectiva, una vez aprobada, que el proyecto de Ley de Cambio Climático que el Ejecutivo ingresó en enero al Congreso. “Ese proyecto no nos gusta, porque no resuelve los problemas que tiene que resolver. No apunta a combatir el cambio climático de manera efectiva si se mantienen las termoeléctricas a carbón y si el transporte sigue tal cual y si no resolvemos el tema de los plásticos. Así, finalmente, este proyecto termina siendo una declaración de intención y consideramos que es mucho mejor, en vez de entramparse en un proyecto complejo, largo y poco eficaz, enfocarse en proyectos que son más relevantes, como adelantar el cierre de las termoeléctricas”, indica.

Para el gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda, hay proyectos que deberían priorizarse, como el caso del proyecto de ley de Biodiversidad y Áreas protegidas -“que sí ha registrado avance”-, así como el ya mencionado Cambio Climático. “¿Por qué? Primero, porque abordan temas muy relevantes, sensibles y urgentes. Finalmente, porque, aunque con matices, creemos que existe un amplio consenso social en la necesidad de dar un salto en estas materias”, señala.

Pese a esto, el gremio que reúne a las grandes mineras también ve una ralentización de la agenda ambiental, tema que preocupa, pues deja abierto que ciertos temas puedan ser analizados bajo la futura discusión constitucional que se generará en el país. “Nuevos proyectos de ley en materia medioambiental han sido presentados al Congreso Nacional, abultando aún más la carga laboral de los legisladores. La reciente iniciativa referida al cambio climático es un ejemplo de esto. El escenario de una nueva Constitución abre la posibilidad para que algunos actores prefieran discutir a este nivel algunos temas medioambientales”, destaca.

Claudio Seebach, presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, señala que la agenda ambiental ha progresado en varios frentes, ingresando a discusión o avanzando en proyectos relevantes como la Ley de Cambio Climático, SBAP o la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje. Sin embargo, “aún quedan importantes desafíos y temas a resolver para sacar adelante esta ambiciosa agenda legislativa”, indica.

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Representantes de la comunidad indígena atacameña ya habían solicitado formalmente al SEA que determinara que este proyecto ingrese al sistema de evaluación ambiental.

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De acuerdo con la información del SEA, uno de los sectores que más bajó las inversiones asociadas a sus proyectos fue el de energía, que en el período analizado en 2017 ingresó 47 iniciativas por US$16.442 millones, mientras que en lo que va de este año ha presentado 78 proyectos por US$3.018 millones, es decir, una diferencia de 81,6%, generada por dos proyectos de inversión que en conjunto suman US$11 mil millones: Fotoelectricidad El Loa y Electro solar Tamarugal, ambos de Andes Green Energy.

De igual modo, la actividad minera también ha reducido los montos de sus proyectos en tramitación ambiental. En lo que va de este año suma 59 iniciativas por US$2.296 millones, mientras que en igual período del año pasado habían 66 proyectos en el sistema por US$ 5.846 millones.

Los motivos

De acuerdo con el abogado ambiental y ex jefe de la división jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, Jorge Cash, uno de los motivos que ha paralizado el ingreso de grandes proyectos de inversión tiene que ver con la reforma al SEIA que prepara el gobierno.

“Es probable que los grandes proyectos de inversión estén esperando mayores certidumbres respecto a los anuncios que ha dado el gobierno en materia legislativa”, señaló, puntualizando que entre ellos está el boletín Nº 11747-03, que modifica distintas leyes para promover la inversión como la ley de Bases del Medio Ambiente, facultades del Sernageomin, Código de Aguas, Decreto sobre Concesiones Marítimas, Ley de Urbanismo y Construcción. “La reforma que más pareciera inquietar, es la que introduce cambios estructurales al SEIA, que se ha propuesto abordar una cantidad muy importante de temas y altamente sensibles”, añadió, apuntando que “con este nuevo Congreso, ninguna de las leyes mencionadas verá la luz”.

Por eso dijo que “lo más razonable es que se legisle separadamente todo lo referido a perfeccionamientos en materia de reclamación administrativa y judicial, por un lado, y en otro proyecto, se legisle sobre perfeccionamientos duros al SEIA. Asimismo, parece aconsejable no apurar el proyecto pro-inversión hasta no tener resuelta la reforma al SEIA”, sostuvo.

Una opinión distinta tuvo el profesor de Derecho de la Universidad Católica, Edesio Carrasco, que indicó que un mayor o menor número de proyectos ingresados al SEIA entre un año y otro “se puede explicar por un conjunto de factores, los que, en principio, no se explican por la futura reforma al SEIA”.

Según Carrasco, “es prematuro hacer comparaciones recién iniciado el gobierno actual, correspondiendo esperar al menos un año para hacer un balance y sacar conclusiones”, dijo.

El presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, Álvaro García, en tanto, hizo la salvedad de que los proyectos que se ingresan al sistema no necesariamente son los que se ejecutan.

“Lo importante es que hay en el SEIA, contando los proyectos que no se habían aprobado desde antes, alrededor de US$ 40 mil millones de proyectos en inversión minera. Una cifra extraordinariamente alta”, apuntó”.

Consejo de Ministros visa cambios

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, aprobó ayer el proyecto de ley que modifica y mejora el SEIA. Con esto la iniciativa quedó en condiciones de ingresar al Congreso. La iniciativa busca fortalecer el SEIA como el principal instrumento de protección del medio ambiente. Entre las medidas propuestas está la obligatoriedad de la participación ciudadana previa para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), y se elimina el Comité de Ministros y el Recurso de Reclamación Administrativo, buscando evitar una doble revisión administrativa de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

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El SEA se refirió a la queja de la empresa respecto del plazo necesario para convocar a la reunión. Señaló que se trataba de una situación “de emergencia”, y agregó que los estatutos requieren que el presidente del comité, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, realice dicha calificación, pero que no exigen “una demostración fáctica” de la situación.

El SEA sostuvo que tras la admisión a trámite de las reclamaciones en contra de la iniciativa, oficiaron un mes antes de la vista del proyecto ante el Comité, el 5 de julio, a todos los servicios que tuvieran “competencias relacionadas con el recurso”, fecha desde la cuál estiman que iniciaron la revisión de las materias reclamadas.

Sobre el reclamo de Andes Iron de un trato discriminatorio frente al proyecto Puerto Cruz Grande de CAP, que se emplaza en la zona y fue aprobado por la instancia, el SEA dijo que la condición desde la cual se debe evaluar Dominga “no es ni podrá ser la misma” que se tuvo al analizar la iniciativa portuaria, al estar este ya aprobado.

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Este impasse seguirá teniendo consecuencias durante 2018. No tanto a nivel político, sino a nivel empresarial y regulatorio. Las compañías deberán incluir nuevos elementos a la hora de presentar un proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) o a otras instancias superiores. Por su parte, este organismo y su principal instrumento, el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), también sufriría modificaciones.

Para hacerse una idea, en noviembre pasado, se ingresaron al SEIA proyectos por US$.1415,42 millones. Por otro lado, sólo el proyecto Dominga contemplaba una inversión de US$$2.500 millones.

Ojo con el territorio

Para los especialistas, quizá una de las lecciones clave para 2018 para el sector privado, es la importancia de fijarse más aún en cómo los proyectos afectan al entorno, tanto a nivel de comunidades como medioambiente, algo que incluso puede darse con el sistema de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), instancia diferente a los permisos ambientales.

“Andes Iron lo hizo bien con respecto al diálogo temprano con las comunidades, pero hubo una falencia: muchos proyectos de inversión afectan a un territorio mayor del que se considera en la evaluación de impacto ambiental”, comenta Álvaro García, presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero y ex ministro de Economía (Eduardo Frei).

En una línea similar, Alejandra Medina, socia líder de Sostenibilidad de EY cree que hay una fuerte necesidad de que se tomen decisiones sobre ordenamiento territorial, de forma transparente y que den señales acerca de dónde pueden y dónde no pueden desarrollarse proyectos de este tipo”.

¿Cambios institucionales?

Uno de los caminos que podría tomarse para mejorar el sistema de evaluación de grandes proyectos de inversión, pasaría por ajustar algunas tuercas en materia de la institucionalidad ambiental, tarea que le tocará negociar al nuevo Gobierno de Sebastián Piñera. “Ni las empresas ni las ONG ambientales están satisfechas con la actual institucionalidad. Lo más lamentable es la gran inversión de recursos sin resultados positivos ni de la protección ambiental ni del desarrollo económico”, comenta Monserrat Moya, abogada especialista en RSE de Peralta, Gutiérrez y Asociados.

Con la nueva institucionalidad ambiental (Ley 20.417 y reglamento DS 40/12 del MMA), nuestro país mejoraba la ley de bases de medio ambiente que fue nuestro marco regulador por casi 16 años. Si bien Dominga fue sometida a trámite con el reglamento anterior (DS 95/2001) “su rechazo puede dañar la actual institucionalidad y la credibilidad del actual sistema de evaluación ambiental”, comenta Rodrigo Velásquez, director de Sustentabilidad y Cambio Climático de PwC.

Desde el Congreso, el Senador Patricio Walker, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, explica que es fundamental modificar el sistema de impacto ambiental para 2018, de tal manera que se establezcan instancias de dialogo preliminares, y así, buscar acuerdos entre las comunidades afectada (o beneficiada) por los proyectos y las empresas “Hoy tenemos un gran déficit, porque la evaluación se hace respecto a la línea base del proyecto. Pero cuando se quiere hacer un cambio e localización del lugar donde se va a construir una determinada infraestructura, no se puede hacer porque la ley no permite. La flexibilidad es necesaria”, dice Walker.

Además, el parlamentario DC dice que deben existir mecanismos para que los tribunales ambientales tengan un rol más proactivo y preventivo del conflicto.

Álvaro Merino, gerente de Estudios de Sonami es categórico: “A partir de la decisión del Comité de Ministros, creemos que se deberá revisar la institucionalidad ambiental en el sentido de otorgar al inversionista mayores grados de certeza jurídica, en la medida que cumpla la normativa”, dice Merino.

Reservas de hierro

Como sea, lo más posible es que sí o sí, se realice un proyecto de extracción minera en el lugar, cercano a la localidad de La Higuera. Claramente, Andes Iron seguirá insistiendo en 2018, tomando en cuenta que la iniciativa original contemplaba la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre.

Pero puede que en el camino aparezcan otros interesados, tomando en cuenta la dimensión del yacimiento y el fuerte boom del acero a nivel mundial. Según la Asociación Mundial de Acero, la producción de este metal ha crecido un 31,5% desde 2009 hasta alcanzar el año pasado las 1.628 millones de toneladas.

Sea como sea, la forma en que se logra la aprobación de proyectos de tal envergadura, será un tema de discusión en la próxima administración, pero sobretodo, en el Congreso.

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Desde el mundo privado comentan que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) debería modificarse para entregar mayores certezas, lo que podría ocurrir tras la instalación del gobierno de Sebastián Piñera, ya que en su programa contempla medidas para mejorar este instrumento.

Y un insumo clave para decidir estos cambios será solicitar una consultoría internacional para actualizar esta herramienta, tomando en cuenta las experiencias exitosas de otros lugares del globo, comenta uno de los coordinadores de la comisión de Medio Ambiente del comando de Piñera, Ricardo Irarrázabal.

“Actualmente existen muchas opiniones sobre eventuales modificaciones a un sistema que se creó en 1997 en un contexto bastante distinto al actual y que requiere ser modificado y comparado con la experiencia internacional en la materia”, opina el también ex subsecretario del Medio Ambiente.

Pone el ejemplo del modelo de Estados Unidos, correspondiente a un sistema de evaluación más acotado y enfocado en el riesgo ambiental o la experiencia europea, que se concentra en los proyectos de mayor riesgo ambiental. “También hay que tener presente que las legislaciones latinoamericanas, que se crearon siguiendo el modelo chileno, también se han ido modificando en el tiempo”, añade.

Irarrázabal comenta que, por ejemplo, se le podría pedir ayuda a la OCDE o a otras instituciones de prestigio internacional que puedan colaborar en esta materia, como por ejemplo la IAIA (International Association for Impact Assessment).

En el corto plazo, según señala el programa de Piñera, buscarán fortalecer el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), tecnificando los pronunciamientos sectoriales, acotando los plazos, mejorando los procedimientos de evaluación y generando instancias de diálogo temprano entre la comunidad, los titulares del proyecto y la autoridad.

Comisión presidencial

La consultoría internacional no será el único insumo que tendrá el nuevo gobierno para decidir, eventualmente, modificaciones a la ley medioambiental. Según Irarrázabal, también rescatarán ciertos aspectos tratados en la comisión presidencial conformada por la Presidenta Michelle Bachelet para mejorar el SEIA.

Sobre este punto, el experto sostiene que el Ejecutivo tramita acotados cambios al reglamento SEIA, recientemente aprobados por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

“Es un resultado, en mi opinión, muy pobre en relación con el trabajo de la comisión asesora presidencial para reformar el SEIA, la cual planteó temas más relevantes y que significaban cambios legales, además de los reglamentarios”, subrayó.

Los cambios que se propongan, y que surjan del análisis de insumos como la consultoría internacional o la comisión presidencial, requerirán de un amplio consenso en caso de optarse por reformas legislativas. “Esto supone la generación de consensos técnicos y políticos en la materia, bajo una lógica de políticas de Estado. Esto es lo opuesto a la lógica de la retroexcavadora”, opina Irarrázabal.

Destrabar inversiones

El programa de Piñera contempla también agilizar ciertos proyectos de inversión, pero la ex autoridad apunta que esto no será saltarse la institucionalidad.

“Son todos proyectos que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, pero que por diversas razones no se han podido concretar, muchas veces por razones burocráticas y de papeleos, y en que no se han cumplido los plazos que tiene el mismo Estado para pronunciarse”, dijo.

Agregó que “uno puede mejorar los plazos de evaluación ambiental de los proyectos, sin menoscabar las exigencias y la calidad de la evaluación. Eso es una tarea principalísima del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como administrador del sistema, y que debiera materializarse con mejoras en su gestión interna y en su relacionamiento con los otros servicios”.

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El estudio identificó al 30 de septiembre de este año un total de 508 proyectos, que suman una inversión de US$ 119.342 millones, con resolución de calificación ambiental favorable o en proceso de calificación ambiental. Los resultados obtenidos de esta muestra revelaron que el tiempo promedio de revisión que registran los proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) desde 2010 hasta la fecha de cierre es de 269 días hábiles, lapso equivalente a 12,6 meses en promedio de evaluación ambiental. De estos 508 proyectos, 268 fueron registrados como “aprobados”, correspondiendo a una inversión ascendente a US$ 80.450 millones, mientras que los 240 restantes permanecen “en calificación” ambiental, que representan una inversión que suma US$ 38.892 millones.

Según explica el estudio, si bien la Ley Nº 20.417 introdujo modificaciones significativas al SEIA, diversos organismos que han analizado sus efectos concluyen que uno de los principales reparos al procedimiento administrativo de calificación ambiental es el bajo nivel de cumplimiento de los plazos de tramitación. La ley establece para la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) un plazo de 120 días hábiles, prorrogable en 60 días adicionales, mientras que el pronunciamiento de las autoridades frente a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debe realizarse en 60 días hábiles, extensible en 30 días más. Sin embargo, muchos proyectos de inversión han estado más de dos años en tramitación ambiental o a la espera de obtener una resolución de calificación ambiental favorable.

“Consideramos que es un síntoma de la necesidad de implementar cambios en la gestión y estructura del sistema. Los actuales promedios en los tiempos de tramitación no solo superan los plazos establecidos en la Ley de Bases del Medio Ambiente, sino que además reflejan cómo este procedimiento administrativo ha incorporado complejidades sectoriales que extienden el alcance de la evaluación a materias no ambientales que terminan prolongando los plazos de evaluación innecesariamente”, dice Rafael Palacios, director de Políticas Públicas de la Sofofa.

El catastro también da cuenta de que los proyectos “aprobados” en el SEIA registraron 11,4 meses en promedio para obtener una resolución favorable, mientras que las “en calificación” se mantienen 14 meses en promedio en tramitación ambiental. Los proyectos ingresados al sistema a través de un EIA demoraron 18,3 meses en promedio en obtener su autorización ambiental, mientras que aquellos que ingresaron mediante una DIA resuelven su evaluación en 9,2 meses en promedio.

Palacios agrega que si bien se observa que la permanencia de proyectos en tramitación ambiental ha caído de 12,8 meses en 2016 a 4,7 meses en 2017, ello se debe a la reducción en la cantidad de proyectos ingresados al SEIA durante el presente año: 156 iniciativas en 2016, versus 84 proyectos este año.

Reforma al sistema

Respecto a los cambios necesarios, Palacios añade que espera que la adopción de medidas tales como el fortalecimiento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la incorporación de una etapa temprana de evaluación sean prioridad para los primeros 100 días del próximo gobierno de Sebastián Piñera.

Entre las sugerencias del gremio, proponen utilizar un instrumento existente en la regulación, como es la Evaluación Ambiental Estratégica, pero que sea debidamente fortalecido. También sugieren que la instancia final de resolución de las materias referidas en esta etapa sea el Comité de Ministros, en base a recomendación del SEA.

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En el sector minero señalan que Cerro Casale, ubicado en el cinturón aurífero Maricunga, en la cordillera frente a Copiapó, bate récord en tardanza en su concreción. Cuando se lanzó hace dos décadas, ya era un proyecto de envergadura y estaba en manos de grandes compañías mineras (entonces, Bema y Amax Gold). El proyecto costaba en 1997 un total de US$ 1.300 millones. Hoy supera los US$ 5.200 millones.

¿Qué pasó? El proyecto original, denominado Minera Aldebarán, logró su permiso ambiental en enero de 2002, pero los dueños a partir de 1998 -las canadienses Barrick y Kinross- decidieron hacer cambios en el diseño y hacerlo más grande. Ese nuevo estudio ambiental se presentó en 2011 y se aprobó en 2013. Pero en su contra se interpusieron varios recursos de reclamación, que fueron resueltos por el Comité de Ministros de Medio Ambiente en mayo de 2015, que decidió darle menos agua de la que el proyecto necesitaría, por lo cual Cerro Casale reclamó ante el Tribunal Ambiental, que ordenó al Comité de Ministros dictar una nueva resolución, lo que se hizo el pasado 7 de septiembre y en la que si bien se aprobó el proyecto, no se sabe el alcance de las medidas en relación a los requerimientos hídricos de la iniciativa.

Mientras todo esto pasaba, los sueños de Casale desarrollaban en Chile otra minera, Pascua Lama, que fue suspendida por problemas ambientales en 2013. “De alguna manera, Barrick privilegió Pascua Lama por sobre Casale, lo que al final no resultó una decisión muy beneficiosa para los accionistas”, comentan en el sector.

Y debido a las dificultades de Pascua Lama, que también está en la Región de Atacama, Barrick decidió desprenderse del control de Casale, que desde junio de 2017 tiene participación en partes iguales de esta compañía canadiense y de Goldcorp, que está a cargo de la operación.

La intención de esta compañía, también de Canadá, es desarrollar Cerro Casale en conjunto con otra iniciativa que está a solo 10 kilómetros, el yacimiento de Caspiche. Por ello enviarán hacia el año 2020 un nuevo estudio ambiental que consolide ambos proyectos, que por su envergadura superará los US$ 6 mil millones. Según conocedores de las tratativas, es factible que esta “megaminera”, que es ya el mayor depósito aurífero del mundo, se construya después de 2022, con lo que la iniciativa se hará después de 25 años de trámites.

¿Es esto normal? Según los accionistas de Casale, no lo es. “Hacer minería en Chile no es fácil. Las exigencias ambientales son tan altas como en Canadá y Australia, a lo que hay que sumarle la incertidumbre que genera la judicialización”, sostienen los dueños de Cerro Casale.

En este rubro, comentan que la RCA es solo el primer gran escollo con el que se topan las empresas que quieren hacer un proyecto. Luego vienen los permisos sectoriales, desde Vialidad (MOP) para los caminos, hasta la Conaf o la Autoridad Marítima si es que se construye infraestructura complementaria como una desaladora o un puerto. “Se requieren miles de permisos, que se otorgan por parte de la autoridad a ritmos distintos”, comentan en Casale. Incluso hay permisos donde la autoridad central no tiene mayor injerencia, como los que otorga Conaf o el Consejo de Monumentos Nacionales, donde en el sector empresarial ven un sesgo antiminero.

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