Esto significa que casi $ 10 mil millones serían invertidos en la comunidad de Concón de ser concretada la termoeléctrica, dinero que sería utilizado para la realización de diversos proyectos. La idea está bajo análisis entre la estatal chilena y el socio mayoritario en el proyecto termoeléctrico, la empresa japonesa Mitsui.

Según confirmó Enap, esta considerable suma nace del programa Nueva ERA que “considera iniciativas en inversión ambiental, desarrollo social-productivo y el mejoramiento de espacios urbanos o áreas verdes”.

Es por este motivo, expusieron en la empresa nacional, que “durante este año hemos buscado ponernos al día con la comunidad, avanzamos en un conjunto de compromisos voluntarios y en paralelo, mientras se tramite la evaluación ambiental de la central a gas natural, queremos definir en conjunto con los vecinos una serie de proyectos que causen un impacto real en su calidad de vida y se incluyan en los acuerdos de compensaciones que se definan en relación a la inversión total del proyecto”.

Sobre cuál será la entidad que manejará la posible inversión, la estatal precisó que “los destinatarios y los montos de dichos fondos dependerán de los proyectos elegidos por la propia comunidad”.

De acuerdo a lo manifestado por Enap, “este mecanismo participativo ya ha sido realizado exitosamente por la empresa en Hualpén, donde cerca de 2 mil vecinos de la comuna eligieron las iniciativas prioritarias para la comunidad en el marco del programa “Hualpén Suma”, las que la compañía ya se encuentra ejecutando en forma exitosa”.
Puesta en marcha

La idea de materializar proyectos ambientales, urbanos y sociales en Concón, que serán discutidos con la comunidad a través de un proceso de diálogo donde se ofrece asociatividad y compensaciones, recién comenzaría a ser discutido el próximo año, tiempo en que la estatal espera la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la iniciativa para obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, que en definitiva le permita la realización del proyecto.

Esto porque actualmente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central Nueva ERA se encuentra suspendido en la tramitación ambiental tras una presentación que realizó el representante de la iniciativa, Marc Enric Llambias Bernaus, en representación de Enap Refinerías S.A.

Llambias ingresó una solicitud al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el 9 de junio, donde específica que: “A través de la presente comunico a usted que requiero de mayor tiempo que el otorgado para responder el Informe Consolidado N° 1. En consecuencia, solicito que se extienda la suspensión que resta para finalizar el procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental ‘Central Nueva ERA’. La fecha en que culminará la requerida suspensión será el 30 de octubre de 2016″.

Las razones, argumentó el ejecutivo, se centraron en que “se requiere de mayor plazo para efectuar y finalizar campañas, estudios complementarios y otros, que permitan responder a las consultas, observaciones y comentarios emitidos por la autoridad y comunidades, plasmadas en el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara)”.

Esto fue aprobado por la entidad con competencia ambiental que determinó extender la entrega del informe para el 2 de noviembre de este año, dado que el 30 de octubre es un día inhábil. Además, cabe consignar que, según informó ayer El Mercurio de Santiago, en julio la Empresa Nacional del Petróleo y la japonesa Mitsui participarían en las licitaciones eléctricas con la central a gas natural de 510 Mw en Concón.

[Nueva Era: Enap y Mitsui entregarían el 2% de la inversión del proyecto a la comunidad]

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Esto, después de que entre diputados y organizaciones sociales se haya instalado la demanda por impulsar un impuesto que retribuya a los lugares donde las distintas compañías residen y generan ciertas externalidades negativas, según sus autores, como daños al medio ambiente o extracción de recursos no renovables.

Según el senador y vicepresidente de RN, Francisco Chahuán, la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió en la reunión que sostuvo ayer con la directiva del partido opositor a incorporar esta materia dentro de las medidas de la comisión asesora para la descentralización y el desarrollo regional, recientemente creada por el gobierno.

“Mostró plena disposición a avanzar” en el tema, afirmó ayer el parlamentario al ser consultado.

La respuesta surge en medio del debate generado por la reforma tributaria durante las últimas semanas. En este contexto, se generó entre diputados de distintos sectores la demanda por un impuesto especial que permita “promover la descentralización tributaria en Chile”.

El proyecto de acuerdo por el llamado “impuesto regionalista” fue presentado en la Cámara de Diputados y contó con el apoyo de seis diputados RN y los diputados de Evópoli Felipe Kast, Felipe Ward (UDI), Iván Fuentes (Nueva Mayoría) y el independiente Gabriel Boric.

El objetivo de los parlamentarios era que fuese incorporado en el proyecto de ley de la reforma tributaria, actualmente en trámite en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Sin embargo, para que esto sucediese debía ser incluido por el Ejecutivo, quien tiene exclusiva iniciativa en materia tributaria, posibilidad que fue desechada ayer, en la comisión de Hacienda, por los diputados José Miguel Ortiz (DC) y Pepe Auth (PPD).

Según fuentes de palacio, incorporar esta medida en el proyecto de ley de la reforma tributaria “contaminaría” su tramitación en el Congreso, por lo que el mejor diseño legislativo sería enviarlo en un eventual proyecto aparte.

Sin embargo, los diputados firmantes esperan presentar las indicaciones a la reforma en esta dirección cuando la iniciativa llegue a la sala de la Cámara Baja.

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Según la información remitida por la firma española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el acuerdo articula una serie de mecanismos financieros para asegurar la compensación, y supone retirar todos los litigios judiciales pendientes, así como la renuncia a futuras reclamaciones.

El acuerdo garantiza, además, que la compensación mantendrá su valor al convertirse de deuda a dinero en efectivo, lo que había sido uno de los reclamos tradicionales de la petrolera.

Para articular el pago, Argentina emitirá deuda soberana por un valor real o de mercado de al menos US$ 4.670 millones (cerca de 3.380 millones de euros), independientemente de su valor nominal.

En principio, el vecino país entregará a Repsol una cartera de US$ 5 mil millones nominales con tres tipos de bonos soberanos: dos ampliaciones de emisiones existentes -una por US$ 500 millones y otra por US$ 1.250 millones- y una nueva, por un total de US$ 3.250 millones.

La petrolera destaca que a la ampliación de US$ 1.250 millones hay que sumar otros US$ 500 millones de intereses capitalizados, que en lugar de abonarse en efectivo se han sumado al nominal, por lo que el valor real de esta emisión es de US$ 1.750 millones.

En cualquier caso, el acuerdo establece que si estos US$ 5 mil millones emitidos (US$ 5.500 millones si se suman los intereses capitalizados) tienen un valor en el mercado inferior a US$ 4.670 millones, Argentina realizará nuevas emisiones por hasta US$ 1.000 millones.

La expropiación del 51% de las acciones que Repsol tenía en YPF se concretó en mayo de 2012 a través de una ley aprobada por el Congreso argentino. El acuerdo acordado ayer por el Consejo de Repsol se va a firmar este jueves en Buenos Aires, entre un apoderado de la empresa y otro del Ministerio de Economía argentino.

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