El organismo defensor de los derechos humanos en Colombia alertó del impacto que tiene la minería ilegal para la salud de la población del departamento del Chocó, en un informe al que tuvo acceso Notimex.

Una misión de la Defensoría del Pueblo visitó recientemente varias zonas mineras en el Chocó, y comprobó “la trágica huella de esa actividad (minería ilegal), particularmente sobre las fuentes hídricas y la salud de los habitantes”.

Según la Corporación Autónoma Regional (Codechocó), el año pasado había 54 dragas trabajando en la explotación aurífera, “cifra que de acuerdo con los datos que maneja esa corporación, representa un incremento del 184 por ciento en relación con la maquinaria que había en 2012”.

La Defensoría del Pueblo señaló que estos indicadores están en proceso de verificación, pues según la misma comunidad habría por lo menos 200 dragas acondicionadas por los mineros.

“El inconveniente es que existen algunas zonas donde el acceso no es expedito por la influencia que sobre este negocio tienen grupos armados ilegales como las FARC, el ELN, los “Rastrojos” y “El Clan Úsuga”, advirtió la institución.

De acuerdo con la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, al menos ocho ríos (Atrato, San Juan, Andágueda, Apartadó, Bebará, Bebaramá, Quitó y Dagua), han sido contaminados y su cauce desviado por la intervención abrupta e irregular de los complejos mineros.

Pero lo más delicado son “las consecuencias del vertimiento de mercurio sobre los ríos y la dispersión de los vapores que arroja su tratamiento en los entables, situaciones que representan un alto riesgo para la salud de la comunidad”.

El agua de estos afluentes es utilizada para el consumo directo, la pesca, el baño y el lavado de la ropa y los utensilios de cocina, de las comunidades que habitan en las riberas de estos afluentes.

Según un Informe de la Comisión Independiente del Ombudsman, la exposición del ser humano al mercurio deriva en enfermedades como tos persistente, diarrea, fiebre, aumento en la tensión arterial, edema pulmonar, dermatitis, abortos espontáneos y malformaciones genéticas.

A esta problemática se suman “las difíciles condiciones de abastecimiento de agua y saneamiento básico desde el punto de vista de la infraestructura de servicios públicos, dado que en las poblaciones objeto de la visita no existen rellenos sanitarios”.

Señaló el informe que “las basuras se disponen a cielo abierto, en ocasiones son arrojadas a las fuentes hídricas, y no hay plantas de tratamiento de agua potable ni de aguas residuales”.

Una investigación de la Universidad Externado de Colombia concluyó que Colombia es el país con mayor contaminación por mercurio en América.

La sola extracción artesanal de oro en las diferentes regiones de Colombia, emiten unas 180 toneladas anuales de mercurio, un metal peligrosísimo para la salud.

La investigación universitaria plantea que el 70 por ciento de los Andes colombianos y cerca del 40 por ciento del total de la estructura geológica del territorio colombianos tienen explotación minera.

“La búsqueda de equilibrio entre estas demandas es un mandato de carácter constitucional que debería tender puentes de relacionamiento entre los intereses de los sectores productivos y medioambientales”, señaló el estudio de la privada Universidad Externado de Colombia.

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(AméricaEconomía) Durante agosto pasado se registraron en Perú 205 conflictos sociales, 162 de ellos activos y 43 “en estado latente”, reveló este jueves el informe mensual de la Defensoría del Pueblo.

El Reporte de Conflictos Sociales 126, señaló que la región sur andina de Apurímac encabezó, con 23, la lista con el mayor número de conflictos sociales, seguida por la norteña Áncash, con 22, y la sureña Puno, con 16.

Les siguieron Cuzco, con 14; y Ayacucho, Junín y Piura, con 13 conflictos, cada uno; mientras que Ucayali, Madre de Dios, Huánuco y Lima Metropolitana registraron un conflicto, en cada caso.

Los conflictos por temas socio-ambientales fueron, por séptimo mes consecutivo, los más numerosos, con 132 casos; y en ellos la actividad minera fue la más involucrada en la conflictividad, con el 70,5%, seguida por las actividades con hidrocarburos, con el 12,9% del total.

Los conflictos por asuntos de gobierno local fueron 22; por demarcación territorial, 15; comunales, 9; por asuntos de gobierno nacional, 9; y temas laborales, 7.

El reporte también señaló que durante agosto se presentaron, en total, seis conflictos nuevos en las regiones de Áncash, Arequipa, Cuzco, Ica y Junín.

También se ejecutaron 140 acciones de protesta colectiva, 8 menos que durante el mes anterior, y no se reportaron acciones de violencia subversiva.

En agosto se resolvieron tres conflictos, uno en Áncash, otro en Junín y el siguiente en Puno.

La Defensoría del Pueblo propuso a las autoridades que le den una especial atención a dos casos nuevos que se encuentran en etapa de crisis, en Áncash y en Junín, mientras que lamentó la muerte de cuatro personas en un conflicto en la provincia de La Convención, en el Cuzco.

“Cabe señalar que el 34,7% de los procesos de diálogo, de acuerdo al reporte de este mes, se iniciaron después de hechos de violencia”, concluyó.

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