El nuevo régimen cautelar comprende la extensión de la autorización para la carga y retiro del material acopiado en el salar, así como la extracción limitada de Ulexita en determinados sectores del área fuera del Monumento Natural “Salar de Surire”, bajo un régimen estricto y limitado de acuerdo con el Plan de Trabajo que deberá presentar la empresa.

El próximo 31 de mayo expiraba el plazo de las actuales medidas cautelares decretadas en la causa entre el Consejo de Defensa del Estado y la empresa Quiborax, por el presunto daño ambiental en el Salar de Surire.

Desde el Tribunal informaron que el pasado 13 de mayo se realizó una audiencia de revisión de medidas cautelares, con asistencia de las partes de la causa, así como de sus terceros coadyuvante. Tras la revisión de los antecedentes presentados, se determinó por dos votos a favor y uno en contra, que se extiende la autorización excepcional para realizar actividades de nivelación en las áreas intervenidas durante el 2024, además del retiro y transporte de ulexita acopiada en el salar hasta noviembre de 2025. Lo anterior, bajo las condiciones, medidas y reportabilidad ya establecidas. Además, el tribunal autorizó el régimen limitado de explotación propuesto por Quiborax, consistente en la extracción de Ulexita en zonas previamente determinadas fuera del área protegida consistente en el Monumento Natural “Salar de Surire”, bajo estrictas condiciones y de acuerdo con un Plan de Trabajo que deberá ser aprobado.

En este sentido, la demandada deberá presentar un plan que contenga la delimitación precisa de los polígonos de explotación; caracterización topográfica y variables ambientales, caracterización de la fauna y avifauna; identificación de impactos y riesgos de la explotación; detalle técnico del procedimiento de nivelación posterior a la extracción, así como un sistema de monitoreo y verificación de zonas de exclusión.

La decisión adoptada por el Tribunal se fundamenta en el cambio de circunstancias respecto del contexto que motivó originalmente la paralización total de las actividades de Quiborax en el Salar de Surire, así como en la necesidad de resguardar el principio de proporcionalidad de las medidas cautelares.

En particular, se consideró que la propuesta de un régimen de explotación acotado –limitado temporal y espacialmente a sectores fuera del Monumento Natural, acompañado de medidas específicas de resguardo ambiental orientadas a proteger la avifauna, los cuerpos de agua y la napa freática— permite reducir significativamente los riesgos ambientales que justificaron la medida original.

Asimismo, el Tribunal valoró que la solicitud incorpora condiciones técnicas y de monitoreo que permiten compatibilizar la operación restringida con los objetivos de conservación del sitio Ramsar, sin desconocer la coexistencia de múltiples usos en el territorio. Por estas razones, se estimó procedente autorizar parcialmente la operación, manteniendo la paralización en el resto del salar y supeditando la ejecución del régimen propuesto a la aprobación de un plan de trabajo que incorpore las exigencias establecidas en la resolución.

Condiciones para la operación restringida

Esta nueva resolución de medidas cautelares establece que la explotación se podrá realizar sólo en seis polígonos específicos ubicados fuera del Monumento Natural Salar de Surire, entre los meses de junio a noviembre de 2025. Se explica en la decisión que la limitación responde a la necesidad de proteger los ciclos de vida de las especies que allí habitan, especialmente los flamencos, cuyas etapas reproductivas coinciden con los meses previos y posteriores al período de extracción propuesto.

De esta forma, la resolución establece para el régimen de explotación restringido las medidas consistentes en la delimitación precisa de los polígonos de explotación mediante imágenes actualizadas y cartografía detallada; el establecimiento de zonas de exclusión en torno a cuerpos de agua permanentes y sitios históricos o potenciales de nidificación de flamencos, con distancias mínimas de resguardo; la priorización temporal y espacial de las actividades para evitar interferencias con zonas de reproducción de flamencos y otras especies protegidas; la caracterización topográfica y ambiental de los sitios a intervenir; la limitación de la profundidad de extracción a un máximo de 60 cm, sin afectar la napa freática; la elaboración de un inventario actualizado de fauna y avifauna; la identificación de impactos asociados a la operación y la implementación de medidas de manejo ambiental; la nivelación inmediata de los frentes de extracción para evitar alteraciones en la dinámica hídrica; y la aplicación de un sistema de monitoreo ambiental continuo, con protocolos de ajuste y paralización ante la detección de fauna sensible en las zonas de exclusión.

Desde el Tribunal resaltaron que todas medidas permiten reducir significativamente los impactos potenciales que motivaron la adopción de la medida de paralización original, al focalizar las actividades extractivas fuera del área del Monumento Natural y establecer restricciones físicas y operacionales que buscan proteger los componentes críticos del Salar de Surire.

Medida cautelar

Fue en septiembre de 2024 que el tribunal decretó la paralización de toda la operación de Quiborax dentro de los límites establecidos para el sitio Ramsar del Salar de Surire hasta diciembre del mismo año. En esa oportunidad, solo se permitió la realización de labores de mantención y conservación del lugar.

Posteriormente, se autorizó de forma excepcional las actividades de nivelación de las áreas intervenidas durante el año 2024, así como de retiro y transporte de material de ulexita acopiado bajo condiciones y medidas específicas.

Esta medida cautelar se mantuvo y extendió hasta el 31 de mayo de 2025 bajo las medidas, condiciones, planes de trabajo y seguimiento determinado.

Cabe mencionar también que en el área protegida correspondiente al Monumento Natural “Salar de Surire” se mantiene vigente la medida de paralización completa de labores de Quiborax.

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Esta audiencia se llevó a cabo conforme con lo informado por las partes durante la audiencia de conciliación, prueba y alegatos finales, realizada entre los días 12 a 14 de marzo del presente, con el objetivo de revisar los avances del proceso.

En la oportunidad, los abogados de la partes demandante y demandada, Osvaldo Solís y Mario Galindo, respectivamente, dieron cuenta que la segunda propuesta de conciliación presentada por la empresa Quiborax fue rechazada por el Consejo de Defensa del Estado, lo que no obsta a la presentación de una nueva versión que modifique y mejore los aspectos que fundaron su rechazo. En tanto, los terceros coadyuvantes de la parte demandante expresaron que no han tenido participación en el proceso, mientras que los de la parte demandada manifestaron que se mantendrán atentos a los avances que realicen las partes principales del juicio.

Según lo expuesto en la audiencia, las partes informarán al tribunal del progreso de estas conversaciones y, eventualmente, presentarán el acuerdo a que arriben para su aprobación.

Medida cautelar

Cabe recordar que en septiembre del año pasado, el Primer Tribunal Ambiental dictó la medida cautelar de paralización de las faenas de Quiborax dentro de los límites del sitio Ramsar Salar de Surire. Esta medida fue modificada durante el mes de octubre de 2024, en el sentido de permitir, de manera excepcional, el retiro y transporte de la ulexita acopiada en el salar, así como actividades de nivelación de las áreas intervenidas. Este régimen de funcionamiento se encuentra vigente hasta el 31 de mayo de 2025.

En este escenario, la empresa demandada, Quiborax, propuso un nuevo régimen de operación para los meses de junio a diciembre del presente, permitiendo la extracción limitada de mineral desde el área del salar que no forma parte de aquella declarada como Monumento Natural, bajo diversas condiciones.

Al respecto, el tribunal citó a las partes a una audiencia de modificación de medida cautelar, la que se realizará el 13 de mayo del presente, a las 15:00 horas.

Mecanismos de solución alternativa de conflictos

Desde el Tribunal recordaron que existen distintas formas de acuerdo entre las partes para terminar un juicio.

El avenimiento ocurre cuando las partes proponen un acuerdo, mientras que la conciliación es sugerida por el juez. En cambio, la transacción es un contrato firmado ante notario que, si se presenta durante un juicio, permite terminarlo; por eso también se le conoce como un “acuerdo extrajudicial”.

En el caso de los Tribunales Ambientales, todos estos acuerdos —ya sean dentro o fuera del juicio— deben ser revisados por el tribunal, según lo establece el artículo 44 de la Ley N° 20.600, con el fin de proteger lo que se conoce como el principio de indemnidad ambiental, es decir, asegurar que el daño ambiental sea efectivamente reparado.

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Desde el Primer Tribunal Ambiental detallaron que hubo testigos expertos que entregaron antecedentes científicos respecto a la situación ambiental de este salar altoandino, ubicado en la cordillera de la Región de Arica y Paricanota. Asimismo, se contó con testigos simples que aportaron sus percepciones y experiencias acerca de los cambios observados en el Salar de Surire durante las últimas décadas.

Tras la exposición del último de los testigos de la demandada, Eduardo Rodríguez, especialista ambiental, comenzaron los alegatos de clausura, donde las partes pudieron exponer su postura en este caso.

Demandante

El primero en exponer fue el abogado Osvaldo Solís, por parte del Consejo de Defensa del Estado, quien solicitó se acoja la demanda en base a los estándares probatorios, donde afirmó que el saldo final de 37 años de explotación del Salar de Surire es la afectación al ecosistema.

Solís destacó que, según los informes de Conaf, SAG y Seremi de Medio Ambiente, la explotación afectó patrones de inundación, dañó la estratigrafía y comprometió áreas críticas para la reproducción de flamencos, generando lagunas artificiales hipersalinas no funcionales para el ecosistema.

El abogado resaltó que la empresa, al operar en un área protegida, debía ejercer máxima diligencia, pero no cumplió adecuadamente medidas de mitigación ni compensación ambiental. Asimismo, Solís enfatizó que, a pesar de posibles signos de vida en lagunas artificiales, la biodiversidad original está severamente comprometida debido a sales caotrópicas que impiden un hábitat funcional. Finalmente, afirmó que existe daño comprobado en cerca del 33% del salar, subrayando que la buena fe no justifica permitir la continuidad del daño ambiental.

Continuó con los alegatos Antonio Pulgar, quien pidió acoger la demanda por daño ambiental en el Salar de Surire, destacando los efectos continuos de la actividad minera sobre la estratigrafía, escorrentía y calidad química del agua, así como el impacto negativo del tránsito de camiones, extracción ilegal de agua, ausencia de monitoreos ambientales adecuados, y daños significativos en áreas protegidas y comunidades indígenas.

Finalmente, Javiera Pérez-Santos, argumentó que ésta es la vía con la que cuentan sus representados para acceder a la justicia ambiental y descartó que la acción estuviese prescrita o que el daño ambiental sea cosa juzgada. Alegó que, mediante la acción de su parte, se busca incorporar todos los efectos de la actividad de Quiborax, incluyendo el traslado de material, el paso de camiones y la extracción ilegal de agua para humectar los caminos.

Demandada

El abogado de la demandada, Mario Galindo, explicó primero que la empresa está ejerciendo una actividad lícita y que, además, todas las acusaciones han traído para Quiborax una importante afectación, al igual que para las comunidades que dependen de la compañía.

En su alegato, Galindo cuestionó la credibilidad y validez de la demanda contra Quiborax, argumentando que las acusaciones de daño ambiental se basaron en imágenes sin sustento suficiente y testimonios sesgados de activistas y funcionarios que ocultaron información clave.

En la oportunidad, el profesional enfatizó que no se acreditó la gravedad ni la continuidad del daño alegado, destacando que la descripción catastrofista llevó a la paralización total de faenas con graves efectos económicos. Finalmente, aseguró que esta materia ya había sido abordada en un juicio previo de 2009, constituyendo cosa juzgada, y que no se cumplen las condiciones para declarar la existencia de daño ambiental continuo o irreparable.

A su vez, el abogado Hugo Botto, en representación de las comunidades ancestrales de Surire y Caracota, afirmó que el Estado de chile reconoció en 1996 que el Salar de Surire y sus zonas aledañas son de propiedad privada indígena. Botto enfatizó que, según el Convenio N° 169 de la OIT, estas comunidades tienen derecho a decidir sobre el uso de sus tierras en función de su desarrollo económico, social y cultural, especialmente frente a la desconfianza generada por el actuar del Estado que, en su parecer, no las ha considerado en este caso.

Finalmente, Gastón Padilla, en representación de los sindicatos 1, 2 y 3 de la empresa Quiborax, explicó lo que este proceso ha significado para los trabajadores, gran parte de los cuales pertenecen a las comunidades cercanas al salar.

Llamado a conciliación

De acuerdo con lo expresado durante la instancia, los ministros del Primer Tribunal Ambiental decidieron efectuar un llamado extraordinario a conciliación, para lo cual citaron a las partes a audiencia para el 29 de abril, con el objeto de que informen los resultados de la transacción que fue propuesta por la parte demandada.

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Las audiencias comenzaron con un llamado a conciliación, instancia en que las partes informaron que Quiborax presentó una nueva propuesta de acuerdo, actualmente en estudio del CDE y de los servicios sectoriales competentes.

El tribunal escuchó los testimonios de 13 testigos, entre expertos y simples de parte de la demandante y la demanda.

Entre los expertos se presentó la doctora Cristina Dorador, quien explicó el funcionamiento ecológico del salar, resaltando especialmente la relevancia de las dinámicas hidrogeoquímicas y la importancia de preservar los tapetes microbianos, recomendando la incorporación de variables microbiológicas para mejorar la precisión en el monitoreo ambiental.

A continuación, declararon los testigos César Pizarro, Sandro Maldonado y José Urrutia, todos funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Pizarro destacó la importancia ecológica del Salar de Surire, resaltando su relevancia como hábitat para especies como suris, guanacos y flamencos, a nivel regional e internacional. Maldonado, desde su rol fiscalizador, enfatizó los cambios ambientales observados desde el año 2000, especialmente las modificaciones provocadas por las faenas mineras en áreas sensibles del salar, afectando ecosistemas y biodiversidad local. Urrutia, en tanto, refirió haber constatado vulneraciones reiteradas a las normas ambientales desde 2022, incluyendo la ejecución irregular de actividades mineras, generación de lagunas artificiales indebidas e impactos sobre las áreas destinadas a la reproducción de flamencos, además de confirmar incumplimientos normativos y administrativos durante diversas fiscalizaciones en terreno.

En el tercer día destacó la exposición del ex contralor y doctor en derecho, Jorge Bermúdez, quien expuso su análisis de los antecedentes del juicio, refiriendo que, en su parecer, la acción de reparación de daño ambiental estaría prescrita, que la situación ya habría sido resuelta en un juicio anterior por lo que se trataría de una cosa juzgada, que no concurren los elementos de la responsabilidad y que la actuación del Estado no ha sido coherente al cambiar de criterio infringiendo la confianza legítima.

También entregó su declaración Manuel Contreras, Doctor en Biología y Director Ejecutivo del Centro de Ecología Aplicada, quien expresó que, si bien las actividades humanas son compatibles con el uso racional de humedales, éstas deben asegurar la conservación de sus características ecológicas. Resaltó que el Salar de Surire es crucial para la reproducción de flamencos en Chile, explicando cómo las condiciones ecológicas (agua, sedimentos y alimento) definen su habitabilidad, y enfatizó la importancia del monitoreo permanente de estos ecosistemas, concluyendo que hasta el momento el hábitat ha mantenido sus características ecológicas esenciales.

Argumentos de las partes

El Consejo de Defensa del Estado afirmó que el daño ambiental que se pide declarar tiene su origen en la conducta activa de Quiborax, consistente en el desarrollo de las actividades extractivas propias de su faena minera en el Salar desde 1987. Destaca como causante del daño ambiental el modo en que opera el proyecto extractivo, el cual habría cambiado desde simplemente manual a mecanizado con uso de maquinaria pesada.

El CDE justificó la existencia del daño ambiental en que Quiborax habría actuado de forma culpable al omitir sistemáticamente sus obligaciones de cuidado ambiental, ya que desde 1994 no sometió su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pese a la evidente previsibilidad de daños significativos al ecosistema protegido. Por ello, el CDE solicita que Quiborax adopte medidas inmediatas para compensar los impactos ambientales, tales como estudios de restauración ecológica, biomonitoreo, modificación de los métodos de explotación hacia prácticas sustentables, y ejecución de planes específicos para mitigar los daños causados, restaurando en lo posible la integridad ambiental del Salar de Surire.

Mientras que Quiborax afirmó que ha realizado todos sus procesos apegados a las normativas vigentes y además contando con todos los permisos sectoriales requeridos. Argumentó que la actividad minera realizada desde hace 37 años cuenta con todas las autorizaciones necesarias, emitidas y permanentemente fiscalizadas por distintas instituciones del Estado, como Conaf y Sernageomin. Además, aseveró que la acción del CDE contradice claramente la conducta histórica del Estado, que no sólo ha autorizado sino también validado y fiscalizado continuamente la operación minera, estableciendo que las imputaciones carecen de sustento técnico y son arbitrarias.

Asimismo, Quiborax sostuvo que existe cosa juzgada respecto a los aspectos centrales discutidos, pues en un juicio anterior se determinó que la empresa no debía ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, descartando además la existencia de daño ambiental y la negligencia alegada. La empresa recalca que la demanda del CDE está prescrita, es incoherente con los actos propios del Estado y está basada en una confusión entre impacto ambiental inherente a una actividad lícita y daño ambiental propiamente tal. Por estas razones, Quiborax califica la acción del CDE como infundada, arbitraria y producto de una actuación activista más que jurídica, insistiendo en la completa legalidad y cuidado ambiental de sus operaciones.

Medida cautelar

Cabe recordar que el 11 de septiembre de 2024, el tribunal dictó medida cautelar consistente en la paralización total de las operaciones de la minera Quiborax en el Salar de Surire fundada en la existencia de riesgos ambientales para su ecosistema.

Luego, por resolución del 30 de octubre de 2024, el tribunal acogió parcialmente la solicitud de empresa Quiborax y autorizó “excepcionalmente” la realización de las actividades de nivelación de las áreas intervenidas durante 2024, así como el retiro y transporte de ulexita acopiada en el Salar de Surire. Además, estableció una serie de condiciones y medidas a adoptar por la empresa.

En diciembre de 2024, el tribunal resolvió extender el régimen cautelar vigente establecido para las operaciones mineras de la empresa Quiborax S.A., en el Salar de Surire, hasta el 31 de mayo de 2025.

Los siguientes pasos

La audiencia se retomará el próximo 24 y 25 de marzo, cuando se espera que otros 9 testigos sean parte de este proceso, tanto de la demandada Quiborax como de sus terceros coadyuvantes consistentes comuneros del Pastal de Surire y miembros de la Comunidad Ancestral de Salar de Surire y Caracota.

Luego, los ministros deberán determinar si es necesario decretar diligencias probatorias adicionales o si se encuentran en condiciones de adoptar un acuerdo para dictar sentencia posteriormente.

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En su escrito, la empresa solicita que “la medida se acote territorialmente al polígono del Monumento Natural Salar de Surire, excluyendo expresamente de dicha cautela al área desafectada del salar sobre la cual Quiborax cuenta con plenas, válidas y vigentes autorizaciones para ejecutar sus labores mineras”. En particular, piden efectuar la nivelación de las áreas intervenidas en el 2024 y transporte del mineral ya extraído y acumulado en las pilas de acopio.

Entre los argumentos de la compañía para realizar la solicitud está que “la medida cautelar resultaría desproporcionada en atención a que se funda en hechos parciales, insuficientes y técnicamente inidóneos”, según asegura en el escrito presentado.

Asimismo, para la empresa, la inspección personal realizada por el tribunal y la información proporcionada permitirían descartar los riesgos que justifican la medida cautelar.

Otro de los fundamentos de la empresa dice relación con los informes del Centro de Ecología Aplicada, los que demostrarían que los componentes ambientales presentes en el salar se encuentran estables y no han sufrido las afectaciones que se invocan en la demanda.

Por último, se refieren a los informes elaborados por Conaf el 2022, 2023 y 2024, los que -a juicio de Quiborax- serían inexactos e infundados.

Visita inspectiva 

El 1 y 2 de octubre, los ministros Marcelo Hernández Rojas y Alamiro Alfaro Zepeda realizaron un recorrido por el Salar de Surire y las instalaciones de la planta El Águila de la empresa Quiborax, en el marco de una diligencia judicial decretada para verificar aspectos relativos a la extracción de mineral, al proceso productivo de Quiborax y a los diversos componentes medioambientales del salar.

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Esta diligencia judicial fue decretada en el marco de una demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), debido a lo que podría ser una afectación significativa al salar.

La inspección personal del tribunal estuvo a cargo de los ministros Marcelo Hernández Rojas y Alamiro Alfaro Zepeda, quienes dirigieron el recorrido que se extendió durante dos días y que abarcó 10 puntos de observación.

En la ocasión, el ministro Alfaro Zepeda manifestó que “los principales aspectos observados fueron los distintos frentes de trabajo que la empresa tiene en el lugar, así como la realidad de este salar, de las lagunas y las especies que lo habitan”.

En tanto, el ministro Marcelo Hernández explicó que pudieron verificar el proceso de extracción de ulexita y cómo esta actividad, junto con todo el proceso productivo, interactúa con los sistemas biológicos y ecosistemas del salar. “Pudimos conocer el contexto territorial, comunidades indígenas, sistemas productivos de Quiborax, así como el ecosistema que sustenta la cadena trófica de los flamencos (especies carismáticas) del Sitio Ramsar y Monumento Natural Salar de Surire”, comentó el ministro Hernández.

Visitas inspectivas

Para el tribunal la diligencia judicial, como explicó el ministro Hernández, “es de mucha relevancia para conocer in situ los elementos de contexto territorial, ecosistémico y productivo en el Salar de Surire que están siendo demandados para la reparación del medioambiente”.

En esta oportunidad, se contó con la participación de más de 40 personas, entre ellas funcionarios de diversos servicios públicos convocados por el 1TA, ya que de acuerdo con lo manifestado por el ministro Alfaro, “el tribunal en sus inspecciones puede requerir el apoyo de distintos servicios públicos para que ilustren sobre las distintas materias de su competencia”.

Además, el tribunal requirió la asistencia de parte de personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y el Medioambiente (Bridesma) de la Policía de Investigaciones y también de la Seremi de Medio Ambiente, todos de la Región de Arica y Parinacota.

También estuvieron presentes miembros de la Comunidad Ancestral de Salar de Surire y Caracota, quienes al iniciar la visita realizaron una ceremonia denominada “Pawa”, a través del cual se solicitó permiso y bendición a la Pachamama (tierra) para la mejor realización de la actividad.

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La decisión se enmarca en la demanda por daño ambiental interpuesta por el CDE contra la empresa por el presunto daño ambiental causado por la operación de la faena minera Mina Surire.

Aunque la solicitud del CDE incluía la “suspensión completa y total de la faena minera Quiborax en éste, por el lapso que dure el juicio”, el tribunal consideró el principio de proporcionalidad para acceder a la suspensión de las faenas mineras dentro del polígono del Sitio Ramsar Salar de Surire, extendiéndose sólo hasta el 31 de diciembre.

Para los ministros del tribunal, “las partes, obras o acciones que ponen en riesgo el Salar de Surire son precisamente aquellas que se realizan en su interior, respecto de las cuales se tiene antecedentes en relación con la ejecución de la temporada de extracción correspondiente a este año”, según determina la resolución.

Asimismo, se establece que “las labores que se efectúen fuera del Salar de Surire podrán ejecutarse conforme con la normativa y permisos que la rigen, en tanto no contribuyen un riesgo directo para lo que se busca tutelar en estos autos”.

El tribunal también resolvió que “no resulta posible acceder a la medida solicitada por todo el tiempo que dure el presente juicio puesto que, conforme con la regulación de las actividades de la faena minera Quiborax, estas se determinan año a año, sin que existan antecedentes respecto a la ejecución de labores en forma posterior a la campaña del año 2024”.

La resolución fue adoptada con los votos preventivos de los tres ministros que integran la causa. En el caso de la ministra presidenta (s), Sandra Álvarez Torres, manifestó su parecer de decretar la medida cautelar en una extensión mayor con el objeto de establecer un radio de protección de al menos 500 metros alrededor del sitio Ramsar.

En tanto, el ministro en ciencias, Marcelo Hernández Rojas, estuvo por decretar la medida cautelar por todo el tiempo que dure el juicio; mientras que el ministro suplente abogado, Alamiro Alfaro Zepeda, fue de la opinión de aplicar la medida cautelar sólo respecto del polígono correspondiente al Monumento Natural “Salar de Surire”.

Finalmente, en la resolución se ordena oficiar a la Cnaf, SAG y Seremi de Medio Ambiente, todos de la Región de Arica y Parinacota, para fiscalización del cumplimiento de la medida cautelar.

Asimismo, se ordenaron diversos requerimientos de información a servicios públicos y se decretó una visita inspectiva para el 2 de octubre.

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La demanda fue interpuesta en contra de la empresa Quirobax por el posible daño significativo al salar que se ubica en la comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota.

En la demanda, el CDE aseguró que la empresa “ha causado un daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable en el Salar de Surire”, lo que se fundamenta en que ha explotado los depósitos salinos superficiales del salar “sin considerar medidas de mitigación, reparación y compensación idóneas y eficaces que impidieran impactos ambientales significativos”.

Otro de los fundamentos entregados por el CDE es que durante los 37 años que la faena minera ha trabajado en el lugar “ha producido evidentes impactos ambientales, que se han acumulado y devenido en daño ambiental, causando la destrucción irreparable de los sedimentos de la superficie del Salar para acceder a la ulexita depositada bajo ellos”.

Específicamente en su escrito, el Consejo explicita que “la explotación de la empresa ha provocado modificaciones de la estratigrafía y topografía del salar; una grave alteración a la escorrentía superficial; pérdida de los servicios ecosistémicos; una grave alteración y pérdida de hábitat; una afectación de gran magnitud a la biodiversidad y una afectación grave, permanente e irreparable a componentes ambientales propios del país, únicos, escasos y representativos del Salar”.

Otro aspecto que destacó la demanda es que, “Quirobax ha desarrollado su actividad productiva sujeta solo a permisos y autorizaciones sectoriales, pero sin cumplir los deberes de diligencia ambientales propios de la naturaleza de su actividad”.

Además, el organismo estatal hace alusión a que en las últimas tres décadas el país ha tenido cambios normativos de importancia que deberían haber sido considerados y que, sin embargo, “la empresa ha preferido omitir en pro de su beneficio económico”.

Para el CDE, Quirobax debe reparar, compensar y, en definitiva, responder por el grave daño ambiental que provocó en una de las áreas protegidas más emblemáticas del país.

En la demanda se solicitó que se condene a Quiborax a reparar materialmente el Salar de Surire, incluyendo tanto medidas de compensación como de mitigación de los efectos ambientales no reparables o compensables, entre las que se incluyen acciones de compensación adecuada por pérdida de ecosistema, hábitat, servicios ecosistémicos y biodiversidad; medidas de mitigación in situ; y la eliminación de riesgos para el ecosistema, servicios ecosistémicos y biodiversidad.

En el escrito se solicitó, como medida cautelar, la “suspensión completa y total de la faena minera de Quiborax en éste, por el lapso que dure el juicio”, cuestión que quedó en análisis por parte del Tribunal.

Desde hoy serán los ministros Sandra Álvarez (presidenta), Marcelo Hernández (titular en ciencias) y Alamiro Alfaro (suplente abogado) los que deberán determinar si configura o no el daño ambiental.

Salar de Surire

El Salar de Surire es un salar andino que se compone de costras salinas de boratos y sales de litio, potasio y sodio de 144 kilómetros cuadrados. Se encuentra a una altitud de 4.250 metros sobre el nivel del mar y forma parte de una cuenca endorreica (donde existen lagos o lagunas) de 574 kilómetros cuadrados.

Este salar es un sitio prioritario y clave que forma parte de la “Red de Humedales para la conservación de Flamencos Altoandinos” porque en están presentes las tres especies de flamencos propios de la macrozona norte de Chile. Estos son el flamenco chileno, la parina grande y la parina chica.

Explotación

Quirobax realiza una explotación a rajo abierto de ulexita entre los 80 y 100 centímetros de profundidad de los depósitos salinos superficiales del Salar de Surire con el despliegue de una faena mecanizada con uso de excavadoras, retroexcavadoras, niveladoras, montacargas y vehículos de transporte pesados y medianos dentro del salar. Se extraen entre 750 mil toneladas anuales (1988) y 470 mil toneladas anuales (2023).

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