(Pulso) Tras la serie de demandas presentadas por accionistas de SQM en el Southern District de Nueva York, y un eventual monitoreo de la US Securities and Exchange Commission (SEC), en territorio nacional se abrió un nuevo flanco en el caso que investiga el fiscal nacional, Sabas Chahuán; un flanco que incluso podrÃa conllevar nuevas imputaciones a ejecutivos de la minera no metalica y en paralelo una eventual investigación administrativa por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Se trata de eventuales vulneraciones a la Ley del Mercado de Valores (LMV), pero particularmente en lo que dice relación con la entrega de información maliciosamente falsa al mercado, enfoque que está siendo monitoreado.
Según conocedores del caso, si se demostrara una inconcordancia entre los reportes contables de la empresa contenidos en los Estados Financieros enviados a la SVS, con los que realmente se generaron, podrÃa configurarse este tipo penal que responsabiliza a quienes proporcionen o certifiquen información falsa al mercado.
Según fuentes conocedoras, en la Ley del Mercado de Valores no sólo se persigue la responsabilidad de la administración de la compañÃa, sino que también se podrÃa investigar a directores, administradores, gerentes de un emisor de valores de oferta pública o bien a las auditoras externas que certificaron los Estados Financieros.
“Se debe analizar si es que hubo un error y se actuó de buena fe o bien si existió responsabilidad tributaria que a la postre generó estados de resultados falsos. Ahà se debe definir si la responsabilidad viene desde la interna y si hubo responsabilidad en las auditorÃas externas. Otro elemento que se debe determinar, y que está en la Ley de Sociedades Anónimas, es si la administración de la compañÃa destinó fondos para campañas polÃticas sin la aprobación del directorio. Ahà también existirÃa un tema complejo a investigarâ€, explica un destacado abogado que pidió mantener su nombre en reserva.
Asà las cosas, no sólo la FiscalÃa y la SVS monitorean el caso: las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), como Cuprum, que solicitó explÃcitamente a la entidad liderada por Carlos Pavez investigar el caso. También los querellantes que han litigado en cada etapa del extenso proceso Penta-SQM se encuentran monitoreando este flanco en la bullada investigación.
“En el marco de la LMV, la entrega de información maliciosamente falsa al mercado es algo que se debe investigar (…). Además, creemos que, eventualmente, más adelante se deberá citar a declarar a las auditoras externas de las empresas vinculadas al caso para obtener información. La idea es que el Ministerio Público tenga las herramientas para investigarâ€, comenta Mauricio Daza, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente.
Alerta externa
Las primeras llamadas de alerta sobre una eventual entrega de información falsa al mercado vinieron desde EEUU: el estudio Pomerantz LLP presentó una demanda colectiva acusando de dicha irregularidad a Patricio Contesse González, Patricio De Solminihac y Ricardo Ramos.
“Los estados financieros de la compañÃa fueron materialmente falsos y engañosos en todos los perÃodos relevantesâ€, se señala. Adicionalmente, en la demanda se expresa que “la compañÃa carecÃa de controles internos adecuados sobre la entrega de reportes financierosâ€.
El documento agrega que, “como resultado de los actos ilegales y omisiones de los demandados, y la precipitada disminución en el valor de mercado de valores, los demandantes y otra clase de miembros de la compañÃa han sufrido significativas pérdidas y dañosâ€. Además de la demanda colectiva presentada por Pomerantz LLP, en paralelo otro estudio de abogados, Peiffer Rosca Wolf, en Ohio, trabaja en acciones legales del mismo tipo.
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