Abogado de Dominga insiste en la invalidez del acuerdo del Comité de Ministros de 2017

(Economía y Negocios online) Luego de dos sesiones de alegatos, le llegó el turno a la parte a favor del proyecto minero-portuario Dominga de exponer sus argumentos. En la Tercera Sala de la Corte Suprema, los abogados Luis Cordero, representante de Andes Iron -firma titular de la iniciativa-, y Fernando Roco, en nombre de la Comunidad Vecinal de La Higuera, alegaron ayer en defensa de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

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En abril de 2018, la autoridad ambiental ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental y realizar una nueva votación de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo respecto de la iniciativa.

Con este fallo, se abrió la posibilidad de aprobar el proyecto minero de cobre y hierro en la comuna de La Higuera, de Coquimbo, cuya inversión alcanzaría los US$ 2.500 millones.

En su presentación, Luis Cordero se centró en fundamentar por qué la decisión del Comité de Ministros de rechazar Dominga tenía vicios fundamentales que invalidaban su resolución.

En agosto de 2017, el Comité de Ministros -conformado por los entonces titulares de las carteras del Medio Ambiente, Minería, Energía, Economía, Salud y Agricultura- acordó rechazar Dominga. En la sentencia del Tribunal de Antofagasta se declaró ilegal la resolución del comité.

Según Luis Cordero, los vicios del acuerdo de la comisión no serían menores, como argumentó la contraparte, sino que constituirían errores fundamentales que habrían afectado la voluntad del órgano colegiado.

El cambio, sin previo aviso, en el orden de la tabla de los temas de discusión de la comisión fue uno de ellos, señaló el representante de Andes Iron. Quien añadió que los ministros que llegaron a la reunión el día 21 de agosto a las 7:30 a.m. se encontraron con la sorpresa de que en la instancia se discutiría sobre Dominga y no sobre el proyecto aurífero Cerro Casale, que, hasta el viernes anterior, se encontraba primero en la tabla.

Otro de los argumentos de Cordero es que cinco de los informes -tres, según él, “fundamentales”- que necesitaban los ministros para estudiar el caso fueron subidos al sistema electrónico el día viernes 18 de agosto después de las 13:30 horas. Considerando que la reunión se realizó el lunes siguiente a las 7:30 a.m., el defensor de Dominga explicó que las autoridades participantes del comité no contaron con ni siquiera un día administrativo para analizar los documentos.

“Cualquiera hubiese sido el resultado de este acuerdo, en mi opinión, habría tenido igual vicio, y por eso el precedente es relevante para la operación de la institucionalidad ambiental”, manifestó.

En representación de 248 vecinos de la comuna de La Higuera expuso también el abogado Fernando Roco. El defensor señaló que la iniciativa había provocado gran interés dentro de la comunidad, la cual había participado activamente en el proceso de evaluación ambiental del proyecto y que había concluido que no generaría daño en la zona.

También se refirió al interés de la comuna -una de las más pobres del país, según dijo- por el desarrollo del proyecto y por los beneficios que provocaría en el lugar.

Una vez finalizada la última jornada de alegatos por el proyecto Dominga, la abogada Alejandra Donoso, representante de la parte contraria a la iniciativa, se refirió a los argumentos presentados por Luis Cordero, sosteniendo que “los informes llegaron en la fecha señalada, al igual que la citación, pero eso de saltar a la ilegalidad de la resolución del Comité de Ministros solo se puede hacer a través de un ejercicio retórico, bien profuso y creativo”.

En las próximas semanas se conocerá la sentencia final de la Corte Suprema, que podría rechazar la solicitud de anular la sentencia del Tribunal de Antofagasta. Esto significaría que se respetaría el fallo de la autoridad ambiental de realizar una nueva votación de evaluación ambiental, que podría aprobar o rechazar la iniciativa de Andes Iron.

El otro resultado sería que el máximo tribunal del país acoja los alegatos de las organizaciones ambientales y dicte una nueva sentencia, la cual también puede ser a favor o en contra del proyecto Dominga.