Accionistas de SQM en EE.UU. insisten en demanda y añaden nuevas pruebas

(La Tercera) Los esfuerzos de SQM por desacreditar la demanda colectiva (class action) en su contra presentada por sus accionistas minoritarios en Estados Unidos podrían quedar en nada, si la Corte del distrito Sur de Nueva York acoge los argumentos del estudio Robbins Feller Rudman & Dowd LLP, representante legal del fondo de pensiones Tyne and Wear, que actúa como el demandante principal de la causa.

SQM había presentando a principios de abril antecedentes para desacreditar al tribunal estadounidense por no ser el idóneo para este litigio. Entre ellos, incluyó declaraciones del abogado Pedro Pablo Vergara y del gerente de asuntos legales de la minera no metálica, Matías Astaburuaga, presentadas por el estudio Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, representantes de SQM.

Ambos testimonios buscaban que el juez Edgardo Ramos no admita la demanda que el año pasado presentó un grupo de tenedores de ADS’s de la compañía, entre los que está Tyne and Wear, en el marco del denominado caso SQM.

Las declaraciones de Vergara y Astaburuaga apuntan a que SQM tiene su matriz en Chile y que, por lo tanto, debe ser juzgada en el país. El primero, además, dijo que “es incierto si el comportamiento imputado a SQM constituye una violación criminal a la legislación tributaria chilena”, apoyándose en los argumentos que esbozó el ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Ricardo Escobar, en una entrevista publicada por La Tercera en 2015. “Los casos de financiamiento a la política no son delitos tributarios”, dijo Escobar, en esa oportunidad.

Astaburuaga agregó que “toda declaración impugnada supuestamente como falsa y engañosa en esta demanda, fue preparada por personal de SQM localizado en Chile”.

Pero ambas declaraciones tuvieron respuesta el 26 de mayo. Mediante un escrito de 35 páginas, el estudio Robbins Feller Rudman & Dowd LLP pidió a la Corte del distrito Sur de Nueva York que las presentaciones de SQM “sean denegadas en su totalidad” y que en el caso de que la corte las acoja parcial y completamente, le otorgue 45 días para reformular y presentar una nueva demanda.

Los argumentos

La demanda de los accionistas minoritarios de SQM asegura que la empresa violó la sección 10b y la regla 10b-5 de la Securities Exchange Act (ley del mercado de valores de ese país), lo que implica delitos asociados a fraude en Estados Unidos.

Lo anterior, según el documento presentado por los abogados Tyne and Wear, debido a “declaraciones y omisiones materialmente falsas y engañosas a los inversionistas en cuanto a su cumplimiento de las leyes y códigos”, lo que llevó, además, a violaciones de las normas contables y financieras (IFRS).

Todo aquello, dice la prestación del estudio, ocurrió “mientras ocultaban el hecho que el entonces CEO (gerente general) Patricio Contesse, estaba canalizando dinero a políticos al autorizar que SQM pagara boletas falsas por servicios nunca prestados”.

El libelo agrega que “la corrupción era larga y penetrante, alcanzando los niveles más altos del gobierno de Chile, y ha sido ampliamente reportada como causante de agitación política, difusión de ira y ha agitado a la nación en su conjunto”.

El estudio Robbins Feller Rudman & Dowd LLP dijo que adjuntó “una extensa lista de algunas de las boletas falsas pagadas por SQM”, como también la multa que le cursó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a ex y actuales directores de la minera no metálica por “no proporcionar información relevante a los inversionistas”. Debido a lo anterior, dijo el estudio, el precio de los ADS de SQM se redujo drásticamente causando pérdidas considerables para los inversionistas”.

También agregó referencias a las declaración del abogado Pedro Pablo Vergara presentada por SQM para descartar el caso. Sobre ella, dijo que su cita a Ricardo Escobar no era “neutral”, pues el ex director del SII pertenece a Bofill Escobar Abogados, estudio que representa a “acusados en los casos SQM y Penta”.

“La ley de valores de los Estados Unidos, no la ley chilena, se aplica para proteger los derechos legales de los inversores de Estados Unidos”, dice el documento.

Ahora, será el juez Edgardo Ramos quien analice las pruebas de admisibilidad de ambas partes, más las que allegaron una serie de otros accionistas minoritarios en apoyo a Tyne and Wear, para resolver si da curso o no al caso.