La académica de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Daniela Rivera, estuvo presente en la segunda jornada del Congreso Acades 2024, exponiendo en el panel “Definiciones de estándares y soluciones para la seguridad hÃdricaâ€, entregando un análisis jurÃdico sobre la seguridad hÃdrica.
La abogada sostuvo que durante el último tiempo se ha dado un aumento en el estudio de la desalinización, en especÃfico, enfocado en la tecnologÃa y la infraestructura, pero “no en materia medioambientalâ€.
“El hecho de tener acceso al agua de mar, como Chile, tiene aquà una posición bastante privilegiada, no significa tener inmediata o automáticamente acceso a una nueva fuente de agua”, dijo.
En este sentido, la experta comentó durante su intervención que existe una serie de factores de elementos de perspectiva que tienen que “configurarse y articularse” para darle viabilidad a este tipo de iniciativa.
Situación jurÃdica nacional e internacional en términos de desalinización
La académica de la UC presentó en su ponencia cuáles son las carencias de reglas sistemáticas y la disposición de normativas e institucionalidad en Chile, remarcó que estas son algunas:
- Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Ãreas Protegidas.
- Constitución PolÃtica.
- Código civil.
- Normativa Ambiental.
- Código de Aguas.
- Ley Marco de Cambio Climático.
- Ley y reglamento de concesiones marÃtimas, entre otras.
“Desde el punto de vista jurÃdico, evidente que tenemos una brecha y una oportunidad también muy relevante”, afirmó.
En este punto, agregó que la atención se debe centrar en el proyecto que modifica el código de aguas con el fin de incluir las aguas desaladas, no de mar, dentro de aquel ámbito de aplicación de código de aguas.
“EstarÃamos jugándola como paÃs por considerar las aguas desaladas como bienes nacionales de uso público”, aseveró.
En relación con la comparativa del régimen jurÃdico de la desalinización en el extranjero, Rivera ejemplificó a tres paÃses que han fortalecido su regulación ambiental para este tipo de proyectos: California, Estados Unidos; España y Victoria, Australia.
“Estos paÃses poseen una regulación reactiva, explicó la profesional, ya no surgieron como una respuesta reactiva frente a la sequÃa, con una intención de considerar el agua desalada como un bien público”, expuso.
Principales desafÃos jurÃdicos
- Inexistencia de un plan hÃdrico nacional: Hay una alta fragmentación y dispersión a nivel constitucional.
- Falta de normativa integral de desalinización.
- Falta de normativa especÃfica sobre el uso de agua de mar en general y sobre la desalinización en particular.
Algunas propuestas jurÃdicas
- Elaboración de una polÃtica o plan hÃdrico nacional.
- Implementación efectiva de PERH.
- Elaborar normas que regulen el uso de agua de mar y la desalinización en particular.
- Estrategia nacional de desalinización: vinculada a la polÃtica y planificación hÃdrica nacional y plan de adaptación al cambio climático para recursos hÃdricos.
- Ajustes en normativas sectoriales: ambiental, de aguas, concesiones marÃtimas, etc.
- Dictaminación de nomas de emisión de salmueras.
- Gestión de recursos hÃdricos transfronterizos.
“Sin lugar a dudas, la desalinización es una de las opciones que tenemos disponible en el ´pais para avanzar en seguridad hÃdrica”, concluyó la académica.
