(La Tercera) La crisis polÃtica por la que atraviesa el paÃs, a raÃz de casos como Penta, Caval y SQM, tiene preocupada a su compañÃa más importante, Codelco.
Por ello, la principal productora de cobre a nivel mundial, activó hace pocos meses sus alarmas, con la finalidad de establecer, empÃricamente, que todo está en orden.
En ese proceso, iniciado en enero, adquirió una base de datos de Personas PolÃticamente Expuestas (PEP) que ya está analizando, con el objetivo de verificar eventuales exposiciones a riesgos, “como consecuencia de relaciones contractuales con PEPâ€.
El análisis implica el cruce de los contratos con sus proveedores y la base de datos de PEP, considerando al titular, cónyuge, padres y empresas en que el titular tiene participación. También, la verificación de los pagos efectuados, y la comprobación de los servicios o contraprestaciones realizadas.
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El presidente del directorio de la estatal, Oscar Landerretche, señaló que si bien el proceso ya partió, la base de datos fue insuficiente. Eso, dado a que el listado PEP no contenÃa información relevante, como el nombre de los asesores vinculados.
Por eso, la contralorÃa de la estatal trabaja en el diseño de un mecanismo para regular y esclarecer ese tipo de vÃnculos.
Landerretche detalló que a pesar de que el análisis será histórico, los datos que se obtengan desde 2010 a la fecha, tendrán un mayor estándar gracias a la Ley de Gobierno Corporativo que entró a operar ese año, por lo que la ejecución de la evaluación se ve más complicada para años anteriores.
Una vez terminado este proceso, la compañÃa evaluará futuras medidas de profundización frente al tema.
Conflicto de interés
Otra de las áreas en la que está trabajando la estatal tiene que ver con la administración del conflicto de interés, para lo cual está creando un marco normativo integral de control.
Si bien expertos independientes, contratados por Codelco, señalaron que la empresa cumple hoy con las actuales exigencias legales e incluso cuenta con estándares elevados respecto de la práctica común de la industria, concluyeron que existen espacios de mejoramiento en las regulaciones internas, que permitirÃan elevar los estándares conforme a referentes internacionales.
Con dicho análisis, la estatal estableció que pese a contar con un código de Gobierno Corporativo, con una carta de valores y un código de conductas de negocios, carece de una polÃtica corporativa sobre conflicto de interés, por lo que trabajará en desarrollarla.
A priori, se sabe que incluirá aspectos como sanciones y prohibiciones y la elaboración de un glosario único de términos, para facilitar la comprensión inequÃvoca por toda la organización.
También se conoce que tendrá focos de atención, como las definiciones explÃcitas del conflicto de interés y de personas relacionadas, a lo que se sumarán la regulación de los procesos de contratación de personal; el aumento del universo de personas que deban realizar declaraciones de intereses y de patrimonio; la estandarización de regalos y la incorporación de prácticas sobre el lobby.
En ese proceso también se considerará la creación de una organización que realice auditorÃas periódicas y revise la coherencia y veracidad de la información entregada, dando impulso también a la prevención, detección y respuesta a riesgos de fraude y corrupción; incumplimiento a las leyes de libre competencia y a las leyes de comercio internacional.
En medio de esos cambios, la estatal trasladó también su actual área de auditorÃa desde la alta gerencia, al directorio.
