Codelco impulsa nuevo protocolo para licitaciones mientras se extiendan diferencias con Contraloría

(Diario Financiero) Una nueva instrucción recibirán los cerca de 300 gerentes que conforman la plana ejecutiva de Codelco de parte del presidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro, quien a raíz de la incertidumbre que ha generado un dictamen y una auditoría de Contraloría, cuestionando el mérito de decisiones que se han tomado, levantó un nuevo protocolo de acción para las compras, licitaciones privadas y tratos directos.

La Contraloría General de la República emitió en mayo un dictamen donde cuestionó la libertad de disposición patrimonial de la minera para fijar beneficios en negociaciones colectivas con sus trabajadores y, además, hizo una auditoría -que hoy está en proceso de revisión, después que Codelco presentara descargos- en la que cuestiona una serie de contratos, ya que básicamente establece la prohibición de que la empresa celebre negocios con partes relacionadas y privilegiar las licitaciones públicas.

En especial esto último fue lo que motivó a la administración, junto al equipo jurídico -donde participa el consejero jurídico Nicolai Bakovic y el asesor externo Luis Cordero-, a elaborar una nueva pauta de funcionamiento para disminuir los riesgos de que la Contraloría objete nuevamente decisiones de compra mientras no se resuelvan las diferencias.

Esto, porque una vez que Jorge Bermúdez emita el informe de auditoría definitivo lanzará un plan de cumplimiento, al que la administración de Codelco debe estar preparado en cuanto a la justificación de la toma de decisiones, subiendo el estándar de argumentación y documentación.

En la minera reconocen que esto no elimina todos los riesgos, pero los reduce. Dadas las críticas que establece la auditoría Nº 900, la corporación deberá privilegiar las licitaciones públicas frente a las privadas, lo que traerá como consecuencia una extensión en los plazos que toman estos proceso. Mientras un concurso privado toma del orden de cinco meses, uno abierto puede extenderse por tres o cinco más.

Esto podría implicar un efecto importante en la toma de decisiones, lo que al final de cuentas puede derivar en mayores tiempos para asignar contratos para el desarrollo de los proyectos estructurales y compras o mantenciones de equipos claves para el funcionamiento de la estatal.

Esto, porque la auditoría de la Contraloría ha generado dudas en el interior de la empresa, dado que la gerencia se ha visto en una zona gris, donde sienten se exponen a ser acusados de actos que pueden ser catalogados como ilegales bajo el nuevo criterio, aunque al interior de la corporación existan los mecanismos de control impulsados bajo la ley de gobierno corporativo de 2009.

Antes que surgieran estos cuestionamientos, la compañía ha estado impulsando normas para reducir el uso de las licitaciones privadas -que son cerca del 43% a 47% de los concursos-, así como de las asignaciones directas, las que pasaron de ser el 12% a solo 0,7% en el último tiempo.

En el directorio se han impulsado normas para dar un tratamiento más transparente a aquellos procesos donde ex trabajadores de Codelco, familiares de ejecutivos o personas expuestas tengan participación.

Incluso destacan que hace poco, una empresa que postulaba a un contrato, lo perdió por haber olvidado que entre sus ejecutivos había un ex Codelco, lo que de hecho implicó optar por una oferta un poco más cara.

Vía judicial cobra fuerza

Al interior de la corporación ha tomado fuerza que la única vía de salida del conflicto será la judicial, estrategia que presentarán a la junta de accionistas próximamente.

Los acercamientos que ha habido con Contraloría no han flexibilizado el criterio bajo el cual está actuando, asimilando a Codelco a un organismo público y no como una S.A.

Pero además porque la vía de impulsar una ley interpretativa en el Congreso ha perdido fuerza, primero porque no recibió apoyo de los parlamentarios, pero también porque el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, cuestionó el miércoles desde Francia que la corporación esté planteando directamente leyes al Congreso, algo que es potestad del Ejecutivo.

Pronto se conocería Auditoría de Deloitte

En los próximos días debiesen estar las conclusiones de una auditoría que Codelco encargó a Deloitte respecto a problemas en los planes de egreso de la División Chuquicamata que fueron detectados por la propia empresa a inicios de 2015 y que terminaron con la desvinculación de siete personas.

Según trascendió, los resultados de esta indagación a más de mil beneficiarios podría arrojar nuevos problemas, por lo que la empresa estaría estudiando querellarse en contra de los responsables si es que fuera necesario, todo esto tras una exhaustiva investigación que está haciendo la auditora para demostrar que quienes se acogieron al pacto desde 2012 cumplían con los requisitos.

En este momento la minera no cuenta con planes de egreso vigentes, pero sí se arrastra un par de la administración anterior, como el de El Teniente (2013-2014) que significó un costo de US$ 51 millones, monto que sin embargo, ya se habría recuperado ya que por año la empresa se ahorra cerca de US$ 30 millones.
Asimismo, a raíz del revuelo causado por el conflicto con Contraloría, la cuprífera habría suspendido conversaciones con trabajadores que pidieron impulsar nuevos planes de este tipo.