La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentó al Presidente Electo, José Antonio Kast, una propuesta integral de modernización del sistema de permisos sectoriales en el marco de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), con el objetivo de reducir tiempos de tramitación, disminuir la discrecionalidad y fortalecer la certeza jurídica, sin debilitar los estándares ambientales, sanitarios ni de seguridad.
La iniciativa es el resultado de un trabajo colaborativo entre la CPC, sus ramas y distintos gremios productivos, que permitió analizar uno a uno un total de 382 permisos sectoriales vigentes en Chile, identificando aquellos que resultan innecesarios, duplicados o de bajo aporte regulatorio, así como aquellos que podrían ser reemplazados por Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), como declaraciones juradas o avisos, manteniendo intacto el control de riesgos.
Desde la CPC explicaron que el propósito de la propuesta es avanzar hacia una regulación más eficiente, que permita destrabar proyectos de inversión sin comprometer los objetivos de protección ambiental, sanitaria ni de seguridad.
“Porque Chile necesita menos y mejor regulación; una regulación que no obstaculice la inversión y que a la vez no baje estándares ambientales, sanitarios ni de seguridad”, plantea el documento elaborado por el gremio empresarial.
Eliminación de permisos sin valor regulatorio
Del total de permisos analizados, la CPC propone eliminar 16 trámites, equivalentes al 4% del universo estudiado, los cuales —según el análisis— no aportan un control efectivo de riesgos, ya sea porque duplican otras evaluaciones, se aplican a actividades que no generan impactos relevantes o responden a normativas obsoletas.
Entre las razones para su eliminación se encuentran la duplicación de controles entre servicios, la exigencia de autorizaciones a actividades que no presentan riesgos sanitarios o ambientales, la vigencia de permisos asociados a tecnologías ya superadas y la replicación de exigencias entre distintos niveles del Estado.
“La propuesta CPC apunta a la eliminación o modificación de trámites que no agregan control efectivo, porque ese control ya existe o se ejerce mejor por otra vía”, sostiene el documento.
Trámites que podrían transformarse en THA
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la transformación de 170 permisos —cerca del 45% del total analizado— en Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), modalidad que permite que el cumplimiento de requisitos objetivos y verificables se declare de forma inmediata, quedando sujeto a fiscalización posterior.
Según la CPC, estos permisos tienen en común que hoy generan retrasos, discrecionalidad o duplicación de análisis, pese a que sus requisitos son estandarizados y de bajo riesgo regulatorio.
“Reemplazar un permiso por una THA significa pasar de un sistema lento y discrecional a uno basado en reglas claras, objetivas y automatizadas”, indica la propuesta, agregando que este cambio permitiría al Estado concentrar sus esfuerzos en fiscalización en terreno y no en revisiones documentales prolongadas.
De los 170 permisos identificados como potenciales THA, 92 coinciden con aquellos que el propio Ejecutivo ya había detectado preliminarmente, lo que, a juicio de la CPC, demuestra que existe una base técnica compartida para avanzar en esta modernización.
Mantención de permisos críticos
El documento enfatiza que los permisos asociados a riesgos ambientales, sanitarios o de seguridad complejos deben mantenerse bajo evaluación previa caso a caso. En ese sentido, 196 permisos no se proponen modificar, precisamente porque cumplen un rol clave en la protección de bienes públicos.
“La propuesta distingue entre lo que exige control riguroso y lo que hoy es solo burocracia”, subraya la CPC, destacando que en ningún caso se generan vacíos regulatorios ni se debilita la fiscalización.
Certeza jurídica y reactivación de la inversión
Desde el gremio empresarial sostienen que esta propuesta permitiría avanzar hacia un sistema de autorizaciones más moderno, transparente y predecible, contribuyendo a reactivar la inversión, el crecimiento y el empleo en el país.
“La propuesta CPC permitiría una mayor certeza jurídica, menores plazos de tramitación, menos discrecionalidad y un Estado más enfocado en resultados”, concluye el documento, en línea con el objetivo de implementar de manera efectiva la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.
Fotografía: CPC
