La idea de los CEOL (contratos especiales de operación de litio) fue elaborada por el Poder Ejecutivo con objeto de resolver un problema de fondo referido a la imposibilidad de explotar el litio que se encuentra en varios de los salares de Chile. Ésta no es una idea nueva y, de hecho, en 2007 el Gobierno de aquel entonces (encabezado por la Presidenta Bachelet) licitó los llamados CEOP, asociados a los recursos de hidrocarburos.
Chile se encuentra hoy en una posición crÃtica si desea mantener la competitividad de su industria del litio. Hacia 2003 Chile explotaba alrededor del 50% del litio que se producÃa en el mundo y dicha participación ha caÃdo sostenidamente, hasta alcanzar menos de 40% en 2011. De no aumentar la producción en el corto plazo, el último reporte del mercado del litio de Gestión y EconomÃa Minera Ltda. (GEM), disponible en www.gem-ing.cl, muestra que Chile caerá prontamente al segundo lugar mundial en 2012 o 2013 (Australia ganarÃa el liderazgo). En el caso extremo en que no invierta en mayor capacidad de producción, Chile caerÃa a tercer lugar en términos de producción hacia 2018, produciendo menos de 30% del litio del mundo.
La solución propuesta por el Poder Ejecutivo es una alternativa para que Chile no pierda la deseada competitividad en la industria del litio. Otra posibilidad, complementaria, es permitir a las actuales empresas productoras (SQM y SCL) aumentar sus capacidades de producción en el Salar de Atacama. Desde el punto de vista de mercado, la licitación de un CEOL es una buena alternativa, pues permite explotar salmueras que hoy se encuentran legalmente inaccesibles, generando asà no solo utilidades potenciales para quienes posean un CEOL, sino que además le permite al Estado recibir ingresos por las ventas, asà como generar empleo e inversión.
¿Es la licitación de los CEOL la solución definitiva? En ningún caso. De hecho, la solución definitiva debiese atacar el problema de fondo, que en esencia es legal. Esto, pues el Decreto Ley 2.886 de 1980, asà como el Código de MinerÃa de 1983, afirman el carácter estratégico del litio y dan al Estado la reserva exclusiva de su explotación (en todas aquellas concesiones que no se encuentren acogidas al Código de MinerÃa de 1932). Lo cierto es que desde el punto de vista técnico-económico hoy no existe razón para mantener dicha exclusividad en manos del Estado.
Debido a la naturaleza del problema, es el Poder Legislativo (es decir, el Congreso), y no el Ejecutivo, el único capaz de encontrar una solución de largo plazo para la explotación del litio. Es de esperar entonces que todo el “ruido†que han generado los CEOL (que sólo resuelven el problema de corto plazo) genere el interés necesario entre los miembros del Poder Legislativo para que, en el menor plazo posible, se resuelva en forma definitiva esta situación incómoda para la industria, pero por sobre todo ineficiente para el Estado de Chile.
