Gobierno dice que fallo por Punta Alcalde afectará al Comité de Ministros

(El Mercurio)  El fallo de la Corte Suprema por el proyecto Punta Alcalde marcará un precedente en las atribuciones del Comité de Ministros.

Así lo señaló el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Ricardo Irarrázabal, quien dijo que es evidente que la decisión que tome el máximo tribunal del país producirá efectos sobre la entidad ministerial que en diciembre pasado aprobó la central termoeléctrica de 740 MW, pese a que la autoridad regional había rechazado la iniciativa.

“Lo importante del fallo es ver las condiciones que exige la Corte Suprema para seguir adelante con la evaluación ambiental de Punta Alcalde. Dependiendo de esas condiciones se va a ver cuáles son las competencias del Comité de Ministros y dónde se puede hacer participación ciudadana para resolver algunas preguntas”, afirmó Irarrázabal en el marco del seminario de difusión del nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El director del SEA agregó que la definición de la Suprema también traería efectos sobre futuros proyectos que tenga que analizar el comité, como es el caso de HidroAysén.

“En el caso puntual de lo que decida la Corte sobre las atribuciones del Comité de Ministros, todavía están todas los casos pendientes que deben pasar por esta instancia. Punta Alcalde fue un proyecto que fue rechazado en la región y que luego el comité lo aprueba. Entonces hay otros proyectos que fueron aprobados en la región, pero que también están sujetos a reclamaciones, tanto de la empresa como de la ciudadanía. Eso evidentemente puede tener un tipo de repercusión”, dijo.

Se espera que en las próximas semanas el máximo tribunal de a conocer el fallo que marcará el futuro de la generadora que está impulsando Endesa. De acuerdo con trascendidos, los jueces de la Tercera Sala habrían decidido paralizar la termoeléctrica, pero dejarían abierta la opción para que esta restricción sea levantada en la medida que el proyecto vuelva a tramitación ambiental para evaluar algunas disposiciones de mitigación.