Historia de los 20 años de traspasos de tierras a pueblos indígenas

(La Tercera) Cuando en 1994, el Estado chileno entregó el predio Los Tayos Bajos a la comunidad huilliche de Ampaniguén, en la localidad de Panguipulli, Región de Los Ríos, se dio por iniciado el llamado “proceso de restitución de tierras” a los pueblos originarios. A 20 años de aquel hito, las reivindicaciones indígenas, a lo largo del país, siguen siendo uno de los principales desafíos de cada gobierno frente a las etnias.

Según cifras de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), entre 1994 y 2013, el Estado ha invertido $ 275 mil millones en la compra de 187 mil hectáreas para ser entregadas a comunidades, lo que ha beneficiado a 16 mil familias. Además, se han traspasado 278 mil hectáreas que eran propiedad fiscal, por lo que el total de tierras entregadas a los pueblos originarios asciende a 465 mil hectáreas.

Sin embargo, en las regiones del Biobío y La Araucanía, las demandas territoriales no han sido totalmente satisfechas, lo que -entre otras cosas- ha dado origen a diferentes hechos de tensión y violencia, en lo que se ha denominado el “conflicto mapuche”, dentro del cual algunas comunidades exigen la recuperación de sus terrenos ancestrales.

Ayer, en la conmemoración del Día de los Pueblos Originarios, la Presidenta Michelle Bachelet anunció un paquete de medidas y dijo que se fortalecerá el programa de compra de tierras (ver nota secundaria). Esto, luego de que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, visitara La Araucanía tras la muerte de un parcelero y de que el intendente de la IX Región, Francisco Huenchumilla, declarara que “los agricultores deben entregar sus fundos”, en pro de una mejor repartición de las tierras a los mapuches.

El director de la Conadi, Alberto Pizarro, sostiene que el traspaso de tierras “es una deuda que se está saldando”. Y agrega que, “a partir de 1994 se compraron terrenos, pero con los años aparecieron más solicitudes relacionadas a los títulos de merced. Por eso, desde 2007 se priorizaron 115 comunidades, sumándose otras con el tiempo”.

La adquisición de tierras está regulada por la Ley 19.253. Pizarro explica que el artículo 20 A, “se refiere principalmente a comunidades indígenas que postulan a concursos, para aumentar la superficie productiva. Y el 20 B tiene que ver con restitución territorial asociada a pérdidas”. Subraya que “muchas compras se focalizan en La Araucanía, pero también hay en el Biobío, Los Ríos y Los Lagos”.

Claudia Hernández, investigadora del programa Sociedad y Política, del centro de estudios Libertad y Desarrollo, comenta que “en la Ley Indígena hay impedimentos legales para que las comunidades que hayan tomado parte en acciones violentas accedan a beneficios”.

Sin embargo, agrega que “los efectos que ha provocado el esquema centralista y paternalista a la norma, se han traducido en un desánimo y descontento de la población indígena. Esta situación hace posible que grupos más radicalizados hayan logrado permear un discurso revisionista y confrontacional con el Estado”.

Sebastián Donoso, profesor de legislación indígena de la Universidad Católica, destaca que “la legislación aplicable a las tierras indígenas ha existido desde que Chile existe como República. La primera ley se remonta a 1813 y a lo largo de 200 años se han dictado muchas otras, principalmente, orientadas a regular los actos y contratos respecto de tierras indígenas”.

A su juicio, uno de los hitos más importantes fue la ley de 1866, en base a la cual se entregaron los denominados “títulos de merced” a comunidades mapuches, aproximadamente, entre 1885 y 1925. Otros hitos son la visita e informe de Antonio Varas sobre La Araucanía (1849) y la creación en 1952 del Dasin, que es la primera Dirección de Asuntos Indígenas del Estado. “No obstante, una política de entrega de tierras, como hoy la conocemos, se genera recién con la actual Ley Indígena, dictada en 1993”, argumenta.

Donoso también señala que “la llamada ‘compra de predios en conflicto’ es parte del problema, en la medida que ha generado incentivos a la violencia, a la corrupción y al clientelismo. Uno de los efectos del gran poder comprador que tiene la Conadi es el aumento de los precios por hectárea, lo que progresivamente ha significado que los mismos recursos sirven para comprar cada vez menos hectáreas y, por tanto, benefician a menos familias indígenas. De seguir así, la situación actual del conflicto podría extenderse indefinidamente”.

En las comunidades, en tanto, esperan que los anuncios del Ejecutivo se concreten. Sergio Painevil, de la comunidad Chicahual Córdova, comenta que “lo que está haciendo ahora el gobierno nos parece bien, siempre y cuando sean cosas reales. Hay una angustia tremenda por parte de las comunidades”.