(Estrategia)
-¿Cómo toma las crÃticas de quienes estiman que en fallos sobre empresas es el TDLC quien debe tener la voz final y no el Poder Judicial?
-Esas son cuestiones de materia de ley. La verdad de las cosas es que los tribunales si son requeridos para resolver un asunto, aunque no haya ley que diga relación con esa materia en cuestión, estamos obligados a resolver. Esa es una condición constitucional y legal.
-¿Y en el caso de las crÃticas que han recibido por la judicialización de los proyectos energéticos o mineros?
-El dÃa que los organismos del Estado, especialmente los ambientales, tengan la confianza de las comunidades en los distintos lugares del paÃs, seguramente que nosotros no vamos a tener intervención en dichos procesos. La judicialización que se ha producido tiene ese origen y es claro. Nosotros estamos obligados a resolver los requerimientos de las personas aunque no haya ley, y por eso estamos en esto. No es una cosa que nos guste.
-¿Y por eso las comunidades recurren a tribunales y no aceptan las decisiones de los organismos estatales?
-Mientras la gente necesite nuestro apoyo vamos a tener que estar ahÃ. Esa es nuestra posición y hemos trabajado fuertemente en esto. Pero esperemos que sea posible que los organismos del Estado en el futuro tengan composiciones más pluralistas, y eso puede significar mayor confianza de la gente, y que acepten las decisiones de la autoridad administrativa. No debiéramos ir a decisiones judiciales, pero nosotros estamos obligados a intervenir si se nos hace el requerimiento.
-¿Cómo toman las crÃticas emanadas desde el gobierno respecto a estos temas?
-El Presidente y cualquier ciudadano del paÃs tiene derecho a opinar sobre los tribunales y sus instituciones. No es algo que nos afecte ni incomode. Como tribunales estamos expuestos al análisis y crÃtica de la gente.