La Corte de Apelaciones de Punta Arenas dictó una sentencia definitiva que absolvió de manera total y unánime a Nicos Nicolaides Bussenius, exgerente general de la empresa salmonicultora Nova Austral S.A., poniendo fin a un proceso judicial que se extendió por más de cinco años. El tribunal de alzada acogió los argumentos de la defensa, revocando la condena por contaminación de aguas y confirmando la absolución por fraude de subvenciones dictada en el juicio oral, al determinar que no existía responsabilidad penal del ejecutivo en los hechos investigados.
La resolución del tribunal se sustentó en criterios jurídicos que marcan un precedente relevante para la industria acuícola, tras el recurso de nulidad interpuesto por los abogados Alejandro Espinoza e Ignacio Sotomayor. En relación con la imputación por delito ambiental, la Corte estableció que el artículo 136 de la Ley General de Pesca exige la acreditación de un daño efectivo a los recursos hidrobiológicos para configurar el ilícito. De este modo, se determinó que no basta una infracción administrativa o una sobreproducción si no existe un impacto ambiental fehacientemente probado en dichos recursos.
Asimismo, la sentencia confirmó la inexistencia del delito de fraude de subvenciones, estableciendo que no se acreditó perjuicio fiscal ni engaño al Estado.
“Valoramos la sentencia unánime de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que absolvió a don Nicos Nicolaides, exgerente general de la empresa salmonera Nova Austral, de la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público y el CDE, por el delito de fraude de subvenciones de 55.000 millones y delito ambiental”, señaló el abogado defensor Alejandro Espinoza.
Agregó que “este contundente fallo ratifica la inocencia de don Nicos Nicolaides, estableciendo la inexistencia del delito ambiental imputado y ratifica el fallo del Tribunal Oral de Punta Arenas que absolvió a Nicolaides del delito de fraude de subvenciones, atendido que no se acreditó el perjuicio fiscal ni el engaño propio de este delito”.
El equipo legal acreditó que las bonificaciones de la Ley Navarino cuestionadas provenían de ciclos de producción lícitos y anteriores a los hechos investigados, descartando cualquier tipo de engaño al Fisco. Como consecuencia, el fallo dejó a firme el rechazo íntegro de la demanda civil interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la que ascendía a $59.500 millones.
“Esta sentencia pone término definitivo a este proceso que siempre estimamos infundado, rechazando también la demanda civil interpuesta por el fisco”, explicó Espinoza.
Con este fallo, Nicos Nicolaides —quien dejó la gerencia general de Nova Austral en 2019 al inicio de la investigación— queda sin condenas penales vigentes ni obligaciones indemnizatorias.
Para el equipo legal, la resolución es especialmente relevante para el sector acuícola, ya que reafirma que la persecución penal ambiental exige estándares de prueba rigurosos y no puede sustentarse únicamente en infracciones de carácter administrativo o reglamentario.
Fotografía: Nova Austral
